Transparencia y reputación en el sector extractivo

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No existe ningún sector que impacte tanto en el entorno como el de la industria extractiva. Su huella sobre el medio ambiente es connatural a su actividad y su efecto sobre la calidad de vida de las comunidades donde opera es también innato a su negocio.

Con estos antecedentes es comprensible que el sector extractivo sea mirado con cierto recelo. Si a lo anterior añadimos que las riquezas generadas gracias a la actividad extractiva no suelen revertir en las poblaciones próximas, a nadie puede extrañar que estas empresas no gocen de buena reputación.

Como explica Belén Diaz, experta en industrias extractivas, a esta revista: “Las empresas extractivas han disfrutado de barra libre a la hora de negociar las condiciones de los contratos y concesiones de explotación, márgenes de beneficios, etc., en situaciones de absoluta opacidad y falta de control. Por supuesto, también ha existido un interés en mantener esa situación de opacidad por parte de los gobernantes de los países productores para enriquecerse personalmente, pero ese hecho no puede servir de justificación”.

Los responsables de RSC y sostenibilidad de las empresas extractivas suelen alegar que es mucho lo que se ha venido haciendo en los últimos años para revertir la imagen de opacidad del sector y que, a pesar  de los esfuerzos, la reputación sigue bajo mínimos. Es verdad que se han dado pasos importantes en los últimos diez años, pero todos los avances que se han producido tienen su origen en el trabajo de los grupos activistas y las ONG, ayudados por los medios de comunicación, en ningún caso han sido inducidos por las propias empresas.

La lucha por conseguir mayores niveles de transparencia en la industria extractiva ha sido larga y llena de obstáculos. En el año 2002 se creó la plataforma Publish What You Pay (PWYP), gracias a la cual se lanzó la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) en la Cumbre de Desarrollo de Johannesburgo del 2002.

La ITIE fue una iniciativa importante que surgió para impulsar la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los beneficios de las industrias extractivas, dificultar la corrupción y responder a la demanda ciudadana de que los beneficios reviertan a las comunidades. Aunque la Iniciativa consiguió despertar un enorme interés, la mayoría de las empresas extractivas ignoraron sus recomendaciones voluntarias, excusándose en que no podían publicar sus transferencias porque esa información era confidencial y podría perjudicarlas al desvelar su estrategia corporativa y sus ventajas competitivas.

En realidad, nadie se creía que la información sobre transparencia en los pagos pudiese poner en peligro la estrategia de las empresas, y, si esa eventualidad se diese, existían muchas formas de hacer pública la información sin comprometer la estrategia.

Ante la falta de eficacia en impulsar un cambio real, muchas organizaciones, encabezadas por Publish What You Pay y Global Witness, empezaron a reclamar una regulación legal de la transparencia en los pagos. El primer país que dio un paso adelante a favor de la regulación fue EEUU.

En agosto de 2012 el Congreso estadounidense aprobó la sección 1504 de la Dodd-Frank Acts que exigió que las empresas de gas, petróleo y minerales hicieran públicos los pagos realizados a los gobiernos en los proyectos relacionados con la extracción comercial de recursos naturales.

En octubre de 2011 la Comisión Europea se unió a este movimiento al modificar las Directivas de Transparencia y Contabilidad. El 9 de abril del 2013 el Consejo y el Parlamento europeo exigieron a todas las grandes empresas de petróleo, gas, minería y forestales hacer públicos todos los pagos realizados a los gobiernos en proyectos valorados en más de 100.000 euros, incluyendo impuestos, regalías y tasas por licencias en cualquier país donde operen.

Se trata de un hito importantísimo en la promoción de la transparencia que, como explicaba Helena Ancos, no ha estado exento de obstáculos.

Así, por ejemplo, la industria extractiva trató de conseguir, sin resultado, que la información sobre los pagos se realizase de manera agregada, en lugar de pormenorizada por operación; así mismo, intentó que el umbral de la información de pagos se situase en un millón de dólares, en lugar de los 100.000 euros finalmente aprobados; y, por último, que se impidiese la publicación de la información en aquellos países que estuviese expresamente prohibida por la legislación local, el llamado tyrant veto.

Ninguna de estas reclamaciones fue atendida, lo que pone de manifiesto la firmeza de los reguladores y el reconocimiento cada vez mayor de las prácticas de transparencia para luchar contra la corrupción por parte de grandes sectores de la sociedad. Por grandes sectores de la sociedad a excepción del sector extractivo, que sigue percibiendo las demandas de transparencia como un obstáculo para su negocio en lugar de un elemento estratégico para mejorar su reputación y reforzar su competitividad.

Si la extracción supone sacar a la luz algo que está hundido, inmerso o sepultado, las empresas extractivas tienen que ser conscientes que la transparencia en la información constituye una parte consustancial de su negocio.

Por Javier Martín Cavanna, para Llorente & Cuenca
@jmcavanna
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