La Ley de Economía Sostenible [Luces y sombras de un proyecto controvertido]

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La Ley de Economía Sostenible se enmarca dentro de lo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha denominado «Estrategia para la Renovación del Modelo de Crecimiento de la Economía Española» en la que se incluyen reformas «modernizadoras» en el ámbito laboral, ambiental, así como económico y financiero: desde el fomento del empleo en los jóvenes hasta un plan de acción contra el fraude y la economía sumergida, pasando por una Ley de Eficiencia Energética y el fomento del vehículo eléctrico o la reforma de la Ley de las Cajas.

La comentada y criticada ley se publicó en el BOE el pasado 5 de marzo y aborda temas de lo más diversos y dispares. Consta de 203 páginas, 114 artículos, 20 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias y 60 disposiciones finales, todas ellas bajo el paraguas de la «sostenibilidad».

Las voces más críticas tachan la ley de «operación propagandística», y destacan que no «creará empleo». Sus defensores creen que será un instrumento eficaz para salir de la crisis siendo más innovadores y competitivos.

El Consejo de Ministros aprobó el 19 de marzo de 2010 el Proyecto de Ley de Economía Sostenible. La intención del Gobierno era «contribuir a la renovación del modelo productivo de la economía española hacia un modelo más sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental». Según reconocía entonces el ejecutivo, y aunque la iniciativa «ha sido enriquecida con el concurso de los grupos políticos», se trata de un proyecto «ambicioso» y significa ser «más innovadores» y más «competitivos».

Para ello, la ley «fomenta la competitividad, fortalece la supervisión financiera, establece medidas contra la morosidad, aporta transparencia en las remuneraciones de las sociedades cotizadas y facilita la contratación público-privada». Además, promueve la innovación, la reforma de la Formación Profesional e introduce además, algo muy importante: criterios de ahorro y eficiencia energética, así como de movilidad sostenible.

En resumen, la ley se centra en cinco grandes ejes: competitividad, sostenibilidad ambiental, normalización de la vivienda, innovación y formación profesional, y fondos económicos para los nuevos sectores. El ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero recalca sobre todo que esta ley apuesta por un nuevo modelo energético basado en la seguridad de suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente, y se marca como objetivos el ahorro energético para la Administración y el establecimiento en 40 años de la vida útil de las centrales nucleares.

De esta forma el Gobierno incorpora al ordenamiento jurídico en materia de emisiones, ahorro, eficiencia energética y energías renovables objetivos acorde con los compromisos de la Unión Europea para 2020 –el famoso «20-20-20″–: conseguir un 20% de ahorro energético, reducir en un 20% las emisiones de CO2 y que la energía procedente de fuentes renovables sea el 20%. Además, se impulsa la movilidad sostenible a través de incentivos para la compra de vehículos ecológicos por la Administración.

En definitiva, la aplicación de todas las reformas previstas en esta Estrategia para la Economía Sostenible impulsarán, según el Gobierno, la recuperación económica, y con su desarrollo permitirán a España llegar al año 2020 «con un alto nivel de desarrollo sostenible y de bienestar social», explicaba oficialmente el Gobierno hace un año, durante la presentación del proyecto de ley .

BENEFICIOS PARA EMPRESAS Y CIUDADANOS

La Ley de Economía Sostenible incluye una Línea ICO –Línea de Mediación– para proyectos sostenibles dotada con 8.700 millones de euros, utilizados para créditos a particulares y comunidades de propietarios que deseen poner en marcha proyectos de rehabilitación de viviendas, barrios y áreas urbanas. Las obras que tengan como objetivo la mejora de la sostenibilidad ambiental y la accesibilidad tendrán una deducción en el IRPF.

Además, esta ley cuenta con un Plan Integral del Vehículo Eléctrico por el que se subvencionará hasta el 20% (con un máximo de 6.000 euros) la adquisición de este tipo de coche. Sin especificar de forma concreta, la ley añade que «se crearán ventajas urbanas para vehículos eléctricos: circulación en zonas restringidas, reserva de espacios públicos para recarga, etc.». El Gobierno destinará 140 millones de euros a apoyar los planes empresariales relacionados con los vehículos eléctricos, 35 millones a tecnologías de comunicación entre la red eléctrica y el propio vehículo y 173 millones a líneas prioritarias de I+D+i para este tipo de coches.

Por otra parte, el Programa de Inversiones en Infraestructuras para el Transporte Sostenible movilizará 17.000 millones de euros en inversiones en los próximos dos años mediante la fórmula de colaboración público-privada.

Entre los beneficios de esta ley para las empresas, el Gobierno incluye la rehabilitación y la eficiencia energética en edificios públicos, la eliminación de las barreras administrativas al desarrollo de empresas de servicios de ahorro energético y las actuaciones de rehabilitación en los edificios de las administraciones públicas.

El aspecto medioambiental recoge también una ley de protección del medio marino, un Plan estratégico estatal del patrimonio natural y la biodiversidad, de Gestión integral del agua –con un Plan Nacional de Reutilización de Aguas Regeneradas y de Modernización de Regadíos hasta 2015–, una Ley de Residuos y el impulso de la fiscalidad verde.

Otro de los objetivos ambientales perseguidos es la reducción en un 15% de las emisiones de CO2 respecto a 2005 con la aplicación de un modelo energético sostenible. El Gobierno predicará con el ejemplo y se compromete a que la Administración adelante a 2016 el objetivo de ahorro energético del 20%, con relación a 2005.

A esto se suma el incremento del porcentaje de movilidad sostenible centrándose en el ferrocarril y el autobús, y la puesta en marcha de un modelo de vivienda sostenible que destine el 35% de la inversión a rehabilitación. Se crea el cheque-transporte, exento de tributación en el IRPF (con un límite máximo de 1.500 euros), de funcionamiento parecido a los actuales cheques-comedor, y con el objetivo de fomentar el uso del transporte público o colectivo.

La Ley de Economía Sostenible contempla también un Plan de Promoción de la Inclusión Social por el que se dará preferencia en la contratación pública a las empresas que tengan en sus plantillas más de un 2% de trabajadores con discapacidad e incentivos a la contratación de personas en riesgo de exclusión por parte de las empresas de inserción.

En materia de transparencia esta ley también da un paso adelante, estableciendo que las sociedades cotizadas tengan que informar a los accionistas de los sueldos de sus ejecutivos. Habrá una mayor transparencia de las empresas cotizadas en bolsa porque deberán presentar un informe sobre remuneraciones.

CRÍTICAS A LA LEY

Pese a que la teoría está clara, la «práctica» de la ley suscita inevitables críticas y son muchas las voces, como las del Partido Popular (PP), que la han calificado, entre otras cosas, de «operación propagandística» y sobre todo de no crear empleo, que «es lo único que hace crecer la economía». El ejecutivo insiste en que se trata de un instrumento «imprescindible para el cambio».

Desde otros ámbitos como el Consejo Económico y Social (CES) la ley también ha sido criticada por su «heterogeneidad» y por la posibilidad de crear confusión. El CES apuesta por el consenso, porque, señala, el desarrollo sostenible «debe ser una auténtica política de Estado» y contar con el apoyo «explícito» de una amplia mayoría de los grupos políticos, los interlocutores y los ciudadanos.

Sus críticas se centran también en los aspectos ambientales de la ley, donde resalta la ausencia de aspectos relativos a la gestión de residuos y recursos hídricos, así como del sector agrario.

Además, afirma que «no debe discriminarse de entrada ninguna tecnología energética» y que se debe profundizar en el debate económico y social «en base a la idoneidad de cada una de ellas». En materia de vivienda, el CES añade que la ley debe ser «más ambiciosa» y abordar una aproximación integral de mayor alcance a través de una rehabilitación urbana sostenible «que regule todos los aspectos relevantes para mejorar la sostenibilidad del medio urbano y rural, incluyendo dimensiones como la cohesión social y la reducción de emisiones».

La CEOE se suma a estas críticas al considerar que la norma «debe mejorar para lograr que las empresas ganen competitividad y fuerza». Patronal y sindicatos coinciden en que el texto de esta ley es tan bien intencionado como sólo el papel permite, y se limita a recoger un catálogo de medidas de escaso calado, aplazando «para más adelante» la modificación de capítulos clave como las líneas maestras de la futura política energética.

ONG como Ecologistas en Acción alegan que la Ley de Economía Sostenible «poco tiene que ver con la sostenibilidad», y que se orienta a conseguir un crecimiento sostenido. Por ello, ha sugerido que se la rebautice como Ley de Crecimiento Sostenido. Otros críticos de la ley argumentan que no es ni buena ni mala, sino sólo «una forma de no encargarse de los verdaderos problemas del país».

Medidas como la reciente reducción de la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 a 110 kilómetros por hora con el objetivo de reducir el gasto energético en el transporte han causado un gran revuelo y muchas críticas a nivel social y ciudadano. Esta reforma también se enmarca dentro de la Ley de Economía Sostenible y pretende ahorrar 2.300 millones de euros anuales a las arcas del Estado.

La directora gerente de Fundación Entorno, que representa en España al Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) –y que trabaja con sus 34 empresas miembro en materia de eficiencia y ahorro energético a través de varios proyectos–, cree que medidas como ésta son acertadas –es más, deberían formar parte de nuestros hábitos desde hace años–, pero la ausencia de estructura, de un marco estratégico de gestión de la energía a medio y largo plazo, las hace aparecer a los ojos de la opinión pública como «inconscientes y absurdas», y probablemente, improvisadas.

A su juicio, «hace años que este país tenía que haber trabajado, presentado, debatido y consensuado a nivel político, económico y social un plan de generación y consumo de un recurso, la energía, vital para nuestro desarrollo y bienestar».

A esta reducción en el límite de velocidad, el Gobierno suma un Plan Renove para neumáticos, con el fin de facilitar el cambio de las gomas en los automóviles españoles hacia unas con calificación energética A, la más eficiente del mercado; el aumento de hasta un 7% de biodiésel en el carburante durante el próximo año; la subvención y promoción del sello Movele para las ciudades que fomenten el uso del coche eléctrico y la promoción del coche compartido. En el transporte aéreo el Gobierno contempla el fomento de las rutas verdes y pasillos en el uso del espacio aéreo, que incluyen mejoras tecnológicas como el reanálisis automático de las rutas programadas.

Para fomentar el uso del transporte público se incluye la rebaja del precio del billete para trenes de cercanías y media distancia de hasta un 5%, un plan especial para la regulación y eficiencia del transporte de mercancías, con especial atención a los transportes de larga distancia y el aumento de las ayudas sociales para las familias y grupos más vulnerables al transporte público. Efectivamente, y aunque estas medidas son positivas, «necesitamos urgentemente ese plan energético que transmita seguridad y confianza a la población y al tejido productivo», insisten desde la Fundación Entorno.

La eficiencia energética en edificios públicos también es un aspecto importante integrado en esta ley. En marzo de 2010 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba que el Estado prevé ahorrar unos 3.000 millones de euros a través del Plan de Ahorro Energético que se llevará acabo en 2.000 edificios públicos, 1.000 dependientes del Gobierno nacional y otros 1.000 de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Dentro de este plan también se incluye la promoción de calderas de biomasa en sustitución de las actuales calderas de gas o combustible refinado, así como un Plan Renove para el alumbrado público, especialmente enfocado a municipios y también en la red de carreteras del Estado.

Además, con la nueva normativa se pretende dar por finalizado el cambio total de semáforos de bombilla por los nuevos modelos de LED.

LA APUESTA DE LAS EMPRESAS

Las empresas, por su parte, y más allá de esperar la aplicación de las medidas integradas en la Ley de Economía Sostenible, han entendido que aspectos ambientales como la eficiencia energética deben formar parte de su gestión del negocio. Para ellas el ahorro no sólo se contabiliza en euros, si no también en toneladas de CO2 evitadas a la atmosfera. Así, compañías como Philips ofrecen soluciones de iluminación basadas en tecnología LED para mejorar la eficiencia energética, la calidad de la luz y su durabilidad en el alumbrado público.

Según datos de la compañía, aproximadamente dos tercios de la iluminación instalada actualmente en la UE utiliza tecnología anticuada e ineficiente (desarrollada antes de 1970). El ritmo actual de sustituciones de este tipo de iluminación es del 3% cada año, un ritmo con el que habría que esperar más de treinta años para que se hicieran realidad las ventajas económicas y ambientales de estos nuevos sistemas de alumbrado.

Un cambio de estas características puede suponer que se pase de las 20.000 horas de duración de las lámparas convencionales a las 60.000 actuales de un LED de media. Otra ventaja es la reducción del consumo energético: un cambio de solución de iluminación por el LED puede suponer, en alumbrado público, ahorrar hasta un 80% en el consumo energético y hasta un 80% de las emisiones de CO2. La inversión media inicial por luminaria es de unos 500 euros.

Los ayuntamientos ahorrarían 3.000 millones de euros anuales (calculados según los precios energéticos de 2006) si reemplazaran su anticuado alumbrado público por las últimas tecnologías, por ejemplo lámparas de halogenuros metálicos cerámicos (no intercambiables), lo que equivaldría a 10 millones de toneladas de CO2, el consumo de 45 millones de barriles de petróleo al año y la producción anual de quince centrales eléctricas.

Según Philips, una reducción del 40% en el consumo energético de todo el alumbrado instalado en Europa sería viable y permitiría ahorrar hasta 24.000 millones de euros anuales en costes energéticos: el consumo de 355 millones de barriles de petróleo al año y la producción anual de más de 120 centrales eléctricas.

Algunas empresas optan por unir esfuerzos y crean plataformas de trabajo para conseguir resultados conjuntos en materia de eficiencia y reducción de emisiones. Es el caso de la Plataforma «Acción CO2» de reducción voluntaria de emisiones de dióxido de carbono, que trabaja desde 2008 en estos aspectos. En tres años las 22 empresas que forman parte de la iniciativa han dejado de emitir 36.146 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a la sustitución de los electrodomésticos en los cuatro primeros años del Plan Renove de la Consejería de Economía.

Las 22 empresas que en la actualidad forman parte del Programa han reducido de forma conjunta más de 36.000 toneladas de CO2 entre 2008 y 2010 mediante la aplicación de medidas de mejora del rendimiento energético en ámbitos como iluminación, climatización, movilidad, generación de energía o uso de papel, entre otras, así como implicar a más de 3.300 hogares españoles en la lucha contra el cambio climático a través de acciones de concienciación entre sus empleados, consiguiendo ahorros de hasta 482.000 euros anuales.

Las empresas siguen expectantes ante esta nueva Ley de Economía Sostenible. El Gobierno reconoce que es amplia y puede resultar compleja, pero también que tiene la finalidad de crear unos cimientos estables para que España salga de esta crisis económica antes y mejor de lo que estaba. Que sea o no un instrumento eficaz para conseguirlo es un debate que seguirá abierto.

La RSC, reforzada

El pasado mes de febrero el Gobierno anunció que las sociedades anónimas de más de 1.000 empleados tendrán que comunicar al Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (Cerse) sus memorias de sostenibilidad, según la nueva ley aprobada por las Cortes Generales en marzo.

Esta comunicación de información tendrá que servir para que este organismo efectúe «un adecuado seguimiento sobre el grado de implantación de las políticas de responsabilidad social en las grandes empresas españolas», según se recoge en el artículo 39 de esta norma.

Los informes tendrán que estar basados en indicadores y estándares internacionales de referencia, indicando además si han sido «verificados o no por terceras partes». Asimismo, cualquier empresa «podrá solicitar voluntariamente ser reconocida como empresa socialmente responsable», de acuerdo con las condiciones que determine el Cerse.

Precisamente para promover la responsabilidad social, el Gobierno pondrá a disposición de las empresas, organizaciones e instituciones públicas o privadas, especialmente pymes, un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad social de acuerdo con los estándares internacionales en esta materia.

Estos indicadores tendrán en cuenta objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medio ambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la mujer y de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, entre otros aspectos. Todo ello «adaptándose a las recomendaciones que haga el Cerse, a quien el Gobierno facilitará los recursos necesarios para que pueda llevar a cabo plenamente sus funciones».

En esta línea, el pasado 16 de marzo el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó con 326 votos a favor y una abstención la Ley de Economía Social que reconoce como tarea de interés general «la promoción, estímulo y desarrollo de esta concepción económica y de sus organizaciones representativas», destacando «la importancia de la interlocución de los poderes públicos con ellas», adquiriendo así una importancia muy significativa como grupos de interés en términos de responsabilidad social corporativa del sector público.

Según datos de 2008, las cerca de 200.000 entidades que conforman la economía social facturaron en España alrededor de 116.000 millones de euros –el 10% del PIB–, y generaron 1,2 millones de empleos directos, que sumados a los indirectos e inducidos superan los dos millones de puestos de trabajo, es decir, más del 10% de la población ocupada total del país.

Aunque sobre el papel la RSE sale reforzada con esta nueva ley, organizaciones como Alternativa Responsable critican el hecho de que, en realidad, esta ley «está cargada de buenos propósitos y de voluntarismo y, sin embargo, no concreta como debiera», por lo que es, a su juicio, «manifiestamente mejorable».

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