La esclavitud moderna de las empresas

Recientemente se ha publicado un reportaje en una revista alemana sobre las nuevas esclavas de Europa. El texto se centra en la precaria situación de las trabajadoras rumanas que ayudan en las cosechas en la provincia Ragusa, en Sicilia.
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Italia exporta fruta y verdura por un importe total de aproximadamente 366 millones euros al año, en gran parte la cosecha se produce en las 5.000 instalaciones de la provincia Ragusa. Por ello, allí hay mucho trabajo. Muchas de las trabajadoras son pobres; se fueron de Rumanía para poder apoyar a sus familias en su país.

Algunos agricultores italianos se aprovechan de las circunstancias de estas mujeres y las explotan laboralmente e incluso abusan sexualmente de ellas, explica el artículo. El porcentaje de las trabajadoras rumanas registradas en Ragusa es de un 4%. En el mismo municipio, la cifra de abortos registrados de esta nacionalidad asciende a un 20%.

¿Cómo puede afectar a su empresa?

El tráfico de personas y el trabajo forzoso son una forma más de esclavitud y ocupa a nivel mundial el puesto número dos en el ranking de comercio ilegal, justo detrás de las drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas.

El índice global sobre esclavitud, Global Slavery Index 2016 estima que 45,8 millones de personas son víctimas de alguna forma de esclavitud moderna. La cifra aumenta cada año y el 90% de estos casos se producen en la economía privada.

La ONU ha definido el tráfico o trata de personas como “la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación”.

En miles de empresas de muchos países trabajan personas en situaciones límite o ilegales en la producción de bienes o servicios que se comercializan en el primer mundo. A día de hoy, el daño y el riesgo reputacional se arrastra y traslada a lo largo de toda cadena de suministro, desde la obtención de la materia prima hasta la venta del producto final al cliente o consumidor.

El seguimiento y trazabilidad de la cadena en su totalidad para evitar situaciones ilícitas que no sólo son ilegales o reprobables si no que en cualquier caso perjudican seriamente la reputación de cada empresa se han convertido en elementos esenciales. La responsabilidad no termina en las puertas de la oficina sino que abarca la totalidad de la cadena hasta el lugar en el que se extraen o producen las materias primas. Por ello, la gestión de los riesgos en la cadena de suministros no sólo reduce los abusos provocados por el tráfico ilegal de personas sino que evita riesgos de cumplimiento y reputacionales.

La responsabilidad no termina en las puertas de la oficina sino que abarca la totalidad de la cadena hasta el lugar en el que se extraen o producen las materias primas.

La ilegalidad abarca todos los sectores además de los más conocidos tales como la industria textil, electrónica, construcción, materias primas, muebles, juguetes, automóvil y alimentación.

Los factores geográficos y geopolíticos juegan un papel esencial. Se observa que los principales productores de Asia, donde se fabrican buena parte de los productos de consumo diario y de África donde se extraen buena parte de las materias primas presentan índices muy alarmantes por lo que las relaciones comerciales con empresas de estas jurisdicciones deberán revisarse detenidamente. También se ha constatado que los abusos afectan más a mujeres y niños que a los hombres.

¿Normas internacionales aplicables? El caso de Reino Unido

La normativa nacional e internacional se centra por lo general en la persecución penal de los autores directos. Asimismo, existen soluciones y herramientas para combatir con eficacia este problema.

Diversos estados y organizaciones internacionales han lanzado distintas iniciativas para sensibilizar, invitar y en algunas jurisdicciones obligar a las empresas a que realicen un control efectivo de su cadena de suministro para evitar trata de personas y trabajadores ilegales en sus empresas o proveedores.

Precisamente este es el objeto de la norma británica UK Slavery Act. Desde octubre de 2015 todas las empresas que ofrezcan productos o servicios en el Reino Unido y tengan un volumen global de negocios de 36 millones de libras o más deben publicar una declaración sobre esclavitud y tráfico de personas (Slavery and Human Trafficking statement).

Esta declaración se aplica con independencia del domicilio de la empresa. Por lo tanto, cualquier empresa española que venda productos y actúe en el Reino Unido y alcance o supere el volumen de negocios indicado a nivel global se ve obligada a publicar esta declaración.

Esta norma viene acompañada de diversas herramientas que pueden resultar especialmente útiles para implantar medidas de prevención en la cadena de suministro de cualquier empresa. Aunque cada compañía debe decidir libremente el alcance de su declaración, de acuerdo con el art. 54.V UK Slavery Act la declaración puede incluir la siguiente información:

  • Estructura de la organización de la empresa, sectores y actividad y cadenas de suministro de la empresa.
  • Políticas internas de la empresa sobre tráfico de personas y trabajos forzados.
  • Procedimientos de due diligence (debida diligencia) en la empresa en relación al tráfico de personas y trabajos forzados en cada sector de la empresa y cadena de suministro.
  • Indicación de los sectores o actividades en los que existe riesgo de tráfico de personas y trabajos forzados y medidas adoptadas por la empresa para reducir estos riesgos.
  • Formación a empleados sobre esclavitud y tráfico de personas.

La declaración deber ser firmada y/o aprobada por un miembro del consejo de administración o la dirección de la empresa y deberá publicarse en un lugar visible de la web corporativa con el objeto de aumentar la transparencia y facilitar el acceso a la información a los grupos de interés, consumidores, accionistas, ONG, etc.

El contenido de la declaración es voluntario por lo que una empresa puede libremente declarar que no ha adoptado ninguna medida. La norma no prevé sanciones en caso de incumplimiento, aunque autoriza al gobierno británico a obligar a las empresas a publicar esta declaración.

La declaración sobre esclavitud y tráfico de personas debe publicarse en un lugar visible de la web corporativa con el objeto de aumentar la transparencia y facilitar el acceso a la información a los grupos de interés.

¿Qué medidas puede adoptar?

Existen numerosas recomendaciones e iniciativas internacionales que proponen medidas que puede adoptar una empresa:

1. Colaboración con ONG u otras empresas del sector

Empresas y grupos de interés pueden colaborar para combatir el tráfico de personas y establecer alianzas y recomendaciones conjuntas. Por ejemplo, en el año 2012 diversas empresas estadounidenses han lanzado la iniciativa Global Business Coalition Against Human Trafficking (GBCAT) para aunar conocimiento y medios en la lucha contra este problema.

La iniciativa Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) del sector electrónico es del año 2004, cuenta ya con más de 110 empresas y ha conseguido implantar un código de conducta sobre sostenibilidad y para la mejora de la responsabilidad social corporativa de las empresas en su sector. Su código de conducta propone entre otras las siguientes medidas, tan obvias como sencillas:

  • Cada trabajador que esté empleado en la cadena de suministro deberá recibir un contrato de trabajo en su lengua materna.
  • Los pasaportes o documentos de identificación, permisos de trabajo no pueden ser retenidos en ningún caso por el empleador.
  • Si el empleado debe pagar comisiones por la intermediación, estas comisiones no podrán superar el importe equivalente al salario de un mes. La empresa tendrá que devolver al trabajador cualquier cantidad superior a este importe. El proveedor debe informar a la siguiente empresa contratante en la cadena de suministro sobre el cobro de este tipo de comisiones.

Éstas y otras iniciativas ofrecen a empresas, socios y colaboradores materiales e información para formar y soporte para poder realizar una evaluación de riesgos adecuada o audit support. Por otro lado, las empresas de diversos sectores también pueden colaborar a través de sus asociaciones sectoriales.

2. Código de conducta vinculante

Las directrices y políticas para cualquier destinatario deberán siempre estar redactadas de forma simple y comprensible, fijando los objetivos de su empresa, las medidas adoptadas y las consecuencias en caso de incumplimiento (terminación del contrato, denuncia o penalización contractual).

Es importante redactar las directrices o políticas para cada grupo de destinarios. Un código de conducta general para la empresa, todos sus empleados y socios o proveedores puede resultar demasiado global. Por ello, un código de conducta para proveedores (supplier code of conduct) puede ser una herramienta más efectiva en este tipo de situaciones. Este código puede formar parte de las condiciones generales de compra de la empresa.

Dentro de la propia empresa además del código de conducta general puede ser recomendable un manual de contratación de personal y uno de compras que recojan todas las medidas adoptadas para evitar situaciones de tráfico de personas tanto en la empresa y sus filiales como en los proveedores y sus filiales.

Además del código de conducta general puede ser recomendable que la empresa cuente con un manual de contratación de personal y uno de compras que recojan todas las medidas adoptadas.

3. Formación de la alta dirección y de los empleados

Tras la implantación de las medidas y manuales relativos al tráfico de personas y trabajos forzados es necesario formar a todos los empleados y a la alta dirección en la materia. Los empleados y la alta dirección tienen que saber identificar riesgos y las pautas a seguir en caso de detectar una incidencia.

Un plan de formación efectivo combina la formación online con la presencial y la práctica con la teórica, incluyendo casos prácticos adaptados al sector. La formación se debe repetir con regularidad.

4. Revisiones internas y business partner due diligence

Cada cierto tiempo resultará necesario revisar el cumplimiento y efectividad de las medidas y políticas adoptadas. Para ello se deben combinar auditorías internas con revisiones externas o business partner screenings que pueden llevarse a cabo por especialistas con o sin el conocimiento del proveedor a auditor. El alcance de la revisión depende de los riesgos geográficos, sectoriales o transaccionales.

Así tal y como muestra el ejemplo de Ragusa, estas medidas resultan más necesarias que nunca incluso si la cadena de suministro termina en Europa. Cabe preguntarse si los clientes de los agricultores de Ragusa controlan su cadena de suministro conforme a los mínimos arriba descritos.

Parece que en el caso las jornaleras agrícolas rumanas en Sicilia solamente podrá ayudar la presión de la sociedad civil y de algunas diputadas italianas, como por ejemplo Marisa Nicchi.

En el 2015, Nicchi entregó una consulta parlamentaria en relación con la esclavitud de trabajadoras rumanas y exigió al gobierno italiano de incoar un procedimiento de investigación. “Han pasado dos años y el gobierno italiano no ha hecho nada”, dice en su oficina del Parlamento en Roma, “pero no nos damos por vencidos. Estos crímenes deben terminar”.

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