Las primeras subvenciones para el Bien Común, a examen

Este documento se enmarca dentro de la estrategia más amplia del Gobierno valenciano de “sentar las bases para que la Comunitat Valenciana avance hacia un modelo económico sostenible”, y “con rostro humano, que sea al mismo tiempo, socialmente inclusivo y sostenible, y que genere ocupación estable y de calidad”.

Esta orden refleja una clara apuesta por el modelo de empresa social, que muestra una “primacía de la persona y del fin social sobre el financiero”, una apuesta que, como recoge el documento, ha recibido una especial atención por parte de las instituciones europeas; con lo que el Gobierno valenciano con esta orden está mostrando el interés de estar a la altura de las propuestas más innovadoras a nivel europeo.

A mi modo de ver, esta orden es un gran avance, pero muestra todavía algunos puntos débiles, síntoma de las políticas que se están adoptando en la Comunitat Valenciana, que distan todavía mucho de ese gran propósito recogido en esa loable introducción a la orden.

Uno de los mayores peros que veo a esta orden de subvenciones tiene que ver con el objetivo de la misma y los agentes desarrolladores de las actividades subvencionables. Me explico. La subvención va destinada a tres tipos de beneficiarias: 1. Asociaciones, fundaciones, y otras entidades sin ánimo de lucro, que tengan entre sus fines la promoción y fomento de los principios vinculados a la empresa social y/o de la Economía del Bien Común; 2. Pymes, y 3. Centros, institutos y entes universitarios especializados para investigación en la materia.

Mientras que para las pymes las subvenciones van claramente destinadas a los gastos derivados de la implantación de la cultura y práctica de la empresa social y la Economía del Bien Común, tales como la elaboración e implantación de una memoria de responsabilidad social, o programas de desarrollo de capacidades y competencias del personal para comprender, medir y comunicar el impacto de las acciones y comportamientos responsables, comprometidos y sostenibles, esto no es así en los otros dos tipos de beneficiarios. Es decir, que las entidades sin ánimo de lucro no pueden beneficiarse de esta subvención para elaborar sus memorias o balances del Bien Común ni para mejorar sus prácticas responsables.

Este hecho, a mi modo de ver, muestra una falta de conocimiento de la realidad valenciana. En primer lugar, porque asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la promoción y fomento de los principios vinculados a la empresa social y/o de la Economía del Bien Común hay más bien pocas. Se podrían contar con los dedos.

En segundo lugar, porque incluso las que hay, tienen todavía mucho por mejorar en la implantación y mejora de prácticas responsables. Por lo que, en definitiva, lo que esta orden promociona, permitidme la expresión, es que salgan entidades “como churros” que soliciten estas subvenciones para la creación de jornadas, conferencias, y congresos sobre Economía del Bien Común que poco van a aportar. Y no apuesta, por el contrario, por una profesionalización real y mejora de las entidades sin ánimo de lucro y entidades investigadoras y/ universidades, que se les supone “responsables” y conforme al “bien común”, pero que los que conocemos el sector desde dentro bien sabemos que no siempre es así.

Las entidades sin ánimo de lucro son también “empresas” en su sentido más original, corporaciones, organizaciones, y lo primero, si no se quiere empezar la casa por el tejado, es promover que sean organizaciones éticas, y ayudarlas con estas subvenciones. Eso sí, esto siempre va a ser menos “vistoso” que un aluvión de jornadas y congresos sobre responsabilidad social y bien común. Es un hecho.

La propia administración corrobora que esto es así al valorar positivamente, con hasta cinco puntos, que estas entidades hayan realizado “balances o auditorías o informes económicos-sociales, medioambientales, de responsabilidad social, tales como el Balance del Bien Común o el Informe GRI, o similares, en los doce meses anteriores a la solicitud”, y no tomándolo como un requisito indispensable para acceder a la subvención. ¡Qué menos! ¿No?

Y no sólo eso sino que otorga 2,5 puntos a “cada uno de ellos”, fomentando, a mi modo de ver, una “titulitis” de estos informes. Con uno de ellos debería ser suficiente, si se hace con el propósito adecuado.

En esta línea, justo este mes se acaban de publicar las subvenciones solo para el fin de la difusión de la RSE que una vez más corrobora, en mi opinión, esta hipótesis de “cursitis” y “conferiancitis” aguda en la que nos encontramos en España, y por ende también en la Comunitat Valenciana. ¿Sabéis mi opinión al respecto? Es algo bastante estéril. Pero esto sí es una opinión muy personal.

Cambiando de tercio, en el ámbito de ayudas a las pymes se valora con hasta cinco puntos tener una certificación ISO 14001 o EMAS. Nada más. ¿Ningún otro criterio de contribución a la mejora ambiental un poco menos caro y complicado para una pyme?

También se valorará, acertadamente, haber tenido en cuenta entre las empresas proveedoras empresas sociales, pero en este aspecto reduce las mismas a: “centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas no lucrativas y fundaciones, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública”. Y fin de la cita. No abre una mínima posibilidad a otro tipo de empresas sociales no tipificadas entre éstas, que puedan demostrar, por ejemplo, precisamente, mediante su balance de Bien Común, si lo tuvieran, o su memoria de responsabilidad social, su carácter de empresa social.

No quiero quitarle mérito a estas ayudas, ni cualesquiera otras que saque el Gobierno para fomentar la cultura de empresas y entidades responsables y con impacto social. Pero precisamente porque son muy necesarias, y los recursos muy escasos, el enfoque tiene que ser muy, pero que muy, acertado. Porque no tenemos tiempo que perder, y con esta cantinela llevamos cual día de la marmota ya muchos, pero que muchos años. Y es hora de despertar, ¿no creéis?