“Una Ley de Transparencia no cambia la vida, regula una realidad que va más deprisa”

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Mª José Canel es la actual catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su experiencia en el mundo de la comunicación tanto en el sector público como privado, nacional e internacional, le ha convertido en una habitual de los medios de comunicación para analizar el panorama político. La crisis económica, la falta de transparencia, la inclusión de los políticos en las redes sociales o la cada día más activa participación ciudadana toman el protagonismo en esta entrevista concedida a Compromiso Empresarial.

¿Cómo definiría la actual crisis económica?

La crisis económica es una gran crisis de confianza: los ciudadanos dudan de la integridad de las instituciones porque se han revelado en los medios casos de infracciones de ley; los ciudadanos piensan que las instituciones no cumplen sus promesas, y que los gobiernos no son capaces o no están cualificados para gestionar adecuadamente las propuestas electorales o la responsabilidad pública que tienen. De hecho, hay que ir más allá.

La crisis actual es una crisis de confianza en la propia democracia, en cómo el sistema democrático distribuye el poder y la riqueza; en los mercados, que no confían en las autoridades públicas, y en cada una de las personas en sí mismas, que no contemplan la posibilidad de reinventarse, de recolocarse laboralmente, de avanzar en un momento que realmente reta a la organización tradicional.

Según los datos revelados en el mes de marzo por el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el tercer tema que más preocupa a los españoles es la clase política y los partidos, sumando un 19,4% de ciudadanos que ven en estos uno de los principales problemas. ¿Cuáles cree que son sus motivos y cómo se puede solventar?

La desconfianza actual se debe a que los ciudadanos creen que los gobiernos piensan solo en su interés, no son capaces de resolver los problemas y anteponen los intereses partidistas a los ciudadanos. Así lo muestra internacionalmente el sondeo World Values Survey, que está demostrando la bajada generalizada de la confianza en las instituciones de todos los países.

Además, en España el último CIS que preguntaba sobre la confianza en las instituciones, de octubre de 2011, todas –Monarquía, Gobierno, Parlamento, gobiernos de CCAA, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, etc.– están puntuadas muy por debajo del 5, salvo las Fuerzas Armadas, la más valorada con un 5,65; el gobierno obtuvo un 3,24 y los partidos políticos un 2,76.

Todo esto indica una situación verdaderamente preocupante y sobre la que hay que reconstruir la confianza en el sistema, en las instituciones, en los países, en los mercados y en las personas.

Los datos también están revelando que antes se confiaba en el gobierno según la afiliación partidista y ahora en cambio se valora más la gestión que realiza. Pertenecer a un partido político llevaba a los ciudadanos a confiar en el líder por encima de todo y valía con que el presidente fuera de su partido para darle una valoración alta. En la actualidad, los datos muestran que el nivel de confianza de los ciudadanos depende de la nota que asignan a la gestión del gobierno, a cómo creen que está resolviendo los problemas. Antes los gobiernos podían confiar en que los partidos políticos hicieran una labor de adscripción, afiliación, ideologización… ahora no. Para restaurar la confianza es necesario que los gobiernos gestionen mejor y hagan una correcta comunicación.

¿Qué relevancia le otorgaría usted al vínculo entre comunicación y confianza?

Parte de la resolución de la crisis de confianza y financiera pasa, además de por dar con las medidas económicas y de empleo correctas, por acertar en la manera de explicarlas. Van a exigir un gran sacrificio del ciudadano, que no va a entender las circunstancias de verdadera precariedad y necesidad en las que se toman esas decisiones.

Además, los gobiernos tienen que explicar que el sacrificio está afectando a todos: a los que más tienen, a los que menos, a los que gobiernan y a los que no. En un libro que coescribo junto con Karen Sanders y que saldrá en los próximos meses, Government Communication. Cases and Challenges, se muestra la comparativa de la comunicación en los gobiernos de catorce países. Los resultados demuestran que todos están necesitando, ante esta crisis económica, prestar más atención a su comunicación; cuestión que ya están empezando a modificar.

¿Qué medidas están tomando los gobiernos para modificar los obsoletos y unidireccionales sistemas comunicativos?

Los gobiernos están modificando los organigramas de las oficinas de comunicación y las leyes. Para combatir la desconfianza ciudadana hacen falta leyes que regulen que la comunicación de los gobiernos no sea partidista y que no utilicen los recursos públicos para autopromoción. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Australia y EEUU, que son los países más avanzados en comunicación de gobiernos, están evolucionando hacia fórmulas que garanticen una buena comunicación de la gestión pública y evitar que los mensajes gubernamentales sean partidistas.

Freedom House publica un informe sobre el grado de libertad de los distintos países, señalando a España como democrático. Uno de los aspectos que valora el estudio es el acceso ciudadano a la información, y en este caso, de los países que están clasificados como libres, España es el único que no dispone de una ley que regule la transparencia y acceso a la información; todos los demás cuentan con esta legislación: Australia, desde 1982, Gran Bretaña, año 2000, Alemania, 2005, y la más antigua, la de Suecia, del año 1766. Su existencia declara que todo ciudadano tiene derecho a conocer la información gubernamental.

¿Cuál ha sido la evolución histórica en términos de comunicación?

En España la comunicación del gobierno ha tenido una evolución lastrada por las cargas del régimen franquista. Desde el gobierno de Adolfo Suárez se han ido modificando los organigramas tratando de profesionalizar la comunicación, pero hay lastras que se heredan de la dictadura, por ejemplo: la ausencia de una Ley de Transparencia; el hecho de que el estatuto del funcionariado no se aprobara de manera completa hasta el 2007 y sin ninguna especificación de cómo tienen que comportarse aquellos que se encargen de la comunicación del gobierno, o la ausencia de un cuerpo de funcionarios dedicados a ello. En países como Gran Bretaña, los profesionales de la comunicación del gobierno tienen que cumplir con unas guías y valores de neutralidad, objetividad y apartidismo. España todavía está en una fase de evolución.

Otro dato importante: cuando muere Franco en 1975 se cierran los medios de la prensa del movimiento, que es la prensa incautada por el dictador al publicar temas en contra del régimen. En ese momento, a todos los periodistas que trabajaron en esta prensa se les colocó en la administración pública para comunicar los temas del gobierno; no había manera de darles acomodo en otro lugar, así que terminaron en las oficinas de comunicación de los ministerios, de la presidencia del gobierno y en la secretaría de estado de comunicación.

Este personal ha estado llevando la comunicación del gobierno durante todos estos años y es ahora cuando están terminando de jubilarse. Esto ha dificultado la renovación y actualización de las plantillas, así como que se hiciera una distribución de funciones de comunicación más profesionales. El organigrama no establece las funciones de portavocía que deben tener los ministerios, solo son directores de comunicación que llevan la relación con los medios, y no determina una buena coordinación en caso de crisis para llevar a cabo una comunicación profesional.

Aunque el panorama actual avanza un poco: es la primera vez que se reconoce la comunicación en la red en el organigrama de la secretaría de estado de comunicación, y de hecho hay una subdirección dedicada a ello.

¿Qué papel están jugando los ciudadanos con su activismo en la transformación de la comunicación y de la manera de hacer política?

Las nuevas tecnologías, la comunicación en red, las redes sociales están forzando que los gobiernos tengan que cambiar su comunicación. Están dejando obsoletos los planteamientos de los gabinetes tradicionales de prensa de los ministerios y de la presidencia de gobierno. Con las redes sociales se destierra la idea de que el gobierno da una información a los medios y estos la envían al ciudadano; ahora es el ciudadano el que puede enviar información de la que los medios y gobiernos se hacen receptores.

Además, la red está permitiendo que los ciudadanos se organicen, articulen intereses comunes, constituyan movimientos sociales y lleven a cabo eventos que pueden poner a prueba la reputación de los gobiernos; así ha sucedido con la Primavera Árabe o el 15-M en España. Esto está causando un replanteamiento por parte de los gobiernos de su manera de comunicar.

Ahora tienen que responder demandas durante 24 horas y estar presentes en la red con dos actitudes: pasiva, escuchando qué es lo que está pasando y qué tendencias de opinión hay en la red, y activa, liderando su mensaje.

¿La transformación de la comunicación ha cogido desprevenidos a los gobiernos?

Sí, con falta de preparación profesional. La primera reacción de los gobiernos ha sido trabajar para estar presentes –webs y páginas y perfiles en redes sociales–, pero el punto de interés de las redes es la interacción entre gobierno y ciudadanos, y en este sentido, el aspecto más crítico es: ¿en qué medida está dispuesto a interactuar con el ciudadano y qué va hacer con esa interacción?

Es decir, por mucho que haya páginas webs si no permiten que haya recepción de información del ciudadano o luego el gobierno no trabaja con los datos recabados el resultado puede ser contraproducente. Así se ha puesto de manifiesto en Singapur, donde el gobierno lanzó una consulta en la red sobre la construcción de un casino para que los ciudadanos mandaran información, opinión, propuestas, etc., que luego no tuvo en cuenta. La reacción ciudadana fue muy negativa y tuvo consecuencias en las urnas.

¿Qué características se tienen que dar para que una administración pública tal y como es hoy (opaca) se convierta en la administración abierta (Open Government) que se reclama? ¿Se trata de un cambio de mentalidad o de leyes?

Que haya una Ley de Transparencia no cambia la vida, lo que hace es regular una realidad, que siempre va más deprisa.

Vivimos una situación en la que están cambiando los contextos sociales, políticos y económicos. Debido a esta crisis de confianza, es necesario que el gobierno español, si quiere estar a la altura de las democracias de su nivel y quiere mantener los índices de calidad democrática que recibe de los organismos internacionales, haga una regulación que conduzca a una mayor transparencia del gobierno.

Una ley que establezca unos requisitos a cumplir por todas las partes implicadas, entre ellas el gobierno, que a la larga modifique también la cultura de transparencia. En Suecia tienen esa cultura porque llevan desde 1766 rigiéndose por su Ley de Transparencia Informativa y en Gran Bretaña porque, mediante comisiones parlamentarias y comités de trabajo, se han aprobado unos códigos de buenas prácticas, que establecen unos requerimientos que tiene que cumplir el gobierno para mantener una relación fluida con los ciudadanos. Es de esperar que en España ocurra lo mismo.

¿Afecta la falta de transparencia al hecho de que la cuarta preocupación de los españoles sea la corrupción y el fraude y que esta haya dado tal salto desde el puesto 14 en el último barómetro del CIS?

Cuando hay visibilidad de información sobre infracciones de ley o utilización fraudulenta de información, poder o dinero de instituciones o personajes públicos, generalmente se incrementa la preocupación de los ciudadanos por la corrupción, así sucedió también en España en los años noventa. Es una mala notica, porque cuando los ciudadanos tienen conciencia de que hay una mayor corrupción en el sistema, lógicamente tienen una menor confianza en él.

Otra de las preocupaciones de los españoles es la manera en la que llegan los políticos a su cargo, ¿por qué cree usted que existe esa percepción negativa? ¿Se reducirían las dudas haciendo públicos los perfiles y currículos de todos los políticos?

Hay que hacer una distinción entre los funcionarios y los políticos o nombramientos de confianza. Por un lado, España cuenta con unos buenos cuadros de funcionarios y sus sistemas de promoción están bien establecidos, y por otro, aunque se entiende que toda institución pública necesita un equipo de confianza, es necesario mejorar los mecanismos de captación y de información; los gobiernos se forman de manera muy rápida y en ocasiones sin que haya una información muy clara de dónde hay buenos currículos y de cómo acceder. La administración pública necesita mecanismos que ofrezcan información completa y transparente de la cualificación de las personas. Actualmente se hacen públicos algunos currículos con los nombramientos del Consejo de Ministros, pero de otros no.

Además, creo que hay que introducir en los puestos de confianza más mecanismos de captación propios de organizaciones profesionales, por ejemplo, para la gerencia de organismos públicos deberían acudir al procedimiento de convocatoria pública del puesto.

Da la sensación de que los partidos políticos solo usan los canales de comunicación para hacer propaganda electoral y ganar elecciones, luego se olvidan de la relevancia de la rendición de cuentas, ¿cuál es su visión?

La comunicación política nace del marketing electoral, en EEUU, y su principal objetivo era lograr el voto. Desde el año 2000 y más concretamente los últimos cinco años, la comunicación política está buscando técnicas en el mundo de la comunicación corporativa y de las relaciones públicas, porque la necesidad actual no solo es conseguir el voto sino mantener una relación de largo plazo entre organización y votante, al igual que sucede con las empresas, que ya no buscan vender un producto sino mantener una relación de confianza; por eso las compañías llevan décadas trabajando en la comunicación de los intangibles: la reputación de organizaciones, de los líderes empresariales, la RSC, el know how, el capital intelectual, etc.

En política es necesario importar estos planteamientos, es importante que un partido o el gobierno no quiera solo el voto hoy sino que busque establecer con el votante relaciones de largo plazo, de confianza, y esto implica trabajar su comunicación de marca.

También tiene que ocuparse de la comunicación interna con sus empleados y de construir la marca de los ministerios y de las políticas públicas, esto es, comunicar al ciudadano en qué contexto se toman las medidas y por qué. La valoración que hagan del gobierno va a depender en gran parte de las expectativas que se generen. Es muy importante crearlas porque solo así van a conseguir una relación con el ciudadano, pero tienen que estar muy cerca de lo viable porque si no se va a llevar una decepción, y esto genera frustración.

También es muy necesario que comuniquen los resultados y rindan cuentas de qué se ha hecho con el poder y el dinero que se le dio en las elecciones. Por tanto, una buena comunicación de gobierno se extiende en toda la legislatura y para ello tiene que superar los planteamientos del marketing tradicional y entrar en planteamientos de comunicación corporativa, de organizaciones y de valores intangibles.

En la democracia griega después del ejercicio del cargo público se les sometía a un severo control en el que los funcionarios tenían que rendir cuentas; debía pasar con éxito el examen de su gestión de los fondos públicos y, además, responder de su gestión administrativa, de su conducta y las posibles infracciones cometidas. ¿Cree que sería conveniente instaurar algún método de control más estricto en el sistema actual?

Los sistemas actuales toman de la democracia griega las fórmulas de rendición de cuentas: el debate del estado de la nación, las preguntas parlamentarias, las comparecencias, etc., donde tienen que rendir ante el ciudadano que está representado en el Parlamento.

También ante el Tribunal de Cuentas tienen que justificar en qué se han gastado el dinero público. Y con la aprobación de la Ley de Transparencia Informativa se dará un paso al frente exigiendo una información clara de lo que el gobierno hace.

Por Esther Barrio

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