Más impuestos para evitar la exclusión social

España está registrando unos datos de pobreza y exclusión social poco acordes con las promesas de crecimiento económico que constantemente escuchamos, una situación que muchas organizaciones están denunciando y que algunas, como la recién nacida Plataforma por la Justicia Fiscal, quiere solucionar con un sistema tributario más justo y progresivo.
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En las últimas semanas nos hemos encontrado con noticias alarmantes sobre la precaria situación que sufren miles de familias radicadas en España. A pesar de que el Gobierno (en funciones) no deja de repetirnos que la economía está en alza, observamos a través de organizaciones como Save the Children o Cáritas que la curva sólo es ascendente para unos pocos.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el 28,6% de los ciudadanos está en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 14,8% de las familias tiene dificultades para llegar a fin de mes.

Por su parte Cáritas apuntaba recientemente que los ingresos de los hogares desde el inicio de la crisis en 2007 hasta 2015 había caído un 10%, un poder adquisitivo que tardará en recuperarse.

En estos momentos en España hay 720.000 hogares sin ningún ingreso y 1,6 millones con todos sus miembros en paro. Así lo advertía la confederación solidaria dependiente de la Iglesia católica, que además aseguraba que casi el 15% de los trabajadores son pobres, argumentando que la precarización y el trabajo temporal han conseguido que un sueldo no sea suficiente para salir de la exclusión. Un aspecto sobre el que también nos ha alertado ya la Comisión Europea.

Por si fuera poco, Save the Children denunciaba hace unos días que en 2015 se contabilizaron cerca de 1,4 millones de niños viviendo en hogares pobres (con menos de 9.612 euros al año para una familia de dos adultos y un menor). Casi medio millón más que en 2008.

La ONG también explicaba que el 3,2% de los hogares no puede permitirse una comida de carne, pollo, pescado o equivalente vegetariano tres veces en semana, lo que supone que más de 266.000 menores están sufriendo malnutrición.

Para algunos sólo serán cifras que poco importan mientras el PIB siga subiendo y los mercados se comporten de manera óptima. Para otros son los datos de la vergüenza.

¿Cómo se puede afirmar que nuestro país va por la senda de la recuperación cuando tenemos medio millón más de niños sin recursos que hace ocho años? Esos pequeños son los cimientos de nuestro futuro, y si los cimientos no están bien asentados tendremos (de nuevo) un porvenir precario que terminará desmoronándose.

Medidas para reducir la pobreza

A raíz de esta situación, y con el objetivo de corregir algunos de los aspectos que generan esta desigualdad social, ha nacido la Plataforma por la Justicia Fiscal.

En ella están implicadas casi una veintena de organizaciones entre las que están los sindicatos UGT, CCOO, USO y el de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha); la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU); el Consejo General de Trabajo Social y la división española de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).

La nueva plataforma ha entregado a nuestros posibles futuros gobernantes un documento con una serie de medidas que servirían para corregir las desigualdades del sistema impositivo español, a su entender injusto, regresivo e insuficiente.

Por eso, sus miembros abogan por una estructura tributaria con mayor peso sobre la imposición directa y las rentas de capital y de patrimonio, un sistema progresivo que haría tributar más a aquellos con mayor capacidad económica. Un principio que está expresado en el artículo 31 de la Constitución Española.

Entre las propuestas de la plataforma está la implantación de un impuesto a las transacciones financieras que se aplique también a la compraventa de acciones, bonos y derivados, desincentivando las prácticas financieras especulativas y garantizando el destino social de los fondos que genere.

Por otra parte, se solicita una reforma en profundidad del Impuesto de Sociedades para tratar de acercar el tipo efectivo al nominal.

Por supuesto, para lograr el objetivo inicial es indispensable tener herramientas para luchar contra el fraude fiscal. Para empezar, dotando a la Agencia Tributaria de más medios técnicos y humanos, y estableciendo mecanismos que exijan una mayor transparencia de las empresas en materia fiscal.

De hecho, otra de sus peticiones es la puesta en marcha de una ley contra la evasión y la elusión fiscal, y la inclusión en la legislación española de una definición exigente de paraísos fiscales: Un listado de territorios considerados como tales en base a esa definición, el establecimiento de sanciones por su uso y de otras medidas como la exclusión o penalización en la fijación de criterios para la contratación pública de empresas con presencia en dichos paraísos.

Porque no se trata sólo de acomodar la tributación al nivel de ingresos, sino de conseguir un nivel de recaudación similar al de nuestros vecinos europeos (España está seis puntos por debajo).

El fin es el de evitar recortes por falta de fondos en partidas como las de sanidad y educación, que siguen viéndose seriamente afectadas por los efectos de la crisis, acentuando aún más si cabe la desigualdad en nuestra sociedad.

Ambas son fundamentales para conseguir esos cimientos fuertes y bien asentados que nos asegurarían un futuro de crecimiento consolidado, reduciendo la enorme brecha social, salarial y laboral que ahora nos separa.

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