Empleo de calidad para evitar la pobreza

Poco a poco España va reduciendo sus niveles de paro, aunque según la Comisión Europea, la mayor parte del empleo que se está generando es de baja calidad y no sirve para evitar la pobreza y la desigualdad social. De hecho, según sus cifras, cerca del 30% de la población española vive en riesgo de exclusión.
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Hace unos días nos levantábamos con la noticia de que el número de parados en España se ponía por debajo de los 4 millones, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es la primera vez que se consigue desde agosto de 2010, así que podemos considerarlo un gran avance, aunque no lo suficientemente amplio como para lanzar las campanas al vuelo.

No podemos quedarnos en el titular, sino que debemos analizar los matices que lo rodean: todavía tenemos 3,8 millones de parados a los que rescatar laboralmente, casi 4,8 millones si nos ceñimos a los datos que se recogieron en la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del 2016.

Por otra parte, vamos camino de incumplir nuestros compromisos europeos en esta materia de cara al Horizonte 2020 y, en consecuencia, también en el campo de la pobreza y la exclusión social.

En el último informe emitido por la Comisión Europea se expone que «los indicadores de pobreza se deterioraron aún más en 2013 y 2014, a pesar de la mejora de las condiciones del mercado laboral».

Un apunte que se complementa con el dato aportado recientemente por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES): la población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o de exclusión social asciende a 13 millones, cerca del 30% de los habitantes del país.

Leyendo entre líneas podemos decir que seis años y dos ejecutivos después de aquel compromiso que firmamos con Europa no hemos avanzado demasiado. Se ha creado empleo, cierto, pero con una calidad tan baja que no sirve para mejorar las cifras de población en riesgo de exclusión social.

Por eso algunas organizaciones, la mayoría vinculadas al tercer sector, están aprovechando las próximas elecciones para pedirle al futuro Gobierno de España un Pacto contra la Pobreza. Un gancho que ya lanzaron hace más de un año, coincidiendo con los últimos comicios autonómicos, y que los políticos recibieron con relativo entusiasmo.

Para empezar, éstas solicitan de forma urgente una reforma de la Constitución que sirva para convertir los derechos sociales en fundamentales. Pero también mejorar la Ley del Tercer Sector de Acción Social para potenciar la interlocución entre este reducto económico y las administraciones públicas, por un lado, y los agentes empresariales, por otro.

El Pacto incluye también diversas medidas referentes al ámbito laboral con un objetivo claro: aumentar la tasa de ocupación en, al menos, un 10% con puestos de trabajo que permitan “un nivel de vida digno, por encima del umbral de la pobreza”.

Para lograrlo, se aboga por elaborar “una estrategia de desarrollo económico productiva e integradora generadora de empleo de calidad, que cuente con  las políticas de protección como elemento nuclear de impulso económico”.

Pero, en realidad, la gran apuesta en este ámbito pasa por impulsar proyectos de economía social, innovadores y sostenibles, que fomenten la inclusión, la integración, la recualificación, la capacitación… en definitiva, la empleabilidad de aquellas personas que lo tienen más difícil para incorporarse al mercado laboral.

Una fórmula empresarial eficaz para lograr hitos de este calibre sería la de la cooperativa, que deja atrás la estrategia de la mano de obra barata para repartir por igual los beneficios y reinvertir lo máximo posible en la modernización y la continuidad de la compañía.

Fomentar este modelo sería beneficioso no sólo para hacer crecer el número de empresas existente hoy en día en nuestro país. Está demostrado que sirve para dinamizar la economía en zonas rurales, cada vez más despobladas.

También para mejorar la inclusión de personas en riesgo de exclusión social, involucrándolas en la creación y mantenimiento de la compañía. Por otra parte, las cooperativas aguantan mejor los tiempos de crisis gracias a la flexibilidad de su modelo de gestión.

Todos recordamos la mala racha sufrida hace unos años por Fagor, dependiente de la Corporación Mondragón a la que están asociadas unas 250 cooperativas. Por aquel entonces, sus socios aprobaron constituir un fondo de 70 millones para financiar el plan de viabilidad del fabricante de electrodomésticos. En concreto, cada socio se bajó el sueldo alrededor de un 1% para evitar despidos.

En estos días hemos visto cómo este sistema solidario ha dado sus frutos: el grupo acaba de presentar sus cifras de 2015 y ha crecido tanto en facturación (un +2,8%, con unos 11.370 millones de euros) como en empleo, con más de 74.300 trabajadores. Un ejemplo que las Administraciones Públicas no deben olvidar cuando esbocen sus estrategias de fomento del empleo. Ya sean regionales o la estatal.

Algunas de las primeras ya están trabajando en ello. En lo que respecta a la segunda, habrá que esperar a los resultados del 26 de junio para ver hacia qué lado se inclina la balanza.

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