Cómo distinguir el grano de la paja

En la reciente Junta General de Accionistas del Banco de Santander la ONG Setem denunció al banco español por participar en la financiación de varios proyectos de infraestructura en Brasil que, de acuerdo con la organización activista, podían afectar al medio ambiente. En los últimos años se ha puesto de moda en nuestro país el “activismo accionarial” (shareholder activism). Este concepto, surgido en Estados Unidos, se refiere a un conjunto de acciones que pueden emprender los accionistas de la empresa para tratar de denunciar algún comportamiento o práctica que consideran incorrecta. Inicialmente, lo ejercieron los inversores institucionales (fondos de inversión y de pensiones) para tratar de influir en temas relacionados con el gobierno corporativo: remuneración de los altos ejecutivos, exigencia de mayores grados de transparencia, etc. En los últimos años, sin embargo, se ha extendido la práctica entre algunas ONG de comprar acciones de determinadas compañías con la finalidad tener voz en las juntas generales y poder lanzar desde las mismas campañas de denuncia que capten la atención de los medios de comunicación. Este es el caso de Setem. El activismo accionarial tiene su interés y justificación; en muchos casos ha servido para que las compañías adopten prácticas de gobierno corporativo más responsables. El problema es que esa práctica puede ser utilizada por cualquier grupo radical, interesado exclusivamente en dañar la reputación de las empresas. La gran paradoja de algunas ONG activistas –lo hemos mencionado ya en otros números– es que “viven de la denuncia”, y cuando se “vive de la denuncia” es muy fácil caer en un discurso alarmista y superficial. La denuncia de Setem se basa en la participación del banco en la financiación de un proyecto de construcción de una presa, que puede causar daños ambientales y sociales en una zona de la Amazonia (río Madeira). Se dan todos los ingredientes para “lanzar” una gran campaña mediática: un grupo empresarial importante (la marca Grupo Santander), un entorno natural “en peligro” (la Amazonía, que goza del favor del imaginario popular) y un proyecto “criminal”, la construcción de una presa que puede dañar la biodiversidad. Hay que reconocer que resulta un bocado muy apetitoso para los grupos activistas. El dilema, sin embargo, es cómo distinguir el “grano de la paja”, cómo discriminar entre las “denuncias” serias y la retórica anticapitalista de muchas ONG. No es nada fácil. En nuestro país no abundan las ONG que mantengan una postura libre de prejuicios frente a la empresa, y no parece que esta situación vaya a cambiar a medio plazo. Además, la responsabilidad de las entidades financieras por su participación en la fi nanciación de proyectos que puedan afectar al medioambiente tampoco es una cuestión sencilla. Para comprobarlo sólo basta seguir el interesante debate sobre la aplicación de los “Principios de Ecuador” (los “Principios de Ecuador” consisten en un conjunto de estándares sociales y ambiéntales que deben cumplir las operaciones de financiación de proyectos) que mantuvieron en la revista Ethical Corp (www.ethicalcorp.com), Johan Frijns, de la organización BankTrack y Leo Johnson, director de Sustainable Finance. Aunque habría que precisar que la cuestión no es sencilla para nadie, salvo para Setem, claro está.