Las aseguradoras confían a las ‘Big Four’ su informe sobre solvencia en contra del buen gobierno
Las entidades aseguradoras, como pieza esencial del sistema financiero, y al igual que sucede con las entidades de crédito, se encuentran sujetas a un amplio conjunto de normas sectoriales específicas que regulan no solo el acceso y el ejercicio de la propia actividad aseguradora, sino también aspectos muy relevantes relacionados con la supervisión, la solvencia y el buen gobierno de estas compañías.
Al igual que ocurre con las cuentas anuales, que requieren la opinión de un auditor externo independiente que valore y emita una opinión sobre su fiabilidad y certeza, a las empresas de seguros se les exige la elaboración y publicación de un informe (Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia – ISFS) sobre los riesgos asumidos en la gestión de su negocio y su capacidad económica para afrontarlos (nivel de solvencia), el cual debe ser revisado por expertos independientes.
Actualmente, la revisión del ISFS está monopolizada por las Big Four (Deloitte, E&Y, KPMG y PwC), que son las encargadas de elaborar, asimismo, el informe de auditoría de cuentas. Según el informe publicado por la Fundación Haz, se trata de un caso claro de mala praxis empresarial en la selección de los proveedores de servicios profesionales, al basarse la decisión, exclusivamente, en criterios de costes, sin que prime el principio de especialización e independencia real y eliminando la posibilidad de un control adicional sobre la valoración de los auditores por una tercera instancia que refuerce su independencia.
Para evaluar la independencia y transparencia en la selección del responsable de realizar la revisión del ISFS el informe examina, entre otras cuestiones: la mayor o menor transparencia en el proceso de selección del revisor; la independencia de este último según preste o no otra tipología de servicios; el nivel de compromiso de los órganos de gobierno, y el nivel de especialización de las propias compañías que llevan a cabo la revisión del ISFS. El documento analiza las 40 sociedades aseguradoras y mutualidades de mayor dimensión por volumen de prima emitida de seguro directo a lo largo del ejercicio 2017.
Destacan como las compañías mejor evaluadas Santalucía, con cinco puntos, y Nationale Nederlanden Vida, BBVA Seguros, Mutual Médica y Mutualidad de Procuradores, con seis puntos cada una, lejos todavía de alcanzar valoraciones atractivas. Las 35 restantes se encuentran en zona de alto riesgo, obteniendo resultados muy bajos en los indicadores aplicados.
Solo dos entidades explican públicamente de manera clara en su web los criterios en que basa la selección del revisor del ISFS: Nationale Nederlanden Vida y Reale Seguros Generales. Únicamente en seis casos, cuatro de ellos mutualidades, el auditor de cuentas y el revisor del ISFS es diferente: BBVA Seguros, Santalucía, HNA, Mutual Médica, Loreto Mutua y Mutualidad de Procuradores.
En 34 de las 40 compañías el revisor del ISFS lleva a cabo otros trabajos que podrían resultar en conflicto con dicha revisión, o bien no proporciona información alguna para poder evaluar este riesgo. En solo cinco compañías consta públicamente que el proveedor que revisa el ISFS no presta otro tipo de servicios: AXA Aurora Vida, Nationale Nederlanden, AXA Seguros Generales, Generali Seguros y Liberty Seguros.
Como señalan los autores del informe Javier Martín Cavanna y Concepción Sacristán: “Al margen de consideraciones sobre las contradicciones de mayor o menor calado en las que pueda incurrir la normativa de revisión del ISFS, la problemática que subyace en este tipo de prácticas está íntimamente ligada a cuestiones que van más allá del mero cumplimiento normativo, como son la ética en la gestión, el reforzamiento de las medidas de control y el aseguramiento de los principios de independencia por los que deben velar los sistemas de gobierno de las entidades”.
El informe también llama la atención del “relajamiento” que se produjo en la redacción de las circulares de la Dirección General de Seguros a la hora de seleccionar a los expertos que debían revisar el “informe de solvencia”. Así como en la primera redacción no se consideraba imprescindible la figura del auditor y sí la del actuario de seguros, en la redacción definitiva sí se exigió, finalmente, el concurso de ambos perfiles, lo que hace sospechar la posible existencia de una corriente de presión en favor de la inclusión de este último enfoque por parte de las sociedades auditoras.
