Notable alto en el año más difícil para aprobar en transparencia

Un año más, el noveno desde que se inició esta serie de informes, acudimos a nuestra cita de finales de año para presentar los resultados del informe de transparencia y buen gobierno de las universidades.
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Se trata de un año muy especial que, sin duda, será recordado como el de la covid-19. Un año en el que las universidades han tenido que reinventarse para poder responder a la pandemia que ha llegado a paralizar completamente la actividad docente presencial y la movilidad de los estudiantes internacionales.

En un corto espacio de tiempo la universidad ha tenido que adaptarse a la situación desarrollando protocolos de actuación frente a la covid-19 para adecuar las diferentes modalidades de la docencia, así como para responder ante las posibles eventualidades y aumentos de casos que se han producido durante la segunda ola. Vid. El curso universitario arranca con iniciativas anticovid-19 disruptivas.

La capacidad de reacción de las universidades ha sido muy positiva: garantizando la seguridad de los estudiantes, personal docente y administrativo, intentando que la calidad de la enseñanza no se resintiese y procurando eliminar la brecha digital para que ningún estudiante se quedase fuera de la oferta educativa por falta de medios tecnológicos.

En estas circunstancias difíciles las universidades también han sabido responder a las exigencias de transparencia. Como se desprende de los resultados del informe Examen de Transparencia 2019, la mejoría en los grados de transparencia, tanto de las universidades públicas como, en menor medida, de las privadas, ha sido significativa.

No hay que descartar que la pandemia haya ayudado a las universidades a hacer de la necesidad virtud, concienciándola de la relevancia de la web como principal canal para hacerse más visible a la sociedad.  Si la covid-19 ha supuesto una oportunidad para todas las instituciones para acelerar su transformación digital, qué duda cabe que la transparencia en la web es parte integrante de ese cambio tecnológico.

El porcentaje de universidades públicas transparentes es el más alto (65%) desde que se publica el informe y las universidades calificadas como opacas se reducen exclusivamente a cuatro. Las diferencias de puntuación entre las universidades se deben, en la mayoría de los casos, a la falta de actualización de la información. No se trata, por tanto, de que las universidades no ofrezcan información sobre determinadas áreas o materias sino que esta en muchas ocasiones no se corresponde con año académico o el periodo exigido en el informe.

Existen todavía algunas áreas de mejora que corresponden a los últimos indicadores incluidos en el informe del pasado año y que se refieren a la rendición de cuentas del consejo social. Se trata de cuestiones que afectan más al sistema de gobernanza de la universidad pública que a la comunicación de contenidos en la web. La elaboración de una memoria de responsabilidad social y de un informe de actividades por parte de los consejos sociales supone un grado de maduración que hoy por hoy resulta difícil de alcanzar mientras estos órganos no fortalezcan sus recursos y competencias técnicas.

No obstante, existe un clima cada vez más favorable sobre la conveniencia de fortalecer los consejos sociales y dotarse de organismos de supervisión verdalmente independientes y con las capacidades y recursos necesarios para que puedan desempeñar con eficacia su función.

En relación con las universidades privadas, aunque la mejoría este año también es destacable, siguen yendo muy por detrás de las universidades púbicas en sus compromisos con la transparencia y el buen gobierno.

Especialmente preocupante es la opacidad sobre los titulares de las universidades privadas que han adoptado la estructura de una sociedad mercantil. Nos parece que las autoridades públicas no deberían transigir con esta situación y deberían obligar a esas universidades a hacer público quiénes son sus propietarios o principales accionistas. Toda universidad cumple una función social muy importante, como es la de conferir títulos y grados académicos, que son públicamente reconocidos. Nos parece que esa sola característica debería ser suficiente para exigir información transparente sobre las personas que ejercen control sobre la misma y son sus responsables principales.

Al igual que los anteriores, esperamos que el informe de este año ayude a las universidades en su esfuerzo y compromiso por ser transparente y mejorar sus prácticas de buen gobierno.

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