La Subcomisión de RSC reabre el debate sobre su implantación voluntaria

CE17 diciembre 2006
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En diciembre de 2004, a propuesta de CiU y con el respaldo unánime de todos los grupos reunidos en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, el Congreso de los Diputados aprobó la puesta en marcha de una Subcomisión de Responsabilidad Social Corporativa con el objetivo de clarificar este concepto y elaborar un Informe capaz de guiar al Gobierno a la hora de confeccionar una «estrategia política» de respaldo a la gestión ética de las empresas.

Durante año y medio, un total de 59 expertos –procedentes de todos los ámbitos implicados: empresas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, entidades especializadas y medios de comunicación– comparecieron ante la Subcomisión, integrada por doce diputados: Carles Campuzano (CiU), los socialistas Ramón Jáuregui, Jesús Membrado y María Soledad Pérez Domínguez, los populares Carlos Mendiguchía, José Eugenio Azpiroz y Miguel Barrachina, Angel Pérez Martínez (IU), Jordi Ramón (ERC), Emilio Olabarría (EAJ-PNV), Román Rodríguez (Coalición Canaria) y Uxue Barkos (Grupo Mixto).

El debate sobre una posible regulación de la RSC estuvo desde el primer día en boca de todos los comparecientes. Así, el director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan José Barrera, encargado de inaugurar las sesiones –que se celebraron a puerta cerrada, como es habitual en todas las Subcomisiones del Congreso–, afirmó que «alguna norma habrá que sacar, no sé con qué rango, el que sea, pero alguna norma habrá que sacar».

En cuanto a los principales sindicatos, CCOO y UGT defendieron la creación de una ‘etiqueta social’ que distinguiera a las empresas responsables y el establecimiento de una agencia de certificación tutelada por el Gobierno.

La postura de las organizaciones ecologistas podría resumirse en la propuesta lanzada por el director ejecutivo de Greenpeace España, Juan López de Uralde, que demandó el funcionamiento de un convenio internacional de responsabilidad medioambiental corporativa en el marco de la ONU para que las empresas asuman responsabilidades estrictas sobre los daños derivados de sus actividades. «Lo único que funciona son las regulaciones», aseguró.

Por su parte, el presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE), Dacio Alonso, destacó en su comparecencia la «contradicción» existente entre el incumplimiento sistemático de la legislación por parte de las empresas y la progresiva proliferación de sus estrategias de RSC. Alonso quiso dejar claro «la necesidad de que los ciudadanos desean percibir la RSC en las empresas como algo verdadero y no como un concepto sin fondo». «Si no hay un compromiso creíble, estaremos asistiendo a un negocio más de marketing», apuntó.

En cuanto a la responsable de Relaciones Institucionales y Política Exterior de Amnistía Internacional (AI), Yolanda Román, denunció que los intereses de las grandes empresas, especialmente corporaciones transnacionales, están en contra de estas regulaciones internacionales. «La oposición es grande, pero se trata de un camino que ha comenzado y que no tiene marcha atrás; antes o después, más tarde o más temprano, las empresas y los Gobiernos tendrán que sumarse a ese camino ya establecido», indicó Román.

Contrarios a la regulación se mostraron, entre otros, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, que consideró que la responsabilidad social corporativa cubre actualmente ámbitos demasiado «mal definidos» como para ser regulados por ley, por lo que el impulso «debería proceder de la sociedad civil».

Por su parte, el director de Responsabilidad Corporativa de BBVA, José Ángel Moreno, aseguró que contempla «con mucho recelo una regulación legal adicional».

En la misma línea, el director de Responsabilidad Social del Grupo Santander, Borja Baselga, apostó por medidas de fomento de la RSC que «no distorsionen el mercado». Aunque aseguró que la última palabra la tiene «el legislador», Baselga inistió en que la RSC debe quedar «dentro de la voluntariedad de las empresas». «Si se regula, deja de ser voluntario, y si deja de serlo, ya no es RSC, es otra cosa», destacó.

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME. La Subcomisión ha dividido el informe final en tres capítulos con la intención de presentar las conclusiones de la manera más ordenada posible. Así, el documento se divide en ‘constataciones’, que reúnen una serie de conclusiones de carácter general que pueden extraerse de las comparecencias de los expertos consultados, ‘directrices generales’ y ‘recomendaciones’ finales.

En primer lugar, el documento intenta sentar las bases a la hora de definir la responsabilidad social corporativa, partiendo de la idea de que «toda consideración de la RSC de las empresas debe arrancar del reconocimiento claro de su función social, tanto en la creación y distribución de la riqueza como en la integración social de los ciudadanos».

El informe considera también que «la RSE no es una moda o fenómeno pasajero, sino un nuevo paradigma empresarial imprescindible para dar respuesta a las expectativas de la sociedad» por lo que destaca la relación existente entre las estrategias de «competencia sostenible» con el «apoyo institucional» y el «reconocimiento social correspondiente».

El documento resalta «el papel de las empresas a la hora de producir bienes y servicios en la sociedad, de generar puestos de trabajo, de elevar el nivel formativo de la colectividad, y de transferir tecnología y conocimiento a la sociedad». Para movilizar este comportamiento «nada hay tan efectivo como la discriminación de productos, servicios y empresas según su mayor o menor compromiso con la sostenibilidad», afirma el documento.

A nivel internacional, se recuerda la labor desempeñada por organismos como el Global Compact de Naciones Unidas o las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta corriente internacional a favor de la RSE «puede constituir un estímulo adicional para las empresas españolas para no quedar rezagadas de sus homólogas que actúan en mercados más maduros e innovadores», añade el texto.

Entre los obstáculos detectados para el desarrollo de las prácticas de RSE, el Informe menciona la diversidad de sistemas de reporte y verificación de las memorias sociales y medioambientales. «Se aprecia una diversidad de ‘etiquetas’ en un contexto de creciente publicidad social y ecológica de las grandes marcas que diluyen y confunden las verdaderas políticas empresariales de RSE», asegura el documento que destaca la elaboración de memorias de sostenibilidad de las empresas del Ibex 35 para impulsar la transparencia.

«Es una práctica muy extendida en toda Europa que las empresas cotizadas elaboren la triple memoria contable-financiera, socio-laboral y medioambiental. Estamos convecidos de que, en breve plazo, la presentación de la triple memoria será una costumbre generalizada en todo el mundo», recoge el texto.

En el capítulo de recomendaciones –un total de 58–, empresas y Administraciones públicas son las principales destinatarias recomendando a las primeras «promover acciones de sensibilización, formación e intercambio de buenas prácticas, elaborar y difundir memorias de sostenibilidad o intensificar la transparencia y el buen Gobierno».

También recomienda implantar sistemas de gestión que integren valores ambientales, sociales y económicos así como incorporar cuestiones laborales, como la igualdad entre hombres y mujeres. Mención especial merecen las pymes, a las que proponen «crear incentivos sostenibles en el tiempo, en el propio mercado y en la sociedad».

En cuanto a las recomendaciones realizadas a las Administraciones Públicas, el Informe insiste en la importancia de las mismas para estimular a las empresas en la producción de «bienes o servicios más sostenibles y responsables a través de su política de contratación». Entre otras, destaca el impulso de la Inversión Socialmente Responsable –que sufre cierto retraso en España–, la promoción de reducciones fiscales o las bonificaciones en la Seguridad Social, medidas encaminadas a desarrollar un marco fiscal favorable para las empresas.

Según el portavoz de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU en el Congreso y promotor de la citada Subcomisión, Carles Campuzano, «los poderes públicos deben facilitar que exista una libre competencia en esta materia».

En primer lugar, «debe de haber transparencia para informar quién hace responsabilidad y quién no; y en segundo, que se creen instrumentos para que las empresas apuesten por la responsabilidad social, con especial referencia a la pequeña y mediana empresa, que ve con temores lo que supone el movimiento de la RSC», detalló.

El diputado del PSOE Ramón Jáuregui, que ha dirigido los trabajos de la Subcomisión, anunció recientemente que antes de finalizar el año se publicará un ‘Libro Blanco’ con todas las conclusiones después de que el Pleno del Congreso no debata, como estaba previsto, el Informe de la Subcomisión, que se puede encontrar en la página web del Congreso (www.congreso.es).

Este documento recoge el propósito inicial de la Subcomisión con todas las cuestiones aportadas por los expertos y representantes que han pasado por el Congreso y, sobre todo, responde a las cuestiones que se plantearon al comienzo de los trabajos.

INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS. En su intento por ayudar el Ejecutivo en la definición de una política de fomento de la RSC, desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se creó en marzo del año pasado el Foro de Expertos de la Responsabilidad Social de las Empresas, en el que participan más de 40 expertos de organizaciones sociales, académicas y empresariales, entre los que se encuentran representantes del Observatorio de la RSC, el Pacto Mundial de la ONU, la Fundación Ecología y Desarrollo, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Forética, la Fundación Empresa y Sociedad, el Instituto Persona Empresa y Sociedad de ESADE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Club de Excelencia en Sostenibilidad, AENOR, ONGs como Intermón Oxfam o empresas como Telefónica.

Por parte de la Administración, el Foro cuenta con delegados de los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Industria y Comercio, Medio Ambiente y Asuntos Exteriores, de la mano de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). CEOE y sindicatos no forman parte del Foro ya que participarán en la Mesa de Diálogo Social, cuya puesta en funcionamiento aún está pendiente.

Los trabajos del Foro –cuyo calendario inicial preveía la celebración de ocho sesiones, que discurrirían en paralelo a los trabajos de la Subcomisión de RSC– han girado en torno a temas como los valores que conforman la responsabilidad de la empresa, su diferencia respecto de la acción social o el papel de las políticas públicas y de los agentes sociales. Sin embargo, los trabajos han sufrido continuos retrasos y las ocho reuniones iniciales quedaron en seis.

De hecho, los expertos sólo han cerrado el primero de los ocho temas previstos –la definición de RSE– aunque aseguran que antes de fin de año entregarán su Informe de conclusiones.

Precisamente, en cuanto a la definición de la RSE, el Foro concluye que una empresa es socialmente responsable «cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés». Además, estima que las políticas de RSE deben dar lugar a unos resultados ‘medibles a través de indicadores, que deben ser verificados externamente’, con lo que insta a cierta regulación que clarifique la información que las empresas hacen llegar a la sociedad sobre este asunto.

«Tiene que haber una fórmula de verificación imparcial, objetiva y transparente al igual que ocurre con las auditorías de los resultados económicos», afirmó en una de las reuniones el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez.

A nivel europeo, hay que destacar la publicación, el pasado mes de mayo, de la nueva Comunicación de la Comisión Europea, que completa la primera de 2002 y el Libro Verde de 2001, que pretendía iniciar un debate sobre cómo fomentar la responsabilidad social en las compañías, basándose en la decisión voluntaria de las empresas.

Esta Comunicación incluye un documento completo de la ‘Alianza Europea por una empresa competitiva y sostenible’ que añade la intención de convertir Europa en el centro de la excelencia de la RSC a nivel internacional, para lo que sigue utilizando de referencia la Cumbre de Lisboa de 2000 que planteaba un modelo económico y social de desarrollo sostenible.

Así, el documento remarca que «todos los agentes de la UE tienen que tener presente crecer, pero respetando la cohesión social y el desarrollo de una sociedad equilibrada que cuide el Medio Ambiente».

La Comunicación demanda mejoras en la salud pública, la innovación, el uso racional de los recursos naturales, la reducción de la polución y la pobreza, la mejora de la imagen y la credibilidad de las empresas, el respeto de los Derechos Humanos y el avance hacia el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas. Además, la Comunicación incluye referencias a la educación e invita a las Escuelas de Negocios y Universidades a que se unan a esta Alianza.

Asimismo, hace hincapié en su preocupación por las pymes y «cómo llegar a ellas en este sentido», al tiempo que son continuas las referencias al papel de la OCDE, Naciones Unidas y, sobre todo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la que señala que «aumentará su colaboración con este organismo para fomentar el trabajo decente y el establecimiento de indicadores sobre este aspecto».

Por último, el documento establece objetivos claros para la implantación de la RSC a través de reuniones de alto nivel con comisarios y directores generales, una revisión del ‘MultiStakeholders’ antes de finalizar el año y la continuación de estas estrategias a nivel global.

En el acto de presentación de la Comunicación en España, el director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Juan José Barrera, afirmó que el nuevo texto «es básicamente continuista y, en general, reafirma lo que ya se conocía».

Barrera considera que el documento refleja «insuficientemente» la participación activa de los grupos de interés y la necesidad de desarrollar una agenda de trabajo más concreta. Aún así, el director de Economía Social puntualizó que el texto «no es el punto final de nada» sino «un punto para seguir trabajando» porque «queda mucho recorrido».

EL FUTURO DE LA RSC EN ESPAÑA. En cuanto a las iniciativas que se llevan a cabo en España, Barrera admitió «cierto retraso» al respecto aunque también destacó las políticas relacionadas con la RSC que el Gobierno actual ha ido aprobando o debatiendo, como la Ley de Igualdad o el Código de Buen Gobierno.

Por su parte, recientemente Jáuregui reconoció la existencia de una ‘explosión’ o ‘ebullición’ de la RSC así como un cambio producido en las relaciones ‘empresasociedad’.

En este sentido, comparó a las empresas que forman parte de esta nueva ‘ola’ con ‘cajas de cristal’ o ‘invernaderos’ a través de los cuales «se sabe y analiza todo lo que se hace en el interior de éstas».

«Todo el mundo examina lo que hacen las empresas y tiene derecho a hacerlo», añadió. A su juicio, y pese a que el mercado «todavía no premia suficiente las buenas prácticas de las empresas, sí puede ser mortal con las malas».

De todos modos, en su opinión, el camino de la RSC es aún «tortuoso», y los cambios no se producirán «de la noche a la mañana». «Si queremos que esos cambios sean profundos y estructurales, costará tiempo», dijo Jáuregui, recordando que su evolución debe sortear «ciertos obstáculos» como el hecho de que la información que se recibe sea «superficial y epidérmica» o que no existan parámetros y baremos que permitan medirla.

Respecto de la creación de una futura Ley sobre RSC, el diputado se mostró «bastante escéptico» pero abogó por una política que favorezca esta cuestión. «Eso no quiere decir que no se haga una fórmula mixta que, de forma razonable e inteligente, sirva para crear un marco de fomento con un sistema de partenariado en cuya creación participen las empresas», concluyó.

Más optimista se mostró Campuzano, convencido de que el documento final de la Subcomisión servirá de «estímulo». «El debate de la RSE en España ya está maduro», aseguró.

Por Laura M. Carrera
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