Las CCAA, un oasis de transparencia y acceso a la información durante la crisis

La declaración del estado de alarma estableció como “autoridad competente” al Gobierno central para gestionar la crisis de la COVID-19 en todo el territorio español, permitiendo que las órdenes fueran dictadas únicamente por el presidente del Gobierno y las autoridades competentes delegadas: los Ministerios de Defensa, Interior, Transportes y Movilidad y el Ministerio de Sanidad.
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<p>El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una conferencia celebrada con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas. Foto: Moncloa/José María Cuadrado.</p>

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una conferencia celebrada con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas. Foto: Moncloa/José María Cuadrado.

Tres meses después de dicha declaración, España ha terminado el proceso de ‘desescalada’, que permite acabar con el confinamiento de la ciudadanía y la limitación de las libertades. A finales del mes abril, el presidente Sánchez, hizo público el Plan para la transición hacia una nueva normalidad, donde se detallaban las medidas para que el país volviese a una situación similar a la anterior a la crisis.

Sobre este aspecto, cabe señalar la relevancia de los gobiernos regionales, ya que el Gobierno ha querido trabajar “conjuntamente” con las comunidades autónomas y las entidades locales, aprovechando su conocimiento del territorio y de las particularidades específicas de cada comunidad, puesto que estos aspectos son “clave” para la toma de decisiones y la aplicación de las medidas que faciliten la correcta evolución de la desescalada.

Aunque la última decisión seguía recayendo en el Ejecutivo central, en la Fase III los presidentes autonómicos recuperaron el poder para “decidir sin necesidad de consultar con el Gobierno” qué medidas modificaban, aprobaban o eliminaban, a excepción de la libertad de movimiento que seguía restringida hasta este pasado domingo.

Por otra parte, la actividad de algunos gobiernos regionales ha sido valorada muy positivamente durante el estado de alarma, ya que muchas de las comunidades autónomas han destacado por su transparencia y facilitar el acceso a la información pública, uno de los temas que más se ha criticado al gobierno central, por la suspensión de los plazos administrativos, entre otros asuntos.



Comunidades informantes y facilitadoras

En una situación de crisis como la pandemia de la COVID-19, la información es un elemento clave y necesario. Por este motivo, la Junta de Castilla y León es una de las más destacadas por su portal sobre el coronavirus que ofrece una gran cantidad de datos de manera actualizada, clara y muy visual, apostando por la georeferencia para dar conocer el avance de la pandemia en la región.

Del mismo modo, otras comunidades han creado portales similares dando información muy detallada y fácil de comprender, como el gobierno de Aragón, Castilla La Mancha o las Islas Canarias, habilitando espacios bien organizados y estructurados para ofrecer el mayor contenidos de gran interés para la ciudadanía y permitiendo la descarga de datos abiertos.

Miguel Ángel Blanes Climent, técnico jurídico en el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana y experto en transparencia de las administraciones públicas, explica a Compromiso Empresarial que la transparencia en una situación de crisis, además de permitir a la ciudadanía controlar las decisiones adoptadas por los gobiernos, es “vital” para lograr la colaboración ciudadana, necesaria para luchar contra el virus.

En este sentido, el experto señala que las personas han necesitado y necesitan tener acceso a una información “clara, veraz y actualizada” sobre la evolución de la pandemia en el territorio y por este motivo, destaca la importancia de poder acceder a los informes que han justificado los distintos cambios de fase, puesto que permiten comprobar la situación real, además de otros datos como el número de personas ingresadas en la UCI, contagiadas, curadas, y con datos desagregados por edad y afecciones previas.

“Es muy importante que los ciudadanos accedan a la información actualizada sobre la incidencia del virus en su municipio o área de salud”, indica Blanes Climent, ya que este tipo de información permite a la ciudadanía saber en cada momento cómo se está comportando el virus y, de esta manera, podrán actuar de una manera más cauta y responsable.

Sobre este aspecto, la información ofrecida por los portales de Castilla y León y de Aragón, destacan especialmente por la presentación en gráficos, el alto grado de desagregación de los datos publicados y la posibilidad de descargarlos en formato abiertos.

Contestando al ciudadano

Una de las principales críticas que ha recibido el gobierno central durante la parte más aguda de la crisis sanitaria se ha debido a la suspensión de los plazos en los trámites administrativos que ha afectado a las solicitudes de acceso a la información pública.

Aunque, desde el pasado 1 de junio se han reanudado los plazos y las administraciones tienen la obligación de responder en los tiempos establecidos por la Ley de Transparencia, algunas comunidades se desmarcaron de la línea de actuación del Ejecutivo y han continuado tramitando las solicitudes de acceso a la información e, incluso, han habilitado espacios de consultas públicas, como es el caso del País Vasco.

Dentro de la web de Irekia, el gobierno vasco permite que el ciudadano realice dos tipos de consultas: una petición pública, que consiste en hacer una propuesta a un área determinada del gobierno regional y queda publicada en la web; o solicitudes de información privada para presentar quejas, denunciar o sugerencias. Asimismo, el usuario también puede ejercer el derecho de acceso a la información dentro de este mismo apartado.

Según Civio, la mayoría de las comunidades autónomas mantuvieron activo los plazos para responder a las solicitudes de acceso a la información: Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Navarra, Galicia, País Vasco o La Rioja.

Según publica Fundación Civio en su sección Tu Derecho a Saber, la mayoría de las comunidades autónomas mantuvieron activo los plazos para responder a las solicitudes de acceso a la información, como Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Navarra, Galicia, País Vasco o La Rioja, y otras mantuvieron este servicio de manera parcial, resolviendo algunas peticiones, como la Comunidad de Madrid, Cataluña o Comunidad Valenciana.

Sobre este aspecto, Blanes Climent, afirma que para que la transparencia funcione como una red nacional de vigilancia en salud pública, debe haber indicadores comparables entre los sistemas de información autonómicos. Por este motivo, considera “necesario” aprobar el reglamento que permite el funcionamiento de la Red Nacional de Vigilancia de Salud Pública, obligatoria desde 2011 y que lleva nueve años de retraso, lo cual considera “una barbaridad y una falta de interés político”.

La unión informativa también vence al virus

En relación con la crisis sanitaria, el experto consultado explica que las “luchas competenciales” entre el Estado central y las comunidades autónomas ha perjudicado la transparencia y la gestión eficaz durante la gestión de la crisis.

En este sentido, señala que esta disparidad de criterios por comunidades no permite “cruzar los datos” recogidos entre los distintos sistemas de salud autonómicos, ni trabajar con ellos en condiciones eficaces.

La COVID-19 es un problema global que según Blanes “no entiende de ámbitos competenciales” y por este motivo, considera necesario que las instituciones públicas defiendan los intereses generales de los ciudadanos como un frente unido, es decir, haciendo lo mejor para los ciudadano y evitando las rivalidades entre sí para retener o ganar más poder.

“Los intereses de las instituciones no pueden estar por encima de los intereses de los ciudadanos”, afirma el experto.

Aunque la Administración General del Estado está cumpliendo con su compromiso de acelerar la resolución de las solicitudes de acceso a la información y transparencia, Blanes Climent considera que el derecho fundamental a la información –recogido en el artículo 20.1.d de la Constitución-, ha quedado “muy resentido en la gestión de la pandemia por la COVID-19”, y señala como mala praxis las ruedas de prensa con preguntas previamente seleccionadas; el lío con los datos oficiales sobre las cifras de personas fallecidas y contagiadas; el retraso y las reticencias en publicar los contratos de emergencia en los portales de transparencia, o no facilitar la identidad de los expertos que asesoran al Gobierno en la aplicación del plan de desescalada.

No obstante, el experto es “optimista” y cree que el derecho fundamental a la información “se verá reforzado en un futuro” para evitar que se cometan los mismos errores: “Estamos ante una oportunidad para mejorar nuestra democracia, haciéndola más justa y transparente, así que no la podemos desperdiciar”, concluye para Compromiso Empresarial.

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