Reporting: ¿Lavado de imagen o ejercicio de transparencia?

CE19 diciembre 2011
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Pocos saben que la obligación de las empresas de difundir información pública es muy reciente. Surgió tras la crisis económica de 1929 con la creación de la Security Exchange Commision (SEC) mediante las leyes Securities and Exchanges Act de 1933 y 1934. Durante el siglo XiX y comienzos del XX el secretismo era la norma habitual de las grandes corporaciones, una práctica heredada de los días en los que las empresas estaban en manos de un puñado de familias.

Los inversores confiaban en la integridad de los bancos de inversión y de los gestores y no tanto de la información que les proporcionaba la empresa. Solo se distribuía una información mínima a los accionistas y siempre de manera esporádica. Por ejemplo, la Westhinghouse Electric and Manufacturing Company no publicó un informe ni convocó una reunión durante el periodo que va desde 1897 a 1905.

La ausencia de la obligación de rendir cuentas propició que algunos gestores se aprovechasen de la información privilegiada para beneficio personal. Unos de los casos más conocidos fue el del presidente del Chase national Bank, que utilizó un préstamo de más de seis millones de dólares para cubrir las pérdidas de una de sus empresas.

Tras estallar la crisis del 29 y destaparse escándalos parecidos, la confianza de la sociedad en el sector empresarial resultó muy dañada y el gobierno decidió intervenir imponiendo a las empresas la obligación de información pública, creando la SEC con el fin de regular la publicación, análisis y difusión de la información y dotándola de la capacidad de imponer sanciones en los casos de incumplimiento. Las disposiciones legales posteriores fueron detallando la obligación de transparencia de las empresas: definiendo contenidos, periodicidad, etc., que, como es natural, se centraron en la información económico-financiera.

Desde 1929 hasta la fecha ha llovido mucho y la exigencia de información que deben ofrecer las empresas se ha ido ampliando con el correr de los años.

En las décadas posteriores a la crisis, las demandas de información se centraron exclusivamente en los datos económicofinancieros. El único grupo de interés al que atendía la empresa eran sus accionistas y la principal, sino única, preocupación de estos era obtener una foto fidedigna de la situación patrimonial de la compañía. Con el auge de la responsabilidad corporativa y, sobre todo, con la consolidación de la teoría de los stakeholders, término con el que se designa el conjunto de grupos e individuos que se ven afectados –positiva o negativamente– por la empresa, surgieron las primeras demandas de información sobre temas medioambientales y sociales a las compañías.

Ahora bien, tuvieron que transcurrir más de quince años (la primera definición del término por parte de Edward Freeman es de 1983) para que esas demandas se materializasen en unos modelos de reporte estándar.

La iniciativa más conocida en este campo es el Global Reporting Initiative (GRI), una institución independiente que creó el primer estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad en 1997 y que cuenta con cerca de 1.500 empresas que siguen sus orientaciones. El GRI fue concebido con el fin de aumentar la calidad de la elaboración de las memorias de sostenibilidad, hasta equipararlas con los informes financieros en cuanto a comparabilidad, rigor, credibilidad, periodicidad y verificabilidad.

Además del GRI existen otras iniciativas similares, como el AA1000 Assurance Standard impulsada por AccountAbility o el Climate Change Reporting Framework desarrollado por el Climat disclosure Standars Board.

Lavado de imagen o compromiso real

Aunque el GRI y el resto de iniciativas han supuesto un gran avance en la rendición de cuentas sobre aspectos no financieros, ampliando la estrecha concepción de la empresa como una organización centrada exclusivamente en la creación de valor al accionista, los resultados están muy lejos de ser satisfactorios. Dos son las principales barreras para que el reporting dé un salto cualitativo.

En primer lugar, la ausencia de una estrategia integral de la RSC cuyas consecuencias son informes de sostenibilidad fragmentados e intrascendentes. En segundo lugar la dificultad de analizar y verificar los logros en las áreas sociales y medioambientales.

En relación con el primer punto, las empresas se han acostumbrado a elaborar extensos informes en los que recogen todo tipo de cuestiones irrelevantes y accidentales, dejando de lado las más controvertidas y sustanciosas. Para una empresa textil, el área más crítica es el control de la cadena de proveedores; para una institución bancaria, la transparencia y la inclusión financiera; para una empresa petrolera, junto con el buen manejo del impacto medioambiental, el tema más importante, por su influencia a nivel global, es la transparencia en los pagos a los países productores; y para un grupo de comunicación, la materia más relevante es la gestión responsable de la producción y emisión de sus contenidos editoriales y audiovisuales.

La calidad de las políticas de RC y de los correspondientes informes de sostenibilidad no guarda relación ni con el número de iniciativas emprendidas ni con el número de páginas, sino con la relevancia y objetividad al abordar los temas más controvertidos. Si bien las empresas se defienden argumentando que su memoria sigue las orientaciones de los estándares internacionalmente aceptados, en esencia los del GRI, y que sus informes se encuentran validados por las principales empresas auditoras, la verdad es que esa acusación tiene bastante fundamento.

La mayoría de las compañías se limitan a seguir el formato del GRI sin hacer un esfuerzo por identificar los riesgos específicos de su sector de actividad o, expresándolo en términos más técnicos, sin realizar un análisis en profundidad sobre la materialidad, entendiendo por esta aquellos aspectos e indicadores que reflejan los impactos social, ambiental y económicamente más significativos de la organización o que podrían ejercer una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.

El reciente estudio realizado por Aleksandra Dobkowsky-Joy de la consultora Framework (The Lay of the Land), analizando los informes de sostenibilidad de las 100 Best Corporate Citizens of 2010, muestra que menos de la mitad de los informes estudiados realizan un análisis sistemático de la materialidad identificando las áreas relevantes, describiendo cómo recogen la opinión de los grupos de interés y evaluando el impacto potencial de sus actividades. El estudio también señala que únicamente el 25% de las empresas de la muestra utilizaban los resultados de ese análisis para estructurar su información. Resumiendo, los informes contienen información muy general, poco relevante y sin consecuencias prácticas para la estrategia empresarial.

A la vista de estos resultados, a nadie puede extrañar que las empresas se encuentren con la paradoja de que sus esfuerzos por ser transparentes no son correspondidos con un aumento de su credibilidad con sus respectivos grupos de interés. La razón es bien sencilla: el análisis de materialidad implica atender las expectativas y preocupaciones de los grupos de interés, pero la práctica del reporting muestra que la mayoría de las empresas están más interesadas en el cumplimiento formal de los apartados del GRI que en desarrollar un diálogo sincero con sus stakeholders.

¿Quién da fe?

El asunto se complica más cuando se examina el papel de las empresas auditoras. Si durante esta crisis las auditoras se han mostrado incapaces de identificar y reflejar la situación financiera de muchas empresas, ¿cómo concederles credibilidad en temas mucho más complejos y vagos? Pero, sobre todo, ¿qué alcance tiene su opinión? Al fin y al cabo, la lectura de los estados financieros comparte unas reglas aceptadas y compartidas por todo el mundo, pero ¿qué rol pueden jugar las auditoras cuando el juicio sobre la memoria de sostenibilidad de una compañía se acerca más a una opinión sobre la relevancia estratégica de los contenidos y la calidad del diálogo con los stakeholder? ¿Están capacitadas las auditoras para emitir un juicio cualificado sobre estos temas?

El argumento de que cuentan con equipos multidisciplinares para abordar estos temas no parece que sea suficiente para despejar las dudas sobre la cualificación técnica de estos profesionales. Como señala Jason Perks, director de Corporate Sustainability de la consultora Two Tomorrows, no se tratar de verificar la corrección de los datos recogidos en la memoria sino de asegurar que los datos recogidos son los correctos. Distinguir entre verificación y aseguramiento (assurance) es una de las principales asignaturas pendientes de las memorias de sostenibilidad. (Vid ¿Qué es el assurance y porque es importante?).

Comunicación 2.0.

Una de las áreas que ha experimentado un mayor crecimiento estos últimos años en relación con la información sobre sostenibilidad es el uso de la Web 2.0 como canal para mantener un diálogo más fluido con los grupos de interés. El BBVA con su portal Bancaparatodos y Telefónica con el blog Rcysostenibilidad han sido las compañías pioneras en España en el uso de la Web 2.0 impulsando los debates sobre determinados temas relacionados con la RSC y la sostenibilidad.

No obstante, las empresas que han optado por este canal siguen siendo reacias a mantener un diálogo abierto con sus grupos de interés. Los mensajes de sus blogs y portales siguen siendo muy unidireccionales y la participación de sus stakeholders en la conversación muy marginal. No hay que restar importancia a la necesidad de comunicar los compromisos sociales y medioambientales de la empresa, pero comunicar estos mensajes no es tan sencillo como vender un bote de detergente.

Los atributos asociados al concepto de RC son más complejos de transmitir y más resistentes a la hora de conseguir la adhesión de los demás. Los consumidores suelen acoger con bastante escepticismo los mensajes sobre las virtudes empresariales que proceden de la propia compañía. Además, centrarse en exceso en la percepción de los stakeholders externos desvía la atención de lo que debe ser prioritario: impulsar el cambio en la organización. Como sostienen algunos, sería más útil dedicar los recursos a impulsar las acciones que a elaborar los informes.

¿Es la solución el informe integrado?

La propuesta hacia un modelo de informe integrado es una respuesta lógica a algunas de las carencias señaladas anteriormente y, sin duda, puede ayudar a solucionar la fragmentación actual de la información y contribuir a mejorar la toma de decisiones en la asignación de recursos y a la identificación de los principales riesgos reputacionales. Ahora bien, las empresas tienen que ser conscientes de que el informe integrado no consiste en una cuarta generación de los modelos de informe anteriores (GRI 1, 2, 3…), sino una manera diferente de enfrentar la rendición de cuentas (Vid. Informe integrado).

No se trata de ampliar el contenido de la información, sino de hacer un mayor esfuerzo por seleccionar lo que resulta relevante. Aspectos como el foco estratégico, la interconexión entre los diferentes contenidos, la orientación hacia el futuro, la materialidad y el diálogo e inclusión de los stakeholders serán los nuevos vectores.

Ciertamente, la tecnología puede ayudar mucho a responder a estos retos (Vid. Del informe de sostenibilidad a la gestión de la sostenibilidad), pero las tecnologías no dejan de ser unas herramientas al servicio de un fin. Por eso conviene que los responsables de RSC de las empresas antes de comenzar a redactar las memorias se hagan la siguiente pregunta: ¿Cómo elaborar un informe integrado de sostenibilidad cuando nuestra estrategia no está integrada?

Por Javier Martín Cavanna

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