La corrupción de los mejores, la peor de todas

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Corruptio optimi pesima, “la corrupción de los mejores es la peor de todas”. Esta expresión latina encuentra uno de sus mejores ejemplos en el funcionamiento actual de los partidos políticos.

Unas organizaciones que nacieron para cumplir la importantísima función pública de ser “instrumento fundamental para la participación política” y cauce de “formación y manifestación de la voluntad popular” (artículo 6 de la Constitución Española), han terminado convirtiéndose en instituciones opacas, gobernadas por una oligarquía, sustraídas a todo control y rendición de cuentas y en un caldo de cultivo para justificar sobresueldos y gratificaciones ilícitas.

La Jurisprudencia calificó en su día a los partidos políticos como “organizaciones sociales con relevancia constitucional”, lo que justificaba la asignación de fondos públicos para el desempeño de sus funciones, pero hace tiempo que perdieron esa legitimación.

Y aunque la propia doctrina se encargó de recordar que esa importante función social, que estaban llamados a desempeñar, no podía eximir a los partidos de buscar su principal financiación en la sociedad, pues, en ningún caso, son “entes públicos” ni forman parte de la estructura organizativo del Estado, sus dirigentes se han encargado de dar la vuelta al argumento para reclamar la licitud de su sostenimiento con cargo a los presupuestos públicos ante la creciente retirada de apoyo por parte de la sociedad.

A los dirigentes políticos se les han acabado las excusas para intentar justificar sus irregularidades y su permanente opacidad.

No existen atenuantes cuando, gracias a las tecnologías, los mecanismos y herramientas para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas nunca han sido tan accesibles.

Si los partidos políticos quieren rendir cuentas de sus actuaciones a los ciudadanos, una exigencia que debería formar parte de su AND, sólo tienen que proporcionar la información a través de su web.

Si los partidos políticos quieren evitar la acusación de financiación ilegal sólo tienen que publicar y auditar sus cuentas.

Si los partidos políticos quieren justificar el apoyo que reciben de la sociedad solo deben hacer públicos el número exacto de sus afiliados y donantes.

Si los dirigentes de los partidos políticos quieren defender su integridad ante las denuncias de cohecho y falsedad solo tienen que asumir las responsabilidades de cualquier administrador.

Si los dirigentes de los partidos políticos quieren evitar los riesgos de posibles conflictos de intereses con determinadas empresas o personas individuales solo deben aplicar las prácticas y controles que ya existen en muchas corporaciones.

No puede ser que quienes reclaman el papel de futuros gobernantes ignoren las prácticas más básicas de buen gobierno.

No puede ser que los responsables de impulsar la legalidad se sustraigan reiteradamente al cumplimiento de las normas jurídicas más elementales.

No puede ser que los defensores de la igualdad de todos ante la ley se hayan rodeado de excepciones y privilegios.

No puede ser que quienes exijan austeridad y sacrificio ante la crisis económica sean ejemplo de despilfarro y descontrol.

No nos engañemos, no necesitamos más leyes, sino organismos independientes con competencias para hacerlas cumplir.

En los dos últimos años se han acometido dos reformas de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos. La primera fue aprobada el 22 de octubre del 2012 y en ella se establecía “que una vez emitido por el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización correspondiente a un determinado ejercicio, vendrán obligados a hacer públicas, preferentemente a través de su página web, el balance y la cuenta de resultados y, en particular, la cuantía de los créditos que les han sido concedidos, el tipo de entidad concedente y las condonaciones de deuda correspondientes a tal ejercicio, de forma que esta información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos”.

El 21 de marzo de este año, cuando apenas había transcurrido año y medio desde la reforma de 2012, se aprobó un nuevo proyecto de ley prohibiendo las donaciones de personas jurídicas, la condonación de las deudas a las fuerzas políticas, incluidos los intereses, y obligando a los partidos a publicar en su web todas sus cuentas y los créditos recibidos, los plazos de amortización y los datos de la entidad bancaria, además de todas las subvenciones y donaciones de más de 50.000 euros que reciban.

Los partidos políticos, como viene siendo habitual, han hecho caso omiso de estas obligaciones.

¿Por qué? Muy sencillo. El Pleno del Tribunal de Cuentas, institución encargada de hacer cumplir la ley, está conformado por doce magistrados: seis elegidos por el Congreso de los diputados y seis por el Senado. ¿Verdad que ahora se entiende?

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