¿Quién regula a los reguladores?

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CE28 agosto 2007
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Como dijera, hace años, sir Leo Brittan, ex Comisario de la Competencia, la política antitrust consiste fundamentalmente en dejar que la economía de mercado funcione. Debe, por tanto, fomentarse la competencia entre Empresas y evitarse la protección conferida por los Gobiernos.

La política de la competencia de la Comunidad Europea es un medio para lograr un fin, y no un fin en sí misma.

POR ELLO, LA RECIENTE MULTA DE LA COMISIÓN EUROPEA de 151,8 millones de euros impuesta a Telefónica por un supuesto abuso de posición dominante sobre el mercado español de acceso a Internet de banda ancha, pese a haber cosechado amplios titulares en la prensa nacional e internacional, lejos de ser una buena noticia para el mercado y la competencia, es una fuente de inseguridad jurídica, y por tanto un motivo de preocupación y de reflexión.

ES UNA FUENTE DE INSEGURIDAD JURÍDICA porque la argumentación comunitaria es muy cuestionable, ya que si realmente ha existido estrechamiento de márgenes –es la conducta anticompetitiva imputada al operador español- Telefónica no puede ser la responsable, ya que no es ella la que fija los precios mayoristas, sino la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el organismo oficial que tiene en nuestro país atribuida esa función.

Además, aunque la CMT no establece los precios minoristas, sí que tiene que autorizar o prohibir las diferentes ofertas de ADSL que Telefónica lanza al mercado, y de hecho las ha prohibido en muchas ocasiones, cuando ha estimado que el margen que dejaban esos precios a sus rivales era demasiado estrecho.

ES, POR TANTO, UN MOTIVO DE PREOCUPACIÓN, porque esta cuantiosa multa sólo puede entenderse por el interés de la Comisión Europea en desacreditar al regulador español de las telecomunicaciones, ya que si Telefónica es merecedora de una sanción, bien puede decirse que la CMT es responsable subsidiaria, pues no ha hecho bien su trabajo, ya que Telefónica ha actuado en todo momento con la confianza legítima en la licitud de sus precios y tarifas.

Como es sabido, esta actuación de la Comisión «coincide» en el tiempo con su campaña para crear un regulador paneuropeo de las telecomunicaciones, lo que no deja de provocar dudas razonables sobre las verdaderas intenciones comunitarias.

Como no deja de ser igualmente sospechoso el alineamiento de la Comisión con los intereses –en este asunto- de Francia y Alemania (las multas impuestas a France Télécom y a Deutsche Telekom por idénticos comportamientos al de Telefónica no han rebasado en ambos casos los diez millones de euros), quienes han visto con preocupación la emergencia en España de un operador que duplica en valor a sus respectivos campeones nacionales, y que acaba de poner un pie en Italia, y va camino de convertirse en el primer operador en algunos países de Iberoamérica.

ES, FINALMENTE, UN MOTIVO DE REFLEXIÓN, que lleva a cuestionarse el papel de los reguladores del mercado, y el régimen de responsabilidad de sus actuaciones.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en un pronunciamiento histórico, acaba de condenar a la Comisión Europea a pagar cuantiosas indemnizaciones a dos empresas por haberles prohibido –como se ha demostrado, injustificadamente- fusionarse en 2001; en nuestro país, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo acaban de revocar sendas multas millonarias impuestas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) en 2004 y 2005 a Telefónica también por supuestas conductas de abuso de posición dominante.

LA PREGUNTA ES, PUES, ¿quién regula a los reguladores? Los recientes sucesos económicojurídico- financieros que hemos vivido en España con motivo de la OPA sobre Endesa han puesto en entredicho la credibilidad de prácticamente todos nuestros órganos sectoriales, desde la Comisión Nacional de la Energía hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores –con dimisión de su Presidente, Manuel Conthe, incluida- pasando por el TDC. La CMT necesariamente ha quedado reprobada con la sanción a Telefónica, y de hecho ha anunciado –cosa insólita hasta la fecha- su intención de ir de la mano de la operadora española en el recurso contra la decisión de la Comisión Europea.

LOS ÓRGANOS REGULADORES –y la Comisión Europea lo es, al máximo nivel- están para asegurar la competencia y la libertad de actuación de las empresas, en un marco de legalidad concurrencial. Si no cumplen esa función, dejemos entonces que sean las propias fuerzas del mercado las que lo hagan.

Por Fernando Díez Estella
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