¿Cómo viven la pandemia los barrios populares de América Latina?

En el continente, hay 140 millones de trabajadores informales, lo cual representa el 53% de la población económicamente activa. Ellos han sido los más afectados por los confinamientos y sus ingresos se han visto reducidos. En la pandemia, la desigualdad ha crecido.

Gran parte de la población trabajadora de América Latina no cuenta con la posibilidad de desempeñar el teletrabajo o de poder sostener los ingresos ante las restricciones impuestas para frenar el avance de la covid-19. En el continente, hay 140 millones de trabajadores informales, lo cual representa el 53% de la población económicamente activa.

“En el universo del trabajo informal se encuentran trabajadores muy heterogéneos: personas que se dedican a la venta ambulante, al cartoneo, campesinos, entre otros. Todos se vieron afectados por la llegada del covid-19, sobre todo porque la economía popular ya venía golpeada desde antes de la pandemia”, explica Gabriela Arrastua, politóloga y directora general de Regiones de Techo.

Los trabajadores informales tienen empleos de mala calidad, salarios bajos, largas jornadas de trabajo, falta de acceso a oportunidades de capacitación, dificultades para acceder al sistema judicial y al sistema de protección social. Estas condiciones ubican en una situación de vulnerabilidad económica y laboral tanto a los propios trabajadores como a sus familias.

El confinamiento, que fue la primera medida de prevención tomada por los gobiernos, cortó a los trabajadores la posibilidad de llevar ingresos a sus hogares. “Las familias de los barrios populares tuvieron que empezar a descapitalizarse para sostenerse durante la primera ola, que tuvo lugar en 2020. Vendieron sus herramientas de trabajo, remataron mercadería o recurrieron al trueque. Hoy vemos lo difícil que es para ellos volver a capitalizarse. La segunda ola, que estamos atravesando en este momento, los agarra muy complicados”, cuenta Arrastua.

Las cuarentenas y las medidas de distanciamiento físico están generando pérdidas de empleo a gran escala. El informe de Techo El covid-19 en los asentamientos populares calcula que en 2020 surgieron 11,6 millones de desocupados más en la región en relación con 2019. Esto impactó directamente en la reducción de los ingresos laborales de las personas y los hogares.

Entre las necesidades que aparecieron el año pasado en los asentamientos populares, la más enfatizada son los alimentos. Una segunda necesidad expresada es el trabajo. En tercer y cuarto lugar destacan los elementos de limpieza y los ingresos.

“Reconocemos que los asentamientos populares carecen de viviendas dignas, también agua para consumo humano y uso doméstico, sistemas de saneamiento, desagüe, electricidad, y otras condiciones necesarias para el día a día”, releva el informe.

“La cantidad de personas que reciben algún tipo de asistencia alimentaria aumentó de manera significativa y, por ese motivo, los comedores populares y merenderos se multiplicaron en toda la región. Detrás de los comedores, miles de mujeres cocinan, limpian, gestionan y cuidan. Muchas de ellas ya lo hacían antes; muchas se sumaron ahora compatibilizando esta labor con sus tareas cotidianas y sus trabajos. Además de sostener los comedores, las trabajadoras socio-comunitarias atienden muchas otras demandas que se han disparado con el confinamiento”, señala Pablo López, experto en desarrollo urbano del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Desde el inicio de la pandemia, fue muy recurrente que las mujeres se vieran recargadas con tareas de cuidado, es decir, trabajo no remunerado. Las mujeres son quienes en gran medida lideraron las acciones de mitigación contra los efectos de la pandemia en los asentamientos populares. Para el caso de las que tenían algún tipo de trabajo antes de la pandemia, el 41,5% tuvo que dejar de hacerlo a raíz de la implementacion de cuarentenas y el 33,4% no estaba trabajando al iniciarse las medidas de aislamiento.

En la mayoría de los territorios, vecinos y vecinas venían desarrollando previamente acciones de colaboración y ayuda mutua para suplir, gran parte por sus propios medios, las condiciones objetivas necesarias para una vida digna.

Participar, organizarse, convocar a otros y otras y acercarse a redes externas eran parte de las acciones cotidianas de la agenda comunitaria. Aunque el arribo progresivo de la pandemia a los asentamientos, provocó miedos, confusiones e incertidumbres, este ejercicio previo de autogestión sirvió para facilitar la generación reactiva de acciones de solidaridad y cuidado comunitario. Entre las principales acciones aparecen la organización de ollas comunitarias, jornadas de limpieza, y la identificación de personas de riesgo ante la pandemia.

La acción de los gobiernos

Los gobiernos latinoamericanos establecieron medidas de ayuda económica para morigerar el impacto de la crisis en las economías populares. En muchos casos, estas políticas tuvieron el efecto colateral de incluir digitalmente a las personas mediante los subsidios, lo que permitió que más gente comerciara electrónicamente.

En Brasil, el Gobierno anunció el Coronavoucher como una ayuda financiera para apoyar a trabajadores informales y empleados independientes. Inicialmente, se estipuló pagar en tres cuotas de 600 reales ($100 dólares) depositados en una cuenta bancaria a elección o a través de apertura en Caixa Econômica Federal.

Además, en el Estado de San Pablo, se implementó el programa Merenda em casa, que se pensó para los segmentos más vulnerables. La intención era brindar apoyo específico a los estudiantes que realmente dependen de la comida provista por la escuela. El subsidio consiste en 55 reales (alrededor de $10 dólares) para un universo aproximado de 732.000 estudiantes, asistentes a escuelas públicas del Estado de San Pablo. Otro ejemplo similar se promovió en el Estado brasileño de Minas Gerais, con el nombre de Bolsa Merenda.

En México, se anunciaron subsidios para los trabajadores de la economía informal que representan el 60% de la población ocupada. Los subsidios son préstamos de 250 dólares mensuales que se tramitan por Internet, con la condición de trabajar como voluntario si la contingencia es mayor, como un ejército de reserva.

El Ingreso solidario es uno de los subsidios con mayor impacto en Colombia en el último año. Surgió como una ayuda económica para al menos tres millones de hogares que se vieron afectados por los impactos económicos que causó la pandemia del coronavirus. Aunque el programa estaba diseñado para durar hasta diciembre de 2020, aún sigue vigente.

En Perú, la lucha contra la covid-19 intensificó la lucha contra la economía popular. El gobierno repartió un bono de 120 dólares en dos quincenas y solo cubrió a 800 mil familias, cuando hay más de 7 millones de trabajadores informales.

“La insuficiente asistencia estatal vino acompañada de la criminalización de los comerciantes ambulantes. Este rol persecutor contra los ambulantes se registra en la capital desde la década de los noventa, pero cobra un nuevo tono racista y estigmatizador asociando el supuesto origen de la pandemia con la insalubridad en los mercados populares. Se han hecho campañas de higienización en casi todos los mercados de la capital y en muchos casos esto estuvo acompañado del acopio de la mercadería de los trabajadores alegando que comerciaban comida ya contaminada. En medio de tal situación y de este despojo intensificado muchos ciudadanos volvieron a sus tierras, en sus provincias, al no tener más medios para sobrevivir en ese contexto criminalista”, desarrollan los investigadores Anahí Durand y Víctor Miguel Castillo en el informe Economías populares en la pandemia.

El informe también habla de la situación en Argentina y señala que el aumento en las asignaciones familiares, junto con el lanzamiento de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales, monotributistas sociales, trabajadoras de casas particulares y cuentapropistas de las categorías más bajas fueron medidas acertadas, pero apenas permitieron la supervivencia. La demanda del ingreso de emergencia cuadruplicó la expectativa estatal: se preveían tres millones de solicitantes y hubo más de once millones.

Desde el comienzo de la pandemia, se ve una saturación de la demanda que recae sobre la extensa red de comedores y espacios comunitarios en los barrios populares de todo el país.

Desde el comienzo de la pandemia, se ve una saturación de la demanda que recae sobre la extensa red de comedores y espacios comunitarios en los barrios populares de todo el país, que en cuestión de días tuvieron que adaptar sus precarias instalaciones para cumplir el aislamiento, mientras veían multiplicarse las filas de vecinos que necesitaban acceder a un plato de comida ante la imposibilidad generar ingresos.

Si bien hubo intentos de garantizar el abastecimiento y aumentar la cantidad de raciones por parte del Estado, muchas organizaciones denunciaron la incapacidad gubernamental de responder a tiempo y de garantizar lo necesario.

Las organizaciones sociales, al rescate

Las organizaciones sociales son las que estructuraron buena parte de la economía popular en la región. Ellas produjeron protocolos sanitarios en relación a las necesidades y exigencias propias de los barrios, de las villas y de sus rutinas comunitarias.

Las promotoras de salud y de género son también las primeras responsables a la hora de atender las situaciones de emergencia, con jornadas extenuantes y con alto nivel de agobio psicológico frente a la emergencia continua.

La pobreza alcanzó en 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 años. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) observó un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región. La secretaria ejecutiva de la comisión regional de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, dice que la pandemia pone al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, así como la injusta división sexual del trabajo y organización social del cuidado, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres.

Bárcena reflexiona: “La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis. No cabe duda que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región”.

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