Los trabajadores públicos reclaman más medidas antifraude, como canales de denuncia internos
El informe publicado por KPMG, El camino hacia la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas, apunta que el 61% de los trabajadores públicos encuestados considera que la Ley está cambiando la forma de gestionar las Administraciones Públicas, aunque tres de cada cuatro matizan que el impacto está siendo moderado hasta el momento.
En relación al buen gobierno en la Administración, casi ocho de cada diez encuestados afirman que su organización dispone de un sistema de control y gestión del presupuesto para prevenir malas prácticas en materia financiera.
Sin embargo, los encuestados han señalado aquellas medidas de las que, mayoritariamente, carece la administración, como un presupuesto para implantar un modelo antifraude (65% de los encuestados), políticas específicas antifraude implantadas (63%) y formación a los empleados en temas de fraude (60%).
Asimismo, un 45% de los encuestados asegura que su organización no cuenta con un canal de denuncias, uno de los medios más eficaces para detectar situaciones irregulares y una de las herramientas que están tomando mayor importancia en el sector privado.
Respecto a la información más demandada por los ciudadanos destacan, por este orden, la información económica y presupuestaria, los contratos, los datos sobre subvenciones, aquellos sobre personal y altos cargos y la información de carácter jurídico y normativo.
El camino hacia la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas ha sido elaborado a partir de una encuesta cumplimentada por gestores públicos entre los meses de mayo y septiembre de 2015 y presentado en una jornada que inauguró la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, junto a Cándido Pérez Serrano, responsable de Gobierno de KPGM.
Arizmendi destacó que, con la transparencia, «ningún Gobierno puede gobernar ya de espaldas a los ciudadanos», y ha añadido que «en nuestras manos está abrir la transparencia a los ciudadanos, a los empleados públicos y a las empresas».
