Petroleras ricas, petro-estados pobres: La tarea pendiente
John D. Rockefeller, fundador de la petrolera Standard Oil, hoy en día conocida como ExxonMobil, decía que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien gestionada y el segundo mejor negocio es una empresa petrolera mal gestionada. La afirmación sigue siendo válida hoy: siete de las veinte compañías más lucrativas de nuestro planeta son petroleras – ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Chevron, Total, Gazprom y PetroChina– según el ranking de 2009 de la revista Forbes. Pero si ser directivo de una empresa petrolera puede ser uno de los puestos de trabajo más codiciados por sus enormes beneficios, no así ser habitante de unos de los principales países productores de petróleo. Las increíbles fortunas que amasan las industrias extractivas rara vez se traducen en beneficios para la sociedad.
Como muestra, las ganancias de Exxon-Mobil en 2007 –año de precios récord del petróleo– sumaron unos 404.000 millones de dólares, una cifra que superó el PIB de más de 160 países ese año.
Hace tiempo que los economistas señalan que la abundancia de recursos naturales de un país le acarrea a menudo consecuencias económicas perniciosas y un devastador impacto político. El pasado mes de octubre de 2008, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU publicó un documento de más de cien páginas titulado The Petroleum and the Poverty Paradox donde reconocía que “más que una bendición, la reserva de recursos energéticos puede ser la maldición para muchos países, ya que les puede llevar al fraude, corrupción, derroche de dinero, acciones militares arriesgadas e inestabilidad”.
En el ámbito económico esta paradoja recibe el nombre de “síndrome holandés” o la “maldición de los recursos” y se refiere al proceso de desindustralización de un país debido al descubrimiento de una rica fuente de recursos naturales, principalmente el petróleo, cuyo ingreso financiero desincentiva cualquier otra actividad económica del país.
Aunque las generalizaciones no son siempre válidas y recientemente han aparecido algunas voces negando la virtualidad de la maldición de los recursos (Rethinking the Resource Course; Pauline Luong y Erika Wheintal, Anual Review of Political Science), el axioma de que los estados dependientes de la producción de petróleo se caracterizan por tener instituciones débiles o gobiernos autoritarios se cumple en la mayoría de casos.
Es importante hacer una distinción entre petro-estados. Existen países con grandes cantidades de petróleo, pero que ya eran países bien establecidos, con instituciones democráticas sólidas y economías diversificadas antes de que el petróleo fuera descubierto en su territorio; países que no vamos a tener en cuenta aquí. Sería el caso de Gran Bretaña, Noruega y los Estados Unidos.
De otro lado, están todos aquellos países que comparten el rasgo de estar regidos por gobiernos que tienden al autoritarismo e instituciones democráticas débiles como, por ejemplo, Azerbaijan, Angola, Chad, Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Kazajistán, Nigeria, Rusia, Arabia Saudí, Sudán, Uzbekistán y Venezuela, entre otros.
Uno de los problemas que afecta a los petro-estados es el incremento del precio de su moneda, por el aumento repentino de flujo de efectivo por las ganancias del petróleo, oro, gas, diamantes o descubrimiento de otra fuente natural. Esto se traduce en la pérdida de competitividad de sus exportaciones y la masiva tendencia a la importación por la revalorización de la moneda local.
Ni los estados que conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) son inmunes a esta maldición.
Como grupo, su PIB cayó de forma generalizada de 1965 a 1998, a pesar de aumentos de los precios del crudo registrados durante esos años. Políticamente, la situación no es más alentadora. En Nigeria, primer exportador de petróleo de África y octavo del mundo, la violencia afecta especialmente a la región del delta del Níger, donde se concentran los pozos de extracción. Guinea Ecuatorial, a pesar de su potencial económico derivado de las ganancias petroleras, es reacia a invertir en estrategias de reducción de pobreza para paliar el sufrimiento de su población.
Con un ingreso per cápita mayor que países como Portugal o Polonia, el país registra índices de mortalidad materna o de alfabetización sólo ligeramente más positivos que sus vecinos, pero peores que, por ejemplo, países de Centroamérica. Por otro lado, algunos analistas internacionales han señalado la incursión militar de Rusia en Georgia en agosto de 2008 como parte de la nueva actitud desafiante de Rusia ante la opinión internacional, debida a su riqueza y control de gas y petróleo, indispensable para muchos países europeos, como se vio el invierno pasado. Y así, podríamos alargar la lista con muchos otros ejemplos.
Las industrias de extracción se caracterizan, además, por su carencia de nexos con el resto de la economía, porque no generan puestos de trabajo –sólo un reducido número de personal altamente calificado– y porque dependen en gran medida de inputs importados. Así, la mayoría de la población no tiene acceso a la riqueza generada por los ingresos del petróleo, lo que origina una situación de pobreza e inequidad, propia de países como Angola o el Chad.
La competencia por la renta petrolera tiende a crear estados políticos también “extractivos”. La renta derivada de la extracción de recursos es más atractiva para los gobiernos que la creación de riqueza mediante la producción, ya que la extracción energética confiere un beneficio (a menudo personal) económico y político, mientras que la creación de riqueza tradicional retrasaría los beneficios.
DEMOCRACIA Y PETRÓLEO. Otra de las dificultades que conlleva la sobreabundancia de un recurso natural, particularmente la riqueza petrolera, es el revertir o erosionar las tendencias democráticas de un país. El periodista del New York Times, Thomas Friedman, argumenta que existe una correlación inversa entre los ingresos petroleros y la democracia. Según Friedman “un grupo de estados petroleros con instituciones débiles o gobiernos autoritarios, experimentará una erosión de las libertades y una acentuación de comportamientos antidemocráticos como la corrupción y la autocracia.
Los líderes de estos países gozarán de un incremento significativo de los ingresos disponibles para reforzar los cuerpos de seguridad, sobornar a sus oponentes, comprar votos o apoyo público, y resistir a las normas y convenciones internacionales” (colaboración para Foreign Policy, The First Law of Petropolitics, mayo/junio 2006). El aumento del precio del barril, permite al Estado disponer de los recursos suficientes para emprender este tipo de medidas e implantar lo que se conoce como petro-autoritarismo.
A estos factores hay que añadir que en la mayoría de estos países la noción de lo que es en realidad el desarrollo está distorsionada.
El concepto generalizado es que si hay algunos que son pobres y otros que son ricos, no es porque el país haya fracasado en el intento de promover la educación, lasleyes y el emprendimientos, sino porque alguien tiene el dinero y otros no. La creencia generalizada es que para hacerse rico lo único que debe hacerse es frenar a quien está robando al país, pero no construir una sociedad que promueva la educación, innovación y emprendimiento, tal y como han alertado algunos expertos.
¿Cómo hacer entonces para derrotar la maldición de los recursos y fomentar el desarrollo en estos países? La respuesta es fácil, lo difícil es ponerla en práctica: transparencia en la gestión de los beneficios de las industrias extractivas, a nivel no sólo de las compañías, sino también de los propios gobiernos. La consultora internacional Belén Díaz González comentaba al respecto: “Si realmente se quiere sanear el sector, será necesario obtener un mayor nivel de transparencia en la compleja cadena de transformación de los recursos naturales en desarrollo económico y humano: desde la transparencia de los contratos petroleros (contract disclosure) y de los procesos de licitación, hasta la transparencia en la gestión de los ingresos de renta extractiva en políticas de reducción de pobreza” (FRIDE, octubre 2008).
LOS ACTORES PRINCIPALES: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, PETRO-ESTADOS Y HOME COUNTRIES. Los estados necesitan de las empresas petroleras para la exploración y extracción del crudo. Pero la alianza entre petro-estado y empresa extractiva se decanta la mayoría de las veces por esta última. Las razones de este desequilibrio las encontramos, no sólo en los gobiernos débiles necesitados de la inversión extranjera, sino en las poderosas empresas extractivas respaldadas por sus gobiernos de occidente (home countries). El resultado son contratos injustos con condiciones extremadamente beneficiosas para la contraparte privada, a los cuales el público general tiene escaso o nulo acceso.
Las empresas extractivas desempeñan un papel fundamental en la creación de transparencia y precisamente la divulgación de los beneficios por parte de las petroleras puede contribuir a mejorar la gestión del país al proveer información relevante a las entidades de gobierno, al parlamento y a la sociedad civil, así como favorecer un ambiente de inversión estable.
Aun cuando los gobiernos hagan públicos los beneficios recibidos, las compañías deberían facilitar el acceso a sus resultados, como medida para verificar los datos estatales, reforzar la idea de que los gobiernos tienen que ser totalmente responsables y transparentes, y facilitar el control de los flujos de beneficios a todos los niveles.












