Almacén de residuos nucleares, ¿negocio o amenaza?

Aunque España se ha incorporado a los estudios, el Gobierno considera que un almacén profundo es, por el momento, una solución lejana, y se mantiene el proceso para adjudicar este año el ATC que debe reunir los residuos de todas las nucleares españolas durante al menos 70 años, como los que ya hay en otros países. Mientras que el almacenamiento de los residuos de baja y media actividad está resuelto en la mayoría de los países, hasta ahora ningún país cuenta con un almacén permanente para residuos de alta actividad.

Suecia dio el primer paso aprobando el pasado junio el primer depósito geológico profundo, con un coste estimado de 3.000 millones de euros y que debería empezar a funcionar hacia 2025.

En Suecia y Finlandia se ha escogido ya un emplazamiento. En Francia deberá decidirse en 2013. Otros países, como Alemania y Suiza, también han comenzado la búsqueda de un repositorio a largo plazo. Uno de los objetivos de la Plataforma Tecnológica para el Almacenamiento Geológico de Residuos Radiactivos (IGD-TP, por sus siglas en inglés) es facilitar el intercambio de información entre países, así como fomentar la investigación.

El almacén sueco, el más avanzado, tendrá capacidad para unas 12.000 toneladas de combustible usado. Estará a entre 400 y 700 metros de profundidad en un lecho de roca cristalina muy estable.

Según Claes Thegerström, director de la compañía sueca de gestión de residuos, se construirá con un principio de “múltiples barreras para aislar el combustible, que evitan que los radionúcleos sean transportados a la superficie o que penetren en el ecosistema a través de aguas freáticas”. La primera barrera es un cilindro de cobre y acero donde se encapsula el combustible; la segunda es de una arcilla bentonita, que impermeabiliza y filtra; la tercera es el lecho de roca cristalina, típica de Escandinavia. “Es imposible afirmar con certeza total que no pasará nada durante decenas de miles de años, pero es la máxima seguridad que podemos alcanzar hoy en día”, concluyó Thegerström.

En enero un nutrido grupo de periodista viajó a Holanda para conocer cómo funcionaban este tipo de emplazamientos en aquel país, y constatar que el almacén de residuos nucleares HABOG, se ha convertido en el modelo del futuro ATC español, cuyo proyecto de construcción es prácticamente idéntico al holandés, aunque su capacidad será tres veces mayor.

La instalación holandesa “es seguramente el sitio más seguro de Holanda”, aseguró a los periodistas españoles Hans Codée, director general de COVRA, la empresa pública que gestiona los residuos nucleares en Holanda y que es el equivalente a la española ENRESA. El almacén está en funcionamiento desde 2003 y está ubicado en Borsselle, una localidad de unos 20.000 habitantes.

HABOG –siglas que en holandés se corresponden a las españolas ATC–, ha sido diseñado a prueba de terremotos de grado 6, inundaciones, explosiones de gas licuado, huracanes o al choque de un avión F-16.

Los habitantes de la ciudad tuvieron reticencias antes de que comenzase la construcción del almacén, pero ahora están “muy familiarizados con la instalación”, según el alcalde. El municipio no recibe ningún tipo de compensación económica por albergar el almacén, salvo los impuestos que paga como cualquier otra instalación industrial.

Existen voces que defiende que el almacén holandés no se puede comparar con el español, ya que se encuentra en un polígono, su ubicación la decidió el Ministerio de Industria y el pueblo no percibe compensación económica. Y es que, en España, la batalla por el ATC se libra en varios frentes.

El Cabril: vivir junto al almacen nuclear

El Cabril, en el noroeste de Córdoba, es el único almacén nuclear que por el momento existe en España. Los vecinos de sus alrededores –Hornachuelos, Fuente Obejuna y varias de sus aldeas y pedanías– hace ya tiempo que asumieron esta cercanía como cotidiana, y por eso apenas hay debate, aunque algunos quieren conocer la fecha de caducidad y otros exigen más compensaciones.

La polémica sí se produjo hace veinte años, cuando el Gobierno decidió ubicar este almacén de residuos nucleares de media y baja actividad en el término municipal, cerca de una antigua mina de uranio que desde 1961 se usaba para guardar bidones de basura radiactiva. Los vecinos se opusieron, se manifestaron, protestaron. Pero el Ayuntamiento concedió la licencia.

El Cabril comenzó a funcionar en 1992. El cartel que anuncia el almacén centralizado lleva el nombre de quien lo gestiona: ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos).

Allí llegan uno 1.200 metros cúbicos anuales de basura, que será radiactiva durante 300 años, procedente de hospitales, industrias, centros de investigación y de las seis centrales nucleares españolas.

Si el plan energético no cambia y el último de los ocho reactores en funcionamiento se apaga hacia 2030, el complejo tiene capacidad para albergar todos los desechos de media y baja actividad que se generen hasta ese momento: 176.300 metros cúbicos en total. Cuando eso ocurra y termine su vida útil, las dos plataformas de almacenaje montadas en esta finca de 1.126 hectáreas serán selladas, cubiertas por una colina artificial plantada de verde similar a las de su entorno, y controladas por un programa de vigilancia.

En El Cabril periódicamente se analizan muestras de aire, agua, vegetación, caza, y pesca, que se envían al Consejo de Seguridad Nuclear. ”No hay impacto sobre el entorno”, explicaba la técnica de comunicación Montse Pérez Camacho, en un amplio reportaje publicado recientemente.

“Las estructuras resistirían un terremoto de 7,8 en la escala Richter, que es un grado y medio más del máximo previsto en la zona”, prosigue mientras muestra un laberinto de claustrofóbicas galerías en el subsuelo. Todas forman la red de control de infiltraciones: si una gota de agua burlara todas las barreras y aislantes, tocara producto contaminado e intentara seguir su camino, sería recogida ahí abajo, en un sumidero, y retenida.

“Es evidente que tenemos al lado algo potencialmente peligroso”, afirmaba en este reportaje Cándido García, profesor del colegio público Victoria Díez, ex concejal de IU y que defiende las renovables. “No es serio decir no a las nucleares, a los cementerios o a los combustibles fósiles, pero tampoco plantear alternativas; y el hecho es que generamos residuos radiactivos que hay que guardar en algún sitio”, replica por su parte Javier Soligó, director del centro.

La aportación de beneficios es otro de los temas espinosos en este asunto: Desde la Asociación de padres y madres de este colegio público, su presidente, José Arévalo, se pregunta por las promesas de desarrollo económico para la zona: “¿Dónde está ese desarrollo?, ¿dónde están los beneficios?”, dice.

Una orden ministerial fija la asignación económica que reciben anualmente cuatro localidades por su proximidad a El Cabril. En 2009 les correspondieron 1,9 millones de euros: el 50% para Hornachuelos, cerca del 26% para Fuente Obejuna y el 24% restante a repartir entre Las Navas de la Concepción y Alanís.

Ahora, los cuatro alcaldes piden más fondos porque no quieren que se produzca un “agravio comparativo” respecto al futuro ATC, que ofrece a la localidad en la que se instale hasta 500 empleos y seis millones de euros al año.

Otros vecinos de la zona, más allá de los pocos o muchos beneficios que aporte el almacén, piensa en la seguridad: “¿Y si ocurre un accidente?”. ”No se ha explicado bien qué hay aquí y cuáles son sus riesgos”, sentencian.

Muy pocos se muestran radicalmente a favor o radicalmente en contra del almacén.

Sólo algunos, como Mercedes Sánchez, que lleva quince años trabajando en él como administrativa, es tajante: “Nunca me he sentido amenazada. Todo el mundo está tranquilo, lo ven como algo seguro”, dice.

Los más prácticos secundan esta idea: “Da trabajo, con buenos sueldos”. Y el peaje de su tranquilidad pasa por pensar, o querer pensar, que todo está controlado.

Los empresarios de la zona, algunos dedicados a la agricultura, ven claro el problema: “El Cabril no ha venido acompañado de un proyecto socioeconómico”, por eso recomiendan: “El pueblo que vaya a quedarse con el ATC, que amarre muy bien el acuerdo”.

El debate está servido: el pueblo al que se adjudique el alojamiento del ATC, ¿tendrá que ser recompensado por asumir el riesgo, o por el contrario, su instalación será por sí mismo un premio al tratarse de instalaciones avanzadas y seguras que, además, aportarán beneficio económico, empleo y desarrollo local?