Pro Acceso pide al Gobierno transparencia y compromiso con el acceso a la información durante la COVID-19

La Coalición Pro Acceso pide al Gobierno de España que garantice la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información durante el estado de alarma.
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<p>Rueda de prensa telemática. Foto: Moncloa/JM Cuadrado</p>

Rueda de prensa telemática. Foto: Moncloa/JM Cuadrado

Una veintena de organizaciones, miembros de la Coalición Pro Acceso, entre las que se encuentra la Fundación Compromiso y Transparencia, editora de esta revista, han pedido hoy al Gobierno de España que garantice la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información, después de que se hayan suspendido los plazos administrativos por el estado de alarma, declarado el pasado 14 de marzo con motivo de la crisis del coronavirus.

En una carta dirigida a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, miembros de la Coalición Pro Acceso denuncian los efectos que esta pandemia está teniendo sobre la transparencia y el acceso a la información, un derecho fundamental que debe ser protegido especialmente en tiempos de crisis.

“Si queremos que los ciudadanos confíen en las instituciones, es imprescindible que estos conozcan sus actuaciones y aseguren la adecuada rendición de cuentas por parte del gobierno”, explican en el escrito.

La gravedad de la situación generada por la pandemia de la COVID-19 ha hecho que el Gobierno tome medidas excepcionales como la suspensión de los plazos administrativos, algo que también ha ocurrido en muchos países europeos y americanos.

Sin embargo, también existen ejemplos de buenas prácticas tanto dentro como fuera de las fronteras españolas, que demuestran que, a pesar de las circunstancias, es posible cumplir con este derecho:

  • En Argentina, se ha modificado la suspensión para mantener los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información.
  • El Consejo de la Unión Europea y la Comisión mantienen el plazo de 15 días, aunque reconocen que pueden darse leves retrasos en algunos casos.
  • En España, la Comunidad de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valencia, entre otras administraciones, están respondiendo solicitudes y realizando publicidad proactiva.

De acuerdo con Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Compromiso y Transparencia, “el estado de alarma no puede convertirse en una excusa para limitar los derechos y libertades de los ciudadanos. La gestión de la transparencia y el acceso a la información durante la crisis de la COVID-19 será uno de los criterios más importantes para evaluar la acción del Gobierno durante esta crisis”.

En aras de garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso a la información, desde la Coalición Pro Acceso reiteran al Gobierno central la necesidad de adoptar las siguientes medidas:

  • Modificar el Real Decreto 463/2020, incluyendo el derecho de acceso a la información entre las excepciones de suspensión de plazos administrativos.
  • Instar a las unidades de información de la Administración General del Estado, y mientras dure el estado de alarma, a responder de forma prioritaria a todas aquellas solicitudes relacionadas con la COVID-19. En base a lo establecido en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto, que permite la continuación de procedimientos administrativos relacionados con la pandemia.
  • Continuar, en la medida de lo posible, con la tramitación de las solicitudes recibidas antes o durante el estado de alarma no relacionadas con la pandemia, evitando que la resolución se prolongue en el tiempo.
  • Documentar debidamente la toma de decisiones y las actuaciones públicas que se lleven a cabo, así como asegurar la correcta gestión de toda la información.
  • En caso de requerir un refuerzo de personal para la tramitación de solicitudes de acceso a la información, permitir la colaboración de los archiveros de la Función Pública conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Decimoctava del Real Decreto – Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.

Asimismo, indica la carta de la Coalición Pro Acceso, para asegurar la transparencia de las actuaciones de las instituciones públicas deben:

  •  Crear una página web o una sección en el Portal de Transparencia dedicada exclusivamente a la COVID-19, donde se publique de manera proactiva y centralizada toda la información relacionada con la gestión de la pandemia (sanitaria, legal, laboral, económica, científica, presupuestaria, medioambiental…) a nivel nacional, autonómico y local, ofreciendo los datos con la mayor desagregación posible (barrios). Se priorizará aquella información requerida de forma más recurrente en las solicitudes.
    Todos los datos deberán publicarse en formatos abiertos y reutilizables, con sus respectivos metadatos, y deberán ser incluidos, además, en un catálogo especial sobre la COVID-19 en el portal Datos.gob.es/es/catalogo.
  • Publicar proactivamente y de forma inmediata:
    • La conformación del o de los comités científicos, así como los informes en los cuales se basan las decisiones tomadas por el Gobierno.
    • Toda la información relacionada con la contratación pública de emergencia, incluyendo intermediarios, beneficiarios, contratos, liquidación, ejecución, etc.
  • Mantener un soporte digital de toda la información relacionada con la COVID-19 que permita la trazabilidad de las acciones realizadas y, por ende, garantice la adecuada rendición de cuentas.
  • Garantizar la protección de la privacidad, asegurando que el seguimiento y la vigilancia digital usada para proteger la salud de los ciudadanos sea una medida temporal y supervisada constantemente por especialistas y miembros de la sociedad civil, permitiendo una completa transparencia del uso dado a los datos recolectados.

La carta dirigida al Gobierno de España ha sido suscrita por las siguientes organizaciones: Access Info Europe, Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP), Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda), Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias (AAPA), Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (Acreditra), Asociación Innovación y Derechos Humanos (ihr.world), Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (Acima), Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Associació Ciutadania i Comunicació (Acicom), Cibervoluntarios, Ciecode, Coordinadora ONGD–España, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Fundación Civio, Fundación Compromiso y Transparencia, Fundación Hay Derecho, Gobierno Transparente, Greenpeace España, Manuel Sánchez de Diego, Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez, Observatorio de RSC, Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Red de Abogados y Abogadas para la Defensa Ambiental (RADA), Reporteros Sin Fronteras (Sección Española), Sociedad Española de Documentación e Información Científica (Sedic) y Xnet.

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