Poder y dinero en Venecia

Nacida como una república de comerciantes, Venecia ostentó un gobierno muy inusual para su época: lo más parecido a república en plena edad media, la posición social no estaba garantizada por títulos nobiliarios, sino por la generación de riqueza.
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Venecia es una ciudad muy singular. Hoy, al igual que hace 600 años, sigue atrayendo la curiosidad de millones de turistas que no pueden resistirse a su encanto. Es la ciudad de la ilusión, de los recién casados, de los carnavales, de los sinuosos canales llenos de sorpresas, de los hermosos palazzos, del arte escondido que aguarda en las numerosas iglesias.

Todo esto es cierto y no se puede despreciar, pero Venecia fue también la cuna del capitalismo y del modelo del gobierno estable. Si es así, entonces no debería sorprender que nos detengamos por un momento a reflexionar qué contribuyó a hacer de Venecia la miracolissima civitas, como la bautizó Petrarca, y qué motivó su caída.

Una ciudad sobre el mar

Como es conocido, el origen histórico de Venecia se sitúa en el siglo V d.C., cuando los habitantes de las actuales regiones del Véneto y Friul-Venecia Julia huyeron de la invasión de los bárbaros refugiándose en las vecinas islas de la laguna de Venecia.

Lo que inicialmente se proyectó como un asentamiento provisional fue convirtiéndose con el tiempo en un núcleo urbano estable. Varias circunstancias ayudaron a que ese grupo inicial de refugiados se organizase autónomamente, desde el punto de vista político. Por una parte, la frecuencia de las invasiones bárbaras, que lejos de frenarse fueron aumentando, manteniendo el aislamiento de los colonos que vieron esas islas como el único lugar seguro.

Por otra parte, las características geográficas de ese asentamiento sobre el agua obligaron a sus habitantes a buscarse la vida mediante el comercio marítimo para poder sobrevivir. Se puede decir que los venecianos estaban condenados, para bien o para mal, a comerciar. Su riqueza, a diferencia del resto de los territorios europeos de la época, no se basó en la tenencia de tierras sino en el intercambio de bienes.

El principal motor de su desarrollo comercial fue el vínculo especial que mantuvo con Constantinopla, la capital del imperio de Bizancio. Los venecianos siempre gozaron de una relación especial con Bizancio, su principal mercado, y los diferentes emperadores les otorgaron numerosos privilegios, bien eximiéndoles de pagar tasas en los puertos o concediéndoles el monopolio del comercio.

La organización política en los primeros siglos era prácticamente inexistente. Existían unos cuantos tribunos que desempeñaban distintas tareas, pero sin una cabeza visible al frente. A finales del siglo VII (697), los tribunos decidieron elegir un líder (dux), el primero de los 118 que tendría la futura ciudad-estado. Las funciones del dux eran similares a las que podían tener los cónsules en la antigua Roma. El dux no sustituyó a los tribunos sino que los presidía.

Legalmente el dux dependía del emperador de Constantinopla. Sus funciones podrían asimilarse a las del gobernador de una provincia. No obstante, el dux no tenía poderes absolutos, a diferencia de los ‘duques’ en la época feudal que gobernaban un territorio. El dux siempre tuvo sus poderes limitados, sometiéndose a la asamblea del pueblo (arengo) y a los tribunos.

En esta naciente República la tierra era escasa. El estatus y la riqueza no estaban asociados a la tenencia de tierras, como en la nobleza feudal, sino al éxito comercial.

En esta naciente República la tierra era escasa. El estatus y la riqueza no estaban asociados a la tenencia de tierras, como en la nobleza feudal, sino al éxito comercial. Esta situación basada en la riqueza del comercio más que en la riqueza inmobiliaria propició una distribución del poder que rechazaba los privilegios y defendía la igualdad.

El estatus social de Venecia se basaba, fundamentalmente, en la antigüedad de las familias y en la riqueza derivada de la actividad mercantil. Como la posición social no procedía de la posesión de tierras sino de la actividad emprendedora, estaba constantemente sometida a tensiones: los comerciantes ‘nuevos ricos’ querían participar en el poder político, mientras las familias ‘nobles’ luchaban por preservar el statu quo.

Tres fuerzas antagónicas luchaban permanentemente por su correspondiente cuota de poder en la República. Por una parte, estaba el dux, que ocupaba el vértice de la pirámide, con tendencia a perpetuarse y concentrar cada vez más competencias en sus manos. Por otra, se encontraban las familias aristocráticas, pendientes de que el dux no se extralimitase e impidiendo la entrada de nuevos ‘competidores’. Por último, los emprendedores procedentes del pueblo llano, que se enriquecían con el comercio y reclamaban un puesto a la élite dominante.

El sistema de gobierno de Venecia fue el resultado de gestionar, no siempre de forma equitativa, las expectativas de estos tres grupos que conforman las tres formas clásicas de gobierno político: monarquía, aristocracia y república.

La propensión de los dux a convertir su nombramiento en un cargo hereditario fue una tendencia habitual durante los primeros siglos de la República. En el año 1033 se puso fin a esta práctica destituyendo al dux Ottone Orseolo, que había manifestado una fuerte inclinación al nepotismo, y nombrando a Domenico Flabianico nuevo dux. Bajo el mandato de este se dictaron dos importantes leyes: la primera prohibió al dux nombrar a sus familiares para ocupar cargos y la segunda instituyó dos consejeros encargados de estudiar con el dux todas las tareas administrativas. El resultado de estas innovaciones desplazó el poder de las manos del dux a las de los comerciantes aristócratas.

El Gran Consejo

La estructura de gobierno ducal se fue extendiendo y las familias patricias fueron ocupando los nuevos órganos para controlar el poder del dux. En el año 1143 se creó el Consejo de Sabios (Consilium Sapientium) para asistir al dux en su tarea de gobierno.

Treinta años después (1172) se producen dos importantes cambios. Por una parte, los consiglieri ducali, que asistían al dux para controlarlo, se incrementaron de dos a seis. Estos consejeros solo permanecían en el cargo ocho meses, con un límite de tres mandatos y no se podían reelegir antes de que transcurrieran dos años. El dux solo estaba autorizado a abrir su correspondencia personal y recibir en audiencia en presencia de, al menos, cuatro consejeros.

El segundo cambio importante fue la creación del Gran Consejo en sustitución del Consejo de Sabios, con facultades legislativas y, posteriormente, de nombramiento del dux.

Históricamente la participación política de los hombres libres se hacía efectiva a través de una asamblea popular (Concio) que tenía la competencia de nombrar al dux. En el año 1178 la asamblea perdió la facultad de elección directa del dux. El sufragio universal fue reemplazado por un sistema que confiaba la elección del dux a un comité de once miembros, elegidos por el Gran Consejo. Cinco años más tarde ese comité de once se transformó en un comité de cuarenta (fue elevado a 41 miembros unos años más tarde para evitar un posible empate en las votaciones) que eran elegidos por cuatro personas seleccionadas por el Gran Consejo.

El Gran Consejo que, inicialmente estaba integrado por 35 consejeros, fue ampliándose primero a más de 100 y, posteriormente, a 478.

La elección del dux

En el año 1268 se aprobó un nuevo procedimiento para la elección del dux que, con algunas modificaciones, permaneció hasta el final de la República. El sistema de elección constituía un mecanismo complejísimo cuyo objetivo era eliminar cualquier posibilidad de que se privilegiase a algunas de las principales familias.

En la mañana siguiente al día en que fallecía el dux se reunía el Gran Consejo, integrado por los representantes de las principales familias. El miembro del Consejo de menor edad se dirigía a la Plaza de San Marcos y elegía al azar a un niño que sería el encargado de extraer de una urna los nombres de 30 miembros del Gran Consejo mayores de 30 años. Estos 30 eran reducidos a 9 mediante sorteo. Estos 9 elegían a 40 miembros del Gran Consejo que para ser elegidos requerían una mayoría de 7 votos. Los 40 elegidos se sorteaban delante del Gran Consejo y se reducían a 12.

El procedimiento se volvía a repetir y esos doce seleccionaban a 25 que debían recibir al menos 9 votos. De nuevo en el Gran Consejo, los 25 se sorteaban y quedaban reducidos a 9. Cada uno de estos 9 debía elegir 45 candidatos que debían obtener al menos 7 votos. Los 45 regresaban de nuevo al salón del Gran Consejo, donde se procedía a un nuevo sorteo de 11. Esos 11 debían elegir a 41 miembros, cada uno de los cuales debía obtener una mayoría de 9 votos. Una vez seleccionados los 41, comenzaba propiamente la elección del dux. Los 41 eran conducidos al palacio ducal, donde permanecían incomunicados hasta la elección del dux. Cada uno de los Quarantuno podía proponer a un candidato que para ser finalmente elegido dux debía obtener un mínimo de 25 votos.

El dux se convirtió en la práctica en una figura decorativa, cuyas responsabilidades se limitaban a presidir las ceremonias y recibir a los altos dignatarios. Antes de aceptar el cargo debía realizar un juramento de investidura (promissione).

Con el fin de limitar aún más sus poderes, en el año 1229 se creó una comisión compuesta por cinco corretori della promissione ducale cuya función era evaluar si debía realizarse algún cambio en el juramento de investidura. El juramento de aceptación del cargo contenía una serie de promesas sobre el modo de gobernar así como una serie de limitaciones en el ejercicio del cargo como, por ejemplo, la prohibición de escribir a dignatarios extranjeros sin consultar al consejo o la de inmiscuirse en el nombramiento de cargos eclesiásticos.

Apertura y cierre

El Gran Consejo se convirtió en el órgano principal de la República al reservarse el nombramiento del dux y de los principales cargos de las oficinas del gobierno. Como ser miembro del Gran Consejo era la condición necesaria para ser elegible para esos puestos, la pertenencia al mismo se convirtió en objeto de deseo para los que no formaban parte del mismo.

El comercio marítimo era, por su propia na­turaleza, una actividad empresarial sujeta a un gran riesgo. La riqueza cambiaba constan­temente de manos y, como era de esperar, a medida que se labraban nuevas fortunas, los agraciados presionaban para entrar en el Gran Consejo.

La riqueza cambiaba constantemente de manos y, como era de esperar, a medida que se labraban nuevas fortunas, los agraciados presionaban para entrar en el Gran Consejo.

Sin embargo, los miembros de este, que en el año 1289 ya alcanzaban la cifra de 500, no tenían ningún deseo de abrir la mano. Sus integrantes no solo tenían derecho a participar en las deliberaciones y decisiones, sino que eran los únicos elegibles para ocupar los cargos en los organismos de la administración ducal.

Conscientes del riesgo que corrían si acepta­ban nuevos miembros, los integrantes del Gran Consejo intentaron, inicialmente sin éxito, limi­tar la entrada en varias ocasiones. Finalmente, en el año 1296 se aprobó una disposición (Serrata del Maggior Consiglio).

La disposición, por una parte, contentó a los nue­vos ricos dando entrada a 200 nuevas familias que a partir de ese momento optaron a cargos de poder sin menoscabar los ‘de­rechos adquiridos’ de las antiguas familias y, por otra, cerró la puerta a nue­vas familias estableciendo que, para ser elegible en el futuro, los miembros debían haber sido con­sejeros al menos una vez en los últimos cuatro años, o estar relacionados en línea paterna con un exconsejero.

En el año 1319 la elección de nuevos candida­tos al Gran Consejo fue definitivamente abolida y la condición de consejero se reservó para los nobles varones mayores de 25 años. Se hizo una excepción cada año para 30 jóvenes patricios, elegidos al azar el día de Santa Bárbara, a los que se les permitió unirse a la edad de 20 años. Desde entonces, los puestos del Gran Consejo fueron hereditarios. Para identificar a las familias patri­cias se elaboró una lista, el Libro d’Oro, con los nombres de los que tenían derecho a formar parte del Gran Consejo.

Con la Serrata del Gran Consejo se puede con­siderar consolidado el sistema político veneciano. A partir del siglo XIV la configuración del poder de la República, con ligeras modificaciones que no afectan a sus principios fundamentales, quedaría definitivamente establecida y así permanecería hasta su disolución por Napoleón en el año 1792.

Ciudadanos y comerciantes

Si hay algún elemento que contribuyó a desa­rrollar y cimentar la República veneciana fue el perfecto alineamiento entre los objetivos políti­cos y comerciales. En Venecia, la colaboración entre la esfera política y la económica era tan grande que se confundían la una con la otra. Como señaló Marino Sanudo, los venecianos ha­bían construido una ciudad “per le mercadantie fatte col navigar in diverse parte del mondo”.

Cuando la seguridad jurídica está garantizada y las reglas del juego son claras, entonces se activan y movilizan los recursos y se asumen riesgos, pero son riesgos calculados. La ciudad italiana no solo dio a luz al gobierno más estable y permanente en la historia, sino que fue el origen de las principales innovaciones co­merciales en el continente europeo.

Entre los siglos XII y XIV Venecia desarrolló importante innovaciones financieras y co­merciales.

Entre los siglos XII y XIV Venecia desarrolló innovaciones financieras y co­merciales que incluyeron: las primeras configura­ciones jurídicas que darían lugar a las sociedades anónimas de responsabilidad limitada; las letras de cambio; los mercados secundarios para una amplia variedad de instrumentos de deuda, accio­nes e hipotecas; las primeras leyes de bancarrota que distinguieron la iliquidez de la insolvencia; los métodos de contabilidad de doble entrada; los primeros bancos de depósito y un medio de inter­cambio confiable (el ducado veneciano).

Gran parte de las innovaciones jurídicas y finan­cieras impulsadas por los gobernantes de la Repú­blica de Venecia se centraron en disminuir el riesgo del comercio a larga distancia.

Los principales retos consistían en: 1) encontrar fórmulas que facilitasen las grandes inversiones de capital que requería la financiación del transporte marítimo y 2) eliminar los innumerables riesgos durante la travesía.

La respuesta al primer problema fue la insti­tución jurídica de la colleganza y la solución al segundo, el desarrollo del sistema público marí­timo de convoyes.

1) La colleganza. Aunque hay diversas variantes de la colleganza el esquema más habitual es el siguiente: un comerciante (sedentario) acuerda con otro (comerciante itinerante) fi­nanciar el transporte y venta de determinadas mercancías (por ejemplo, lana).

El comerciante itinerante se responsabiliza de acompañar las mercancías a destino, venderlas y utilizar las ganancias para comprar otras mercancías (por ejemplo, pimienta) que entregará de vuelta en Venecia al comerciante sedentario. Las ganan­cias que se obtengan de la venta se repartirán según lo acordado (normalmente un 75% para el comerciante sedentario y un 25% para el comer­ciante itinerante).

La colleganza tuvo dos efectos muy importan­tes. Permitió movilizar recursos de los comercian­tes ricos limitando su responsabilidad al capital aportado y dio entrada en el comercio a comer­ciantes pobres (que actuaban como comerciantes itinerantes), ampliando la participación de la po­blación en el comercio marítimo.

Esa mayor aper­tura económica tuvo su trasunto, inicialmente, en una mayor apertura política. Los nuevos comer­ciantes enriquecidos entraron a formar parte de las estructuras del poder político.

2) El sistema público marítimo de convoyes. Inicialmente los barcos mercantes eran privados y sus propietarios alquilaban sus servicios a los comerciantes. Este sistema pri­vado conllevaba enormes riesgos y el gobierno veneciano, integrado por los principales comer­ciantes, resolvió intervenir gestionando direc­tamente el transporte y otorgando al Senado facultades para regular el mismo.

El gobierno de la República desarrolló un sistema (incanto) mediante el cual los barcos que se habían construido en el Arsenal y eran de propiedad pú­blica salían a subasta para su alquiler.

Antes de anunciarse las subastas en Rialto, el ayuntamiento determinaba el número de convoyes, el número de galeras y las condiciones de la subasta. Los nobles armadores a quienes se había otorgado licencia, solos o en compañía, eran los únicos que estaban autorizados a pujar por las naves. Una vez adju­dicada la nave negociaban directamente con los mercadores el precio del transporte.

La combinación de todos estos elementos: la existencia de privilegios comerciales, un sistema de transporte más seguro y nuevas fórmulas de financiación trajo consigo una movilización del ahorro a gran escala, permitiendo a muchos pe­queños inversores venecianos participar en el comercio marítimo. Pero estas condiciones no perduraron en el tiempo y la República comenzó lentamente su progresivo declinar.

Todo el ecosistema político-económico de la República veneciana se fundamentaba en una forma de gobierno aristocrático que premiaba el mérito emprendedor.

Colapso y declive: la gestación de la oligarquía

Todo el ecosistema político-económico de la República veneciana se fundamentaba en una forma de gobierno aristocrático que premiaba el mérito emprendedor. Quien triunfaba en los ne­gocios tenía las puertas abiertas para participar en el poder político. El problema surgió cuando la clase dirigente resolvió blindar su situación convirtiéndose en una oligarquía. La decadencia comenzó cuando la defensa de los intereses de la elite económico-política terminó engullendo los intereses generales de la República.

Con la Serrata del Gran Consiglio en 1297, se restringió la entrada de nuevos miembros al Gran Consejo, limitando la movilidad social que antes existía. La Serrata coincide en los siglos posteriores con un aumento del aparato estatal. El resultado de estos dos hechos provoca dos efectos adversos. Por una parte, se impide la entrada en los círculos de poder de los nuevos emprendedores enriqueci­dos con el comercio o, si no se impide, queda muy debilitada. Por otra, la clase dirigente comienza a legislar pensando no en los intereses generales sino en proteger su privilegiada situación.

En la década posterior a 1323, los nobles miembros del Gran Consejo aprobaron una serie de leyes cuya consecuencia fue limitar la parti­cipación de los comerciantes comunes (es decir los que no formaban parte de las familias del Gran Consejo) en los aspectos más lucrativos del comercio a larga distancia. Dos medidas fueron especialmente importantes: la reorganización del comercio de galeras, que obligaba a consti­tuir una garantía para participar en el comercio de las galeras del estado y la aprobación de una ley (Capitulare Navigantium) que prohibía a los mercaderes comerciar por encima del valor de su riqueza estimada. Estas dos medidas tuvie­ron como resultado concentrar la generación de ingresos del comercio en las familias más pode­rosas integrantes del Gran Consejo.

Todo ello trajo como consecuencia que en 1700 el gobierno de la República se concentrase en las manos de 32 familias, que dirigían los destinos de cerca de tres millones de ciudada­nos, muy inferior a las 224 familias que habían gobernado unos pocos siglos antes.

Epílogo

No resulta sencillo emitir un juicio sobre Vene­cia. Su historia presenta dos caras: para algunos es un modelo único de estabilidad y prosperidad que consiguió sobrevivir, con ligeros cambios, durante 1.200 años. Para otros, se trata de un mito, una farsa que esconde, en realidad, un go­bierno dominado por una oligarquía que consi­guió perpetuarse en el poder.

No es necesario alinearse con los críticos para reconocer que la República de Venecia nunca fue una democracia, ni siempre un modelo de República aristocrática. Sus 1.200 años de his­toria conocieron episodios bochornosos. Es ver­dad, pero ¿qué nación, Estado o imperio está libre de ese pecado?

Pretender juzgar a Venecia con el prisma ac­tual no tiene ningún sentido, aunque no esta­mos seguros de que no saliese favorecida si la comparamos con algunas de nuestras comunida­des autónomas actuales.

El brillo de su ejemplo solo es visible cuando se compara con sus coetáneos. Se suele citar la frase Santo Tomas de Aquino en De Regimine principium de que “de todos los gobernantes del norte de Italia, solo el dux de Venecia no era un tirano y tenía poderes limitados”, como un testimonio autorizado de la libertad que existía en la República veneciana. Génova, su gran ri­val, sufrió catorce intentos revolucionarios en la primera mitad del siglo XIV.

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