¡Qué escándalo, aquí se juega! Sobre la financiación de fundaciones políticas

El prefecto de policía Louis Renault en Casablanca se ha convertido en la personificación del cinismo. No podemos evitar sonreír cada vez que recordamos la escena en la que el capitán entra en el bar de Rick’s y exclama: ¡Gambling, I’m shocked!, mientras con una mano recoge agradecido el fajo de billetes por hacer la vista gorda.
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Pues bien, algunos representantes de los partidos políticos no tienen nada que envidiar al cínico comisario de Casablanca, aunque no compartan ni su gracia ni su ironía.

Cada vez que se descubre un nuevo caso de financiación ilegal a un partido político, el resto de las formaciones exclaman escandalizadas: ¡Qué escándalo, aquí se juega! El último caso ha salpicado a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). El partido ha sido acusado de cobrar comisiones ilegales, a través de su Fundación Catden, de la constructora Teyco, a la que supuestamente beneficiaba con contratos públicos.

La formación que con más fuerza ha alzado la voz ha sido Ciudadanos, reclamando que se prohíban las donaciones a las fundaciones políticas. La medida forma parte del documento El cambio sensato. Propuestas contra la corrupción y el capitalismo de amiguetes, aprobado el 27 de julio pasado.

En el texto se propone obligar a los partidos a someterse a auditorías externas, aplicarles las normas contables de las entidades no lucrativas, aprobar las cuentas por los responsables del partido y no sólo por los tesoreros, limitar el gasto electoral, prohibir las donaciones de personas físicas y jurídicas que hayan tenido o puedan tener relaciones mercantiles con la administración pública y prohibir las donaciones de fundaciones u otras entidades ligadas a los partidos, que deben de estar en todo caso sometidas a los mismos controles que los partidos.

La realidad es que la mayoría de las propuestas de Ciudadanos llegan un poco tarde y, las pocas que suponen alguna novedad, constituyen un desatino. En estos últimos tres años hemos sido testigos de tres grandes cambios en el ámbito normativo.

1. La reforma de la Ley Orgánica de financiación de partidos políticos 5/2012, de 22 de octubre introdujo algunas modificaciones importantes en relación con la transparencia y la rendición de cuentas de las fundaciones vinculadas a los partidos.

En concreto, la nueva redacción de la Disposición adicional séptima, en su apartado quinto, exigió a las fundaciones políticas realizar una auditoría de sus cuentas anuales y hacer públicas, preferentemente en la web, el balance y la cuenta de resultados. El nuevo texto, sin embargo, eximió a las fundaciones políticas del cumplimiento de determinadas condiciones y límites impuestos a la financiación de los partidos políticos.

De acuerdo con el texto entonces vigente, las fundaciones, a diferencia de los partidos políticos, podían aceptar donaciones de empresas privadas que presten servicios o realicen obras a las administraciones públicas y también podían aceptar donaciones de personas físicas o jurídicas superiores a los 100.000 euros, con la única obligación de formalizar en documento público las donaciones superiores a 120.000 euros y de notificar al Tribunal de Cuentas todas las donaciones recibidas de personas jurídicas en el plazo de tres meses.

Al aceptar estas excepciones para las fundaciones políticas el proyecto de ley perdió gran parte de su eficacia, al permitir que las funciones controladas por los partidos políticos no estuviesen sujetas a esos límites.

2. A principios de 2013, el Gobierno anunció que se seguiría trabajando en nuevas enmiendas legislativas destinadas a reforzar aún más la transparencia en materia de financiación de los partidos y las competencias de supervisión del Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, el Parlamento español, con el apoyo de la mayoría, presentó a principios de 2013 una Resolución sobre la lucha contra la corrupción, que incluía igualmente medidas legislativas para mejorar la supervisión de la financiación de los partidos.

En septiembre de 2013, el Gobierno aprobó un paquete de medidas de “regeneración democrática”, que incluía algunas medidas de refuerzo de la rendición de cuentas y la supervisión de la financiación de los partidos mediante el fortalecimiento de los controles internos y externos, en particular el refuerzo de las competencias del Tribunal de Cuentas.

En diciembre de 2013, el Gobierno tomó medidas para la aplicación del mencionado paquete y aprobó un proyecto de ley sobre el control de las actividades económico-financieras de los partidos políticos.

3. En marzo de 2015 se aprobó la reforma de la Ley Orgánica 8/2007 sobre Financiación de Partidos Políticos, que incorporó muchas de las demandas, que veníamos reclamando distintas organizaciones cívicas desde hace años, sobre la necesidad de abordar una nueva regulación de la financiación de los partidos políticos que los dotará de mayor transparencia y control, entre las que destacan: el hecho de que los donativos han de proceder de persones físicas o jurídicas que no contraten con las administraciones públicas, ser públicas y no exceder de límites razonables y realistas; la necesidad de desarrollar mecanismos de auditoría y fiscalización dotados de recursos humanos y materiales suficientes para ejercer con independencia y eficacia su función; la tipificación de las infracciones y sanciones, y la facultad del Tribunal de Cuentas para recabar en el ejercicio de su función fiscalizadora la colaboración de los bancos y de la Agencia Tributaria.

Los contenidos aplicables a las fundaciones y asociaciones vinculadas vienen recogidos en la Disposición adicional séptima. De acuerdo con esa disposición, las donaciones a las fundaciones están sometidas a los mismos requisitos de fiscalización y control que los partidos políticos con dos importantes excepciones: podrán superar el límite de 50.000 euros establecido para las donaciones procedentes de una misma persona y podrán aceptar donaciones de personas jurídicas.

Desde el punto de vista de la rendición de cuentas, las fundaciones y entidades estarán obligadas a formular y aprobar sus cuentas en los términos previstos en la legislación vigente, a realizar una auditoría de sus cuentas anuales y a enviar toda la documentación al Tribunal de Cuentas.

Una vez emitido por esta institución el informe de fiscalización, vendrán obligadas a hacer públicos, preferentemente a través de su página web, el balance y la cuenta de resultados, así como las conclusiones del informe de auditoría, de forma que esta información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos.

Como se puede comprobar, la mayor parte de las propuestas del documento de Ciudadanos, relativas a la financiación y el control de los partidos y fundaciones políticas, ya están incorporadas en la nueva Ley.

Por tanto, mi primera sugerencia a los dirigentes del partido naranja es que se la lean. Si lo hacen, se ahorrarán bastante tiempo y trabajo a la hora de hacer propuestas, tiempo que podrían dedicar a otras tareas.

Mi segunda recomendación es que eliminen de su programa la propuesta de prohibir las donaciones a las fundaciones políticas. Es una solemne majadería y, además, contradice su discurso en apoyo de la sociedad civil. Una fundación, en realidad, es un donativo o conjunto de donativos afectados al cumplimiento de un fin de interés general. Las fundaciones sólo se pueden financiar por tres vías: donativos, subvenciones públicas o venta de servicios.

Uno de los principales aciertos de la reforma ha sido decantarse por un régimen de financiación mixta que recoge, por una parte, “las aportaciones de la ciudadanía y, de otra, los recursos procedentes de los poderes públicos en proporción a su representatividad como medio de garantía de la independencia del sistema, pero también de su suficiencia”.

Recordemos que, tan solo hace dos años, la mayoría de los representantes políticos se inclinaban por suprimir los donativos, defendiendo que los partidos políticos se financiasen exclusivamente con cargo a los fondos públicos.

Los legisladores, finalmente, han rechazado con buen criterio esta alternativa exigiendo que los partidos, como el resto de las organizaciones sociales, recurran a la financiación de la ciudadanía, pues la capacidad de recaudar fondos de esta constituye una prueba de la relevancia y representatividad social de los partidos. Nada hay que objetar a los donativos privados de personas e instituciones si se conoce su origen y se establecen límites y condiciones para su aceptación con el fin de evitar posibles conflictos de intereses.

Pero, además, la defensa de la subvención pública como principal fuente de ingresos supone aceptar que los partidos políticos forman parte de la estructura del Estado y negar, por el contrario, que son una iniciativa más de la sociedad civil. Como podemos ver, lo que está en juego detrás de esta concepción es muy importante, nada más y nada menos que el papel de la sociedad civil y el control de la actividad política. Los partidos políticos ni son entes públicos ni forman parte de la estructura organizativa del Estado.

La transparencia de las fundaciones políticas

El problema no reside en las fuentes de financiación sino en la falta de transparencia general de las fundaciones políticas, como la Fundación Compromiso y Transparencia viene denunciando desde hace seis años a través de sus informes Transparencia el mejor eslogan. Informes de transparencia en la web de partidos y fundaciones políticas.

El resultado del último informe lo publicamos a finales del mes de mayo pasado, coincidiendo con las últimas elecciones municipales y autonómicas del día 24. El informe comprende las 36 fundaciones políticas incluidas en el último informe del Tribunal de Cuentas sobre Fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas ejercicio 2012, aprobado el 26 de junio de 2014.

De esas 36 fundaciones, nueve corresponden al PSOE, ocho a IU-PCE, cuatro al PP, dos a la  Chunta, dos a  CC, una al BNG, una a ICV, una a EUA, una al PNV, una a ER, una a EA, una a EB, una a UPN, una a UPyD, una a UDC  y una a CDC.

El análisis de las webs de las fundaciones políticas revela que estas entidades continúan mostrando unos altos niveles de opacidad. En relación con la información económica, tan sólo seis de las 36 fundaciones (fundaciones Alfonso Perales, Faes, L’Alternativa, Nous Horizons, Por la Europa de los Ciudadanos, Sabino Arana y Progreso y Democracia) publican los estados financieros y sólo cinco el informe de auditoría. Estos porcentajes de cumplimiento resultan claramente inadmisibles habida cuenta de que lo que antes podía considerarse una exigencia de transparencia voluntaria, actualmente supone una obligación legal desde la aprobación de la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, sobre financiación de los partidos políticos.

En cuanto al informe del Tribunal de Cuentas, solo tres fundaciones lo hacen público en su web: Alfonso Perales, Faes y Sabino Arana.

Pero la información económica no es el único contenido relevante. Nuestro informe también analiza otra información como la relativa a la estructura directiva y de gobierno, los estatutos y códigos de buen gobierno, las actividades, la misión o los resultados.

Los resultados globales son bastante pobres. Destaca negativamente que el 40% de las fundaciones políticas no tenga página web, impidiendo que se conozca su información e incumpliendo con la Ley 3/2015 de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, que estipula que estas fundaciones están obligadas a publicar su información económica junto con las conclusiones del informe de auditoría, “preferentemente a través de su página web”.

Por otro lado, la mayoría de las fundaciones analizadas no hace pública la información más relevante para la rendición de cuentas. De esta manera, el 88% de la muestra no facilita sus estatutos ni un código de buen gobierno, mientras que el 75% no informa sobre su estructura directiva y el 71% no aporta los resultados de las actividades que realiza.

Como se puede comprobar en la tabla de abajo, tan sólo tres fundaciones vinculadas a los particos políticos (Alfonso Perales-PSOE, FAES-PP y Sabino Arana-PNV) merecen la calificación de Transparentes, de acuerdo con la metodología de la Fundación Compromiso y Transparencia.

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Nuestro informe del pasado mayo no incluyó en su análisis a las fundaciones políticas vinculadas a los dos partidos emergentes por no tener en ese momento representación en el Parlamento Nacional: la Fundación Instituto 25M Democracia (Podemos) y la Fundación Tribuna Cívica (Ciudadanos).

Tanto Podemos como Ciudadanos han adoptado como eje de su estrategia política una crítica a la manera tradicional de hacer política y al funcionamiento de los partidos políticos. Ambas organizaciones han esgrimido la lucha contra la corrupción y la defensa de la transparencia como una de sus principales banderas, por lo que resulta muy oportuno completar ahora el análisis.

Pues bien, el resultado no resulta muy halagüeño para ninguno de los dos partidos. La Fundación Tribuna Cívica, vinculada a Ciudadanos ni siquiera cuenta con una página web. La Fundación Instituto 25M Democracia vinculada a la formación política Podemos si dispone de una página, pero la información que proporciona se limita a comunicar alguna de sus actividades. Las dos fundaciones, por tanto, pasarían a engrosar la categoría de Opacas con cero y un punto, respectivamente.

La película de Casablanca termina con uno de los finales más inolvidables de la historia del cine, con el comisario Louis Renault, redimido, caminando bajo la niebla del brazo junto a Humphrey Bogart. Esperemos que los responsables políticos puedan tener en el futuro un final tan memorable.

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