España registró más de 300 denuncias por racismo en 2016, la mayoría, institucional

En la presentación del informe 2017 sobre el Racismo en el estado español, SOS Racismo exige acuerdos entre los grupos parlamentarios para desarrollar legislativamente las iniciativas presentadas.
CE15 septiembre 2017
0

En el informe se recogen más de 300 actos racistas en todo el Estado, de los que la mayor parte tienen que ver con el racismo institucional (82) seguidas de los conflictos y agresiones racistas (51). Le siguen a cierta distancia el resto: problemas con la seguridad pública (46), denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos (39), discriminación laboral (40), denegación de acceso a servicios privados (40), problemas relacionados con agentes de la seguridad privada (40) o casos relacionados con la extrema derecha o el discurso del odio (11).

Estas cifras, en palabras de Mikel Mazkiaran, Secretario General de SOS Racismo, suponen “una fotografía de una realidad que debemos poner encima de la mesa para abordar soluciones que eviten, no sólo los insultos, agresiones o conflictos vecinales que sufren estas personas, sino también el deterioro en la convivencia en nuestras localidades”.

Respecto al auge del 30% en el número de denuncias recogidas en el informe, se constata que, a pesar de no existir un empeoramiento en la convivencia, hay un elemento positivo en ello en la medida que “ciertos actos racistas que sufren las personas día a día comienzan a verse como una anomalía a denunciar. Aun así, la mayoría de casos de discriminación siguen permaneciendo ocultos, bien porque se sigue normalizando, bien por el desconocimiento de las víctimas”.

Sobre esta cuestión se ha puesto como ejemplo el caso de las amenazas que sufrió el presidente de SOS Racismo Madrid, Moha Gerehou, en el cual “es importante señalar que socialmente conviven dos realidades, mientras que por un lado hay un aumento significativo de la ciudadanía de apoyo a la víctima, sigue existiendo un número importante de personas que apoyan este tipo de actos delictivos, y que son un ejemplo palpable de la demanda de una ley integral”. Sobre esta denuncia se señaló también la necesidad de una implicación mayor de las diferentes fiscalías y de la policía nacional para que la persecución de los delitos de odio no se circunscriban al ámbito del enaltecimiento del terrorismo, sino que hay que recordar, que como en este caso, “hay grupos vulnerables que sufren ataques xenófobos a través de las redes sociales y ocupan un segundo plano en los esfuerzos policiales y judiciales”.

Sobre la cuestión de las víctimas, la organización también ha reclamado, que, de la mano de la ley anterior, se apruebe una ley de protección de víctimas de delitos de odio –que proteja a éstas independientemente de su situación administrativa- que amplíe el concepto de delito de odio a otros supuestos recogidos en el Código Penal como son la denegación de prestaciones públicas y privadas, la discriminación laboral o actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Otro de los elementos que se ha analizado es el perfil de la persona denunciante, que según Mazkiaran las personas procedentes del África Subsahariana, en situación regular, serían el colectivo más discriminado, algo que ya se constataba en el informe del pasado año. Es importante señalar que la regularidad es un elemento que contribuye a dar ese paso tan importante como es denunciar una actuación discriminatoria. A mayor estabilidad, mayor conciencia de que determinados actos discriminatorios no deben ser aceptados”.

Sobre la cuestión del género y más allá de la diferencia en el número de denuncias –que coinciden con el informe sobre delitos de odio del Ministerio de interior sobre 2016- merece la pena señalar que “existe una diferenciación importante en cuanto a la tipología del delito que sufren en función de su sexo, hecho éste que refuerza la necesidad de abordar esta realidad desde una perspectiva de género con acciones específicas”.

Por último, a juicio de la Federación, las iniciativas legislativas propuestas no tendrán impacto si no van de la mano de la creación de una estrategia integral y consensuada entre administraciones públicas, sociedad civil y ciudadanía en las que la lucha contra todas las formas de discriminación, en sus formas directas, indirectas o virtuales, sea uno de los vectores de las políticas de convivencia, por lo que instan a los grupos parlamentarios a abordar de forma urgente los diferentes proyectos no de ley y transformarlos en una política de Estado.

0
Comentarios