De la innovación a la precariedad laboral del transporte privado

Las falta de regulación de las licencias para vehículos de alquiler con conductor (VTC) no sólo está haciendo saltar chispas en el sector del taxi, que considera que existe competencia desleal por parte de Uber y Cabify. También está destapando prácticas especulativas y generación de empleo precario que poco tienen que ver con la innovación asociada a estas nuevas plataformas.
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Hace unos días me crucé por Madrid con un ‘taxi positivo’, 100% eléctrico y que intentaba concienciar del riesgo que supone conducir bajo los efectos del estrés como parte de una campaña de marketing. Más allá de sus razonables propuestas, la iniciativa me resultó tremendamente paradójica, teniendo en cuenta la batalla que está librando el sector desde hace meses.

O años, si nos ceñimos a la promulgación de la Ley Ómnibus de 2009 con la que se liberalizaba el transporte y se eliminaban las limitaciones a la hora de conceder licencias para vehículos de alquiler con conductor (también llamadas VTC). Antes de aquella normativa sólo podía haber una licencia de este tipo por cada 30 de taxi.

En 2015 el Gobierno hizo desaparecer la Ómnibus, pero en ciudades como Madrid y Barcelona el daño ya estaba hecho y en ambas se superaban (y siguen superando de largo) las ratios marcadas por la normativa. Se calcula que actualmente hay una VTC por cada 11 licencias de taxi, y la gran mayoría sólo sirven para especular y generar empleos precarios con poco valor añadido.

Son varios los medios que han investigado y publicado documentos que vinculan las VTC con la ‘venta’ de puestos de trabajo supuestamente estables que terminan desembocando en bajos salarios y largas jornadas laborales (por un ‘módico’ precio te vendo la licencia y te doy la oportunidad de trabajar en mi empresa).

También con la figura del falso autónomo… más bien de varios falsos autónomos enlazados a un mismo vehículo. En definitiva, una ‘nueva economía’ que ofrece la posibilidad de bajar los precios del servicio, compitiendo de una forma poco lícita con el sector del taxi, donde el traspaso de licencias cuesta casi cinco veces más que los de VTC, con vehículo incluido.

La polémica de Uber y Cabify

Uber y Cabify son las plataformas que están en el punto de mira por aglutinar el mayor número de licencias en las dos ciudades españolas en las que operan, Madrid y Barcelona. No son propias, sino de sus empresas colaboradoras de transporte privado y de conductores autónomos que se suman a su red.

Aunque hay casos de sana convivencia, cada vez aparecen con mayor frecuencia quejas y denuncias sobre la letra pequeña de los contratos que han de firmar los conductores para operar bajo cualquiera de las dos marcas y los abusos que sufren después de haberlo hecho.

Oficialmente plataformas como las suyas son meros intermediarios entre conductores con licencia VTC y el cliente que quiere ahorrarse unos euros en su trayecto; o viajar en un vehículo de alta gama; o buscar cómo trasladarse de forma sostenible en automóviles 100% eléctricos… Una nueva vía de negocio con multitud de posibilidades pero que deja tras de sí también muchas sombras que se deben corregir.

Las licencias VTC son una nueva vía de negocio con multitud de posibilidades pero que deja tras de sí también muchas sombras que se deben corregir.

Alternativa laboral para unos cuantos; azote del sector del taxi en las grandes ciudades; y quebradero de cabeza para las distintas administraciones. Especialmente para la central, que no consigue equilibrar la balanza entre las medidas que ha ido aprobando el Ministerio de Fomento para acallar a los taxistas y los recursos que va presentando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar las restricciones a la competencia en el sector del transporte marcadas por Bruselas.

Medidas

El departamento que dirige Íñigo de la Serna ha asegurado que en breve se instaurará la prohibición para aquellos que consigan su licencia VTC a venderla antes de dos años (exceptuando a quiénes las hereden). Aunque las ratios llevan tiempo superadas, hay acumuladas unas 10.000 solicitudes de la época en la que la Ómnibus aún funcionaba, que están pendientes de aprobación.

El objetivo del Gobierno es evitar la especulación con la compraventa de estas VTC. Fomento también asegura que el documento que se está preparando desde sus dependencias “contemplará la creación de registros electrónicos públicos” para que los propietarios de las licencias registren sus servicios y se cumpla con el requisito de no captar clientes en la calle.

Una medida similar está a punto de aprobarse en Cataluña, donde pronto podría establecerse una moratoria de dos años en la concesión de licencias de este tipo con el mismo objetivo. Además, el decreto ley catalán obligará a los conductores que operen bajo esta modalidad a tener una identificación obligatoria, que se deberá colocar en el parabrisas, con penas de 2.000 euros para quien no lo haga.

También a informar de cada viaje a través de un registro electrónico que creará la Generalitat y con el que autoridades policiales y administrativas tendrán constancia del servicio contratado, con multas de 1.000 euros para quienes no lo hagan.

En el fondo sólo son parches, parches que sólo funcionarán para templar los ánimos. Pero no para avanzar de forma positiva en un nicho de mercado que necesita una renovación regulativa para poder vivir en armonía y generar puestos de trabajo de calidad.

Abrir y cerrar de golpe las puertas de la cancela sólo ha servido para especular y poner en peligro la subsistencia de muchas de las 70.000 familias que viven del taxi en España. Que se han hipotecado para poder pagar la licencia de su medio de vida (hasta 200.000 euros se han pagado por ellas) y que no se pueden quedar sin sustento de forma radical. Hay que buscar una normativa equilibrada que fomente la evolución positiva en el sector y la buena convivencia entre ambas partes; que penalice las malas praxis y que premie el crecimiento sostenible, desde lo económico, lo laboral y lo social.

No se trata de posicionarse a favor o en contra entre el taxi y Uber o Cabify. Todo aporta siempre que se juegue con las mismas reglas.

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Comentarios
  1. Angel Alonso

    Por fin alguien documentado habla coherente mente del problema iniciado por el PSOE y continuado por el PP.
    habría que poner énfasis en la falta de control de las Leyes laborales que todavía quedan, a las cuales, ni los sindicatos prestan atención consiguiendo un retroceso laboral esclavista digno del peor país tercermundista o del primer país capitalista del mundo.
    No obstante gracias por poner un punto de cordura en este asunto