La discapacidad, una cuestión de derechos

Sigue siendo necesaria la defensa de los derechos de las personas con discapacidad a todos los niveles, una década después de que se aprobaran en la Convención de la ONU.
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Participantes de la concentración cívica frente al Congreso de los Diputados para exigir el derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.

Para el medio ambiente 2016 quedará grabado en la memoria como el año en el que entró en vigor el Acuerdo de París, firmado un año antes en el marco de la COP21. Pero también como un ejercicio en el que se han perdido muchas oportunidades para relanzar verdaderos compromisos en favor de la sostenibilidad.

Pero, ¿y en materia social? Este pasado año se cumplieron diez años de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y decisiones como la del Tribunal Constitucional rechazando el voto a los discapacitados intelectuales ponen de manifiesto que la Convención internacional no se cumple como debiera en muchos países.

El Tribunal Constitucional ha ratificado que los discapacitados intelectuales pasen un examen para votar, algo de por sí discriminatorio con respecto al resto de la población. Rechazaba así el recurso interpuesto por unos padres para que su hija de 20 años con discapacidad intelectual pudiera votar. Una decisión que cuenta con el voto contrario y particular de la vicepresidenta del propio Tribunal, Adela Asúa, que se ha mostrado perpleja por la decisión. A partir de ahí, en España se ha desatado un debate que en Bruselas no suena a nuevo.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha denunciado en muchas ocasiones que el Gobierno español incumplía el Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad —ratificada por España en 2008— y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, al impedir que un colectivo de unas 100.000 personas con discapacidad intelectual pudiera ejercer su derecho al voto.

La Comisión reconoce que los Estados tienen que regular las condiciones en las que los nacionales tienen derecho a votar teniendo debidamente en cuenta el Derecho de la Unión, recordando que el derecho a voto es un derecho fundamental reconocido en el Convenio de la ONU. “El Gobierno español ratificó en 2008 el texto de la ONU y, sin embargo, la aplicación estricta de Ley Orgánica del Régimen Electoral [LOREG] permite este tipo de situaciones discriminatorias”, ha señalado Albiol en alguna ocasión.

La discriminación es precisamente una de las lacras a las que tiene que hacer frente el colectivo de personas con discapacidad, cuando el marco jurídico les protege de la misma. El pasado 3 de diciembre, Día Europeo de las Personas con Discapacidad, Bruselas recordaba que son más de 80 millones de personas viven en Europa con alguna forma de discapacidad. Sin embargo, sigue habiendo mucho trabajo que hacer en todas las áreas y así lo persiguen día a día las organizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y algunos eurodiputados de los distintos partidos. A escala europea, el Foro Europeo de la Discapacidad es la máxima representación del movimiento social de la discapacidad, que desde 1996 se asegura que las decisiones sobre discapacidad se toman con y por personas discapacitadas.

Sobre el papel, desde la Unión Europea se fomenta la inclusión activa y la participación completa de las personas con discapacidad en la sociedad. En la realidad, se van dando situaciones que contradicen lo que está escrito.

Sobre el papel, desde la Unión Europea se fomenta la inclusión activa y la participación completa de las personas con discapacidad en la sociedad, enmarcando siempre la discapacidad en el contexto de los derechos humanos, porque la discapacidad es una cuestión de derecho, como bien recalca el Ejecutivo Comunitario. Para ello creó una Estrategia sobre Discapacidad para un periodo de diez años, que concluye en 2020 y en la que se marcó objetivos en ocho ámbitos: la accesibilidad, la participación, la igualdad, el empleo, la educación, la protección social y la salud, sin olvidar la acción exterior. En la realidad, se van dando situaciones que contradicen lo que está escrito en el papel. Se siguen dando casos donde los ocho objetivos marcados no se ponen en práctica.

Defensa de derechos desde el Parlamento

A nivel político, la eurodiputada Rosa Estaràs, europarlamentaria española del Partido Popular, es una de las grandes defensoras de las personas con discapacidad en el Parlamento Europeo. Su labor le ha servido para ser reconocida por organizaciones como Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), que el año pasado le otorgó el galardón Mujeres-Acción en beneficio de las Mujeres con Discapacidad “por su incansable defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad de la Unión Europea, a través de su labor en el seno de las instituciones europeas e internacionales”.

La voz de esta eurodiputada, como vicepresidenta del Intergrupo de Discapacidad, es una de las que más suena en la Eurocámara cuando se trata de reclamar políticas integradoras para las personas con discapacidad. En julio de este año el Parlamento Europeo reclamaba a todos los países europeos un mayor compromiso con los derechos de estas personas, con la aprobación de un informe sobre la aplicación en la UE del convenio de la ONU sobre los derechos de los discapacitados, una propuesta en la que la eurodiputada trabajó durante meses.

Estaràs recordaba entonces que el informe se asienta sobre la idea de que la plena integración de las personas con discapacidad “no es sólo un derecho y una ventaja merecida para los interesados, sino también un activo para toda la sociedad, ya que ésta se puede beneficiar del valor y las diversas competencias que aportan”.

Diez años después de que naciera la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la UE sigue mostrando grandes contradicciones con las disposiciones de la Convención. La aprobación del informe servirá para que los países se adapten a las exigencias de la Convención, que no son otras que conseguir que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que el resto.

“La UE debe ser un líder en materia de respeto y promoción de los Derechos Humanos”, ha señalado Estarás en más de una ocasión. Así, siempre ha exigido el desbloqueo de la Directiva de la UE contra la discriminación, que no ha registrado ningún avance en el Consejo desde 2008. También este año, a propuesta de la eurodiputada, la ONCE fue reconocida con el premio Ciudadano Europeo 2016.

También desde la Eurocámara, la europarlamentaria  de UPYD (ALDE), Maite Pagazaurtundúa, ha defendido los derechos de las personas con discapacidad. Para garantizar la integración, Pagaza trabaja para que la UE homologue discapacidades, garantice la movilidad laboral y de estudios sin discriminaciones dentro de la Unión Europea, así como la creación de Oficinas de Vida Independiente con financiación pública, gestionadas por el colectivo de personas con discapacidad.

La europarlamentaria Maite Pagazaurtundúa trabaja para que la UE homologue discapacidades, garantice la movilidad laboral y de estudios dentro de la UE, así como la creación de Oficinas de Vida Independiente con financiación pública.

En materia de accesibilidad, Pagaza ha pedido a la UE que ratifique el Tratado de Marrakech, —firmado por 22 países— para que las personas ciegas tengan acceso a la lectura de libros, que se cree una Ley Europea de accesibilidad, donde el colectivo de discapacitados participe activamente, sin olvidar el derecho pleno a los procesos electorales y la Administración de Justicia para las personas con discapacidad o la mejora de las estadísticas para poder exigir políticas más adecuadas.

La eurodiputada apadrinó en el Día Europeo de la Discapacidad un libro dedicado a explicar a los niños la discapacidad. María, la alegría en la diferencia, llegaba a Bruselas y Madrid de la mano de una de las políticas europeas más comprometidas. Un libro escrito por la periodista portuguesa Teresa Coutinho, una mamá que necesita explicar a su hijo Lorenzo por qué su hermana María no coge los juguetes que él le ofrece o no anda cuando los demás lo hacen por culpa de una parálisis cerebral. Un texto e ilustraciones que sirve para explicar a los más pequeños que no todos los niños son iguales y que su diferencia no es su discapacidad sino que como le ocurre a María, puede ser su alegría. Los beneficios del libro serán destinados a la Asociación de Padres de Personas con discapacidad APADIS.

Marco jurídico para la discapacidad en la UE

A nivel europeo, los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad se recogen en el Tratado de Lisboa y en la Carta Derechos fundamentales de la UE. Fue proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre del año 2000, y recoge siete capítulos y 54 artículos. La Carta refuerza la seguridad jurídica sobre la protección de los derechos fundamentales, protección que hasta ahora sólo se garantizaba mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y el artículo 6 del Tratado Internacional de la UE.

El capítulo III, dedicado al derecho a la igualdad de todos los europeos, engloba dos artículos en los que se hace referencia a la discapacidad. Concretamente se trata del artículo 21, sobre la no discriminación, en el que se prohíbe toda discriminación por razones de discapacidad, además de la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, edad u orientación sexual.

Asimismo, el artículo 26 habla expresamente de la integración de las personas con discapacidad. “La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad“, señala la Carta.

Además, se crean políticas en favor de las personas con discapacidad desde la Directiva de la UE sobre Igualdad de Trato en Asuntos de Empleo y Ocupación, el Plan de Acción de la UE sobre Discapacidad, la Estrategia Europea de Empleo y las Directrices para el Empleo. Sus pilares fundamentales son la lucha contra la discriminación, la eliminación de barreras y la integración de la discapacidad en todas las políticas comunitarias.

Avances pendientes

A finales de diciembre Cermi reclamó a la Unión Europea (UE) que consagre un pilar de derechos sociales que, entre otras cosas, garantice la inclusión de las personas con discapacidad y de sus familias. El objetivo pasaría porque los derechos de las personas con discapacidad sean transversales y se asegure la inclusión en la comunidad y una vida independiente para este colectivo.

A finales de diciembre Cermi reclamó a la Unión Europea (UE) que consagre un pilar de derechos sociales que, entre otras cosas, garantice la inclusión de las personas con discapacidad y de sus familias.

En este sentido también considera necesario que se garantice un nivel de protección social con unos ingresos mínimos que aseguren que estas personas están protegidas de la pobreza y la exclusión. También necesaria la protección a las familias, como principal apoyo de las personas con discapacidad, así como la educación inclusiva y no apartada de este colectivo.

En materia laboral, Cermi pide “mantener y fortalecer el apoyo activo al empleo de las personas con discapacidad a través de mecanismos como el Fondo Social Europeo; incentivar la responsabilidad social corporativa por parte de las empresas; la reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, o garantizar condiciones de trabajo justas”.

Y para que desde los países miembros se pueda avanzar en todo esto, Bruselas necesita relanzar nuevas estadísticas porque hay una falta clara de datos comparables en la Unión Europea sobre personas con discapacidad y su grado de participación en la sociedad.

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