Propuestas para mejorar la autonomía de nuestros mayores

En España, el progresivo envejecimiento de la población, asociado a un aumento de las cifras de dependencia, se está convirtiendo en un problema desde el punto de vista económico, sanitario y social. En estos momentos solo en nuestro país hay una población de unas 900.000 personas de más de 80 años que viven solas. Un dato que crece hasta los dos millones si se amplía el radio a los mayores de 65 años.

Aunque, en general, envejecemos con una mejor calidad de vida y una salud más robusta, las estadísticas muestran que la posibilidad de tener algún tipo de dependencia es mucho mayor a partir de los 70 años. Y las causas son múltiples, que van desde el desgaste óseo hasta las enfermedades neurodegenerativas, pasando por lesiones musculares, oculares, auditivas, etc.

Como explica el estudio El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral, elaborado por el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas y coordinado por Javier Santacruz, esta situación cada vez más crítica plantea necesidades crecientes de gasto público y estrategias que miren hacia el largo plazo.

“Hasta ahora se ha actuado de manera parcial, a veces hasta parcheando situaciones de emergencia, casi todas mirando hacia el corto plazo”, comentaba el coordinador del estudio durante la presentación de este.

Partiendo de esta premisa, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, junto con los gobiernos regionales, daban luz verde al Plan de Choque de Dependencia, que aporta una inyección de hasta 3.600 millones de euros que se repartirán hasta 2023. Su objetivo: reducir las listas de espera en este ámbito y mejorar servicios y prestaciones de aquellas personas que lo necesiten.

Sin embargo, diversos expertos creen que sería positivo que la población fuese poco a poco preparando el terreno de su senectud (y posible dependencia) a nivel individual para evitar sufrir situaciones de dificultad y desamparo cuando llegue el momento. “Hasta ahora, el gasto per cápita en términos de dependencia se ha quedado en 382 euros, 184 euros menos que la media de la Unión Europea”.

En este sentido entran en juego los planes de ahorro, los planes de pensiones privados y también la implementación de fórmulas de jubilación activa en las que puedan compatibilizarse pensión y cotización a la Seguridad Social. Pero también planes de adaptación de viviendas para que sean totalmente accesibles, mejoras y ampliación en complejos residenciales especializados e, incluso, soluciones como el llamado cohousing senior.

“Las personas tenemos que ser capaces de proyectar nuestro envejecimiento de forma individual. El problema es que la mayoría no piensa en la dependencia hasta que no se encuentra con ella, no se prepara para el futuro”, asegura Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps).

Un modelo de gasto compartido

Desde el punto de vista de Pascual, son necesarias políticas sociales integrales que tengan en cuenta la dependencia “y que no nos hagan pensar en que la Administración es la que tiene que solucionarnos este problema cuando llega”. Por otra parte, recuerda que invertir en este ámbito no es tan caro como parece. “Por cada euro que se dedica, 0,50 vuelve a las arcas del Estado: en cotizaciones a la Seguridad Social, impuestos, etc”.

En el caso concreto de las residencias, centros de día y atención domiciliaria, sector representado por Ceaps, por cada persona que se atiende se están creando 1,2 puestos de trabajo. “Teniendo en cuenta que nos vienen años duros, de mucho paro, es importante que este tipo de políticas se pongan encima de la mesa”.

Esas cifras de creación de empleo aún podrían mejorar si se implementasen nuevas plataformas de servicios. Según Pascual, estas podrían incluir a empresas de atención sociosanitaria a domicilio o de reparto de comidas. E, incluso, compañías tecnológicas encargadas de instalar sistemas domotizados en viviendas de personas dependientes, que podrían financiarse con fondos europeos, para alargar al máximo su autonomía.

“Necesitamos un nuevo modelo de atención que cuide al paciente en su propia vivienda, con el que se evite encerrar a personas en residencias, que ofrecen muy buena atención pero que en ocasiones adolecen de servicios comunitarios cercanos”, contempla asegura Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (Famma).

“El 97% de las personas que utilizan servicios a la dependencia tienen pluripatologías. Englobarlo todo en una misma plataforma supondría un gran ahorro para el Sistema Nacional de Salud, que a su vez se podría revertir en la mejora de estos servicios y en la creación de puestos de trabajo estables”, considera la presidenta de Ceaps.

Rehabilitación de espacios

Otra de las realidades con la que viven las personas dependientes es que sigue sin existir una regulación que obligue a las constructoras a diseñar viviendas totalmente accesibles que fomenten su autonomía. “Las obras de nueva construcción siempre tienen pisos adecuados a la movilidad reducida, pero no para personas con discapacidad auditiva o visual, por ejemplo”, asegura el presidente de Famma.

De hecho, Font asegura que se siguen entregando pisos con bañera dirigidos a personas con movilidad reducida, “o con anchos de puerta que no son los adecuados. Una serie de problemas que nos toca denunciar a la consejería de vivienda correspondiente”.

A ello se añade el hecho de que hay una gran cantidad de edificios de viviendas que no están preparados para la dependencia ni son mínimamente accesibles. Según datos recientes de Greenward Partners, más de la mitad del parque edificatorio de España tiene más de 40 años. Y a mayor antigüedad, más posibilidades de tener deficiencias en cuestión de accesibilidad: ni rampas seguras, ni ascensores, etc.

“Normalmente las adaptaciones de los espacios se realizan en el momento en que se necesitan y, aunque las Administraciones Públicas suelen dar ciertas ayudas, no siempre es posible realizar este desembolso económico. La consecuencia de todo esto es que, en estos momentos, hay personas encerradas en su propia casa y perdiendo capacidades funcionales a mayor ritmo por no poder asumir estos gastos”, apunta Ana García, de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal.

La alternativa del cohousing senior

Para dar solución a todas las trabas con las que se encuentran muchos dependientes, desde hace unos años se está promoviendo el llamado cohousing senior: un modelo de vivienda cooperativa y en comunidad, dirigido a mayores de 50 años, formado por unidades habitacionales privadas y espacios comunes en los que se comparten actividades, servicios y cuidados.

“En España este movimiento surgió hace casi 20 años, con la iniciativa de la cooperativa Los Milagros, afincada en Málaga, aunque la mayor afluencia de proyectos es hace una década. Está muy influenciado por otras iniciativas similares que se crean en el norte de Europa y en Norteamérica que ven el modelo cooperativo y comunitario como una solución para afrontar la vejez y paliar algunos de sus aspectos”, explica Félix Martín, secretario general de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop).

Según este, cada comunidad estructurada se encarga de su propia gestión, decidiendo desde el espacio donde construir hasta el diseño de sus instalaciones y los servicios que van a abarcar, entre otros aspectos. “En estos momentos hay muchos proyectos que ya están en marcha y que todavía admiten incorporaciones. Pero si se quiere arrancar de cero, lo ideal sería hacerlo junto con un grupo de personas con los mismos intereses”.

La mayoría de los que están ya funcionando incluyen servicios de atención o los están implementando a medida que sus residentes los van necesitando. “Suelen estar planteados desde el inicio, no tiene sentido iniciar un proyecto de estas características y que luego te tengas que ir a una residencia”, razona Félix Martín.

Además del beneficio que ofrece a quienes se embarcan en la iniciativa, el cohousing senior aporta otra serie de ventajas sociales. Para empezar, este tipo de inversiones generan riqueza y empleo. En estos momentos, los complejos que ya están funcionando suman inversiones de más de 60 millones de euros, que se han realizado en su mayoría en zonas rurales (donde suelen estar localizados por un tema de ahorro de costes), y están dando trabajo a unas 300 personas, normalmente mujeres.

Por otro lado, los 700 apartamentos que ya están habilitados se han transformado, por ejemplo, en plazas de residencia, de actividades en centros de día o sesiones de rehabilitación. que no se van a ocupar. Se mejora así el acceso para el resto de población a recursos de este tipo, que suelen ser escasos.

Soluciones como las explicadas tendrían efectos beneficiosos a nivel social, creando empleo y riqueza y paliando la falta de servicios a la dependencia. Todo ello en un momento en el que más lo necesitamos: por la destrucción de puestos de trabajo que ha generado la actual crisis sanitaria, pero también por el aumento progresivo de la edad media de nuestra población.