Los partidos políticos y el saqueo de los fondos públicos

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A raíz de la reciente comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y del presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, tanto CIU como el PSOE reclamaron que se aumentase la financiación pública a los partidos políticos, que había disminuido sensiblemente tras la crisis.

Según informa El Mundo, los partidarios de estas formaciones “consideran una contradicción que se pretenda combatir las donaciones irregulares que reciben de los particulares, al mismo tiempo que se les niega el alimento público”.

A la misma tesis se sumo el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, para el que “la sociedad debe saber que financiar a los partidos es contribuir claramente a la democracia”.

Como señaló la Fundación Compromiso y Transparencia el pasado año Transparencia, el mejor eslogan; 2012, “ya en el 2012, durante la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, se suscitó una discusión sobre la conveniencia de suprimir las donaciones como fuente de ingreso para los partidos, argumentando que la subvención era la única vía de financiación transparente y no sujeta a posibles conflictos de intereses”.

Así, por ejemplo, el representante del BNG, Jorquera Caselas, afirmaba que: “La financiación pública asegura una mayor transparencia a la hora de conocer las fuentes de ingresos de los distintos partidos políticos, y asegura también la independencia de los partidos políticos con respecto a los grandes lobbies y grupos de presión económica, algo fundamental si no queremos que se devalúe la democracia”.

En realidad, este argumento está claramente desenfocado. El problema no reside en el origen de fuentes de ingresos sino en su opacidad. Nada hay que objetar a los donativos privados de personas e instituciones si se conoce su origen y se establecen límites y condiciones para su aceptación con el fin de evitar posibles conflictos de intereses.

Pero, además, la defensa de la subvención pública como principal fuente de ingresos supone aceptar que los partidos políticos forman parte de la estructura del Estado y negar, por el contrario, que son una iniciativa más de la sociedad civil.

Como podemos ver lo que está en juego detrás de esta visión es muy importante, nada más y nada menos que el papel de la sociedad civil y el control de la actividad política.

Los partidos políticos ni son entes públicos ni forman parte de la estructura organizativa del Estado, aunque sus integrantes defiendan lo contrario ante la creciente pérdida de apoyo por parte de la sociedad.

Si bien, son mayoría los países que siguen un modelo mixto (público y privado) para financiar los partidos políticos (EEUU y Gran Bretaña son la excepción), casi todos los países europeos imponen limites al porcentaje de financiación pública que los partidos pueden recibir.

En casi ninguno de los países europeos la financiación pública de los grandes partidos supera el 50% del total. En el caso de Alemania se ha establecido la regla de que la financiación pública no puede ser superior a la privada. España es uno de los pocos países que no impone un límite a la financiación pública.

No es cierto que la financiación pública a los partidos haya disminuido por efecto de la crisis. Como señala el último informe del Tribunal de Cuentas de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 sobre fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones de las fundaciones políticas vinculadas orgánicamente: “Durante el periodo fiscalizado (ejercicios 2009, 2010 y 2011), los recursos procedentes de la financiación pública percibidos por los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados o, en su caso, en los Parlamentos autonómicos han supuesto un total de 287,1 millones de euros, 247 millones de euros y 316 millones de euros, respectivamente, según la información remitida al Tribunal de Cuentas por las instituciones otorgantes”.

Cuando se afirma que las subvenciones públicas a los partidos políticos han disminuido sensiblemente durante la crisis se tergiversa la realidad.

Los partidos políticos reciben muchas subvenciones de todos los estamentos de la administración pública: central, autonómica y local.

Esas ayudas se suelen agrupar en dos grandes partidas: subvenciones para el funcionamiento y subvenciones para la financiación de los procesos electorales.

Si revisamos el informe del Tribunal de Cuentas del periodo 2009 a 2011 comprobaremos que la cuantía de las subvenciones anuales para el funcionamiento de los partidos políticos ¡sólo disminuyó en un 1,3%!, y las subvenciones para la financiación de los procesos electorales aumentaron de 46 millones en 2009 a 77 millones en el 2011.

Si a lo anterior añadimos las subvenciones recibidas por las fundaciones políticas vinculadas orgánicamente a los partidos, cuya cuantía ignoramos porque esas transferencias de fondos públicos, sorprendentemente, no están sometidas al control del Tribunal de Cuentas, existen muchas razones para recelar de las afirmaciones de los políticos.

Lo cierto y verdad es que los partidos políticos desde su creación han diseñado paso a paso un complejo entramado de ayudas públicas en beneficio propio que constituye, como denunció el catedrático y diputado popular Gaspar Ariño, un auténtico “saqueo a las arcas públicas”.

En efecto, si analizamos los datos disponibles sobre las subvenciones públicas otorgadas a los partidos políticos desde su origen (1978) hasta la fecha (2011), comprobaremos que éstas se han multiplicado por 31 o, lo que es lo mismo, se han incrementado en un ¡3.160%!

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Fuente: La tabla ha sido elaborada por la Fundación Compromiso y Transparencia con datos extraídos de de la obra “La financiación de los partidos políticos”; Gaspar Ariño; Edit. Foro de la Sociedad Civil, 2009 para el periodo 1978-2005 y de los informes del Tribunal de Cuentas disponibles en la web para el periodo 2006-2011.

En realidad, los partidos políticos son las únicas instituciones que no han visto mermada su financiación pública durante esta crisis.

Por el contrario, las ONG si han sufrido importantes recortes en la financiación pública (en torno al 11%), como pone de manifiesto el reciente estudio La reacción del Tercer Sector Social ante la crisis, elaborado por Esade. Por no hablar del sector cultural, sin duda el más perjudicado de esta crisis: con un 17% de recorte para el Inaem, un 13% de los museos estatales o el 35% del Instituto de Cinematografía.

Pero así como las ONG han sabido reaccionar ante la falta de fondos públicos y aumentar los recursos privados, los partidos se han mostrado totalmente incapaces.

En efecto, contrariamente a lo que la intuición nos pueda sugerir, durante las crisis económicas las ONG suelen experimentar un incremento en las donaciones privadas.

El estudio más conocido es el de la Universidad de Indiana (Giving During Recessions and Economic Slowdowns; Center on Philanthropy at Indiana University. Giving USA Spotlight, Issue 3, 2008), que investigó las tendencias de las donaciones durante un período de 40 años (1967-2007) en el que tuvieron lugar varias recesiones económicas y llegó a las siguientes conclusiones: los donativos aumentaron un 0,8% y las organizaciones que trabajaban en el sector social experimentaron un aumento del 0,7% en los periodos de recesión. El aumento fue de un 5% en los periodos de recesión más largos.

En España también se ha producido un aumento significativo de la financiación privada en las dos principales ONG (Cáritas y Cruz Roja, que en conjunto suman casi 800 millones de euros de ingresos anuales). Cáritas experimentó un aumento del 45% en los ingresos privados del 2008 al 2012 y Cruz Roja aumentó los ingresos de cuotas de socios un promedio de un 5% cada año en el periodo 2008-2012. Lo cual muestra que la población sabe discriminar y ayudar a las organizaciones que le merecen credibilidad durante las crisis.

Es verdad que es más difícil controlar el origen de los donativos que el de las subvenciones, pero también es cierto que el número de donativos que recibe una organización es la mejor prueba para comprobar la base social de apoyo con la que cuentan los partidos.

Durante el año 2011 los ingresos provenientes exclusivamente de cuotas periódicas, descontando las cuotas procedentes de cargos públicos (es práctica habitual que los cargos electos y los directivos de los partidos paguen un porcentaje del sueldo que reciben al partido), ascendieron a 28.379.824 euros, es decir, únicamente un 9% de los ingresos totales de los partidos políticos procede de las cuotas de socios propiamente dichas.

El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, equivoca su diagnóstico. La sociedad sabe discernir perfectamente entre aquellas organizaciones en las que puede confiar y las que no merecen su confianza, especialmente en los periodos de crisis.

Si la población ha dejado de apoyar a los partidos políticos no es porque considere que la financiación en general pueda poner en peligro la salud democrática, sino porque ya no cree en la voluntad de recuperación de estos enfermos.

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