El [des]gobierno de las fundaciones

CE2 febrero 2010
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No cabe duda de que el pasado año 2009 dejó dañada la imagen de las fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. Los escándalos como el del Palau de la Música o el de la Junta de Andalucía pusieron en el punto de mira a las fundaciones y su práctica del buen gobierno. Tanta es la preocupación que en la última asamblea de la Asociación Española de Fundaciones se acordó la redacción de un conjunto de recomendaciones de buen gobierno que ayude a las fundaciones a elaborar su propio código.

En una ocasión le preguntaron a Peter F. Drucker que en qué se parecían los consejos de administración de las empresas a los patronatos de las fundaciones y él, sin pensárselo mucho, contestó que la mayor similitud es que «¡ninguno de los dos funciona!» No se sabe si fue para quitarse ese Sambenito o por cualquier otra razón, pero lo cierto es que las empresas en los últimos años han hecho un gran esfuerzo para impulsar diferentes iniciativas para mejorar el gobierno corporativo y profesionalizar el funcionamiento del consejo de administración. Basta pensar en los Informes Cadbury en Inglaterra, Vienot en Francia, o las tres propuestas (Olivencia, Aldama y Conthe) de recomendaciones de buen gobierno para empresas cotizadas en nuestro país. Esta inflación de códigos de buen gobierno ha venido motivada, en gran parte, por los escándalos financieros que salpicaron a algunas empresas que gozaban de gran reputación, y que volvieron a poner en entredicho la eficacia del consejo de administración como órgano de supervisión y control.

Las empresas parece que han hecho los deberes. Para muchos, sin embargo, el sector no lucrativo sigue sin avanzar en este tema. Sin ir más lejos, en la última conferencia general de la Asociación Española de Fundaciones, el experto en gobierno corporativo Aldo Olcese, mostraba públicamente su sorpresa de que el sector fundacional fuese el único de los tres sectores (privado, público y tercer sector) que no contase todavía con un código de buen gobierno. Sobre todo teniendo en cuenta que las organizaciones del tercer sector gestionan bienes de altísimo valor (educan nuestras mentes, atienden a colectivos desfavorecidos, proporcionan salud a los enfermos, etc.), por lo que deberían haber sido las primeras en liderar el buen gobierno corporativo.

Pero más allá del sector concreto que debería haber encabezado el impulso del buen gobierno, los recientes escándalos que han afectado al mundo fundacional durante el 2009 han dejado sin argumentos a los que negaban la conveniencia y oportunidad de elaborar un conjunto de recomendaciones de buen gobierno para el sector de las fundaciones.

UN AÑO PARA OLVIDAR.
En efecto, el año 2009 será recordado como el annus horribilis del sector fundacional. Comenzó en febrero con el «culebrón» de la Fundación Empresa y Sociedad (Vide Los órganos más incompetentes formados por las personas más competentes). Poco después saltó a los medios de comunicación la gran estafa de El Palau. Los dos sucesos, de distinta entidad y naturaleza, han terminado con la dimisión en bloque de los patronatos respectivos. Con el patio ya revuelto, se conoció el affaire de las fundaciones públicas andaluzas que, financiadas por la Junta de Andalucía con 545 millones, han constituido una administración paralela para escapar, según la opinión de algunos, al control administrativo. Y el año terminó con el sobreseimiento de la denuncia contra el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, por supuesta prevaricación y malversación de caudales públicos, al cuestionarse el otorgamiento de una subvención concedida a la Fundación Alternativas de la que fue patrono. Una noticia con final feliz, pero que de nuevo puso a las fundaciones en el foco público cuestionando sus prácticas de buen gobierno o, más bien, la falta de ellas.

Algunos órganos representativos del sector (Coordinadora de Fundaciones Catalana) reaccionaron afirmando que se trataba de casos aislados y qué el sector está constituido por más de seis mil organizaciones que, en conjunto, funcionan con una solvencia y rigor exquisitos. Es cierto, los casos anteriores son poco numerosos, pero lo suficientemente significativos para que se encienda el piloto rojo y, sobre todo, se tomen medidas para tratar de evitarlos en el futuro. Para nadie resulta un consuelo que Enron fuese una empresa aislada en el conjunto del sector empresarial americano ni que el conjunto de empresas que se lanzaron a vender hipotecas basura no representase más de un 2% del sector económico general. Al final, sus desmanes terminaron afectándonos a todos.

Además, no se trata de evitar fraudes sino de impulsar políticas y prácticas de buen gobierno muy conocidas y contrastadas.

Y en este campo, por mucho que se nieguen a aceptarlo los patronos y directores de determinadas fundaciones, hay muchísimo camino por recorrer. Es un hecho, admitido por la mayoría de los estudios y los expertos en el sector, que, salvo excepciones, la mayoría de los miembros de los patronatos de las fundaciones no pasan de ser un conjunto de personajes ilustres que cumplen funciones puramente decorativas. La propia Guía de la Fundación Lealtad, que anualmente evalúa a las organizaciones de acuerdo con nueve principios de buen gobierno, sigue mostrando año tras año que el funcionamiento del órgano de gobierno de las fundaciones sigue siendo el área más incumplida. Y todo esto teniendo en cuenta que: 1) la muestra que analiza la Fundación Lealtad está constituida por organizaciones que llevan sometiéndose a una evaluación desde hace seis años y, por tanto, cabe presumir que son las más transparentes y con mejor desempeño del sector; y 2) los criterios de buen gobierno que evalúa Lealtad se limitan a analizar aspectos puramente formales, como por ejemplo si los patronos asisten a las reuniones o si el órgano de gobierno se renueva periódicamente. Es decir, cuestiones muy básicas que no entran a analizar el desempeño real del patronato.

La verdad es que la creciente preocupación por estos temas no hace sino aumentar, y no sólo en nuestro país. Buena prueba de ello es la Iniciativa de Buen Gobierno para América Latina lanzada conjuntamente por el BBVA, la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Fundación Compromiso Empresarial y las principales escuelas de negocio y plataformas del tercer sector de Latinoamérica.

Muy probablemente todas estas razones han terminado convenciendo a la Asociación Española de Fundaciones que, finalmente, en su última asamblea de noviembre pasado decidió aprobar la redacción de un conjunto de recomendaciones de buen gobierno que ayude a las fundaciones a redactar su propio código.

Aunque no son pocos los que opinan que esta iniciativa debería haberse aprobado hace mucho tiempo –la primera propuesta que se hizo a la AEF para redactar un código de buen gobierno fue hace diez años– y que, si se hubiese aprobado, probablemente algunos de los escándalos mencionados se podrían haber evitado.

Pero la autorregulación no sólo sirve de escudo para evitar conductas poco recomendables sino que es la mejor estrategia para escapar al control del Estado, como bien saben nuestros amigos americanos.

NOS REGULAMOS O… NOS REGULAN.
En los Estados Unidos, país que sigue y seguirá marcando la pauta en las prácticas de buen gobierno, el periodo 2000-2009 vino marcado por nuevos escándalos, tanto en el gobierno corporativo de las empresas –Enron daría lugar a la ley Sarbanes-Oxley de 2002–, como en el de algunas organizaciones no lucrativas, muy conocidas y con gran reputación en el sector (Cruz Roja, American University y The Nature Conservancy), que fueron acusadas de pagar salarios excesivos a sus ejecutivos, de conflictos de intereses con sus patronos y de falta de supervisión del órgano de gobierno. El sector no lucrativo supo reaccionar a tiempo impulsando un conjunto de iniciativas para autorregularse, dotarse de mayores grados de transparencia e impulsar el buen gobierno y la rendición de cuentas. La propuesta más conocida quizá sea los principios elaborados por el Independent Sector (Principles for Good Governance and Ethical Practice: A Guide for Charities and Foundations).

La amenaza de una regulación del sector por parte del Gobierno, ante la pasividad del sector fundacional, no parece tener mucho fundamento de momento, pese a los temores de Amadeo Petitbo; no tanto porque se trate de un sector muy regulado, como opina el director de la Fundación Rafael del Pino, sino porque, con la que está cayendo, en lo último que está pensando la actual Administración es en meter mano a las fundaciones. Aunque al parecer existen rumores muy fundados de que en Cataluña se está preparando una propuesta de ley que reforzará el papel del protectorado con el fin de responder al «escándalo del Palau». En realidad el sector fundacional en España está muy poco regulado y no existe una supervisión real, por mucho que se quejen los directores de las fundaciones.

Los diferentes protectorados de las administraciones públicas, principales organismos de supervisión de las fundaciones, son entidades muy mal dotadas y con un personal que carece de las competencias técnicas necesarias para supervisar a fondo a las fundaciones. Basta comparar el funcionamiento del Internal Revenue Service en Estados Unidos y las exigencias de rendición de cuentas de las fundaciones en ese país, para darnos cuenta de lo que es un sector regulado y un organismo de supervisión real y efectivo.

Es cierto que si bien las recomendaciones de los códigos de buen gobierno empresariales pueden ser de aplicación a las organizaciones sin ánimo de lucro, la prudencia aconseja tener en cuenta la distinta naturaleza y características de este sector

¿UN CÓDIGO ESPECIAL?
Otra de las objeciones que suele plantearse para aprobar un conjunto de recomendaciones de buen gobierno es la supuesta heterogeneidad y peculiaridad del sector fundacional. Esta reserva tiene algo de fundamento, aunque mucho menor que la pretendida por sus partidarios.

Es cierto que si bien las recomendaciones de los códigos de buen gobierno empresariales pueden ser de aplicación a las organizaciones sin ánimo de lucro, la prudencia aconseja tener en cuenta la distinta naturaleza y características de este sector antes de proceder a un trasvase acrítico de las mismas.

Una diferencia importante, por ejemplo, radica en que los integrantes de los consejos de administración de las empresas, a diferencia de sus colegas en las instituciones sin ánimo de lucro, suelen recibir una remuneración por sus servicios; se trata de un incentivo importante para asegurar su aportación efectiva y su asistencia a las reuniones. Algunos sostienen que esa práctica debería extenderse al sector no lucrativo. Para otros, la adopción de esta medida (remunerar los cargos) vendría a cuestionar precisamente la naturaleza propia de este sector, poniendo en riesgo su propia existencia y privándole de su característica más peculiar, su capacidad de captar aportaciones voluntarias de terceros.

Pero dejando a salvo esta distinción, y alguna otra que puede afectar a la regulación de los conflictos de intereses, existen muy pocas diferencias entre las prácticas de buen gobierno aplicables a las empresas y a las organizaciones lucrativas. El «buen gobierno» es un concepto procedente de la filosofía política clásica, que no establecía grandes distinciones entre las diferentes instituciones. Las áreas a abordar son muy similares. Comprenden asuntos como la determinación de las responsabilidades básicas y los deberes de diligencia y lealtad de los patronos, la regulación de los conflictos de intereses, la estructura del órgano (presidente, secretario, comisiones, etc.) o el funcionamiento del mismo (preparación de las sesiones, redacción de las actas, envío de la información, etc.).

No existen pues excusas para no abordar con urgencia el buen gobierno en el sector fundacional, y sí muy buenas razones para hacerlo. Entre otras que, como le gustaba recordar también a Peter F. Drucker, «si bien, en general, los patronatos (boards) de las organizaciones no lucrativas no funcionan bien, cuando lo hacen son más eficaces que el mejor de los consejos de administración».

Los órganos más incompetentes formados por las personas más competentes.

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