La responsabilidad social corporativa: ¿Un asunto de estado?

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A tenor de la considerable confusión que todavía existe en torno al concepto de responsabilidad social corporativa (en adelante, RSC), no está demás insistir en que se trata, en esencia, de una forma de enfocar la gestión empresarial que acentúa, ante todo, la necesidad de tomar en consideración —equilibradamente— las expectativas que frente a la empresa mantienen todos sus grupos de interés, y no sólo los accionistas.

UNA NECESIDAD QUE DERIVA fundamentalmente de razones económicas, aunque no sean, sin duda, las únicas posibles. La empresa debe atender adecuadamente a todos sus grupos de interés porque de todos obtiene algún recurso básico para su actividad, dependiendo su consecución en las mejores condiciones posibles en buena medida de la calidad de la relación que la empresa consiga mantener con cada grupo.

Lo que está fundamentalmente en juego es la consistencia y la sostenibilidad de la empresa. Más que de razones morales, por tanto, se trata de una cuestión de inteligencia: de la capacidad de la empresa para percibir adecuadamente sus intereses con perspectiva global y en un horizonte temporal amplio.

DESDE ESTA PERSPECTIVA, la RSC contribuye a consolidar empresas «mejores» en todas las acepciones del término: más eficientes y de mayor calidad, pero también mejores para la comunidad, en cuanto que impulsa en ellas —por propio interés— comportamientos de mayor nivel ético y más positivos para el conjunto de la sociedad.

EN ESTE SENTIDO, no debería resultar extraño que la extensión de la RSC se convierta también en un objetivo social: un objetivo a cuyo logro deberían impulsar las Administraciones Públicas, dado que la generalización de la RSC puede contribuir a la consolidación de un tejido productivo más sólido, más competitivo, más íntegro, más respetuoso con las personas y con el medio ambiente y más sensible a las necesidades de su entorno social.

NO CABE, EN ESA MEDIDA, extrañarse de que la RSC se convierta en un inevitable objeto de la atención de los poderes públicos. Más aún, debería entenderse como un objetivo prioritario de la política económica, en cuanto que puede efectivamente ayudar a la mayor solidez y competitividad de la economía nacional y, por tanto, a su mayor capacidad de desarrollo.

DICHO TODO LO ANTERIOR, podría parecer que habría que saludar con ilusión sin mácula el al parecer seguro proyecto de ley sobre RSC en nuestro país. No obstante, y sin descartar sus potenciales efectos positivos, se trata de una cuestión que —como todas las importantes— no se debería abordar sin una buena dosis de prudencia, porque una ley de este tipo se enfrenta a riesgos nada despreciables.

Por ejemplo, los generados por la tentación de incrementar la regulación de aspectos ya suficientemente regulados o los derivados de la pretensión de regular aspectos que, por su propia naturaleza, no deberían serlo. O las posibles distorsiones del mercado que podrían producir bienintencionados estímulos económicos públicos a las buenas prácticas de RSC.

SON EJEMPLOS SÓLO DE LA COMPLEJIDAD de regular un campo tan difícilmente delimitable como el que constituye la RSC, que, bien entendida, afecta a toda la actividad de la empresa y que consiste en una línea inspiradora para avanzar hacia la excelencia, más que en un conjunto de prácticas concretas.

PERO ESO NO EXCLUYE LA CONVENIENCIA de una política pública coherente. Frente a esos riesgos, hay aspectos en los que una cierta intervención pública sí puede ser muy oportuna. Particularmente, el fomento de las buenas prácticas por la vía del reconocimiento —más que de la penalización o del incentivo económico— y el planteamiento de orientaciones a las empresas, acompañadas de apoyo técnico —sobre todo a las pymes—, para que puedan mejorar la calidad de su información, impulsando tanto la transparencia como criterios claros para delimitar la relevancia de los contenidos.

ÉSTAS SÍ SON CUESTIONES en las que podría ser útil la actuación pública. Confiemos en que el proyecto del Gobierno se oriente en esa dirección y limite su ambición impulsora a temas tan aparentemente modestos, pero tan importantes. ¿Será así? Se admiten apuestas.

Por José Ángel Moreno
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