Sectores muy opacos: ¿Dónde va la basura electrónica?

Sobre este aspecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advertía en 2010 en el informe Reciclaje- de residuos electrónicos a recursos sobre el aumento descontrolado de la cantidad de residuos electrónicos  (televisores, frigoríficos, ordenadores, teléfonos móviles, impresoras o juguetes) que terminarían en vertederos del Sur de África, India o China, entre otros.

En el informe se predice que para 2020 en estos países la basura electrónica aumentará de un 200 a un 400 por cien y, además, se destaca que las prácticas utilizadas para desguazar los aparatos desechos son inadecuadas y peligrosas, pues los compradores de estos aparatos en el Tercer Mundo solo están interesados en recuperar metales preciosos como el oro o la plata y no en el reciclaje de los materiales.

Por lo tanto, no solo se recuperan menos materiales, con tasas muy bajas en comparación con las técnicas de las instalaciones industriales legales, sino que la incineración descontrolada de los residuos electrónicos libera nubes de humo altamente contaminantes llegando a ser muy tóxicas y poniendo en peligro la vida de las personas que llevan a cabo estas tareas.

¿Por qué la basura electrónica acaba en el Tercer Mundo?

Cuando termina la vida útil de los dispositivos electrónicos muchos consumidores no saben qué hacer con ellos. Dependiendo del punto donde se depositen puede tener un destino u otro.

Sobre este aspecto, Victoria Ferrer, directora general de Gremi de Recuperació de Catalunya, explica a Revista Haz que los puntos limpios de gestión pública «muchas veces no disponen de medidas de seguridad adecuadas», por lo que es «muy probable» que sufran robos. Estos robos pueden tener graves consecuencias y que las personas que los materializan, desguazan y separan las piezas lo hagan sin ningún tipo de medida de seguridad. Son especialmente sensibles la extracción de gases de los equipos de frío, de polvos con materias tóxicas como el plomo contenido en los televisores antiguos, etc.

Eso sí, Ferrer asegura que aquellos aparatos que van directamente a un «centro de transferencia autorizado o a un gestor de residuos» en instalaciones con fuertes medidas de seguridad serán llevados al gestor final dónde separarán las partes con las «medidas pertinentes para que los agentes contaminantes no terminen en el medio ambiente».

Con respecto a los robos de residuos electrónicos, Julio Barea, campaigner de Greenpeace España, explica a Revista Haz que existe un mercado «muy lucrativo» gracias a la recuperación de metales preciosos como el oro y la plata de estos aparatos.

«Desgraciadamente, estas prácticas también sacan el aparato del circuito del reciclaje y las empresas que se dedican legalmente a la gestión de los residuos electrónico están cerrando porque no les llega material».

Entre las causas que propician esta situación, Julio Barea señala la laxitud de la legislación española  que «deja un hueco» para la existencia de esta «economía negra», dominada por el interés económico en detrimento de la seguridad laboral y medioambiental.

En 2008 Greenpeace tomó la iniciativa de hacer un seguimiento de la basura electrónica generada en Europa que les llevó hasta Ghana, donde pudieron descubrir cómo llegaban contenedores llenos de aparatos electrónicos obsoletos para ser vendidos a chatarreros del país africano. «Esta situación no sucede solo en Ghana, sino también en China, Pakistán y muchos países más, y el fin es desguazar los aparatos en condiciones infrahumanas», explica el representante de Greenpeace España.

¿Víctimas o cómplices?

Las alarmas sobre esta situación han saltado debido a dos factores: la falta de información y atención sobre el reciclaje de los aparatos electrónicos y la velocidad a la que se consumen este tipo de dispositivos, sobre todo los de tamaño pequeño como los teléfonos móviles.

Según los datos de la organización internacional Step –Solving The E-waste Problem-, que ha realizado un mapa mundial de la basura electrónica, en España en 2014 se desecharon 17,8 kilos de residuos por habitante, un total de 817.000 toneladas. Sin embargo, el proceso de su reciclaje es muy opaco, como han explicado algunos expertos en el sector, y el consumidor se desentiende de los aparatos desechados una vez están fuera de su domicilio.

Ferrer asegura a Revista Haz que «lo único que puede hacer el ciudadano es exigir que se le dé un certificado de destrucción del aparato», que en la mayoría de casos el comprador desconoce su existencia, al igual que no sabe que en el precio de los aparatos electrónicos está repercutido el coste para su reciclaje.

En este sentido, tanto Greenpeace como Gremi Recuperacio coinciden en que la solución podría comenzar por «premiar» a los ciudadanos responsables que se preocupen por depositar los aparatos en puntos autorizados.  En este sentido, Ferrer explica que desde las empresas de gestión de residuos están intentando impulsar en los municipios el depósito de la basura electrónica en puntos autorizados, públicos o privados. Este hecho «conllevaría una reducción de la tasa de residuos municipal», lo cual sería un incentivo para generar prácticas responsables y correctas del tratamiento de residuos.

Por su parte, Greenpeace señala que otra de las medidas que se deben tomar para mejorar la situación es desarrollar «una legislación» adecuada y establecer una autoridad que «controle y sancione» la mala gestión de los residuos electrónicos, evitando situaciones como el abandono de un televisor en el cubo de la basura para que «alguien se lo lleve».

Ecotasa: estimaciones y poco más

La falta de control sobre el cumplimiento de la «ecotasa» -importe que se aplica al precio del producto para su reciclaje- también complica el correcto tratamiento de los residuos. Sobre esta situación, Ferrer explica que el sistema actual «no es muy transparente» y además, no asegura el reciclado final de los aparatos. Esto se debe a que no está cuantificado qué cuesta reciclar una nevera, por ejemplo, puesto que solo hay estimaciones, por lo tanto el fabricante no compensa de manera justa al gestor de residuos.

A su vez, esta carencia de controles conlleva que haya entidades que se benefician del cobro de la ecotasa sin hacer la gestión correctamente.

«Es un tema complejo en el que debemos trabajar, porque la creciente normativa y las exigencias burocráticas cada vez hacen la gestión más difícil», concluye la representante de Gremi Recuperacio para Revista Haz.