La administración Trump desincentiva la ISR

El gobierno de Trump acaba de publicar una normativa que afecta negativamente a las inversiones socialmente responsables (ISR) o basadas en criterios no financieros ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).
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Estados Unidos dio a conocer el día 23 de abril unas pautas sobre la normativa contenida en las secciones 403 y 404, Apartado 4 del Título Primero de la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación para Empleados de 1974 (Employee Retirement Income Security Act, Erisa), respecto al deber fiduciario en las decisiones que se toman en el marco de los planes de inversión con objetivos económicos (Economically targeted investing, ETI).

En el comunicado, el Departamento de Trabajo señala que las inversiones socialmente responsables (ISR) o basadas en criterios no financieros ambientales, sociales y de gobierno corporativo (inversiones ESG), no siempre son “prudentes” para fortalecer la rentabilidad, advirtiendo a los inversores no precipitarse al suponer que las inversiones ESG tendrán un desempeño positivo.

Las pautas publicadas señalan que los inversores deberán “priorizar siempre los intereses económicos del plan de inversiones” y asegurar que los criterios  financieros sean la principal consideración al valorar las inversiones.

Representantes de la industria han manifestado la sorpresa frente al anuncio y el tono de advertencia que parece estar dirigida a desincentivar la inversión socialmente responsable. Incluso algunos como Lisa Woll, directora ejecutiva del Forum for Sustainable and Responsible Investment (SIF), ha manifestado que “la manera en que las pautas distinguen las opciones de inversión es demasiado simplista”, añadiendo que “los factores ESG para diversos inversores institucionales son considerados como criterios financieras importantes”.

Las pautas del Departamento de Trabajo sugieren que los gestores deben limitar los asuntos sobre los cuales dialogan con las compañías, señalando que solamente deben entrar a debatir con las empresas asuntos de gobierno corporativo, riesgos ambientales y asuntos sociales cuando exista una probabilidad fehaciente de que estos criterios podrían mejorar el retorno económico de la inversión.

Lo que parece haber sido obviado en las pautas publicadas es que el control y supervisión de las inversiones deben necesariamente considerar los riesgos no financieros, que en última instancia, si se concretasen, revertirían negativamente en la rentabilidad de los accionistas.

El Departamento de Trabajo evidencia un desconocimiento profundo del proceso de inversión de los fondos que utilizan criterios ESG. Evaluar la rentabilidad financiera de los activos, es el punto de partida para integrar posteriormente criterios no financieros que se ajusten a la política del fondo, sean de carácter social, ambiental o ambos.

Los fondos están gestionados por expertos en asuntos financieros que con frecuencia se apoyan en personas o agencias con dilatada experiencia en valorar la materialidad de los riesgos no financieros, por lo que pareciera que la intensión subyacente de estas pautas es la de menguar el impacto de las iniciativas globales de desinversión en ciertas industrias como la extractiva o similares, que han sido catalogadas por la administración actual como actividades de sectores estratégicos para impulsar la economía.

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