“En la transparencia está la verdadera reforma de la Administración pública”

Entrevista con Esperanza Zambrano, subdirectora general de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y una de las impulsoras de la cultura de la transparencia en España.
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La pandemia provocada por la COVID-19 ha modificado los hábitos de vida en todo el mundo, obligando a las personas a cambiar su modo de interactuar y convivir. Actualmente, se ha establecido el metro y medio como distancia social aceptable para hablar, las mascarillas y guantes son complementos obligatorios para acceder a cualquier lugar cerrado y la desinfección es la acción más repetida en los lugares públicos.

Asimismo, el ámbito de la transparencia también se ha visto afectado por la COVID-19, debido principalmente a dos factores: la creciente necesidad y demanda de información pública para mantener informada adecuadamente a la ciudadanía, y la negación, especialmente del Gobierno, de publicar determinada información y datos relativos a la gestión de la crisis sanitaria.

Para conocer la perspectiva de la pandemia a través de la principal institución encargada de garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en España, Compromiso Empresarial habla con Esperanza Zambrano, subdirectora general de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y una de las impulsoras de la cultura de la transparencia en España.

Zambrano participó en la redacción del primer anteproyecto de Ley de transparencia con el Ejecutivo de José Luís Rodríguez Zapatero, posteriormente fue miembro del Grupo de Expertos constituido por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para el estudio del Proyecto de Ley de la actual norma de transparencia, y ha sido el contacto de España para la Alianza de Gobierno Abierto- Open Government Partnership, además de formar parte del Grupo de Trabajo Interministerial para la regeneración democrática.

Durante el periodo del confinamiento, ¿cuál ha sido la principal actuación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)?

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha continuado con su actividad ordinaria en la medida en que las circunstancias lo han permitido durante el tiempo que ha durado el estado de alarma.

En lo que respecta a la Subdirección de Reclamaciones, se ha continuado tramitando las reclamaciones que presentaron los ciudadanos al amparo de lo previsto en la Ley de transparencia y las resoluciones fueron notificadas en el momento en que finalizó la suspensión de plazos.

Asimismo, se han tramitado y resuelto las reclamaciones vinculadas a hechos relacionados con la motivación del estado de alarma, haciendo uso de las excepciones previstas en la disposición por la que se decretaba la suspensión de plazos administrativos y, además, hemos estado respondiendo todas las consultas y cuestiones que nos han hecho los ciudadanos, cuya tramitación no había quedado suspendida.

La suspensión de plazos ha implicado que las resoluciones de las reclamaciones no hayan podido ser notificadas a los interesados hasta el 1 de junio.

¿Cómo ha afectado la suspensión de plazos administrativos a las reclamaciones del Consejo?

La suspensión de plazos ha implicado que las resoluciones de las reclamaciones no hayan podido ser notificadas a los interesados hasta el 1 de junio. Aunque, como he dicho anteriormente, toda la tramitación interna se ha realizado con toda normalidad.

¿Han notado alguna diferencia destacable con respecto al periodo anterior al Estado de alarma? ¿Ha habido una avalancha de reclamaciones?

De momento no se ha notado un aumento significativo de las reclamaciones. Por supuesto, los datos en estas fechas del año no se corresponden con los del año pasado, ya que en el primer semestre de 2019 recibimos 460 reclamaciones y, en el mismo período de 2020, fueron 302.  Precisamente por la suspensión de plazos que se ha prorrogado durante más de dos meses.

Probablemente, aumentará el número de reclamaciones a medida que pase el tiempo, debido principalmente a que el plazo para resolver una solicitud puede alcanzar los dos meses, si la Administración hace uso de la posibilidad de ampliar el plazo previsto en la Ley de Transparencia – artículo 20.1-. Teniendo esto en cuenta, prevemos que en las próximas semanas pueden llegar las reclamaciones relacionadas con las solicitudes de información presentadas durante el estado de alarma, ya que han empezado a resolverse a partir de la reanudación de los plazos administrativos el 1 de junio.

En términos generales, ¿hay alguna institución que destaque por recibir más reclamaciones ante el Consejo debido a que no da información pública?

Los datos sobre los Ministerios y Organismos  frente a los que se presentan más reclamaciones son públicos y pueden consultarse en la página web del CTBG. No obstante, debo señalar que los sujetos difieren según el momento y que las reclamaciones no siempre se deben a que se deniegue la información, sino que hay un número no desdeñable de reclamaciones que se interponen frente al silencio del Organismo que, cuando conoce la reclamación, proporciona la información solicitada. Todos los datos son públicos, incluido el motivo de la reclamación.

¿A qué cree que se debe que las instituciones nieguen la información pública?

Yo creo que se debe a varios factores entre los que se encuentra un cierto recelo a hacer públicos los datos; un recelo que, a mi juicio, tiene cierto grado de desconocimiento de las ventajas en términos de legitimidad, confianza y efectividad que tiene el ejercer el servicio público de forma transparente.

Desde mi punto de vista, la transparencia pasa por el convencimiento del responsable de la organización y el entendimiento de la responsabilidad pública como un servicio al ciudadano ante quien se debe responder.

Existe un cierto recelo a hacer públicos los datos; un recelo que, a mi juicio, tiene cierto grado de desconocimiento de las ventajas en términos de legitimidad, confianza y efectividad que tiene el ejercer el servicio público de forma transparente.

¿Considera que, en general, las instituciones hacen caso de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

Los datos del nivel de cumplimiento de las resoluciones del CTBG también son públicos y pueden calificarse de aceptables. Por supuesto, nuestro objetivo es llegar al 100% y por eso trabajamos: para que el cumplimiento de nuestras resoluciones sea total, desde el rigor en la interpretación de la Ley, junto con el compromiso y convencimiento de que en la transparencia está la verdadera reforma de la Administración Pública y el camino para mejorar los servicios públicos.

La gestión del Gobierno ha sido criticada especialmente en cuanto a la comunicación de datos, informes de expertos, etc. ¿Han recibido o están recibiendo reclamaciones para que el Gobierno dé más información relacionada con la gestión de la crisis sanitaria?

Sí, algunas de las reclamaciones recibidas tienen que ver con cuestiones de la crisis sanitaria. Como he explicado anteriormente, las reclamaciones relacionadas con solicitudes presentadas durante el estado de alarma ‒vinculadas o no a la gestión de la crisis sanitarias‒ están llegando ahora y prevemos que lo seguirán haciendo próximamente.

¿Hay algún tipo de información que destaque especialmente por recibir más reclamaciones? ¿Cuál considera que son los motivos para no darla?

Diría que la información relacionada con el uso de fondos públicos es la que está más presente en las reclamaciones que recibe el CTBG. No obstante, ante la casuística tan amplia que tenemos, no creo que puedan singularizarse las razones para su denegación.

Cada reclamación plantea cuestiones muy concretas que son las que tenemos en cuenta en su tramitación y no es posible identificar con carácter general los motivos en los que se fundamenta la denegación de la información.

Para que algunas instituciones y administraciones den información pública han tenido que recurrir a los tribunales, ¿cuál es la tendencia de esta situación: las administraciones hacen más caso a sus resoluciones o cada vez tienen que ir más a juicio?

Las cifras nos dicen que la litigiosidad ha aumentado y que el número de recursos frente a resoluciones del CTBG no disminuye. Sin embargo, entendemos que los pronunciamientos judiciales también son parte necesaria del camino de la definición e interpretación de una norma tan novedosa como es la Ley de transparencia.

Afortunadamente, podemos afirmar que el apoyo de los Tribunales de Justicia a la interpretación del Consejo también va en aumento. Me parece significativo que, en las cuatro ocasiones en que el Tribunal Supremo se ha pronunciado, en todas ellas ha confirmado la resolución del CTBG.

En la ‘nueva normalidad’, ¿cuáles considera que son los retos pendientes para que las administraciones públicas españolas sean más transparentes?

Los retos son, principalmente, un mayor convencimiento de la relevancia que tiene la transparencia de nuestra actividad para el aumento de la confianza de la ciudadanía en las Administraciones Públicas y para la mejora de los servicios públicos.

A este respecto, hay numerosos estudios que relacionan el análisis de los datos de las Administraciones Públicas como la vía más adecuada para mejorar la gestión de los servicios públicos.

Otro reto que considero esencial es dotar de más recursos a la política pública de transparencia. Recursos que puedan destinarse a la mejora de las herramientas informáticas, a una adecuada política de gestión documental y de archivos, y a la dotación de más personal a las unidades responsables de transparencia, incluyendo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

¿Hay algún otro tema que le gustaría destacar sobre el CTBG y la transparencia en España?

Quería destacar que, en estos cinco años de aplicación de la Ley de transparencia, se han producido numerosos avances y, a pesar de algún que otro retroceso, creo que estamos en el camino del afianzamiento y consolidación de la política pública de transparencia.

En esta consolidación es indudable la necesidad de dar pasos como la reforma de la Ley, de acuerdo a los criterios administrativos y judiciales que ya tenemos, el refuerzo del Consejo de Transparencia o la disminución de la litigiosidad en materia de transparencia.

Todas estas cuestiones y muchas más que no es posible desgranar con detalle, constituyen -a mi juicio- la hoja de ruta que debemos marcarnos para hacer realidad la regeneración democrática, la eficiencia y eficacia del Estado y el crecimiento económico al que se refiere el Preámbulo de la Ley de transparencia.

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