¿Cuáles son las instituciones que más trabajan por la transparencia?

La Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno entró plenamente en vigor el pasado 10 de diciembre de 2015, hace apenas cinco meses. Desde esa fecha todas las Administraciones Públicas españolas recogidas en el ámbito subjetivo de la ley, artículo 2, deben cumplir con la publicidad activa y el acceso a la información pública.
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En términos generales, las distintas instituciones que conforman la administración han aprovechado el tiempo, desde que se aprobó la ley hasta su entrada en vigor, para adoptar las medidas que les exige la nueva normativa. Ahora cabe preguntarse ¿quiénes están siendo las más aplicadas y quienes están todavía por cumplir con sus obligaciones?

Todavía no se han establecido unos indicadores que permitan hacer un seguimiento y un estudio comparativo entre las distintas administraciones para evaluar su cumplimiento, por este motivo, Compromiso Empresarial ha contactado con algunas de las principales organizaciones de la sociedad civil que luchan y promueven la transparencia en España. Fundación Civio, Openkratio, Access Info Europe, Transparencia Internacional y Fundación Compromiso y Transparencia, a través de su experiencia e interactuación con las instituciones públicas españolas, ofrecen su percepción general sobre quienes están trabajando más y mejor para incorporar la transparencia a su funcionamiento.

Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno

Por unanimidad, el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la Ley 19/2013 es la principal entidad pública que más acciones está llevando a cabo para implementar la transparencia en España a todos los niveles.

Aunque está cumpliendo con su “obligación”, puesto que este organismo fue creado para garantizar el cumplimiento de la norma, las distintas ONG han querido señalar la importante labor que está realizando.

En este sentido, OpenKratio afirma que el Consejo de Transparencia está siendo “muy beligerante y está demostrando que tiene la voluntad de ayudar a la ciudadanía en sus solicitudes de acceso a la información”.

Por su parte, desde la fundación Civio destacan el trabajo del Consejo a pesar de “las dudas” que les generaba su adscripción al Ministerio de Hacienda, señalando que en su primer año de funcionamiento ha defendido el derecho de los ciudadanos a acceder a la información “en contra de la voluntad de algunas administraciones, de manera que ya tiene 11 contenciosos interpuestos contra sus resoluciones por distintivos entes públicos”, como se puede ver en la web del propio organismo.

Consejo General del Poder Judicial

Otra de las entidades más destacadas por las organizaciones consultadas es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha desarrollado una serie de acciones destinadas tanto a transparentar su propia actividad, como a ayudar a las ONG en sus iniciativas.

“La administración de justicia suele ser una de las actividades más criticadas por los ciudadanos. Se reprocha su lentitud, la supuesta parcialidad en el nombramiento de algunos magistrados o la falta de acceso del público a muchas de las resoluciones judiciales. Por esa razón hay que aplaudir la iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de desarrollar un portal de transparencia en su web para facilitar a toda la ciudadanía el acceso a la información”, explican desde Compromiso y Transparencia.

Esta Fundación reconoció la web del CGPJ como una de las mejores iniciativas de transparencia y buen gobierno en 2014 “por facilitar a la ciudadanía de una forma clara y accesible información relevante sobre el funcionamiento de la justicia, el empleo de los fondos públicos y los principales acuerdos y decisiones”.

Por su parte, Transparencia Internacional subraya la encuesta realizada por el CGPJ para radiografiar la situación de la justicia en España y una base de datos con todos los casos de corrupción que se están registrando a nivel nacional.

Además de estas acciones, tanto Civio como Access Info Europe también señalan “la determinación” que está demostrando el CGPJ al dar prioridad a las obligaciones de transparencia de los poderes públicos sobre “cualquier requisito impuesto al ciudadano”, como es la identificación electrónica.

De este modo, ambas organizaciones valoran positivamente el hecho de que este organismo permita el acceso y responda a través del correo electrónico, ya que “sienta un precedente muy valioso para que cualquier administración pública comprenda que simplificar el proceso de acceso es cuestión de voluntad, nada más”.

Ayuntamientos de Sevilla, Madrid y Zaragoza

A nivel local, algunas organizaciones señalan a los ayuntamientos de Sevilla, Madrid y Zaragoza por ir más allá de las obligaciones que les exige la Ley de Transparencia. En este sentido, Openkratio señala la cantidad y calidad de información pública que el Ayuntamiento de Zaragoza pone a disposición de sus ciudadanos antes de la aprobación de la normativa, de manera que los ciudadanos zaragozanos llevan cinco años de acceso a la información presupuestaria, liquidaciones, contratos públicos y subvenciones y, además, “de la mejor forma posible: con datos abiertos, reutilizables, interoperables y accesibles”.

Por su parte, Civio destaca los procesos participativos y abiertos a la ciudadanía y la sociedad civil de los ayuntamientos de Madrid y Sevilla en la elaboración de sus normativas de transparencia.

Junta de Castilla y León, La-Mancha y Generalitat Valenciana

Entre los organismos autonómicos los señalados han sido la Generalitat Valenciana y las Juntas de Castilla y León y Castilla La-Mancha, por no conformarse con cumplir la ley y llevar a cabo iniciativas más progresistas.

En este sentido, Civio valora muy positivamente el esfuerzo de la Junta de Castilla y León para responder satisfactoriamente a las solicitudes de información que le enviaban los ciudadanos “cuando aún no había siquiera una ley en vigor”, e incluso a través de un simple correo electrónico. Mientras que la Junta de Castilla La-Mancha destaca por abrir el proceso de elaboración de su normativa a la ciudadanía manchega.

Asimismo Transparencia Internacional pone en relieve el pacto firmado con la Generalitat Valenciana para asumir compromisos por la transparencia y prevenir la corrupción y remarca que desde su organización la percepción es que “las instituciones públicas, en general, van mejorando sensiblemente su nivel de transparencia”.

La otra cara de la moneda

Por otra parte, las organizaciones consultadas también señalan algunas incidencias a la hora de cumplir e implementar la transparencia dentro de la Administración Pública española. De esta manera Access Info explica a Compromiso Empresarial que el principal problema con el que  se han encontrado es que “el Portal de Transparencia  contiene muchos datos, pero poco accesibles para los ciudadanos y resultan difíciles de encontrar”.

Esta ONG advierte de la importancia de “la calidad frente a la cantidad” con respecto a la publicación activa de la información pública, ya que “es un aspecto muy importante para que haya una rendición de cuentas eficaz”.

Coincide Compromiso y Transparencia, que desde la aprobación de la Ley de Transparencia defiende que “no necesitamos un único portal de transparencia, sino transparencia en todos los portales. La idea no deja de ser atractiva desde el punto de vista del marketing, pero ineficaz desde el punto de vista práctico”.

Sobre el acceso a la información, la misma organización señala a RTVE como “la institución que más reticencia” pone a la hora de dar información, además de valorar negativamente las actuaciones del Ministerio de Presidencia al iniciar un procedimiento judicial para no cumplir con la resolución del Consejo de Transparencia que les obligaba a dar acceso a Access Info Europe a los informes sobre el cumplimiento de los planes de Gobierno Abierto, siendo dicha iniciativa para avanzar hacia mayor transparencia, rendición de cuentas y participación  ciudadana.

Finalmente, OpenKratio también hace una especial advertencia sobre los índices y rankings de transparencia que puntúan con el mismo valor la publicación  del “email del alcalde” y la publicación de los presupuestos, pues según esta organización dicha evaluación puede ser engañosa por dos sentidos: uno, envía señales confusas a las Administraciones sobre cuál deberían ser las prioridades y dos, contribuye a desnaturalizar el sentido de las reclamaciones de transparencia que se hace desde las organizaciones de la sociedad civil.

Según el criterio de Openkratio, la evaluación de la transparencia pública debería priorizar la publicación de información económica, los datos abiertos (siendo reutilizables, interoperables y accesibles), acabar con el silencio administrativo en las solicitudes de acceso a la información y contar con organismos independientes de control.

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