Los órganos más incompetentes formados por las personas más competentes

El reciente «culebrón» de la Fundación Empresa y Sociedad, que terminó con la dimisión en bloque de su patronato «cinco estrellas», se estudiará en las escuelas de negocio en el futuro como un claro ejemplo de malas prácticas de gobierno.

Recordemos brevemente los hechos: la fundación decide sustituir al presidente del patronato, Felipe Oriol, y nombra en sustitución del mismo a Juan Arenas, antiguo presidente de Bankinter. El recién nombrado presidente choca con el director de la fundación. El distanciamiento entre los dos aumenta y el presidente decide finalmente despedirlo, pero no cae en la cuenta que el director es miembro fundador de la fundación y que, en su condición de fundador, se había reservado una serie de facultades, entre las cuales se encontraba el nombramiento de patronos. El director solicita el amparo del Protectorado de Fundaciones y éste resuelve dándole la razón. A la vista de la decisión del Protectorado, el presidente y la comisión permanente de la fundación deciden dimitir. Según la nota de prensa emitida por la propia fundación, «la dimisión del presidente y de los miembros de la comisión permanente se hace efectiva tras conocer que el Protectorado de Fundaciones no puede avalar el acuerdo del patronato de modificar los estatutos con el fin de eliminar distintos privilegios atribuidos a los fundadores; entre otros, el derecho de veto a determinados acuerdos del patronato». El presidente y la totalidad de los patronos entienden «que los estatutos no garantizan un modelo de gestión democrático y ajustado a los valores de buen gobierno».

Pues bien, sin cuestionar la legítima facultad del patronato para cesar al director cuando lo estime conveniente, lo cierto es que la actuación del presidente, de la comisión permanente y del patronato de la Fundación Empresa y Sociedad constituye un conjunto de decisiones contrarias a las más elementales normas del buen gobierno. El «gobierno» de las organizaciones no lucrativas se caracteriza por el reparto de poder entre un director ejecutivo remunerado, con plena dedicación a su trabajo, y un patronato integrado por miembros voluntarios que prestan una dedicación a tiempo parcial. El buen gobierno de la organización descansa, en gran medida, en el correcto funcionamiento de esta relación.

La pregunta que deberían haberse hecho los «competentes» miembros del patronato de la Fundación Empresa y Sociedad es la siguiente: ¿Existía un plan de sucesión del director? El nombramiento del director es la decisión más importante que tiene un patronato. La segunda decisión más importante es su cese, que no debe dejarse nunca al arbitrio exclusivo del presidente. Las mejores prácticas de buen gobierno recomiendan que tanto el nombramiento como el cese del director se reserven a la comisión de nombramientos. La sucesión del director, salvo en casos de extrema gravedad, es un asunto que debe planificarse con tiempo, y en este caso no se hizo. El patronato también afirmó que «no es sostenible que una persona disponga de privilegios que puedan anular las decisiones adoptadas por la mayoría de los patronos. Y más, como es el caso, cuando en esa institución los patronos y socios representan a importantes empresas voluntariamente comprometidas con la acción social». Pero el presidente y el patronato se vuelven a equivocar.

Una fundación no es una asociación. El elemento personal predominante en la asociación implica que ésta se rija por la voluntad de los asociados en cada momento. Es decir, son los asociados quienes deciden sobre el futuro y gobierno de la asociación, en definitiva, quienes la organizan en cada momento. El carácter democrático, la pluralidad de personas y la sucesión de asociados en el tiempo, dota a las asociaciones de mayor autonomía de decisión, escapando al control de los constituyentes originarios.

Por el contrario, la fundación se rige en todo momento conforme a la voluntad inicial del fundador, que adquiere carácter permanente. Esto es, la voluntad de quien dota el patrimonio, constituye ley de vida para la fundación, sin que los administradores de cada momento (patronos) puedan alterarla esencialmente.

Esto constituye el «abecé» del gobierno de las fundaciones y llama poderosamente la atención que un patronato formado prácticamente por todos los presidentes de las empresas del IBEX (incluyendo a dos insignes juristas, como Antonio Garrigues Walker y Fernando Pombo) no lo tuviese en cuenta al tomar sus decisiones. A nadie puede extrañar, a la vista de casos así, que los americanos califiquen a los patronatos de las fundaciones como los órganos más incompetentes formados por las personas más competentes.