Ramón Jáuregui: “Ser responsable socialmente es ser excelente en todos los planos, ser moderno, innovador y aprovechar al máximo tu factor humano”

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El 9 de febrero de este año, se constituyó formalmente en el Congreso una subcomisión dedicada a la Responsabilidad Social Corporativa.

El objetivo de la subcomisión consiste en dilucidar cuál debe ser el papel de la Administración si desea promover la RSC entre las empresas españolas y, para ello, está recibiendo las comparecencias de los expertos españoles en esta materia.

Además, el Gobierno ha buscado el consejo de patronal, sindicatos y sociedad civil creando un foro de expertos que, de forma paralela, aportará sus propias conclusiones. El desacuerdo de sindicatos y patronal acerca de su participación en este foro ha motivado que estas organizaciones hayan trasladado la RSC a la mesa del diálogo social.

El Gobierno ha manifestado su decisión de esperar a las conclusiones de la subcomisión, el foro y el diálogo social para tomar medidas, sin embargo las empresas viven con incertidumbre las decisiones que pueda tomar el Gobierno socialista ya que, en su mayoría, rechazan nuevas obligaciones que compliquen más el marco jurídico en el que se desarrollan.

No hay que olvidar que el actual partido en el gobierno presentó en el año 2002 una propuesta de ley sobre RSC que planteaba una serie de requisitos y obligaciones para las empresas.

La ley hablaba de un «marco jurídico mínimo» que sería de obligado cumplimiento para las empresas cotizadas, para las que pretendieran salir a bolsa o para las que solicitarán financiación pública si las condiciones del concurso lo requiriesen.

En este sentido, la principal obligación consistía en llevar al diálogo social una serie de materias relacionadas con la gestión de recursos humanos, salud, seguridad, medio ambiente y relación con el entorno social. Además, las compañías deberían publicar todos estos puntos en el balance o memoria social. Balance que tendría que contar con el visto bueno del comité de empresa y de un certificador o auditor externo.

Ramón Jáuregui es miembro de la subcomisión del Congreso y además, fue autor, junto con Jordi Sevilla y María Teresa Fernández de la Vega, de aquella iniciativa legislativa. Sin duda, el diputado se encuentra entre las voces que inspirarán una futura postura del Gobierno en temas de responsabilidad social de las empresas.

Todas las fuerzas políticas parecen coincidir en la importancia de la Responsabilidad Social Corporativa en el contexto social y empresarial actual. ¿Que opina el PSOE respecto a la Responsabilidad Social Corporativa? ¿Qué virtudes consideran que tiene para la sociedad?

Es un factor de competitividad. Desde la perspectiva de la empresa es necesario tener una cultura de responsabilidad social para ser competitivo. Ser responsable socialmente no es dedicar un cierto dinero al marketing o a la reputación corporativa, es ser excelente en todos los planos y por tanto ser moderno, ser innovador, aprovechar al máximo tu factor humano.

Yo entiendo que en primer lugar es un factor de competitividad y luego también un factor de corresponsabilidad con una sociedad que observa a las empresas y las premia o las castiga en función de su comportamiento para con ella. Las premia invirtiendo en ellas, comprando sus productos o las castiga con lo contrario. De manera que es una doble vía.

Las empresas forman parte de una cultura de corresponsabilidad. Todos somos responsables de que todos vayamos mejor. Ya no puede pretender solo el beneficio del accionista. Ha revaluado su poder en la sociedad y es mucho más importante para la sociedad porque los ciudadanos perciben a la empresa como un bien propio, un bien común porque invierten sus acciones en ellas, tienen su empleo allí, porque generan riqueza, porque definen las políticas de los países…

Pero esa reevaluación de sus poderes también le ha hecho más vulnerable ya que aumenta la exigencia de la sociedad y esa ecuación es la que incorpora esta cultura de la responsabilidad social, que yo creo, que tiene que ser también un factor de equilibrio y cohesión, de dignidad social y laboral.

La empresa desarrollando su función en una sociedad de capitalismo popular, como dijera en su día Margaret Tatcher, en la que millones de ciudadanos son dueños de las empresas y que, por tanto, tienen algunos derechos de información, de participación en las decisiones.

De manera que ahí surge toda una teoría sobre ciudadanía y empresa, no solamente sobre ética del buen gobierno sino también sobre derechos de los ciudadanos que adquieren a través de fondos de pensiones y de inversión o como accionistas de las empresas. Es una sociedad protagonista y titular de las empresas.

Ellas mismas se han hecho muy poderosas en la sociedad, se han ligado a marcas comerciales. Invaden nuestra vida con sus marcas y naturalmente se someten a lo que la sociedad diga, yo no invierto en esta empresa de armas, yo no compro este balón que se ha hecho de esta manera, yo no quiero… Todo esto funciona, está en la red y la gente se comunica cosas y lee muchos periódicos, ve televisión y hay una opinión pública.

¿Cuál considera que es el origen de esta transformación en la visión que tiene el ciudadano de la empresa?

En el siglo XX ha existido un trípode que ha construido la sociedad: el estado nación, los sindicatos y las empresas. Este trípode ha ido conformando un tipo de sociedad pero, a partir de la caída del Comunismo y la globalización económica, ese trípode se ha desequilibrado. El estado nación no tiene ya tantos poderes, los espacios son supranacionales, todo hay que hacerlo a nivel supranacional y eso es muy tenue. Los sindicatos están en crisis y las empresas concentran un enorme poder.

La empresa se ha convertido en algo vital para los ciudadanos. Ha cambiado, inclusive la cultura personal. Antes, la empresa era un lugar de conflicto ideológico, donde había lucha de clase, antagonismo.

Hoy, el empresario es recibido como un emprendedor, es casi percibido socialmente como un benefactor. Al ciudadano, después de la familia y la salud, la empresa es lo que más les importa y, al mismo tiempo, la empresa se ve participada por los ciudadanos porque tienen acciones en ella. En definitiva, la empresa tiene que asumir un papel de agente fundamental de la sociedad y, por eso, algunos pensamos desde la política y en mi caso desde la izquierda, que la responsabilidad social de las empresas es un factor de progreso, de cohesión social, de justicia que hay que aprovechar.

Los grupos parlamentarios han acogido la creación de la subcomisión como una iniciativa necesaria. ¿Por qué consideran que el Estado debe participar en este tema?

Estoy de acuerdo que la responsabilidad social es una práctica voluntaria. Eso no impide que haya una política que la favorezca.

La política puede plasmarse en disposiciones normativas, pueden ser leyes, pueden ser otro tipo de normas fiscales. Hablo de una estructura política administrativa que dirija esa política.

Hablo de compras públicas ordenadas, pienso en premios fiscales para empresas responsables.

Creo que las empresas que cotizan en bolsa tiene que publicar un triple balance, que los fondos de pensiones, que es el dinero de muchos empleados , pueden orientarse con criterios éticos en sus inversiones y eso puede ser objeto de regulación legal o de estímulos fiscales en según qué casos. Esto es una política pública. El Estado debe favorecer la responsabilidad de las empresas y tienen que hacerlo a través de una política con mayúsculas. Ya veremos en qué se plasma eso.

Como complemento a la subcomisión el Gobierno promovió la incorporación de la RSC al diálogo social y después la creación de un foro de expertos. Otros partidos políticos consideran un error llevar este tema al diálogo social porque corre el riesgo de estancarse. Además ha creado cierto resquemor en otros colectivos como las ONG. ¿por qué consideran que es necesario que esté en este contexto?

Ha habido un cierto veto por parte de UGT, CCOO y CEOE a mezclarse con la sociedad civil en este tema. Ellos han preferido hacer su propia mesa y esa mesa está afectada por todos los equilibrios del diálogo social que son muchos y muy complejos. Pero también hay que reconocer que su protagonismo es importante.

En el acuerdo que se firmó en Moncloa el 8 de julio, los sindicatos y el gobierno acordaron incluir en el temario del diálogo social esta cuestión. El Gobierno ha querido hacerlo conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales y con la sociedad civil y, sin embargo, ha habido un cierto veto a hacerlo.

Yo creo que UGT, CCOO y CEOE no pueden impedir que el Gobierno elabore una política en esta materia. Lo que no quiere decir que su opinión no sea importante.

El Gobierno ha aceptado que el criterio de sindicatos y empresarios en esta materia es importante. Mientras ellos no emitan una opinión, el Gobierno no va a hacer un planteamiento. Yo creo que en parte está condicionando su política a lo que surja del diálogo social pero paralelamente también hay que decir que el Gobierno ha creado un foro de expertos que le va a asesorar y, paralelamente, hay una subcomisión parlamentaria. Los grupos parlamentarios vamos a tratar de establecer una orientación.

El Gobierno espera que esto concrete la definición de su política.

Hasta finales del año pasado se hablaba constantemente de una ley de RSC y ahora Juan José Barrera, director general de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo, habla de un marco legal que no imponga ninguna obligación. ¿El Gobierno ha matizado sus posiciones al ver el revuelo generado entre las empresas españolas?

En el mundo de la empresa, cuando se habla de intervención se pone el bello de punta, pero yo creo que hay que contemplar la intervención pública en esta materia de otra manera, más como una colaboración a la modernidad, a la innovación, a la incorporación de esta cultura hacia la excelencia en el comportamiento de las empresas hacia la corresponsabilidad social.

Yo inclusive añado una concepción filosófica a esto con esta idea que aportaba un autor francés hablando de la «sociedad de la inocencia», queriendo decir que aquí ya nadie es responsable de nada. Siempre tiene la culpa el Estado, o los responsables del Gobierno, los individuos nunca tienen responsabilidad de nada.

Esta sociedad reclama una cierta sacudida para que los individuos y las empresas asuman su responsabilidad. Todos somos responsables. Si la sociedad quiere ser justa y avanzar no puede recorrer el camino del individualismo expresado a la enésima expresión. Hay un sentido de la corresponsabilidad y un sentido de la responsabilidad que también impregna a la empresa.

La empresa no puede pensar sólo en ganar dinero. La empresa tiene que ser consciente de que vive en una sociedad que le exige no solamente ser rentable sino rentable desde la responsabilidad social, es decir, desde el cumplimiento o superación de los mínimos legales hacia una aspiración de armonía con sus grupos de interés que son muchos.

Hay que definir la competitividad desde criterios de sostenibilidad. No se puede ser competitivo siendo chapucero o una empresa corrupta, o explotando niños o cargándose el medio ambiente.

Esos dura un mes. En el siglo XXI hay que ser competitivo siendo excelente en mi relación con los recursos humanos, con el medioambiente y en mi relación con los clientes, los proveedores, con las Administraciones Públicas. Esa es la cultura de la responsabilidad social.

Cuando el Partido Socialista llegó al Gobierno y se planteó trabajar sobre temas de RSC se daba por sentado que se retomaría la proposición de ley que presentaron en mayo del 2002. ¿Cómo nació aquella propuesta?

Fue para provocar. Fue como tocar la campana para decir: esto existe, hay que empezar a pensar en ello. Y no había mejor forma que presentar un proyecto de ley. El proyecto era manifiestamente mejorable porque tampoco trataba de regular exactamente y a la perfección una materia tan compleja y sobre la que existe casi una duda existencial sobre si debe o no haber una ley. Pero pretendía poner el tema sobre la mesa y decirles a los partidos, medios de comunicación y agentes sociales que en toda Europa esto está avanzando. Aquí hay toda una concepción transformadora del papel de la empresa en la nueva sociedad y a esto hay que dedicarle un tiempo.

Sirvió para que el PP, que no quiso ser el que la rechazaba, propusiera la constitución de un comité de expertos para poder de esa manera decir que no a la ley. Que yo lo considero razonable, no lo censuro. Provocó que el Ministerio de Trabajo tuviera que moverse y crear una comisión de expertos que acordamos todos. Incluso provocó que CIU también se sumara al proceso y propusiera la creación de una subcomisión.

Después, el PSOE lo ha incluido en su programa electoral y cuando hemos formado Gobierno ha creado una dirección general sobre esta materia en el Ministerio de Trabajo y ha incluido esta cuestión en el diálogo social.

En el mes de febrero el Partido Popular hizo una propuesta no de ley relacionada con medidas para la promoción de la acción social en las empresas. ¿Cómo valora esta iniciativa cuando ya estaba en funcionamiento subcomisión debatiendo estos temas?

Puro oportunismo. Esta en marcha la subcomsión , la mesa de diálogo social, el foro… Lo hicieron para parecer que ellos también están en este asunto. Yo creo que es puro oportunismo. De hecho, le pedimos todos que no tramitaran esta proposición mientras la subcomisión estuviera en funcionamiento.

¿Vamos en la misma tendencia de lo que se plantea en el entorno europeo?

Lo que vamos a hacer es ver un poco que se hace en otros sitios. Porque aquí, como en otras cosas y en otros momentos de la historia, tampoco estamos inventando nada. Vamos a ver como van las experiencias de países que están haciendo cosas interesantes. Inglaterra ha creado una estructura horizontal en el Gobierno de fomento de la RSC interesante.

Holanda tiene organismos privados de medición. Dinamarca y Francia también tienen instituciones en esta misma dirección. Vamos a ver que se hace en Europa, vamos a ver que piensan los interlocutores. En definitiva, vamos a tomarnos ese tiempo para poder definir una política de RSC para España. Pero vamos a hacerlo. Yo lo que sí reivindico es que se haga. Que no nos pasemos tres años mirándonos a los ojos mareando la perdiz. Esto tiene un plazo de reflexión que en mi opinión no debe superar la primavera de 2006.

¿Qué acuerdo le gustaría que saliera de esta comisión?

Yo creo que hay que hacer una ley. Es mi opinión personal pero yo no soy el Gobierno. Una ley indicativa, una ley ordenadora, una ley estimulante, no una ley impositiva pero yo creo que debe haber una ley que ordene el tema, que aclare conceptos, que estimule las buenas prácticas, que armonice parámetros medidores, que establezca criterios sobre auditorias.

Una ley que obligue a las empresas cotizadas en Bolsa a hacer el triple balance, ordene el sistema de los fondos de pensión con criterios éticos… En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. También de cara al Gobierno, para establecer que sus contrataciones públicas puedan responder a criterios de RSC.

Francia ha ordenado todas sus compras públicas que son un importante porcentaje del PIB para someter las compras del Estado a criterios sostenibles. Esas cosas se pueden y se deben hacer.

Por Alma Pérez

Otras experiencias europeas

Algunos de nuestros vecinos europeos llevan años trabajando en la promoción de la responsabilidad social empresarial en sus países.

HOLANDA

En Holanda el Gobierno creó el Punto Nacional de Contacto (PNC) un comité interdepartamental al que pueden asistir todos los ministros holandeses.

Estos se reúnen de forma regular con actores de la sociedad civil y su misión principal es la de promover la Responsabilidad Social Corporativa y las directrices de la OCDE.

Una de las medidas que han tomado en este sentido ha sido participar en seminarios con empresas del sector financiero, por considerar que este tipo de organizaciones tienen mayor influencia a la hora de promover los principios de la RSC.

REINO UNIDO

El Gobierno británico ha creado una página web sobre RSC llamada Society and Business (www.societyandbusiness.gov.uk). La página es un lugar de difusión tanto del concepto de responsabilidad social empresarial como de las novedades legislativas en esta materia u otros proyectos de interés general. Además, también se pueden encontrar una interesante recopilación de buenas prácticas empresariales referidas a cuestiones sociales y medioambientales.

DINAMARCA

Por su parte el Gobierno danés creó ya en 1998 un think tank independiente llamado The Copenhage Centre. Dada la precocidad de la iniciativa sus trabajos e ideas han sido referencia en la forma de plantear y conducir el debate europeo sobre este asunto.

AUSTRIA

Otro proyecto interesante es el de CSR Austria, un lugar de diálogo y encuentro promovido por la Federación Austriaca de Industria, la Cámara de Comercio de Austria y el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Trabajo. CSR Austria se crea en 2002 con el fin de desarrollar una visión sobre la RSC en el ámbito austriaco y luego crear herramientas que ayuden a las empresas en sus esfuerzos por implementar políticas en este sentido.

Tres iniciativas marcaron su trabajo en 2004:

1. La creación de TRIGOS, premio destinado a reconocer la labor de las empresas que integren la responsabilidad social en su estrategia corporativa.

2. La puesta en marcha de la Austrian Business Academy for Sustainable Development, una escuela de negocios dedicada al desarrollo sostenible y promovida por instituciones especializadas en esta campo.

3. La puesta en marcha del programa Building Bridge, ideado para promover una mayor sensibilidad hacia los principios sociales a través del encuentro entre líderes empresariales y las organizaciones no gubernamentales.

ITALIA

Por último, mencionar el caso de la Administración italiana quien se encuentra en un proceso similar al español. También ellos trabajan en una fase preliminar de diálogo articulado en el Forum Italiano Multistakeholder per la CSR.

El Forum ha sido organizado por el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales a imagen y semejanza del Forum europeo.

El Forum se reúne en Asamblea y cuenta, al igual que en el caso europeo, con unas mesas de trabajo encargadas de desarrollar estrategias para desarrollar estrategias que permitan difundir una cultura de responsabilidad social corporativa, de desarrollo sostenible y transparencia que también alcance al tejido Pyme. Su último encuentro tuvo lugar en diciembre de 2004.

La tendencia europea

La subcomisión del Parlamento, la mesa del diálogo social y el foro de expertos son la versión española de lo que está ocurriendo en el seno de la Unión Europea.

Aunque la Unión nos lleva bastante ventaja.

En el año 2002 la Comisión Europea creó el Foro Europeo Multistakeholder.

Esta iniciativa pretendía desarrollar la filosofía planteada en la Cumbre de Lisboa del año 2000 y profundizaba en los trabajos iniciados en el Libro Verde de la Comisión de 2001.

Organizado en distintas mesas de trabajo el Foro consistía en la reunión de empresarios, sindicatos, organizaciones civiles y otras organizaciones interesadas para hablar de responsabilidad social corporativa.

Como en el caso español, el objetivo era conseguir elaborar unas conclusiones que inspiraran la posición de la Unión en esta materia.

La reunión partía de la consideración de la RSC como una herramienta que puede contribuir a la estrategia europea de desarrollo sostenible, a la promoción de estándares laborales y a mejorar la gestión social y medioambiental en el contexto de la globalización.

Sus conclusiones se publicaron en julio de 2004 y se articularon en tres objetivos generales:

1. Aumentar el conocimiento y difusión de la RSC, por ejemplo recopilando, intercambiando y distribuyendo información sobre este campo.

2. Desarrollar capacidades y competencias para colaborar en la extensión de la RSC, por ejemplo incluyéndola en el currículum educativo.

3. Asegurar y posibilitar un ambiente positivo para la responsabilidad social corporativa, por ejemplo promoviendo el diálogo entre los públicos de interés en este ámbito.

Actualmente existe un Grupo de Alto Nivel de la Comisión formado por representantes de los 25 estados miembros que está discutiendo cómo poner esto en práctica.

Lo que sí se ha confirmado es que el modelo que provenga de Europa se fundamentará en la voluntariedad, como afirmó a su vuelta de una de las reuniones del grupo Juan José Barrera, director general de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, quien transmitía también la intención del Gobierno de trabajar en temas de Responsabilidad Social Corporativa en línea con las instituciones europeas.

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