De proyecto privado a política pública, ¿cómo escalar una iniciativa social?

Muchas empresas desarrollan programas de responsabilidad social que generan un impacto positivo en las comunidades argentinas. Algunas de esas iniciativas se replican con la ayuda del Estado en otros territorios.
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El programa Newsan IN persigue la inclusión de colectivos vulnerables en el mercado laboral.

En un contexto donde se promueven las alianzas entre los distintos sectores para alcanzar un desarrollo sustentable, las políticas no se diseñan solamente en el ámbito público. Es posible ver programas de responsabilidad social empresarial que se empiezan a aplicar en municipios o ideas de ONG que se replican en distintos territorios de un país. Otra opción posible es la cocreación de políticas entre los distintos sectores.

Las políticas públicas son un conjunto de decisiones, iniciativas y acciones de interés público orientadas a la promoción del bien común, que buscan resolver problemas o atender necesidades manifiestas y de interés público, y que son definidas, diseñadas e implementadas por entidades gubernamentales. Los procesos de definición de los temas que resultan relevantes pueden contar con mayor o menor involucramiento de otros actores de la sociedad.

“Lo ideal es que los proyectos se trabajen desde el inicio y se sueñen de forma conjunta. Los programas que elegimos para que puedan escalar en política pública son aquellos en los que vemos que tienen una implementación de varios años y generaron impacto en las comunidades. Luego, desde el Ministerio nos conectamos y nos sumamos para aportar la mirada del Estado”, cuenta a Compromiso Empresarial Victoria Morales Gorleri, directora nacional de Responsabilidad Social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación argentino.

Morales Gorleri menciona como ejemplo el caso del programa Newsan IN, que es una iniciativa que persigue la inclusión de personas que encuentran ciertas barreras para acceder al mercado laboral formal. El objetivo es que los beneficiarios logren desarrollar nuevas habilidades que les permitan emplearse en espacios vinculados a la reparación de electrodomésticos y la celebración de negocios comunitarios. Esta iniciativa surgió de la mano de Grupo Newsan, el cual se especializa en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos y exportación de pesca.

En este caso, la empresa identificó un problema social y propuso una solución. Desde el Ministerio se acompañó el programa que hoy se encuentra en la fase de prueba piloto porque requiere mucho acompañamiento en el día a día.

Durante 2018, se llevó adelante la gestión de cinco nuevos nodos formativos. El programa integra a personas que provengan de comunidades económicamente vulnerables, encontrándose hoy conformado por chicos y chicas trans, jóvenes de 18 a 24 años y mayores de 45. Los participantes del programa en su primera edición en 2017 lograron culminar con éxito el proceso formativo y se encuentran llevando adelante su negocio.

Presentación de la Plataforma del agua.

Los requisitos para escalar

Según Morales Gorleri, existen distintos factores con lo que un programa de responsabilidad social de una empresa debe contar para que pueda pegar el salto a la política pública. Por un lado, es importante que la compañía tenga vocación para generar desarrollo sostenible. Debe plantearse como un actor social con responsabilidades con la comunidad en la que opera. Otro factor es la necesidad de generar las alianzas adecuadas. Y por último, se debe contar con una planificación estratégica respecto al problema que se quiere abordar y se deben realizar mediciones de impacto.

Otro caso que logró escalar al ámbito público es la Plataforma del Agua llevada adelante por Danone, organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la red Sedcero y la Dirección Nacional de Responsabilidad Social argentina.

La Plataforma del Agua es la primera herramienta virtual orientada a contribuir y mejorar las políticas y estrategias en torno al recurso hídrico en Argentina. La misma posibilita acceder a datos estadísticos, normativas, modelos de gestión social, tecnologías y otros insumos para intervenir en los territorios. Sus contenidos son el producto de un proceso de investigación colaborativa, que fue desarrollado por un equipo de investigadores de distintas universidades, instituciones de I+D y ONG como Fundación Plurales, RedTISA y Avina.

“Avina se propone generar cambios sistémicos. No nos interesan las experiencias testimoniales chicas, sino que buscamos trabajar en pilotos que puedan alcanzar la universalidad. Buscamos en los territorios oportunidades de impacto. La idea que tuvimos con la plataforma fue que los tomadores de decisión la cojan como un espacio de referencia para desarrollar políticas de la mejor manera”, relata Florencia Iacopetti, referente de Fundación Aviña.

Por otro lado, Iacopetti, sugiere que para que este tipo de proyectos tengan escala es importante construir vínculos de confianza. “Por lo tanto, la institución que se proponga esta misión debe estar dispuesta a ceder y a coconstruir”, reflexiona.

En este sentido Silvio Dal Buoni, director ejecutivo de Potenciar Comunidades, una metodología para implementar estrategias colaborativas de inversión social, desarrollo territorial e impacto colectivo, sugiere: “Pueden gestarse políticas públicas y crearse bienes públicos desde el sector privado, desde el sector social y también, a partir de la interacción creativa de los tres sectores”.

“Como resultado, además, es posible que se gesten espacios de innovación y de articulación multisectorial mucho más potentes, con mayores capacidades y posibilidades para resolver problemas y aprovechar oportunidades de desarrollo”.

La iniciativa que se desarrolle desde el sector privado debe ser capaz de dar respuesta a una problemática relevante, de interés público y resultar efectiva al momento de brindar soluciones concretas.

En principio, la iniciativa que se desarrolle desde el sector privado debe ser capaz de dar respuesta a una problemática relevante, de interés público y resultar efectiva al momento de brindar soluciones concretas. Además, se tiene que poder aplicar a mayor escala y a un costo razonable.

Otro desafío, según Dal Buoni, tiene que ver con la posibilidad de que los programas, que se intentan replicar o transformar en políticas de mayor escala, logren alcanzar los resultados superando barreras burocráticas, adaptándose y adecuándose a los procesos administrativos del Estado, que son muy distintos a los que existen en una empresa o una organización de la sociedad civil.

“La posibilidad de involucrarse en la definición y diseño de políticas públicas desde una perspectiva multisectorial trae consigo, a mi entender, un beneficio extra, que está relacionado con el proceso: Habilita el surgimiento de iniciativas que aprovechan las interfaces que se dan entre los actores, los intereses y las racionalidades del sector público, privado y social generando sinergias e incrementando las oportunidades de alcanzar resultados de triple impacto”.

“Es más, de una experiencia de planificación participativa o colaborativa de una política pública o de un programa de articulación bien diseñada y bien implementada, además de esperarse un mayor impacto deberían esperarse que surjan mejores organizaciones, mejores empresas y mejores gobiernos. Nada de esto es posible sin planificación y sin invertir tiempo y recursos para que las intenciones se transformen en políticas, programas y proyectos viables y susceptibles de ser implementados y de alcanzar resultados”, desarrolla el director ejecutivo de Potenciar Comunidades.

Dal Buoni hace una aclaración importante a tener en cuenta en relación a las empresas. Dice: “No estamos hablando aquí de acciones de lobby, sino de la posibilidad de asumir responsabilidades concretas para la creación conjunta de entornos de desarrollo que permitan promover, incentivar y cristalizar políticas, decisiones, acciones e inversiones compartidas que se orienten al bien común”.

Airbnb ha logrado avances en políticas públicas que benefician a las personas que participan en la economía colaborativa.

Hay empresas que ya cuentan con departamentos de políticas públicas en su estructura. Un caso de este tipo es el de Airbnb, una plataforma que conecta a viajeros con personas que tienen un espacio disponible para alquilar en sus casas y quieren generar un ingreso extra.

A partir de esta área, la empresa está abriendo camino en nuevos terrenos de la economía colaborativa en ámbitos como políticas, legislación y relaciones con los gobiernos. “Nos esforzamos para que las autoridades de cada país entiendan el impacto positivo que nuestra actividad puede tener en las ciudades y el turismo. También, realizamos una gran labor para crear campañas únicas que destaquen la importancia de nuestra comunidad y lograr avances en políticas públicas que beneficien a nuestros anfitriones y a todas aquellas personas que participan en la economía colaborativa”, señalan desde la compañía.

En 2017, Airbnb celebró más de diez convenios colaborativos y/o recaudatorios con gobiernos de América Latina y el Caribe. Específicamente en materia de impuestos llegaron a acuerdos con autoridades de la Ciudad de México, Quintana Roo (el estado mexicano en el que se encuentran Cancún y Playa del Carmen), las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico. La Ciudad de México fue pionera en la región y a partir de 2017 todas las personas que tienen un espacio a través de Airbnb pagan un impuesto turístico del 3% por su uso.

Asimismo, este año Airbnb lanzó la Oficina de Turismo Sostenible, una iniciativa desarrollada para impulsar el turismo local, auténtico y sustentable en ciudades y países en todo el mundo. Gracias a esta idea y a partir del trabajo en alianzas, programas y eventos, la compañía ha incrementado sus esfuerzos para dar más poder económico a las comunidades, llevar turismo a lugares menos conocidos y apoyar hábitos de viaje amigables con el medio ambiente.

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