El ‘top manta’, un problema social que pone a los consistorios entre las cuerdas

Para unos es una forma poco lícita de lucrarse; para otros, una manera de sobrevivir; para una tercera parte, un dolor de cabeza que reduce sus ventas, y finalmente están los que lo ven como una opción para conseguir esa camiseta o ese perfume de elevado precio a un coste más asequible. Esas son las distintas caras del ‘top manta’, un problema que la administración no sabe cómo atajar.
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Allá donde uno se mueva es difícil no encontrarse con los ‘manteros’, especialmente en zonas de costa y grandes ciudades. La gran mayoría de ellos son hombres jóvenes de color, recién llegados del África subsahariana en busca de una oportunidad, sin papeles, sin lugar en el que cobijarse y sin comida para alimentarse. Carne fresca para las mafias de la falsificación y problema para los consistorios, que no dan con la tecla adecuada para evitar la venta de sus productos fraudulentos sin dejar desamparados a sus vendedores.

Para las autoridades españolas es de sobra conocido cómo operan las redes del ‘top manta’. Sus tentáculos suelen arrancar en China, Tailandia y otras regiones de Asia oriental, y los productos que proporcionan no ha pasado control alguno de calidad, ni de sanidad, si nos referimos a perfumes y cosméticos. Productos de dudosa procedencia y manufactura que no sólo están reduciendo los márgenes de beneficio de grandes marcas y quebrantando leyes de propiedad intelectual.

Según datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), los sectores más afectados por las falsificaciones en el continente son: joyería y relojería (13,5%); marroquinería (12,7%) y juguetería (12,3%). Pero no son los únicos: textil, música y cine, artículos deportivos, medicamentos, perfumería, cosméticos y bebidas alcohólicas también entran dentro de este mercado negro.

De esta manera disminuye además la entrada de ingresos en las arcas públicas y se pone en peligro la estabilidad de muchos pequeños comercios y de todos los empleos que generan. Según José Antonio Moreno, director general de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), en España esta actividad genera unas pérdidas económicas de más de 7.000 millones de euros anuales para las distintas industrias afectadas y para el Estado en materia de impuestos. “Algo que se traduce en la pérdida directa de, al menos 67.000 puestos de trabajo al año”, añade.

Por otra parte, en productos como los perfumes, los cosméticos, las bebidas alcohólicas y los medicamentos (estos últimos de casi nula entrada en el mercado español), las falsificaciones pueden generar un problema de salud pública.

Como muestra, un botón. Hace unos meses la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) analizaba la composición de perfumes falsificados, aportados por la Policía Nacional tras diversas incautaciones. Éstos contenían compuestos prohibidos nocivos para la salud. El más alarmante, el etilenglicol, un tipo de anticongelante que, combinado con agua, sirve como disolvente en la mezcla del perfume.

Desde la asociación advierten de que el empleo de estos productos puede tener consecuencias negativas para la salud, que van desde dermatitis atópicas hasta reacciones alérgicas severas, pasando por intoxicaciones por inhalación, irritación ocular, fototoxicidad y manchas en la piel.

La Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (Fedao) también denuncia la presencia de gafas de sol que no cumplen con la normativa europea y para las que se utilizan materiales inadecuados. “Influyen en la aparición precoz de cataratas y otros tipos de enfermedades oculares como afectaciones de la córnea o desprendimientos”, apuntan fuentes de la organización.

Lucha a nivel local

Las redes criminales que se enriquecen a través del llamado ‘top manta’ están consiguiendo que su negocio aumente aprovechándose de la clásica máxima del ‘divide y vencerás’. Y es que, a pesar de que existen leyes de carácter nacional, autonómico y local para luchar contra esta lacra, éstas deben aplicarse a través de los ayuntamientos. Y en muchos casos, éstos intentan buscar soluciones que también sirvan para insertar a los ‘manteros’, el eslabón más débil de la cadena.

“Consistorios como los de Málaga, San Sebastián, Torrevieja y Alicante lo tienen muy claro: no quieren vendedores ambulantes irregulares en su circunscripción territorial y actúan para evitarlo incautando mercancía e imponiendo sanciones”, explica José Antonio Moreno. Aunque éste añade que no es lo habitual: “En Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, Zaragoza o Palma de Mallorca no son tan férreos, bien por falta de efectivos, bien por ideología”.

El caso de Barcelona es uno de los más reseñables. Ha pasado un año y medio desde que el Gobierno de la ciudad implantase duras sanciones para los compradores, sumadas a medidas sociales para favorecer la normalización y la integración de los ‘manteros’, regularizando su situación para que pudieran optar a otros puestos de trabajo y poder desvincularse de las mafias.

Sin embargo, la respuesta recibida fue muy diferente a la esperada: el número de puestos ilegales aumentó de forma desproporcionada, convirtiendo la situación en insostenible para los pequeños comercios de la zona. Éstos últimos han hecho frente común a través de la Plataforma de Afectados por el Top Manta, en la que se incluyen cerca de un centenar de organizaciones de comerciantes.

Recientemente, la Plataforma ha exigido al Ayuntamiento de Barcelona y a otras administraciones implicadas que se lleve a cabo una actuación inmediata para evitar la normalización de la venta ambulante ilegal en los espacios públicos de la ciudad. Desde esta entidad denuncian que sólo en el Paseo Joan de Borbón se pueden encontrar hasta 800 ‘manteros’ permanentes.

La Plataforma de Afectados por el Top Manta denuncia que sólo en el Paseo Joan de Borbón (Barcelona) se pueden encontrar hasta 800 ‘manteros’ permanentes.

Según su presidente, Fermín Villar, desde las entidades gubernamentales sólo se buscan soluciones cuando colectivos como el que él dirige presentan quejas: “El año pasado, después de nuestra denuncia, se empezaron a levantar talleres ilegales y se incrementaron las intervenciones de productos (1,1 millones de artículos) y las denuncias (casi 80.000)”.

Para Villar es “intolerable” que se permita que esta actividad siga aumentando por su negativo impacto económico, “por su consecuente contribución a la economía sumergida y por lo que supone en evasión de tasas a las que otros colectivos, como comerciantes y vecinos, sí que estamos obligados a contribuir”.

Qué pasa con el vendedor

Ante la situación que lleva tiempo asolando Barcelona, el Síndic, cuya máxima es velar por el buen funcionamiento de las distintas administraciones que rigen en Cataluña, elaboró el Informe sobre el comercio irregular en la vía pública. Éste defiende la necesidad de erradicar el ‘top manta’ de forma radical, aunque incluyendo diversas valoraciones para evitar la exclusión total del ‘mantero’.

Entre ellas, se hace especial hincapié en poner en marcha mecanismos específicos a través de los servicios sociales básicos: “Los equipos multidisciplinarios orientados a la atención individual, familiar y colectiva permiten ofrecer atención y asesoramiento sobre los servicios y las prestaciones al alcance de la persona. Al mismo tiempo, pueden promover medidas de inserción social y laboral, de tramitación de las prestaciones económicas de urgencia social, de las prestaciones económicas de ámbito municipal y de las demás que puedan corresponder”.

El texto insta a estos servicios sociales a trabajar conjuntamente con las entidades y asociaciones de su municipio que puedan haber iniciado actuaciones o proyectos relacionados con la atención social a los vendedores del ‘top manta’, “de manera que se pueda contribuir a prevenir el riesgo de exclusión y a fortalecer los lazos de cohesión social”.

Por otra parte, desde el Síndic recomiendan a las administraciones públicas promover y fomentar entre los consumidores campañas de sensibilización: recordarles sus derechos y obligaciones, e informarles sobre las repercusiones negativas que supone adquirir productos falsificados. Y es que si no hay comprador, no hay negocio.

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