Carlos Álvarez: Presidente de la Asociación Española de Fundaciones

Nuria García2 febrero 2010
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“Las fundaciones deben complementar la actuación de las Administraciones porque no se puede pedir al Estado que dé respuesta a todas las necesidades”. Después de toda una vida dedicada al mundo de la solidaridad, Carlos Álvarez ocupa la Presidencia de la Asociación Española de Fundaciones desde 2007. Abogado especializado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, sabe bien que, a la hora de obtener el reconocimiento de las Administraciones públicas y de las propias fundaciones, importa cómo se trabaje desde la asociación. Carlos Álvarez inició su trayectoria en el Ministerio de Trabajo colaborando de forma intensa en el texto articulado de la Ley de Bases de la Seguridad Social. Cuando el texto vio la luz en 1966, empezó a trabajar en Mapfre. En 1971 fue nombrado director general de Mapfre Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo, en 1976 fue designado como primer director de Fundación Mapfre y en 1990 pasó a presidir dicha fundación. En ningún momento de su dilatada trayectoria profesional ha dejado de estar implicado en el sector fundacional. Al término de su vida profesional activa, Carlos Álvarez aceptó con entusiasmo y entrega su cargo al frente de la Asociación Española de Fundaciones hasta junio de 2011.

¿Cómo nace ese vínculo suyo tan fuerte con el mundo fundacional?
Mi compromiso con las fundaciones tiene sus raíces en una especial sensibilidad hacia los temas sociales desde mis años de colegio y universidad. Posteriormente, mi vinculación a la Seguridad Social ha ido marcando una forma de ser determinada relacionada con la solidaridad. A esto se añaden mis antecedentes familiares: el fundador de la primera mutua de accidentes de trabajo en España, en 1900, fue mi abuelo. Además, yo nací el Día del Seguro. Son circunstancias casuales y las casualidades, en mi caso, han concurrido para que me haya visto vinculado a este ámbito. 

Si repaso mi vida, me he dedicado prácticamente sólo a la solidaridad (una mutua es un exponente de ello), tanto retribuida como desinteresadamente. 

¿Qué papel desempeña la Asociación Española de Fundaciones?
La AEF aprobó en noviembre de 2009 unos nuevos estatutos donde establece sus fines. Este texto fue objeto de un proceso de reflexión por parte de una junta directiva de treinta miembros cualificados, donde se contó con la participación de las fundaciones asociadas en la articulación de los estatutos. En primer lugar, la AEF es una entidad al servicio de las fundaciones españolas con el fin fundamental de representar y defender los intereses de estas instituciones. Subrayo que nuestro objetivo no está limitado sólo a los intereses de nuestros asociados, sino de todo el sector. 

Un segundo fin es mejorar la profesionalización y gestión de las fundaciones, coadyuvando a su transparencia y buen gobierno. En este sentido, la AEF pretende representar a entidades solidarias acreedoras de un mayor reconocimiento social, tanto por parte de la Administración como por parte de la sociedad. El tercer objetivo es fortalecer y articular el sector fundacional promoviendo el contacto y la colaboración entre fundaciones, así como su visibilidad. 

Estos tres fines no han variado con respecto a los estatutos anteriores. Creo que lo importante no es tanto «lo que queremos hacer», sino el «cómo lo hacemos» porque el buen hacer determina el reconocimiento de nuestros socios y de la sociedad. A la hora de redactar una disposición, es más fácil que la Administración nos tenga presentes si nos conoce y tenemos credibilidad, que si somos desconocidos y carecemos de prestigio. La AEF lo tiene: se nos consulta, se nos recibe y se nos escucha. 

En lo referente a las relaciones con nuestros asociados, las encuestas reflejan que están satisfechos de la labor de la AEF. A este respecto hemos avanzado más que en nuestras relaciones con la Administración. Entiendo que, desde que se desató la crisis, hay otros problemas más acuciantes para los poderes públicos, aunque se debería compatibilizar la resolución de dichos problemas con la atención a las fundaciones, ya que éstas pueden contribuir efi- cazmente a dar una respuesta a algunas situaciones derivadas de la crisis. 

La pregunta es obligada. ¿Cómo ha afectado esta crisis a las fundaciones?
Desde que arrancó la crisis en 2007, los problemas importantes para la sociedad también lo son para nosotros. El incremento de necesidades afecta, sobre todo a las fundaciones consagradas a actividades sociales. El mundo fundacional complementa en muchos frentes la labor que desarrolla el Estado contra la crisis. En este sentido, siempre pondremos el máximo afán en dar respuesta a fines de interés general. 

Háblenos de la evolución que percibe en el sector de las fundaciones españolas. 
Hay fundaciones del siglo XIX todavía activas, que nacieron con fines muy concretos como dar asistencia sanitaria a los pobres o enseñar a analfabetos. Los problemas de finales del XIX no son mismos que los del siglo XXI y ya no nos planteamos en España cómo acceder a la salud básica, sino que nos centramos en su desarrollo. Hay un proceso natural de evolución de las necesidades y las fundaciones siempre se han ido adelantando a las acciones del Estado, algo lógico porque las personas individuales tienen más capacidad de crear rápido una institución para dar respuesta a un problema que los gobiernos, que pasan por trámites más complejos. Las fundaciones son siempre pioneras a la hora de encontrar solución a los problemas sociales. En España, el mundo fundacional se ha ido adaptando y ha mejorado notablemente. 

A día de hoy, el panorama fundacional en muy variado, como lo es la sensibilidad de las personas. Hay quien se preocupa más por la pobreza y hay quien se implica más a favor de los enfermos de sida. Lo importante es que esta generosidad siempre encuentra vías de desarrollo en nuestro país. 

También la propia normativa ha contribuido a que el mundo fundacional se vaya ensanchando. La ley de 1994 dio lugar al nacimiento de un mayor número de fundaciones en España, más reguladas y más estructuradas. Antes de 1994, también fue fundamental el reconocimiento del derecho a fundar en la Constitución de 1978. Sin olvidar la ley de fundaciones de 2002 vigente, que representó otro impulso más. Si el marco jurídico no fuera adecuado, creo que la generosidad buscaría otras formas o vías, aunque no llevasen necesariamente el nombre de «fundación». 

¿Qué reformas legales considera más urgentes de cara a impulsar el sector fundacional?
En primer lugar, a nivel sustantivo el paquete de reformas debería incluir el régimen de autorizaciones y de contratación de los patronos, la participación de las fundaciones en UTE y agrupaciones de interés económico, amén de realizar mejoras en el régimen contable y el sistema de destino de rentas e ingresos. 

A esto añadimos el tema pendiente del Protectorado único, ya que en España existen más de cincuenta protectorados, algo que deriva en diferentes criterios interpretativos. Por ejemplo, desde que salió el nuevo plan general contable, los protectorados no han seguido un criterio homogéneo. Son obstáculos que no facilitan la actividad de las fundaciones. Y no podemos obviar el aspecto fiscal. 

Aunque sabemos que la generosidad es el motor de las fundaciones, el estímulo fiscal es esencial. Algunas reformas a este respecto serían la extensión del concepto de «fines de interés general», que el arrendamiento de inmuebles no constituya explotación económica o que se suprima la obligación de elaborar una memoria económica. Un tema de extraordinaria importancia es el IVA, asunto que se está tratando a nivel nacional y europeo. Las fundaciones están soportando el IVA sin ser consumidores finales de productos o servicios y esto no es justo. Ello se debe a que cuando se elaboró la directiva sobre este gravamen no se tuvo en cuenta a las fundaciones. El pago del IVA implica que las fundaciones cuentan con menos recursos para dedicar a sus fines. No se acaba de encontrar la fórmula para que las fundaciones queden exentas de este impuesto, aunque Dinamarca lo ha resuelto con la devolución del mismo por parte del Estado, pero es un caso excepcional. En España tendremos que seguir luchando. 

Otras reformas pendientes son las relativas al mecenazgo: la elevación de los porcentajes de deducción, el reconocimiento de las prestaciones de servicios, y la equiparación de los incentivos a los de las donaciones puras y simples en los convenios de colaboración empresarial son algunas de ellas. 

El mapa autonómico de fundaciones es variopinto legislativamente. ¿No podría haber una sola legislación para todas las comunidades?
En España se ha transferido a las autonomías el control y gestión de las fundaciones. Sólo hay ocho comunidades que han elaborado una ley autonómica. Bien es cierto que sólo recogen ciertas especificidades con respecto a la ley nacional, así que no podemos decir que los aspectos sustantivos hayan representado un problema serio. En materia fiscal, las fundaciones dependen más de la legislación nacional que de la autonómica. En definitiva, considero que el Estado de las Autonomías no ha tenido unos efectos especialmente negativos en este campo, aunque a veces se manifiesta un excesivo intervencionismo que va en contra de la esencia de lo que es una fundación. 

Y a nivel europeo, ¿qué impide que haya una legislación común a todos los Estados?
Alguna normativa europea incide en el sector de las fundaciones. A este respecto, los países suelen ser celosos de determinadas características de sus legislaciones. La legislación europea con mayor repercusión para las fundaciones ha sido la que impide legislar adecuadamente el IVA, ya que coarta la libertad de los Estados para poder hacer sus propias leyes. 

Como proyecto europeo, estamos ahora estudiando la creación del Estatuto de la Fundación Europea, al que se podrían acoger voluntariamente las fundaciones y de especial utilidad para las que actúan en el ámbito transfronterizo. Sería interesante que aquellas que desarrollan acciones en países con diferente legislación fiscal pudieran sentirse más cómodas trabajando con este estatuto. 

Los escándalos han llegado también a las fundaciones, como es el caso de la Fundación El Palau. ¿Cómo se podría haber evitado?
En las fundaciones se producen desviaciones al igual que se producen en las empresas, los partidos y los gobiernos. Allá donde está el ser humano se acaban produciendo algunas situaciones reprobables. Existen códigos éticos y sistemas de auditoría, aparte de la función de vigilancia ejercida por los protectorados. No obstante, este tipo de situaciones se pueden producir y a todos nos desagradan. 

Estos casos deberían estimular nuestro celo a la hora de establecer sistemas de control internos y externos que dificulten, o disuadan, la comisión de actos ilícitos. Establecer algún mecanismo que evite por completo estos escándalos lo encuentro francamente utópico. Por mi dedicación personal al mundo de las fundaciones, cada vez que se produce una situación de éstas no puedo ocultar mi insatisfacción. 

Pensemos que en España hay más de 6.000 fundaciones realizando constantes actos de generosidad que no suelen trascender a la prensa. Lamentablemente, los medios no siempre reflejan lo positivo, sino lo que supone un incumplimiento de la ley o tiene tintes de escándalo. 

¿Son ciertas las críticas que dicen que el sector es poco transparente?
Creo que el nivel de transparencia de nuestras fundaciones es aceptable, pero también mejorable. La percepción es que muchas fundaciones caminan en la dirección correcta, rinden cuentas puntual y detalladamente a los protectorados y a la Agencia Tributaria, hacen públicas memorias completas detallando sus programas, el origen y la aplicación de sus recursos, etcétera. 

Como aludí antes, cada vez en más fundaciones existen unos códigos de buen gobierno y cada vez es más profesional y riguroso su funcionamiento. La AEF es absolutamente partidaria de que determinados valores y principios sean el motor de las fundaciones, que haya un control de su actividad y que éstas actúen con elevada transparencia. Así queda plasmado en los principios que aprobó la AEF en 2008, principios que exigimos a cualquier fundación que se quiera asociar a la AEF. 

De cara al futuro, ¿qué retos pendientes tienen que alcanzar las fundaciones españolas?
Partiendo de la actual crisis, hay que tener en cuenta que había empresas y personas donantes que han dejado de obtener beneficios, o han perdido su empleo, por lo que han reducido o suprimido sus aportaciones. Las fundaciones patrimoniales padecen las consecuencias de la depreciación de sus activos –fijada en el conjunto de la Europa occidental entre un 15% ó 20%– lo cual se traduce en menor generación de rentas y menos recursos. Por otro lado, aquellas fundaciones que captan fondos públicos y privados tropiezan con una mayor «competencia» y ven limitadas sus posibilidades al disminuir sus financiadores. 

Al hilo de esto, las fundaciones deberían aprovechar también estos momentos para reflexionar sobre su gestión y protegerse ante el próximo bache económico. Ya hemos pasado por diversas crisis y otras más podrán sobrevenir en el futuro. Las fundaciones nacen con vocación de permanencia, por eso han de tener un esquema adecuado que lo permita. 

Al margen de la actual coyuntura, el futuro lo veo con optimismo. Desde 1978, y fundamentalmente desde la ley de 2002, ha habido una línea ascendente del número de fundaciones y profesionalización de las mismas, tendencia que se mantendrá en el futuro. Surgirán nuevas demandas y siempre serán necesarias las fundaciones como complemento a la labor del Estado. Es el gran papel que está llamada a desarrollar la sociedad civil. 

Debemos complementar la actuación de las Administraciones porque ni se puede, ni se debe, pedir al Estado que dé respuesta a todas las necesidades. Es más, el Estado –entiendo– debe propiciar precisamente esa generosidad de los individuos en relación con otras personas o colectivos. Más allá de los impuestos, está la solidaridad voluntaria fruto de nuestro sentido de la fraternidad para con el resto del género humano. En este sentido, la sociedad española está un poco adormecida. Los casi 45 millones de españoles que la formamos podemos plantearnos muchos más retos en lo sucesivo, y no sólo para las fundaciones, sino para otras figuras jurídicas a través de las que se desarrollan actuaciones con fines de interés general. 

Por Nuria García
 
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