Una crisis en las microfinanzas: Andhra Pradesh, India, puesta al día

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En octubre del año pasado el gobierno de Andhra Pradesh (AP, en adelante), un estado al sureste de la India, publicó una ordenanza, que dos meses después confirmaría en una ley, en la que impuso una serie de medidas restrictivas que colocaron en una situación crítica a todo el sector de las microfinanzas del estado. Tras la entrada en vigor de esta medida las reacciones en cadena en todos los grupos de interés de las instituciones de microfinanzas (Instituciones que conceden microcréditos, IMFs en adelante) no se hicieron esperar. En este post vamos a analizar los acontecimientos más relevantes que han tenido lugar en estos meses, cómo se han visto afectados los fondos de inversión en microfinanzas y cuáles son las perspectivas de futuro para esta crisis.

La crisis de AP se tradujo en dos consecuencias en la Cuenta de PyG de las IMFs: por un lado, la tasa de morosidad aumentó motivada por las restrictivos cambios introducidos por la norma en cuanto a la forma y plazo para recolectar los intereses y por las recomendaciones del gobierno local de no repagar los créditos, lo que redujo tanto sus ingresos inmediatos como los esperados; por otro lado, este aumento de la tasa de morosidad condujo a los prestamistas de las IMFs a reducir momentáneamente la refinanciación de la deuda, con lo que esta vía de financiación de pronto se vio muy mermada. En este último punto cabe además hacer una breve mención sobre la estructura de financiación de las IMFs indias: Éstas basan cerca de un 75% de sus recursos ajenos en préstamos de instituciones financieras indias (su mayor fuente de financiación) ya que el Banco Central de la India (el Reserve Bank of India, RBI) ha impuesto en los últimos años una medida, el Priority Sector Lending, por la que las instituciones financieras indias deben prestar a las IMFs a un tipo beneficioso. De hecho, ésta es la razón fundamental del espectacular crecimiento del mercado microfinanciero indio en los últimos años.

Retomando el relato de las crisis, las IMFs situadas en AP se vieron pronto ante un escenario crítico. Esta situación supuso que empezaran a provisionar, reduciendo drásticamente sus beneficios y provocando menores ganancias o incluso pérdidas en las carteras de algunos fondos de inversión.

Hasta aquí hemos visto la crisis del lado de las IMFs, pero ¿cómo afectó a las autoridades indias, cómo reaccionaron? El RBI, primero con una recomendación redactada por una comisión (la Malegam Commission) en enero del 2011 y posteriormente publicando una circular en mayo, trató de plantear una postura intermedia entre quienes pedían una intervención fuerte que supusiese una reforma total del sector y quienes pedían una mínima intervención. Las medidas concretas que la norma plantea son fundamentalmente: poner un tope a los tipos de interés que las IMFs pueden cobrar a los clientes, en el 26%, y otro al margen que pueden ganar estas instituciones, en el 12%. La clave de esta circular es que es menos exigentes que la norma de AP, pues aunque suponga un reajuste del sector, éste sería menor y por lo tanto, igual el plazo para recuperarse como las pérdidas también lo serían.

Llegados a este punto, el problema que se planteó fue de índole jurídica. Porque la delimitación entre las competencias del RBI y las de los estados federales se articula mediante distintos términos ambiguos que se prestan a interpretaciones equívocas. De modo, que el gobierno de AP, amparándose en esta ambigüedad, decidió incumplir la circular del RBI, es decir, continuar aplicando la norma que originó la crisis.

Las últimas noticias que llegan desde la India (de principios de junio), apuntan por fin en una dirección esperanzadora que parece por fin resolver la situación. Por un lado, la IMF SKS ha interpuesto una denuncia contra el estado de AP y está pendiente la resolución del Tribunal Supremo de la India, que deberá esclarecer la ambigüedad de los referidos términos. Por otro lado, la prensa local se ha hecho eco de una iniciativa tomada por el ministro de finanzas para promover una norma jerárquicamente superior a la del estado federal de AP y, por lo tanto, sometiendo a este gobierno. De hecho, esta nueva norma, no sólo resolvería este problema, sino que además paliaría uno de los mayores riesgos relacionados con la inversión en microfinanzas y del cual toda esta situación no es más que su traducción a un ejemplo concreto, el riesgo político. Y esto sería así porque pretende facultar al RBI para regular en exclusiva todo el mercado de microfinanzas, es decir, pretende impedir que el gobierno de algún estado federal motivado por razones de índole política o simplemente por el mero desconocimiento, actúe de modo irresponsable generando las pérdidas que ha generado para todos, y sobre todo, para los más pobres, esta norma.

Por Finenza
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