Empresas sociales que transforman vidas dentro (y fuera) de la cárcel

Si bien América Latina y el Caribe han experimentado un notable progreso en las últimas décadas (el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad las personas que vivían con menos de 1,25 US$ diarios se alcanzó en el año 2008, siete años antes de la fecha fijada), esta región sigue siendo la más violenta del planeta.
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América Latina y el Caribe representa solo el 9% de la población mundial, pero el 33% de los homicidios en el mundo ocurren en ella. Ocho de los diez países más violentos en el mundo se encuentran en la región, donde hubo un promedio de 24 homicidios cada 100.000 personas en el 2015.

En los últimos años los robos han aumentado significativamente y seis de cada diez son violentos, según Los costos del crimen y de la violencia. Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe.

Los gobiernos de América Latina y Caribe han tratado de responder a este creciente problema de diferentes formas. El enfoque convencional para luchar contra el crimen ha consistido en aumentar las medidas represivas incrementando la dotación policial, aprobando penas más severas para los delincuentes y construyendo más prisiones.

En los países más afectados por la delincuencia (El Salvador, Guatemala y Honduras) los líderes de los partidos han utilizado como bandera estas políticas de “mano dura” para ganarse el respaldo popular y acceder al poder. Sin embargo, estas medidas lejos de reducir los índices de violencia han producido un incremento de las personas privadas de libertad contribuyendo al hacinamiento actual de las cárceles. Según un informe de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), por lo menos diez países de la región cuentan con cárceles que superan su capacidad en un 200%.

El hacinamiento genera condiciones paupérrimas de vida a las que se suman la ineficiencia de los servicios de salud, las malas condiciones de higiene y de alimentación, la mala convivencia entre los internos y la proliferación de enfermedades y epidemias. Además, muchos sistemas penitenciarios están desbordados y mal gestionados, corriendo el riesgo de que las prisiones se transformen en lugares peligrosos.

Aunque los responsables políticos son conscientes de estos problemas y de los obstáculos que suponen para el desarrollo de los países, se han hecho muy pocos esfuerzos para solucionarlos.

Hacia un modelo de empresa social

La naturaleza de la crisis penitenciaria en la región es multidimensional y los factores que contribuyen a ella son, en gran parte, un síntoma de las deficiencias sistémicas de los aparatos de justicia penal de los Estados y/o de sus políticas, incluyendo medidas insuficientes para prevenir el delito -en particular la delincuencia juvenil-; el uso excesivo de la prisión preventiva; la falta de acceso a la asistencia jurídica; las políticas de justicia penal de corte punitivo; el escaso uso de medidas alternativas al encarcelamiento; la infraestructura insuficiente; la limitada oferta de medidas para promover la reintegración social, y la gestión penitenciaria inadecuada.

El reto para resolverlo es enorme, desde la formulación de políticas públicas más justas y humanas, hasta el desarrollo e implementación de programas de rehabilitación integrales orientados a la recuperación efectiva de la población carcelaria.

Conscientes de la relevancia multidimensional y preocupados por la gravedad y complejidad de la problemática penitenciaria, la Dirección de Innovación Social de la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina (DIS) consideró de interés probar un modelo de empresa social al interés del Centro Penitenciario de Obrajes (COF) con el objetivo de contribuir con una “forma diferente de hacer las cosas” y fortalecer, desde un enfoque novedoso, procesos de rescate y rehabilitación de la población interna.

Conscientes de la relevancia multidimensional y preocupados por la gravedad y complejidad de la problemática penitenciaria, la Dirección de Innovación Social de la CAF (DIS) consideró de interés probar un modelo de empresa social.

Bolivia: Semilla de Vida

El primer obstáculo a superar para desarrollar el modelo de empresa social consistió en encontrar una organización que ya estuviese trabajando en los centros penitenciarios y contase con la confianza tanto de las internas como de las autoridades penitenciarias.

Gracias a la labor que la DIS venía realizando en Bolivia desde hace años pudo identificar una organización, la Asociación Semilla de Vida (Sevida), que trabajaba desde el año 2000 en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COFO), localizado en el barrio de Obrajes, en la ciudad de La Paz.

El COFO era un antiguo convento de monjas convertido hace años en centro penitenciario femenino. El perfil y situación de las mujeres del COFO es una fotografía de las condiciones de la población penitenciaria en Bolivia.

“La población penitenciaria actual es de 18.000 personas, de las cuales 1.500 son mujeres, aproximadamente un 8% del total. El 70% de las internas son preventivas, pendientes de sentencia, lo cual explica el hacinamiento actual de nuestras cárceles, que es del 200%. La mayoría son mamás con hijos a su cargo, por eso la actividad de generación de ingresos es tan importante”, comenta Angélica Salcedo, responsable del área de Salud, Rehabilitación y Reinserción en la Dirección General de Régimen Penitenciario de Bolivia.

Sevida fue constituida por Rosario Alarcón y Rene Estenssoro, ambos psicólogos de profesión. Rene hizo su práctica profesional en el penal de Miraflores estudiando la situación de los presos y decidió entonces elaborar su tesina sobre esta problemática, que le dirigió Rosario, profesora en la Universidad Central.

Durante el periodo 2000-2003, comenzaron a trabajar en los centros penitenciarios de La Paz de forma voluntaria, proporcionando asistencia psicológica y educativa a los reclusos.

“Cuando una persona entra en un centro penitenciario se resiente todo. Lo primero que se afecta es la salud, después la alimentación. Lo único que piensas es en salir cuanto antes. La privación de libertad genera ansiedad y depresión; especialmente a las mujeres, que cuando ingresan en prisión cargan consigo la preocupación por el futuro de sus hijos”, explica Rene.

Rene y Rosario constituyeron legalmente la Asociación Semilla de Vida en el año 2003 con el objetivo de captar recursos y ayudar a mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, y paralelamente seguían ocupados en prestar asistencia psicológica y educativa a los presos.

“Las condiciones de vida en los centros penitenciarios es dramática. Especialmente en los femeninos. Actualmente en el centro penitenciario de Obrajes hay 400 mujeres. El 40% son madres cabeza de familia con tres y cuatro hijos a los que tienen que alimentar y educar sin contar con los ingresos necesarios. La mayoría de ellas se han visto forzadas a robar o vender droga para conseguir plata y sostener a su familia. Si no hay nadie que pueda hacerse cargo de los niños, estos viven en el centro con ellas hasta la edad de seis años, que es el límite que marca la ley, aunque hay niños que exceden esta edad y siguen en los centros porque no tienen a nadie que se ocupe de ellos”, comenta Rene.

“El trabajo además de dignificarlas y servir de terapia ocupacional les permitía generar ingresos para pagar sus gastos y atender las necesidades familiares”, Sevida.

En el año 2014 Sevida entró en contacto con la CAF. “Desde la CAF nos propusieron desarrollar actividades productivas con las mujeres. Nosotros éramos conscientes de que el trabajo además de dignificarlas y servir de terapia ocupacional les permitía generar ingresos para pagar sus gastos y atender las necesidades familiares. Vivir en un centro penitenciario cuesta dinero. En Obrajes las mujeres tienen que pagar por todo, hasta para ducharse”, explican los psicólogos.

“Pero aunque teníamos muy claro la importancia de desarrollar actividades que les generase ingresos, nosotros somos psicólogos, no empresarios. ¡No sabíamos por dónde empezar! La CAF se comprometió a capacitarnos y a buscar otros socios que supliesen nuestras carencias”, señalan.

El 24 de julio de 2014 se firmó un convenio interinstitucional entre la Dirección General de Régimen Penitenciario, Sevida y la CAF con el objetivo de generar una alianza estratégica entre las organizaciones para llevar a cabo el proyecto Pan de libertad cuyas acciones estaban destinadas a la rehabilitación, reinserción social y mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres del COFO.

El objetivo del proyecto era crear una empresa de carácter social, formada por las propias mujeres, y al que, eventualmente, se podrían sumar sus familiares, dentro y fuera del recinto de Obrajes.

El proyecto se basaría en la confección y comercialización de productos que permitieran generar ingresos para las reclusas. Parte esencial del enfoque del proyecto es que las utilidades se destinasen a pagar a las trabajadoras y a desarrollar en el interior de la cárcel programas educativos y de salud que mejorasen las condiciones de vida de las reclusas.

Inicialmente las operaciones productivas utilizarían la mano de obra de las mujeres dentro del centro penitenciario, pero con el tiempo, estaba previsto incluir a las mujeres que hubieran abandonado el centro penitenciario.

Desde el inicio del proyecto se reforzaron las capacidades empresariales con otros actores como la Fundación Nuevo Norte, la Fundación Innovación en Empresariado Social (FIS) y la Asociación Enda El Alto.

La CAF también apoyo a Sevida con una asistencia técnica proporcionada por Fundecir, una ONG con experiencia en el área de las microfinanzas que ayudó a Rosario y Rene a identificar actividades productivas dentro del recinto de Obrajes y elaborar el primer plan de negocios.

“Nos dimos cuenta que había un espacio en el centro penitenciario que no se utilizaba y decidimos montar un taller de panadería y repostería, apoyándonos en la experiencia que Enda El Alto tenía en esta actividad. Podíamos aprovechar las visitas de los familiares al centro para venderles el producto”, señala Rene.

El aporte inicial de la CAF permitió obtener recursos adicionales del Banco Mercantil Santa Cruz y de otros donantes que se utilizaron para la remodelación y equipamiento del área de panadería. Una vez completado se procedió a capacitar a las reclusas e iniciar la producción de acuerdo con un plan elaborado por Enda El Alto.

Para las actividades de comercialización, además de los pedidos que se recibían y atendían de distintos puntos de venta, se puso en marcha un sistema de venta ambulante con bicicletas a cargo de los hijos de las internas, que recibían en compensación una comisión por ventas.

Foto: Out.

Out, una marca solidaria

La segunda actividad productiva que se identificó fue la elaboración de productos artesanales tejidos a mano.

“Las mujeres en Bolivia siempre han tejido y tienen mucha destreza. En cuanto tienen un rato libre se las ve tejer en una esquina”, comenta Rosario.

El proyecto contemplaba la capacitación durante un año a alrededor de cien mujeres –finalmente fueron ochenta- en todos los aspectos referidos a la concepción, diseño, desarrollo de prototipos, producción y control de calidad de productos elaborados con fibras naturales y/o sintéticas.

La capacitación tuvo un enfoque práctico con el fin de que las tejedoras fuesen capaces de producir una colección involucrándose en todas las etapas del desarrollo de la misma. A finales del primer año se realizó la primera muestra de prototipos que fueron incluidos en un catálogo para su comercialización.

Con el objetivo de incorporar más mujeres en la producción de tejidos e impulsar el proyecto, la CAF realizó un encargo de 426 chalinas que se utilizarían como regalo corporativo navideño de la institución. Esta petición permitió evaluar la capacidad de respuesta de las internas y constituyó un salto de calidad para ellas, pues se trataba del mayor pedido que habían recibido hasta la fecha. Además, las reclusas pudieron comprobar por si mismas los ingresos que podían generar si encontraban clientes de este tipo.

“La palabra inglesa out significa ‘fuera’. Con este nombre que han dado a la marca las reclusas han querido expresar varias cosas. Primero, se trata de una tarjeta de presentación al exterior, utilizando para ello los productos artesanales elaborados a mano. Segundo, ven que esta iniciativa les facilitará el salir ‘fuera’ de la prisión y reintegrarse en la sociedad. Por último, ‘fuera’ también expresa el estado de ánimo en el que se encuentran cuando tejen. Desconectan de sus problemas, de las penalidades de la reclusión”.

“Nuestros precios se sitúan en el segmento más alto por dos razones: En primer lugar, por la calidad de la materia prima y el proceso artesanal, y en segundo, porque se trata de un proyecto social que pretende beneficiar a mujeres reclusas proporcionándoles un ingreso y contribuyendo a desarrollar programas que mejoren sus condiciones de vida en el centro penitenciario”, explica Ignacio Tepp, asesor de la Fundación IES, que dirigió el proyecto durante sus primeros años.

Los productos están hechos a mano y tienen una historia detrás, por lo que cada uno es único. Las mujeres utilizan materias primas locales y de alta calidad y procesos tradicionales, manteniendo sus conocimientos y técnicas a mano. Muchas de las técnicas usadas han sido trasmitidas de generación a generación. Por ejemplo, las prendas grandes son hechas a mano utilizando la técnica de palillos. Out promueve la continuidad de estas técnicas ancestrales adaptándolas a una producción moderna apta para la demanda del mercado.

Paralelamente a la capacitación en el área de producción se ha formado a las internas en gestión empresarial para que sean capaces de manejar autónomamente la iniciativa.

“Nuestro principal reto es conseguir empleo para las mujeres privadas de libertad una vez han dejado el recinto penitenciario, pues sigue existiendo un estigma muy fuerte en la sociedad que no les da trabajo por sus antecedentes penales. No es sencillo, pues no se trata solo de encontrarles trabajo; durante la fase inicial necesitan un acompañamiento. Algunas tienen problemas de adicción y puede que, aunque hayan conseguido un empleo, no se presenten a trabajar por distintas razones. Y si trabajas en una empresa y faltas varios días, te expones a que te despidan. Por eso nos parece tan importante el proyecto piloto de Pan y Libertad, porque las internas son las empresarias, las dueñas del negocio, y quién mejor que ellas para tomar esas decisiones, que conocen bien toda la situación y circunstancias”, apunta Salcedo.

Foto: Fundación Princesa Diana de Francia (FPDF).

Replicando en Paraguay

Por la mañana al llegar a su despacho Ana Botero, directora de Innovación Social de CAF, se encontró un mensaje urgente de Sheyla Abed, ministra de Justicia de Paraguay, con el ruego de que la llamase. La ministra, que se encontraba de visita en Colombia, había tenido conocimiento del proyecto Pan de Libertad y estaba interesada en explorar la posibilidad de replicarlo en Paraguay.

Tras reunirse se acordó que la CAF realizaría un viaje exploratorio a Asunción para conocer de primera mano los centros penitenciarios femeninos y tratar de identificar alguna organización privada que pudiese colaborar en el proyecto.

José Luís Colmenares, un venezolano con amplia experiencia en el diseño y evaluación de políticas públicas, fue la persona seleccionada por la CAF para realizar esa visita de prospección. Colmenares no solo recomendó comenzar sino que le sugirió, también, quién podría ser su socio para comenzar el proyecto en Paraguay. La organización era la Fundación Princesa Diana de Francia (FPDF), una institución que llevaba trabajando en el centro penitenciario del Buen Pastor desde hacía varios años y contaba con el apoyo de las autoridades y la confianza de las internas.

Con las orientaciones de la CAF y la ayuda de Colmenares la FPDF fue profesionalizando su gestión poco a poco, clarificando las funciones y competencias de los responsables e incorporando perfiles más técnicos que ayudasen a impulsar el proyecto, como el de Romy y Marcela, dos personas que ayudaron a dotar a la Fundación de un enfoque más empresarial.

Romy era una reconocida empresaria paraguaya que había regresado a su país después de varios años en Argentina. Era la propietaria de varios negocios en el sector de servicios y hostelería y una mujer respetada en el país. Poco después se incorporó Marcela como responsable de coordinar las actividades. Marcela era una diseñadora de moda que había trabajado para grandes firmas de moda en Latinoamérica y Europa.

El perfil de Marcela resultaba muy idóneo, pues la Fundación ya venía trabajando con las internas del centro del Buen Pastor en algunas actividades y cursos de confección. Por otra parte, el Ministerio de Justica paraguayo acababa de lanzar en abril de 2016 la marca penitenciaria Muã, una iniciativa que pretendía promover la reinserción y humanización de las cárceles a través del trabajo, el arte y la artesanía.

Aprovechando estas coincidencias, en junio de 2016 se firmó un convenio conjunto entre el Ministerio de Justicia de Paraguay, la CAF y la FPDF para la ejecución del proyecto Bordando Esperanza que tenía como objetivo el desarrollo de un modelo de empresa social colaborativa en la Penitenciaría Nacional del Buen Pastor.

En el Buen Pastor viven actualmente cerca de 500 internas, el doble de su capacidad. Además de los pabellones donde duermen, el recinto cuenta con un taller de peluquería, otro de artesanía, que gestiona la Cruz Roja, las oficinas administrativas, una capilla, y el taller textil que coordina la FPDF.

En el taller trabajan alrededor de 25 internas. El edificio cuenta con una sala amplia donde se encuentran las máquinas de coser y dos habitaciones más, que se utilizan como oficina administrativa y almacén. La limpieza del taller contrasta con el resto del centro y los pabellones donde se acumula la suciedad. La mayoría de las internas llevan un camiseta con el logo de la FPDF.

La presencia de Marcela como coordinadora del proyecto ayudó a fijar desde el comienzo unos estándares altos para que el proyecto pudiese arrancar sobre una base firme, aunque el recorrido no estuvo exento de obstáculos.

“Nuestro primer objetivo fue organizarlas, convencerlas para que trabajasen en equipo, cosa difícil, porque, aunque viven juntas, la cárcel es un lugar muy individualista en el que hay que luchar para sobrevivir”, Marcela.

“Desde el primer momento con las internas fuimos muy claras. Si querían trabajar tenían que cuidar su aspecto, venir arregladas, peinadas, llevando una remera. Nuestro objetivo era reproducir las condiciones de un trabajo normal y les dijimos: aquí no pueden venir con la panza al aire, esto es un lugar de trabajo”, comenta Marcela.

Cuando esta se incorporó a la Fundación y visitó el Buen Pastor se percató que algunas internas tenían habilidades en la confección.

“Algunas tejían, otras bordaban, otras hacían ñánduti, que es el tejido ancestral guaraní, que significa ‘tela de araña’. Se trataba de actividades aisladas, no había ninguna organización detrás. Había algunas máquinas, las internas cosían y vendían luego el producto a sus propias compañeras de patio o al exterior con ayuda de los familiares, pero sin ninguna planificación”.

“Nuestro primer objetivo fue organizarlas, convencerlas para que trabajasen en equipo, cosa difícil, porque, aunque viven juntas, la cárcel es un lugar muy individualista en el que hay que luchar para sobrevivir”, explica Marcela.

“El primer proyecto fue elaborar una figura de angelito como regalo de navidad, un producto donde pudiera intervenir la mayor cantidad de manos y habilidades: unas tejían la cabeza, otras la aureola otras el fondo de cartón, otras los vestiditos, pero sin saber cómo sería el producto final. Solo vieron el producto acabado cuando lo ensamblamos y se sorprendieron positivamente. ‘¿Esto tan bonito lo hemos hecho nosotras?’. El angelito se vendió muchísimo y las internas pudieron comprobar muy pronto la importancia de trabajar en equipo”, continúa explicando.

El fin de la Fundación y del proyecto, sin embargo, no consistía solamente en generar ingresos sino en capacitar a las internas para reintegrarlas definitivamente en la sociedad. Por eso la Fundación procuró contar con todas las internas evitando cualquier tipo de discriminación.

“Quisimos ser 100% inclusivas y eso nos ayudó a ganarnos la confianza de todas. En la cárcel hay jerarquías y las adictas ocupan el último puesto. No es difícil trabajar con ellas. Si les das una tarea mecánica funcionan muy bien. Son como niñitas, el trabajo las transforma. Sin embargo, tienes otro tipo de problemas derivados de su adicción: cuando están mal no vienen a trabajar y eso complica la planificación”.

“Una medida que hemos tomado para ayudarles a gestionar el dinero es pagarles en fechas fijas, antes de las fiestas de navidad y reyes para asegurarnos de que tengan dinero para su familia. Si les pagásemos mensualmente, se lo gastarían todo en droga y no vendrían a trabajar”.

Poco a poco y conforme las internas iban aprendiendo el oficio la Fundación fue sofisticando los productos. Con ese fin contrató a dos maestras permanentes de costura, una de bordado y un maestro de serigrafía, y organizó el trabajo en tres unidades productivas -costura, manualidades y bordado- y una unidad de administración. Al frente de cada una de esas unidades se nombró a una interna, pues el fin, de acuerdo con las indicaciones de la CAF, era que ellas aprendiesen a gestionar autónomamente la futura empresa.

El objetivo no consistía, exclusivamente, en proporcionar fuentes de trabajo e ingresos a las internas, sino en convertirlas en auténticas empresarias, con capacidad de iniciativa y decisión para marcar el rumbo de las actividades y decidir sobre el destino de los excedentes.

“Al principio les costó mucho asumir responsabilidades. Nos llevó casi un año que formaran el comité de mujeres emprendedoras. Conjuntamente con la CAF, decidimos destinar un 13% de lo que se produce a un fondo social para mejorar la calidad de vida en el centro. Ese fondo social lo manejó inicialmente la Fundación, aunque ellas siempre han tenido la facultad para decidir sobre el destino de los fondos. Desde hace dos años la gestión la llevan directamente ellas, es otro paso más para reforzar su autonomía”.

Igualmente, como parte del fortalecimiento del grupo de mujeres emprendedoras, se acordó, a propuesta de la CAF, constituir en el centro el primer bankomunal con el fin de promover la cultura de ahorro y crédito en las internas que trabajaban en el taller.

Sin embargo, el proyecto surgió, en gran medida, gracias al impulso de dos ministras que lo apoyaron desde el inicio. Sheyla Abed lo impulsó y cuando cesó en el cargo, su segunda, Carla Bacigalupo, siguió apostando por el proyecto y lanzó la creación de la marca penitenciaria Muã. Pero el problema es que los responsables políticos suelen rotar mucho en el cargo.

“Es difícil, pero vamos dando pasos. Tenemos buenos clientes que están satisfechos con los productos, pero hay que ampliar nuestra cartera. Hemos estado presentes, gracias a una gestión personal de la Princesa Diana de Francia, en la Fashion Week de Malasia y trabajamos en una colección propia. Estamos muy ilusionadas”, concluye Marcela.

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