Las Big Four o cómo evadir la RSC propia y ajena
Las Big Four (Deloitte, PwC, Erns &Young y KPMG), al igual que los grandes despachos de abogados, vienen realizando un gran esfuerzo de comunicación para mostrar su responsabilidad social con la sociedad. En sus web corporativas dedican un espacio importante a mostrar sus compromisos sociales y medioambientales.
La mayoría cuentan con fundaciones que impulsan programas de formación, conceden becas, apoyan la investigación o canalizan servicios profesionales pro bono en favor de distintas ONG. Bienvenidas sean esas actividades. Nada que objetar. Pero, la principal creación de valor para la sociedad, que pueden generar las auditoras y los despachos de abogados, no consiste en ofrecer servicios pro bono a las ONG, sino en incorporar principios y valores éticos en sus servicios para ayudar a sus clientes a cumplir de manera responsable sus compromisos con la sociedad.
Cuando una empresa presta servicios de asesoramiento o consultoría a un tercero ese servicio impacta, positiva o negativamente, en las actividades del asesorado. De igual modo que una empresa petrolífera debe desarrollar mecanismos para minimizar los riesgos de un posible vertido (a la vista tenemos las consecuencias para la reputación de BP del escape producido en una de sus plataformas del golfo de México), o una empresa textil debe supervisar las condiciones laborales de sus proveedores en el tercer mundo (todos tenemos muy presentes las imágenes del derrumbamiento del edificio de Rana Park en Bangladesh donde murieron más 1.100 empleados que fabricaban prendas para Mango, El Corte Inglés e Inditex), o un banco ser transparente y leal con sus clientes a la hora de informarle de sus diferentes productos financieros (quién no conoce algún afectado por las preferentes), las empresas de asesoramiento fiscal tienen que ser conscientes del impacto que sus “consejos” y propuestas van a tener en el modo en que sus clientes cumplen con su “responsabilidad fiscal”.
Se ha acusado con cierto fundamento a las Big Four de haber jugado un papel relevante en la planificación fiscal agresiva de las grandes corporaciones y en la creación y diseño de complejas estructuras legales para la elusión fiscal. No es casual que estas empresas cuenten con 81 oficinas propias en los principales paraísos fiscales y, desde luego, no será sencillo que renuncien a los cuantiosos beneficios que les generan sus servicios de asesoría fiscal.
Aunque ninguna de Big Four hace público sus ingresos en esta área, un estudio interno por Her Majesty’s Revenue and Customs (HRMC) estimó que, sólo en las oficinas del Reino Unido, habían facturado en el año 2005 alrededor de mil millones de libras, un bocado muy apetitoso y, ciertamente, mucho más lucrativo que los ingresos procedentes de la aburrida actividad auditora.
En efecto, el diseño de estos “productos y estructuras” concebidos para aligerar al máximo el pago de tributos a sus clientes, no tiene nada que envidiar en complejidad y rentabilidad a las cédulas hipotecarias (CDO, CLO y CMO) de las famosas subprime.
La reciente investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocida como Luxemburgo Leaks, ha desenmascarado las estrategias diseñadas por las empresas auditoras, hasta el punto de merecer un duro comunicado por parte del Comisario Europeo de Competencia y la Comisaria Asuntos Económicos (Pierre Moscovici y Margrethe Vestager), en el que acusaron a “algunas empresas de llevar a cabo políticas de planificación fiscal agresiva, lo que es posible por la falta de armonización fiscal en la UE y las lagunas en los sistemas tributarios nacionales. Para ello, recurren a asesorías y a veces incluso a las autoridades fiscales nacionales. Si esta práctica se aplica para favorecer exclusivamente a unas cuantas empresas, ello afecta a nuestro mercado único y perjudica directamente a los ciudadanos europeos que, en una coyuntura económica complicada, se han tenido que apretar el cinturón. Por ello, es más importante que nunca que las grandes empresas paguen la parte de impuestos que en equidad les corresponde”.
Las auditoras alegan en su defensa que se limitan a cumplir la legalidad y los códigos de conducta existentes. Es posible, pero cada vez son más numerosas las voces que denuncian los comportamientos poco éticos de estas firmas y afirman que la codicia se ha adueñado de los asesores legales y los vigilantes del mercado.
En cualquier caso, no es necesario compartir el juicio anterior para reconocer que, tanto las empresas auditoras como muchos despachos de abogados, tienen una visión de la responsabilidad corporativa demasiado cosmética y epidérmica, más cercana a una campaña publicitaria o a un mercadillo solidario, sin que exista una voluntad real de incorporar en las actividades de su negocio compromisos sociales y medioambientales que ayuden a crear “valor compartido” para la sociedad.
Especialmente inconsistente y endeble resulta la actividad de las Big Four por los inevitables conflictos de intereses que les generan sus áreas de auditoría y consultoría, que les obligan a realizar constantes juegos malabares. Aunque pueda sonar a ciencia ficción, no es nada inusual que estas empresas desarrollen una estrategia de elusión fiscal agresiva a un cliente, utilizando para ello todos los mecanismos y resquicios legales existentes, al tiempo que asesoran al responsable de reporting de esa misma compañía como debe rendir cuentas transparentes de su responsabilidad fiscal mediante la metodología Total Tax Contribution y, simultáneamente, verifiquen el alcance y rigor de la memoria de responsabilidad corporativa con el responsable de sostenibilidad de la empresa auditada. Por supuesto, todo ello dentro de la más exquisita legalidad. ¡Faltaría más!
Interesante articulo, se podria ampliar en la gestion de personas que llevan estas compañias. Creo que tampoco son un modelo de excelencia. Gracias.