La opacidad en las instituciones públicas en materia de publicación de los contratos públicos genera serias dudas sobre el sistema de contratación pública español, explican en nota de prensa. Por ello, representantes de varias instituciones, reunidos en la jornada Hacia una transparencia integral en la contratación, organizada por Transparencia Internacional España, han instado a las autoridades competentes a adoptar de manera urgente una serie de medidas y recomendaciones con el fin de aumentar la transparencia y la mejora del sistema de control de todo el proceso de contratación pública:

  • La distinción entre los diferentes contratos genera redes clientelares. Se requiere uniformidad en las reglas jurídicas y acabar con la tendencia de cambiar la Ley de Contratos de sector público con tanta frecuencia -unas 30 veces en ocho años-. Esto ha generado numerosos frenos en la contratación pública.
  • Refuerzos en los mecanismos de control. Un buen sistema de control preventivo por la propia administración supone un ahorro del 5% en los propios contratos. En la medida que hay controles preventivos, se fortalece la transparencia, se reactiva la economía y se mejora la eficiencia. Es necesaria una autoridad independiente en contratación pública.
  • Necesaria mejora de la transparencia de una forma significativa, puesto que hay una Ley que obliga a las instituciones públicas a publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la cual no se cumple mayoritariamente. Es imprescindible fomentar la publicación de los contratos en la Plataforma, y se hace necesario que la nueva Ley de Contratos públicos establezca la nulidad de los contratos si no se publican en la citada Plataforma.
  • Es necesario impulsar la profesionalización de las Mesas de contratación, excluyendo la participación en las mismas de cargos políticos. En todo expediente de licitación, en especial los de concesión o de un importe elevado, debe existir con carácter habilitante un informe detallado de conveniencia financiera suscrito por funcionarios. Es una condición básica que se aparte a los cargos políticos de las decisiones en la asignación de los contratos públicos.
  • Los medios electrónicos son una herramienta clave de transparencia y de eficiencia. La transición hacia la administración electrónica está siendo muy lenta. En este ámbito, el proyecto de ley tiene muchas carencias, ya que no cumple las obligaciones europeas, un vehículo muy importante para generar transparencia. Como es el caso de los contratos menores.
  • En cuanto a los criterios de adjudicación, es necesario centrarse en cómo se realiza la licitación. Para que sea transparente, las reglas de licitación deben promover una competencia real, con criterios claros y precisos que aporten valor añadido. En España se ha desarrollado una visión muy economicista de la contratación pública. Se deja mucho peso en el precio, cuando en realidad hay que abordar problemas más importantes como por ejemplo que los contratos no se cumplen. Se precisan reglas limpias que garanticen que se cumple el objeto del contrato. Las modificaciones se deben dar solo en ocasiones puntuales y no para modificar las circunstancias esenciales de la contratación, como por ejemplo variar el precio inicial de licitación.
  • Se debe poner en valor la calidad de la prestación. Debería haber un proceso equitativo de asignación del contrato. Es muy importante el diseño del pliego, el informe de necesidad y el de conveniencia. Es fundamental la transparencia para trasmitir a los ciudadanos lo qué se decide, cómo y por qué.

Las intervenciones

Haciendo referencia a las intervenciones en la mesa redonda, Lizcano ha explicado las diversas acciones que Transparencia Internacional España viene desarrollando en aras de las transparencia en la contratación pública. A tal efecto ha hecho referencia a los trabajos de la comisión de transparencia y prevención de la corrupción en licitaciones y contratos públicos, que viene desarrollando diversas actividades con propuestas a los partidos y grupos parlamentarios, así como a los diversos informes de TI-España sobre el grado de cumplimiento por las instituciones públicas de la normativa legal sobre contratos, que vienen a demostrar el escaso nivel de cumplimiento de la Ley 20/2013 de Unidad de Mercado.