Almacén de residuos nucleares, ¿negocio o amenaza?

0

El mes de abril el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero decidirá dónde se construye el primer Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en España.

Es decir, el primer cementerio nuclear. Hasta la fecha, son varios los municipios candidatos a albergarlo, pero mientras se cumple el plazo para decidir su instalación definitiva, la polémica está servida.

Tras su aprobación en el Parlamento, el Gobierno sostiene que su creación supondrá una elevada inversión y la creación de muchos puestos de trabajo en el lugar donde se ubique. Pero mientras para algunos alcaldes el proyecto es una salvación ante la falta de alternativas económicas y las altas tasas de desempleo que les afectan, muchos otros ven el Almacén Temporal Centralizado (ATC) como un «vecino indeseable» y se han negado a ubicarlo en sus comunidades autónomas. Corporaciones municipales, vecinos y organizaciones ecologistas no se ponen de acuerdo.

Mientras el Gobierno insiste en que el ATC es la solución más «barata y responsable» para gestionar los residuos procedentes de las centrales nucleares –el ministro de Industria, Miguel Sebastián, recuerda que en la actualidad hay cementerios nucleares en países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Hungría y Holanda «completamente seguros»– , las «ventajas» relacionadas con la creación de puestos de trabajo tampoco parecen convencer a los habitantes de los pueblos candidatos, ni a las ONG que, como Greenpeace, creen que «la mano de obra que se requiere para una instalación así es muy especializada», lo que significa que no será empleado un número significativo de personas del municipio en el que se construya.

El almacén nuclear estará destinado a albergar los residuos atómicos de las ocho centrales nucleares de España y ocupará una superficie de 13 hectáreas.

Además de la elevada inversión –800 millones de euros–, el proyecto prevé la creación de entre 300 y 500 empleos y el establecimiento de un centro tecnológico de investigación y un parque empresarial.

El Ministerio de Industria abrió el pasado 30 de diciembre la convocatoria para que los municipios que lo desearan pudieran optar a albergar el ATC, donde se gestionarán los residuos de alta actividad de las centrales nucleares españolas.

A finales de febrero este ministerio confirmaba que serán nueve los pueblos que finalmente optarán a albergar el Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos.

El ministerio que dirige Miguel Sebastián difundía el 22 de febrero el listado definitivo de las candidaturas: Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Melgar de Arriba y Santervás de Campos (ambos de Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Villar de Cañas (Cuenca), Yebra (Guadalajara), Zarra (Valencia) y en último lugar Congosto de Valdavia (Palencia), que ha corregido el defecto formal que había motivado su eliminación provisional.

Los nueve candidatos que pugnan por albergar el ATC fueron admitidos tras excluir a varios municipios por razones como no cumplir los plazos de presentación, o por defectos de forma.

Otros, como la localidad de Santiuste de San Juan Bautista, en Segovia, desistió de su candidatura tras decidir en el pleno municipal la retirada de ésta. En algunos casos la presión vecinal o la falta de consenso en el seno de los ayuntamientos no ha permitido a algunos municipios ser candidatos. En otros casos, la decisión de apuntarse a la «carrera nuclear» ha sido unánime, al considerar que la instalación del ATC es «un balón de oxígeno para el empleo de la localidad», como ha sido el caso de Zarra, en Valencia, cuyo alcalde independiente, Juan José Rubio, en un pleno ordinario, por sorpresa y mediante una moción de urgencia, aprobó la candidatura.

En Castilla y León, las localidades vallisoletanas de Santervás y Melgar de Arriba (municipios colindantes) también aspiran a convertirse en el «hogar» del cementerio nuclear y lo hacen a través de una candidatura conjunta. «Significaría vida. Con eso ya es suficiente», justificaba el alcalde de Santervás, Santiago Baeza.

El alcalde de Melgar de Arriba, Óscar Fernández Crespo, habla de «resucitar la zona» y no exclusivamente de la «repercusión del dinero». Ambas localidades rozan los dos centenares de habitantes.

Ahora es el momento del análisis del término municipal de los candidatos definitivos para comunicarles las zonas no aptas para albergar el ATC y su centro tecnológico, para lo que se estudiarán los terrenos propuestos y se elaborará un informe que reflejará las ventajas de los distintos emplazamientos. Este documento se remitirá al Gobierno que, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, designará el emplazamiento definitivo para el ATC y su centro tecnológico.

Son consideradas zonas no aptas las áreas que formen parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza, Natura 2000, incluyendo Parques Nacionales, Parques Naturales y otras figuras equivalentes cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, los Lugares de Importancia Comunitaria o las las Zonas de Especial Protección de Aves, entre otras.

A éstas se suman Montes de Utilidad Pública y terrenos que formen parte de la Red Española de Vías Pecuarias, así como áreas en las que existan elementos de interés patrimonial y emplazamientos que requieren que el transporte se lleve a cabo necesariamente por vía aérea o marítima.

VECINOS EN PIE DE GUERRA. Aunque la decisión final de quiénes serán los candidatos a albergar el ATC ya está tomada, las reacciones de vecinos y grupos ecologistas no se han hecho esperar, y en muchos casos no han sido coincidentes con la satisfacción mostrada por las corporaciones municipales, que en unos casos han dado el «sí» unánime y en otros ha estado dividida.

En localidades como Yebra, en Guadalajara, las manifestaciones en las calles han dado muestra del malestar de vecinos y organizaciones ante la idea de acoger el almacén de residuos. Una marcha hasta la capital, Guadalajara, se iniciaba el pasado 20 de febrero, con más de 50 kilómetros de caminata. En un comunicado leído tras concluir esta marcha los portavoces de este grupo de vecinos y ecologistas como Greepeace y Ecologistas en Acción señalaba su rechazo a convertirse en «el basurero nuclear de España». Sin embargo, los vecinos a favor de su instalación dicen esperanzados: «con el almacén, los jóvenes ya no se irán del pueblo».

Una reacción muy parecida se dio en la localidad catalana de Ascó, donde la decisión del consistorio ha levantado mucha polémica entre los habitantes de la zona, pese a que su alcalde esgrime a favor del ATC la inversión de casi 800 millones de euros y entre 300 y 500 nuevos empleos. Algunos alcaldes dicen al respecto: «Lograrlo sería una lotería».

Las reacciones de rechazo se han producido también en Administraciones públicas superiores. Tanto el presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha, José María Barreda, como el presidente catalán, José Montilla, han mostrado su total desacuerdo con la postura de las localidades, pese a que la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, defiende que se trata de «una competencia municipal que se debe respetar desde el Gobierno de España», y que por tanto no compete a las comunidades autónomas.

Los vecinos del último de los municipios que se ha sumado a la lista definitiva de candidatos, Congosto de Valdavia, en Palencia, muestran opiniones encontradas: unos hablan del «peligro» que supondrán ubicar el ATC en su término municipal, y otros se refieren a la «esperanza» de conseguir empleo, pero todos coinciden en criticar el «oscurantismo» con el que el Ayuntamiento ha gestionado el asunto.

Con poco más de 200 habitantes, algunos de los vecinos de este municipio palentino lo tienen claro: «¿Peligroso dentro de cien años?. ¡No pienso estar para entonces por aquí!; pero que nos den trabajo». Otros califican la decisión de «entendible», porque «estos pueblos están poco menos que parados y sin vida».

El alcalde de Zarra, Juan José Rubio, defiende que el almacén nuclear «es seguro y dará trabajo». La decisión de sumarse a la carrera por el ATC la justifica con una contundente frase: «El almacén es como un muerto, que no puede hacerte daño porque los residuos están ya manipulados y empaquetados».

El alcalde sostiene que Zarra apenas se ha beneficiado económicamente de la cercanía de la central de Cofrentes, que está a poco más de 10 kilómetros de la población. «Son los demás pueblos los que han recibido mucho dinero por la nuclear», argumenta. Aunque Rubio ha defendido reiteradamente el cierre de Cofrentes y considera que la central ha perjudicado al valle de Ayora, en cambio, cree que el ATC beneficiará a Zarra. «Traerá dinero, pero sobre todo puestos de trabajo», insiste Rubio, que se declara «seguro» del apoyo de sus vecinos.

Además de la «falta de transparencia» y el «ocultismo», los detractores de la idea en Zarra recuerdan que la instalación del ATC «puede suponer un cambio trascendental para el futuro de los habitantes de la población e incluso de la comarca», por lo que la candidatura «no puede aprobarse de forma urgente y sin ofrecer la información». Parece que la «sospecha» de intereses urbanísticos en torno a los terrenos disponibles para el ATC es otro de los temas que ha despertado la polémica.

ONG de la zona como Acció Ecologista- Agró han expresado su «oposición contundente» a que Zarra albergue el almacén nuclear. Para ellos es «una temeridad planificar un almacén temporal de residuos de alta actividad sin haber establecido antes un calendario para cerrar ordenadamente las centrales nucleares».

Mientras, los vecinos protestaron el pasado 1 de marzo con eslóganes como «El valle no se vende» o «No somos una comarca basura». Unas 3.000 personas, según la organización, desplegaron pancartas durante el recorrido de la marcha por el pueblo e incluso llegaron a cortar la N-330.

«Estamos muy contentos porque esta masiva participación ciudadana nos da ánimos para seguir con las movilizaciones hasta junio», señaló Pepe Cerdá, responsable de la Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC).

A su juicio, la instalación del cementerio nuclear «complica el desarrollo sostenible de la comarca, basado en nuestros recursos y valores naturales».

«No es una buena noticia para el futuro de los pueblos cercanos», recalcó, señalando que «el potencial destructor de la radiactividad permanece inalterado durante miles de años, poniendo en peligro también a las generaciones futuras». A su juicio, el rechazo popular debería ser uno de los condicionantes más importantes para que el Gobierno central desestime la candidatura de Zarra. «El valle y los pueblos vecinos ya ha pagado el peaje del desarrollo energético con la central nuclear de Cofrentes», añadió.

La Plataforma contra el ATC tiene previstos otros actos de protesta. Su malestar hacia el alcalde es evidente. Le consideran el «único culpable» de que esa localidad se haya postulado como sede del almacén, al solicitarlo «de manera poco democrática y sin contar con los vecinos».

QUÉ DICEN LOS EXPERTOS. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), que se encargará de la gestión del futuro almacén, explica que el ATC es una instalación pasiva, donde sólo se almacenarán los residuos radiactivos ya acondicionados. En él no se producirá energía, ni reacciones en cadena. Que sea «temporal» significa que está autorizado para un periodo de 60 años, aunque está diseñado para cien. «Centralizado» indica que a él irá todo el combustible gastado y los residuos de alta actividad de las centrales nucleares españolas, permaneciendo así en un sólo lugar y con una gestión única.

En este sentido, ENRESA defiende que «gestionar los residuos radiactivos mediante una instalación como ésta es la solución que han adoptado la mayoría de países desarrollados». El ATC almacenará el combustible gastado y los residuos vitrificados de alta actividad mediante un sistema de bóvedas y de naves de hormigón.

En esta instalación se centralizarían los procesos de gestión de estos materiales para su tratamiento, almacenamiento controlado, reprocesamiento y reducción. En el almacén, los residuos permanecen acondicionados, con las barreras de ingeniería oportunas. Es, por tanto, una instalación pasiva y «no es contaminante»: no produce gases, ni humos, ni procesos químicos. «Hasta ahora estos materiales permanecían en las piscinas de las centrales pero, al igual que en el resto de países avanzados, se ha optado por una solución integral», explican desde ENRESA.

Según los datos facilitados por ENRESA, la instalación ocupará un total de 13 hectáreas y constará de cinco espacios principales que reúnen en el mismo recinto el proceso integral para la gestión óptima de estos materiales.

La tecnología empleada asegura el confinamiento mediante una ventilación por bóvedas y un aislamiento de hormigón.

Todo ello para gestionar aproximadamente 7.000 toneladas de combustible gastado de las nueve centrales nucleares españolas, así como residuos de actividades procedentes del reprocesado de combustible y unos 1.900 metros cúbicos de residuos de desmantelamiento de instalaciones nucleares, que por sus características no pueden gestionarse en el Almacén Centralizado de El Cabril.

La razón que esgrime ENRESA para defender la necesidad de instalación de un ATC en España es que nuestro país debe afrontar la gestión de sus residuos radiactivos de alta actividad al igual que en su día lo hizo con los de baja y media. Las piscinas de las centrales nucleares están «casi saturadas» y en 2011 volverán de Francia residuos de esta tipología. Un ATC permite unificar la gestión frente a la alternativa: siete almacenes, uno en cada una de las centrales nucleares.

Además de la saturación de las piscinas de estas centrales, que se estima que ocurra entre 2013 y 2022, ENRESA plantea otra urgencia: la necesidad de sacar el combustible para el desmantelamiento de las centrales nucleares que hayan terminado su vida útil. A esto suman que los residuos españoles almacenados fuera –Francia o Reino Unido– deben empezar a retornar próximamente, según los contratos firmados.

El ATC también prevé la recuperación de los residuos para su tratamiento, una vez finalizado el periodo de almacenamiento.

Para poder realizar estas funciones de forma segura, ENRESA explica que en el diseño de la instalación «se aplican como criterios básicos la ausencia de reacciones en cadena, el confinamiento del material radiactivo, el blindaje de la radiación y la evacuación del calor de decaimiento». «La centralización en un único lugar es más segura que la dispersión en varias ubicaciones, ya que se optimiza la aplicación de las tecnologías y sistemas de seguridad pasivos y activos», recalca ENRESA.

Las razones también son económicas: La solución de la gestión centralizada de los residuos es «significativamente menos costosa», que la construcción de un almacén para cada central. Según ENRESA, el coste, en caso de que los residuos de la central de Vandellós I, por ejemplo, tuvieran que quedarse en Francia por no disponer de un almacén adecuado, podría ascender a 60.000 euros diarios.

EJEMPLOS EN EUROPA. Ajenos a la polémica, varios países europeos se están planteando enterrar la basura nuclear a 400 metros bajo tierra. Suecia, Finlandia y Francia proyectan instalaciones definitivas para los residuos, mientras España, por el momento, sólo participa en los estudios como opción a largo plazo.

Europa ha creado una plataforma tecnológica para analizar el problema del almacenamiento a largo plazo de los residuos radiactivos de alta actividad en todos los Estados miembros, según explicó Roland Schenkel, director general del centro de investigación Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, durante la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia celebrada en San Diego (California) el pasado mes de febrero.

El objetivo es promover la creación de almacenes geológicos profundos donde depositar combustible usado de las centrales y, en general, residuos de alta actividad. Participan en la plataforma sociedades de ocho países europeos: Francia, Alemania, Reino Unido, España (a través de la empresa nacional ENRESA), Suecia, Finlandia, Bélgica y Suiza.

Aunque España se ha incorporado a los estudios, el Gobierno considera que un almacén profundo es, por el momento, una solución lejana, y se mantiene el proceso para adjudicar este año el ATC que debe reunir los residuos de todas las nucleares españolas durante al menos 70 años, como los que ya hay en otros países. Mientras que el almacenamiento de los residuos de baja y media actividad está resuelto en la mayoría de los países, hasta ahora ningún país cuenta con un almacén permanente para residuos de alta actividad.

Suecia dio el primer paso aprobando el pasado junio el primer depósito geológico profundo, con un coste estimado de 3.000 millones de euros y que debería empezar a funcionar hacia 2025.

En Suecia y Finlandia se ha escogido ya un emplazamiento. En Francia deberá decidirse en 2013. Otros países, como Alemania y Suiza, también han comenzado la búsqueda de un repositorio a largo plazo. Uno de los objetivos de la Plataforma Tecnológica para el Almacenamiento Geológico de Residuos Radiactivos (IGD-TP, por sus siglas en inglés) es facilitar el intercambio de información entre países, así como fomentar la investigación.

El almacén sueco, el más avanzado, tendrá capacidad para unas 12.000 toneladas de combustible usado. Estará a entre 400 y 700 metros de profundidad en un lecho de roca cristalina muy estable.

Según Claes Thegerström, director de la compañía sueca de gestión de residuos, se construirá con un principio de «múltiples barreras para aislar el combustible, que evitan que los radionúcleos sean transportados a la superficie o que penetren en el ecosistema a través de aguas freáticas». La primera barrera es un cilindro de cobre y acero donde se encapsula el combustible; la segunda es de una arcilla bentonita, que impermeabiliza y filtra; la tercera es el lecho de roca cristalina, típica de Escandinavia. «Es imposible afirmar con certeza total que no pasará nada durante decenas de miles de años, pero es la máxima seguridad que podemos alcanzar hoy en día», concluyó Thegerström.

En enero un nutrido grupo de periodista viajó a Holanda para conocer cómo funcionaban este tipo de emplazamientos en aquel país, y constatar que el almacén de residuos nucleares HABOG, se ha convertido en el modelo del futuro ATC español, cuyo proyecto de construcción es prácticamente idéntico al holandés, aunque su capacidad será tres veces mayor.

La instalación holandesa «es seguramente el sitio más seguro de Holanda», aseguró a los periodistas españoles Hans Codée, director general de COVRA, la empresa pública que gestiona los residuos nucleares en Holanda y que es el equivalente a la española ENRESA. El almacén está en funcionamiento desde 2003 y está ubicado en Borsselle, una localidad de unos 20.000 habitantes.

HABOG –siglas que en holandés se corresponden a las españolas ATC–, ha sido diseñado a prueba de terremotos de grado 6, inundaciones, explosiones de gas licuado, huracanes o al choque de un avión F-16.

Los habitantes de la ciudad tuvieron reticencias antes de que comenzase la construcción del almacén, pero ahora están «muy familiarizados con la instalación», según el alcalde. El municipio no recibe ningún tipo de compensación económica por albergar el almacén, salvo los impuestos que paga como cualquier otra instalación industrial.

Existen voces que defiende que el almacén holandés no se puede comparar con el español, ya que se encuentra en un polígono, su ubicación la decidió el Ministerio de Industria y el pueblo no percibe compensación económica. Y es que, en España, la batalla por el ATC se libra en varios frentes.

El Cabril: vivir junto al almacen nuclear

El Cabril, en el noroeste de Córdoba, es el único almacén nuclear que por el momento existe en España. Los vecinos de sus alrededores –Hornachuelos, Fuente Obejuna y varias de sus aldeas y pedanías– hace ya tiempo que asumieron esta cercanía como cotidiana, y por eso apenas hay debate, aunque algunos quieren conocer la fecha de caducidad y otros exigen más compensaciones.

La polémica sí se produjo hace veinte años, cuando el Gobierno decidió ubicar este almacén de residuos nucleares de media y baja actividad en el término municipal, cerca de una antigua mina de uranio que desde 1961 se usaba para guardar bidones de basura radiactiva. Los vecinos se opusieron, se manifestaron, protestaron. Pero el Ayuntamiento concedió la licencia.

El Cabril comenzó a funcionar en 1992. El cartel que anuncia el almacén centralizado lleva el nombre de quien lo gestiona: ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos).

Allí llegan uno 1.200 metros cúbicos anuales de basura, que será radiactiva durante 300 años, procedente de hospitales, industrias, centros de investigación y de las seis centrales nucleares españolas.

Si el plan energético no cambia y el último de los ocho reactores en funcionamiento se apaga hacia 2030, el complejo tiene capacidad para albergar todos los desechos de media y baja actividad que se generen hasta ese momento: 176.300 metros cúbicos en total. Cuando eso ocurra y termine su vida útil, las dos plataformas de almacenaje montadas en esta finca de 1.126 hectáreas serán selladas, cubiertas por una colina artificial plantada de verde similar a las de su entorno, y controladas por un programa de vigilancia.

En El Cabril periódicamente se analizan muestras de aire, agua, vegetación, caza, y pesca, que se envían al Consejo de Seguridad Nuclear. «No hay impacto sobre el entorno», explicaba la técnica de comunicación Montse Pérez Camacho, en un amplio reportaje publicado recientemente.

«Las estructuras resistirían un terremoto de 7,8 en la escala Richter, que es un grado y medio más del máximo previsto en la zona», prosigue mientras muestra un laberinto de claustrofóbicas galerías en el subsuelo. Todas forman la red de control de infiltraciones: si una gota de agua burlara todas las barreras y aislantes, tocara producto contaminado e intentara seguir su camino, sería recogida ahí abajo, en un sumidero, y retenida.

«Es evidente que tenemos al lado algo potencialmente peligroso», afirmaba en este reportaje Cándido García, profesor del colegio público Victoria Díez, ex concejal de IU y que defiende las renovables. «No es serio decir no a las nucleares, a los cementerios o a los combustibles fósiles, pero tampoco plantear alternativas; y el hecho es que generamos residuos radiactivos que hay que guardar en algún sitio», replica por su parte Javier Soligó, director del centro.

La aportación de beneficios es otro de los temas espinosos en este asunto: Desde la Asociación de padres y madres de este colegio público, su presidente, José Arévalo, se pregunta por las promesas de desarrollo económico para la zona: «¿Dónde está ese desarrollo?, ¿dónde están los beneficios?», dice.

Una orden ministerial fija la asignación económica que reciben anualmente cuatro localidades por su proximidad a El Cabril. En 2009 les correspondieron 1,9 millones de euros: el 50% para Hornachuelos, cerca del 26% para Fuente Obejuna y el 24% restante a repartir entre Las Navas de la Concepción y Alanís.

Ahora, los cuatro alcaldes piden más fondos porque no quieren que se produzca un «agravio comparativo» respecto al futuro ATC, que ofrece a la localidad en la que se instale hasta 500 empleos y seis millones de euros al año.

Otros vecinos de la zona, más allá de los pocos o muchos beneficios que aporte el almacén, piensa en la seguridad: «¿Y si ocurre un accidente?». «No se ha explicado bien qué hay aquí y cuáles son sus riesgos», sentencian.

Muy pocos se muestran radicalmente a favor o radicalmente en contra del almacén.

Sólo algunos, como Mercedes Sánchez, que lleva quince años trabajando en él como administrativa, es tajante: «Nunca me he sentido amenazada. Todo el mundo está tranquilo, lo ven como algo seguro», dice.

Los más prácticos secundan esta idea: «Da trabajo, con buenos sueldos». Y el peaje de su tranquilidad pasa por pensar, o querer pensar, que todo está controlado.

Los empresarios de la zona, algunos dedicados a la agricultura, ven claro el problema: «El Cabril no ha venido acompañado de un proyecto socioeconómico», por eso recomiendan: «El pueblo que vaya a quedarse con el ATC, que amarre muy bien el acuerdo».

El debate está servido: el pueblo al que se adjudique el alojamiento del ATC, ¿tendrá que ser recompensado por asumir el riesgo, o por el contrario, su instalación será por sí mismo un premio al tratarse de instalaciones avanzadas y seguras que, además, aportarán beneficio económico, empleo y desarrollo local?

0