¿Cuáles son los países más transparentes de Iberoamérica?

Cuando se habla de transparencia, sobre todo en referencia a acciones y gobiernos con políticas avanzadas en esta materia, se tiende a mirar hacia los países del norte de Europa. Sin embargo, existen otros buenos e interesantes ejemplos en las latitudes del hemisferio sur que son menos mencionadas.
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Según el último Índice de la percepción de la corrupción 2016 de Transparencia Internacional, Uruguay y Chile son los países iberoamericanos menos corruptos, situados en los puestos 21 y 24 respectivamente del ranking, que consta de 176 países analizados, y en el que España se encuentra 20 posiciones por debajo de los anteriormente mencionados, en la número 41.

Para conocer de manera más concreta por qué Uruguay y Chile destacan en el ámbito de la transparencia dentro de la región Iberoamericana y cuáles son las principales acciones y políticas que aplican, Compromiso Empresarial ha consultado con los representantes de sus organismos responsables de la transparencia en sus respectivos países.

¿Qué hacen los líderes iberoamericanos en transparencia?

Órgano consultivo. Además de tener ambos países un órgano garante que vigila el cumplimiento de las normas de transparencia y la promueve en la sociedad, Uruguay destaca por la creación del Consejo Consultivo, un órgano establecido por su Ley de Acceso a la Información Pública y el cual se compone por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio Público y Fiscal, la academia y la sociedad civil. Según fuentes del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay (UAIP), el órgano garante del derecho de acceso a la información, el Consejo Consultivo tiene como misión “asesorar y orientar” al Consejo Ejecutivo de la UAIP, que se encarga de la gestión de la Unidad.

Alianza con la sociedad civil. José Luis Santa María, presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, considera “vital” la relación entre la administración y la sociedad para promover la transparencia en su país. Entre las labores que desarrolla el Consejo chileno, su presidente indica la importancia del “acompañamiento sostenido con las instituciones y funcionarios públicos”, así como los convenios de colaboración que han firmado recientemente con diversas universidades para establecer observatorios regionales de transparencia, que permitan promover y analizar eficazmente el cumplimiento de esta ley.

El Consejo chileno y diversas universidades han creado observatorios regionales de transparencia, que permitan promover y analizar eficazmente el cumplimiento de esta ley.

Por su parte, Uruguay ha desarrollado los Planes de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto a través de un sistema llamado Mesas de diálogo, integradas por autoridades gubernamentales, el entorno académico y la sociedad civil, con el fin de habilitar una participación más “activa y valiosa”. Fuentes de la UAIP afirman que fruto de estos procesos de diálogo son los compromisos incluidos en los Planes de Acción sobre archivos y rendición de cuentas con relación al derecho e iniciativas en materias de capacitación.

Otro ejemplo de la relevancia de la colaboración institucional con la sociedad civil es la campaña de la UAIP de Uruguay El derecho es tuyo, el beneficio es de todos, cuyo objetivo es sensibilizar y formar sobre la importancia del derecho de acceso a la información pública como elemento que contribuye a la mejora de la transparencia y a la construcción de la ciudadanía.

Normativa complementaria. Además de la ley de transparencia, Chile cuenta con otras normas que regulan ámbitos específicos y sensibles como son los casos de los lobbies y el patrimonio de los cargos públicos. Sobre este aspecto, el gobierno chileno ha aprobado la Ley del lobby, que hace pública las audiencias, regalos y viajes de las autoridades chilenas y la Ley de patrimonio e intereses, que actualmente obliga a publicar las declaraciones de patrimonio de más de trece mil autoridades y funcionarios públicos. “Ambas leyes establecen una web para acceder a la publicación de estos datos abiertos: Infolobby.cl e Infoprobidad.cl; de este modo se fortalece el control social”, afirma a Compromiso Empresarial el presidente del Consejo para la Transparencia de Chile.

Poder sancionador. El Consejo para la Transparencia de Chile tiene entre sus competencias la capacidad de sancionar. Según la ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, el Consejo está capacitado para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta norma y “aplicar las sanciones pertinentes en caso de infracción de alguna de ellas”. Asimismo, el Consejo chileno también dicta instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, formulando las recomendaciones que considera necesarias y promoviendo el conocimiento y uso de la ley entre los ciudadanos.

Obstáculos a la transparencia en Iberoamérica

El profesor Guillermo Escobar Roca, director del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (Pradpi) y del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Alcalá, advierte a Compromiso Empresarial que los países iberoamericanos, incluidos España y Portugal, todavía carecen de “tradición” en cultura de transparencia y por este motivo no pueden compararse a los niveles que poseen países como Suecia o Finlandia, sin embargo también señala que se ha “conseguido mucho en los últimos años” aunque queda bastante camino por andar. Esto se debe a que algunos países carecen todavía de una “legislación adecuada y aquellos que la tienen no siempre la cumplen”.

Los países iberoamericanos, incluidos España y Portugal, todavía carecen de “tradición” en cultura de transparencia y por este motivo no pueden compararse a los niveles que poseen países como Suecia o Finlandia.

Además de lo señalado por Escobar Roca, algunos países pasan por circunstancias especiales que pueden suponer un gran obstáculo para implementar la transparencia, como ha sido el caso de Colombia, donde el conflicto armado, que ha durado más de 50 años, ha afectado de manera importante a las políticas de transparencia. El secretario de la Transparencia de Colombia, Camilo Andrés Cetina Fernández, explica a Compromiso Empresarial que la presencia de organizaciones irregulares en gran parte del territorio nacional colombiano “no sólo se tradujo en atrocidades de guerra, sino que abrió la puerta para que grupos criminales depredaran las instituciones”.

Este hecho provocó, por una parte, que hubiera ciudadanos intimidados que no denunciaban y, por otra, que los organismos de control fueran débiles en su papel de investigación y sanción, e instituciones cooptadas que toleraban la presencia de dichos grupos. “La justicia y el imperio de la ley fueron minados por el conflicto y, sin ellos, es muy difícil promover la transparencia y luchar contra la corrupción”.

Actualmente, con el Acuerdo de Paz, Colombia ha entrado en una fase donde puede enfocar sus esfuerzos en nuevas metas y, de este modo, luchar contra el crimen en general y la corrupción en particular. En este sentido, Cetina Fernández destaca los “importantes esfuerzos” que la presidencia de la República colombiana ha realizado para avanzar en materia de transparencia, aprobando el Estatuto Anticorrupción, que desde 2011 hasta hoy ha permitido sancionar a 1.900 corruptos, así como la creación de Colombia Compra Eficiente, un sistema de compra pública más abierto y transparente, que ha ahorrado miles de millones de pesos a los colombianos.

A pesar de las políticas y acciones innovadoras llevadas a cabo por los países, en cada región se encuentran unas dificultades distintas. Chile y Uruguay, aunque son los principales referentes en Iberoamérica, también encuentran serios obstáculos en la implantación de la transparencia. En este sentido, el presidente del Consejo de Chile explica a Compromiso Empresarial que actualmente trabajan intensamente por la sistematización de la información de manera que sea más accesible para los ciudadanos y por la reforma constitucional para reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental.

Por su parte, la UAIP de Uruguay destaca la “falta de capacitación por parte de los funcionarios públicos respecto a la normativa y sus requisitos” en referencia a los plazos, condiciones, procedimiento para clasificar, etc. Desde la Unidad consideran que se “ha avanzado mucho”, pero señalan como puntos a mejorar aumentar los recursos técnicos dentro de las administraciones o conseguir la capacidad de sancionar.

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