Primero transparencia, luego buen gobierno y en tercer lugar mecenazgo

Tasas, impuestos, recortes. ¿El fin de la excepción cultural? y Mecenazgo, patrocinio y subvención, así rezaban los títulos de las dos mesas redondas que abrieron el IV Foro de Industrias Culturales en el Museo Reina Sofía, la cita anual más importante para analizar las grandes tendencias del sector cultural, organizado por la Fundación Santillana y la Fundación Alternativas el pasado mes de noviembre.

Los recortes en los presupuestos públicos, la subida del IVA y la demora del Gobierno en aprobar la Ley de Mecenazgo, una de sus principales promesas políticas, ofrecieron a los presentes salva suficiente para descargar sus golpes contra José María Lasalle, secretario de Estado de Cultura y uno de los ponentes del encuentro.

En el auditorio del museo madrileño volvieron a resonar los mismos y sobados argumentos sobre los derechos de la cultura, así como sobre la urgente necesidad de aprobar una nueva Ley de Mecenazgo que ayude, al mismo tiempo, a compensar la caída de la financiación pública y a despertar la generosidad de los presuntos mecenas. Sorprendentemente no se alzó ninguna voz para hablar de las obligaciones de las instituciones culturales y de su deber de rendición de cuentas a la sociedad.

Muchas preguntas quedaron sin respuesta: ¿Es realmente la Ley de Mecenazgo la solución a los problemas de financiación de las instituciones culturales? ¿Basta modificar el marco normativo para que las donaciones privadas fluyan al mundo de la cultura? ¿Es admisible la excepción cultural en temas de transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas?

¿Crisis económica o crisis de credibilidad?

Si hay algo que agradecer a la crisis económica, es que haya situado en el foco de atención la caducidad del modelo actual de financiación cultural. Ahora bien, la revisión de la sostenibilidad económica del modelo no se puede solucionar modificando simplemente la prioridad de las fuentes de financiación. El problema no consiste en sustituir la financiación pública por el mecenazgo empresarial o por los donativos de personas individuales. Esa medida no tendrá ningún resultado sí, con carácter previo, no se aborda otra crisis más compleja, y de la que apenas se habla: la crisis de credibilidad de las instituciones, incluidas las culturales.

A nadie se le escapa que la confianza de la sociedad en sus instituciones ha caído en picado los últimos años, afectando por igual a empresas, partidos políticos, sindicatos, administración pública, jueces, medios de comunicación, universidades e instituciones culturales.

Esa falta de confianza se ha incrementado debido a los recientes escándalos de corrupción que han puesto de manifiesto la falta de transparencia de gran número de instituciones, así como la carencia en las mismas de los mínimos mecanismos de control. Si se quiere recuperar la confianza de la sociedad en el sector cultural, es preciso reconocer que la transparencia y el buen gobierno constituyen un bien público esencial que es necesario impulsar y defender.

Sin embargo, la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno no parecen encontrarse entre los planes y prioridades del Ministerio de Cultura, ni entre las prácticas de las instituciones culturales.

Los resultados del primer informe que publicó en el año 2010 la Fundación Haz sobre transparencia en la web de los museos españoles (Vid. Los museos españoles no exponen sus cuentas. Revista Haz, sep.-oct. 2010) distan mucho de ser mínimamente aceptables: tan solo el Museo Guggenheim y el Museo Artium de Vitoria proporcionan información financiara y solo el último detalla los criterios de adquisición de nuevas obras; únicamente los museos Guggenheim y del Prado hacen público el plan estratégico, y solo siete museos publican un breve perfil de sus patronos.

Los resultados en el 2012 no han variado. Esta opacidad resulta injustificable.

El mecenazgo es siempre cosa de dos y el potencial donante/inversor, sea público o privado –y se parte de la base de que no existe el dinero público, sino dinero privado que procede de los impuestos de los ciudadanos y está gestionado por organismos públicos–, quiere conocer el destino y el resultado de su contribución.

Cualquier internauta puede tener acceso a los estados financieros del Victoria & Albert Museum del Reino Unido; se pueden conocer los perfiles de sus patronos, cuándo fueron nombrados, cuál es el término de su mandato y su declaración de bienes e intereses. La web del museo también permite conocer el salario de su director, Martin Roth (140.000 y 144.000 libras), así como el de todos los empleados del museo. ¡Incluso se pueden conocer todas las actas de las reuniones de su patronato desde los últimos diez años! El Victoria & Albert no es una excepción, iguales grados de transparencia en la información se encuentran en las web del British Museum, del Tate Modern o de la National Gallery.

Si las instituciones anglosajonas cuentan con un importante porcentaje de financiación privada es porque han sabido corresponder a la confianza de sus donantes y financiadores, y no hay nada que fortalezca más la confianza que la transparencia. Por tanto, la pregunta, que hay que hacerse es la siguiente: ¿Es razonable esperar que alguien decida donar a las instituciones culturales cuando tan solo dos museos públicos proporcionan información económica? ¿Cuántos de los museos españoles publican el salario de su personal? ¡Ninguno!

Pero no es necesario hilar tan fino. El pasado mes de noviembre todas las centrales sindicales (FSP-UGT, CCOO , Cesif y Fedeca), con representación en el Museo Reina Sofía, denunciaron el «despilfarro en la gestión económica» de sus directivos.

De acuerdo con los sindicatos: «Se están produciendo gastos desmedidos y difícilmente justificables, como compra de artículos de lujo supuestamente como regalos protocolarios; cobro de hoteles y viajes de cuantía desproporcionada con más de 400 euros la noche (…). La proliferación de asistencias técnicas, becas y contratos de alta dirección, han conformado una estructura paralela que mal gestiona lo público y que ha creado una extensa red clientelar, red que se ampliará exponencialmente al haberse constituido recientemente una fundación privada, otro agujero negro que escapará al control administrativo y que se constituirá en un ‘paraíso’ para la contratación de personal de confianza».

Especialmente grave resulta la opacidad e irregularidad en las contrataciones, que se ha convertido en una praxis habitual de todos los museos, como denuncian algunos de los extrabajadores del Macba y del Musac. Aunque los sindicatos no sean un ejemplo de transparencia, no queda más remedio que darles la razón en este tema.

Las irregularidades y la opacidad en la gestión de las instituciones culturales se extienden por igual a lo largo y ancho de toda la geografía española. En septiembre de 2011 la Intervención General del Gobierno del Principado de Asturias detectó graves anomalías en la gestión del Centro Niemeyer. La auditoría KPMG indicó en su informe que la entidad auditada «no dispone y por tanto no ha podido facilitar, facturas y otra documentación soporte de determinados gastos».

Como consecuencia de ello, en el mes de noviembre pasado se aprobó la constitución de una comisión de investigación en el parlamento autonómico para depurar responsabilidades.

En el País Vasco, el Museo Guggenheim, la joya cultural de la corona, todavía no ha hecho público el texto del convenio entre el Gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya y la Fundación Salomon Guggenheim (FSG). Los contribuyentes siguen sin conocer lo que les cuesta el museo y qué partidas sufragan.

Según reveló Elena Vozmediano, una de las voces culturales más autorizadas en estos temas, «sabemos, a través de un informe que hizo en 2007 el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que el Gobierno vasco y la Diputación pagan a la FSG los salarios equivalentes a la dedicación de diez personas a jornada completa por las tareas que se realizan desde Nueva York relacionadas con el museo bilbaíno. En 1998 –no hay datos posteriores– fueron 152 millones de pesetas. Buenos sueldos. ¿Qué más pagan las administraciones vascas?».

Las cuentas reales del Guggenheim constituyen uno de los misterios mejor guardados del PNV. Solo con el cambio de Gobierno y el desembarco del PSOE se empezaron a poner en cuestión verdades antes incontestables.

Antonio Ribera, antiguo viceconsejero socialista de cultura, juventud y deporte en el Gobierno vasco, se preguntaba en una conferencia en Brasilia por qué la fórmula tan alabada del Museo Guggenheim de Bilbao no ha cuajado en otros países pese a los reiterados esfuerzos por replicarla. Según el político socialista, una de las razones se encuentra en las leoninas condiciones impuestas por la FSG y aceptadas sin rechistar por el Gobierno vasco. «Las condiciones del acuerdo entre las partes, que determinan la relación de los socios hasta hoy y el funcionamiento del museo, fueron establecidas unilateralmente por Krens, el director de la FSG, sin que las pocas demandas de modificación expresadas desde la parte vasca tuvieran éxito alguno (…) hasta el punto que el abogado español contratado por el Guggenheim acabó dimitiendo al no encontrar contraparte con exigencias y propuestas en las administraciones vascas».

Un convenio en el que la fundación americana se reserva en exclusiva la función de dirigir el museo y la decisión de compra de nuevas obras (entre seis y siete millones de euros) con cargo al presupuesto cultural del Gobierno vasco. Nadie niega los enormes beneficios que el Museo Guggenheim ha reportado a la ciudad de Bilbao, pero conviene sopesar en la balanza el hecho de que el sostenimiento actual del museo consume la mitad del presupuesto total destinado a la cultura por el Gobierno vasco y que, como señala Ribera: «Es discutible que la potente red internacional Guggenheim haya servido suficientemente para la proyección del mundo artístico y creativo vasco, más allá de los clásicos (Chillida, Oteiza) o de consagrados como Cristina Iglesias y poco más».

Si se centra la mirada en Cataluña, se pegará de bruces con el caso Palau, un ejemplo de corrupción en el que la mezcla de intereses espurios entre empresas constructoras a la caza de adjudicaciones de obra pública (Ferrovial), partidos políticos necesitados de financiación (CIU y UDC) y patronos negligentes de la alta burguesía catalana (Carreras, Rodes, Carulla, Bergós) no parece tener fin. El entramado de complicidades es tan profundo que el propio juez instructor del caso Palau, en un reciente auto, se quejaba de las trabas que se estaba encontrando para esclarecer los hechos por la nula cooperación de los bancos: «La escasa colaboración de las entidades financieras ha determinado en gran medida que la instrucción practicada hasta el momento no haya averiguado el destino de ni siquiera la mitad del dinero defraudado».

El desgobierno de las instituciones culturales

Una de las principales carencias de las instituciones culturales españolas es la ineficacia de sus órganos de gobierno. Los patronatos de las organizaciones culturales están integrados por una colección de nombres y apellidos entregados a actividades puramente decorativas que apenas aportan valor en las tres áreas básicas relacionadas con el buen gobierno: la supervisión, la visión estratégica y la captación de recursos.

A finales del pasado año 2012 los madrileños eran testigos del triste espectáculo relacionado con la sucesión del presidente del Real Patronato del Museo del Prado. Que el museo más emblemático de España no cuente a estas alturas con un proceso de selección transparente y objetivo para la designación de su presidente es algo difícil de entender.

El nombramiento del presidente del patronato de un museo constituye una de las decisiones de gobierno más importantes de su órgano de gobierno. La relevancia de esta decisión es tan importante que suele estar encomendada a una comisión especial (comisión de nombramientos), cuya función consiste en proponer al pleno del patronato los criterios y el proceso de selección del futuro presidente.

La propuesta, búsqueda y selección de los candidatos debe responder a un proceso transparente, objetivo y riguroso, evitándose cualquier interferencia política. Un buen ejemplo lo constituyen los presidentes de los boards of trustees de los museos británicos, ninguno de los cuales está nombrado por el ministro de Cultura. No ocurre así en España.

La mayoría de los miembros del patronato actual del Prado ocupan o han ocupado cargos políticos. De un total de 37 vocales del patronato, 16 vocales lo son por razón del cargo (funcionarios de ministerios, ayuntamientos, comunidades autónomas o instituciones públicas) y siete han ocupado importantes cargos políticos. Únicamente seis han sido nombrados por su contribución económica al museo. Esta situación es irracional e insostenible.

Una de las características más interesantes de la gestión cultural en el Reino Unido es el principio de arms’s lenght, en virtud del cual las instituciones no sufren la interferencia del poder político y gozan de enorme autonomía en su gestión. ¿Cuántos políticos forman parte del patronato del British Museum, de la National Gallery o del Tate Modern? ¡Ninguno!

Pero la alternativa no es sustituir a los políticos por empresarios o por grandes mecenas. La reciente decisión del Ministerio de Cultura de crear una fundación para afrontar el futuro del Museo Reina Sofía y la invitación a formar parte del patronato a importantes coleccionistas de arte, como Patricia Cisneros, a cambio de exponer sus colecciones no es la solución. Existe un claro conflicto de intereses y un riesgo para la reputación en la decisión de ceder los museos para revalorizar las colecciones de arte de sus patronos. ¿Qué diría la Charity Commission del Reino Unido si tuviese conocimiento de este tema? Diría lo que habitualmente dice en casos similares: que existe un conflicto de intereses y que el patronato debe solicitar autorización a la Commission, que será quien finalmente decida si un determinado patrono puede o no exponer su colección en el museo (A guide to conflicts of interest for charity trustees; Charity Commision).

Otro ejemplo de buenas prácticas a la hora de abordar los posibles conflictos de intereses lo tiene la Asociación de Museos Canadiense, que exige en su código que todos los patronos declaren los intereses de sus colecciones privadas y prohíbe a los patronos que sean artistas exponer su colección en el museo e incluso donarla para la exposición permanente (Roles and Responsabilities of Museum Board of Trustees, artículo 4.4.). Conviene precisar que estas políticas no impiden necesariamente que un patrono pueda exponer su colección en el museo, pero sí exigen que la decisión que se tome al respecto sea transparente y que el patronato valore tantos los posibles beneficios para el museo como los perjuicios que puede ocasionar a la reputación de la institución.

Lamentablemente, no se puede comprobar si las decisiones de los órganos de gobierno del Museo Reina Sofía son o no acertadas, porque, a diferencia de los museos británicos, no las hacen públicas en la web, y tampoco existe, como en los EEUU, una institución como la American Alliance of Museums cuya misión es desarrollar estándares y buenas prácticas en el sector.

Los anteriores son dos sencillos ejemplos de cuestiones muy recientes sobre buen gobierno (la primera relativa a la política de sucesión y la segunda concerniente a la gestión de los conflictos de intereses) que ponen de manifiesto la debilidad de los órganos de gobierno actuales y su excesivo control por parte del poder político.

Cuando el dinero no es de nadie

«Estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie». Hay que agradecer a Carmen Calvo, antigua ministra de Cultura socialista, su franqueza y claridad al expresarse como lo hizo. Seguramente otros colegas suyos piensan como ella pero han preferido no manifestarse. Si el dinero público no es de nadie entonces no hay que rendir cuentas a nadie y la responsabilidad del político desaparece. Este desapego por la rendición de cuentas ha sido el culpable de la orgía de gasto público incontrolado que España ha vivido esta última década, en la que se han dotado equipamientos culturales que no respondían a ningún plan que fuese más allá de la agenda del político de turno.

María Fernández Sabau, consultora de Lordcultura y una de las principales especialistas en planificación cultural, llamaba la atención cómo en plena crisis económica los políticos españoles seguían comprometiendo recursos públicos en la gestación de nuevos proyectos sin preocuparse por consolidar los ya existentes (¿Planificación sostenible? Una panorámica de la planificación actual de Museos en España).

Según Fernández Sabau, en el periodo 2009-2012, en plena crisis económica, estaba prevista la inauguración de aproximadamente 200 museos nuevos, mientras que para el mismo periodo tan solo estaba planificada la ampliación y/o rehabilitación de 45 museos, de los más de 1.300 censados por el Ministerio de Cultura. España se ha hecho merecedora de figurar en el Guiness por ser el país en el que se inauguran más museos de los que se amplían y rehabilitan. El 84% de esos proyectos son de iniciativa y apoyo exclusivamente público. De la iniciativa pública el 53% corresponde a los ayuntamientos, el 40% a las comunidades autónomas y el resto al Gobierno central.

Los políticos españoles han creado en los últimos diez años una burbuja cultural que ha terminado redundando «en una oferta sobredimensionada y escasamente diferenciada, de reducido impacto social», como concluye la profesora Marta Rey de la Universidad de La Coruña.

Este hábito de la clase política por disparar «con pólvora del rey» no solo se manifiesta en la falta de planificación de la mayoría de los proyectos culturales impulsados en los últimos años, sino en la vigencia de un modelo paternalista de ayudas públicas sin contrapartida alguna para la entidad beneficiaria.

Se suele poner de ejemplo la generosidad del Gobierno británico con sus instituciones culturales. Es verdad, pero el Department for Culture Media and Sport (DCMS) no les concede, como el Ministerio de Cultura español, una subvención nominativa, sino que firma con ellas un acuerdo de financiamiento (A funding agreement) por tres años.

Así, a modo de ejemplo, en el funding agreement firmado con el Victoria & Albert Museum el museo se obliga a explicitar su misión, su estrategia, sus objetivos, actividades, programas y resultados esperados; debe explicar cómo va a impulsar las prioridades y objetivos establecidos por el DCMS, qué medios va a poner en marcha para difundir y hacer llegar esos objetivos a todas las regiones geográficas donde el museo está presente; debe determinar qué otros fondos adicionales y ayudas va a conseguir para cumplir con sus objetivos; establecer cómo va a medir su desempeño y qué conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos va a utilizar; identificar los posibles riesgos para la ejecución de sus estrategia y las medidas que ha adoptado para prevenirlo, etc. Que las instituciones británicas gocen de autonomía en su gestión no implica que no rindan cuenta pormenorizada de la misma.

Sin embargo, ¿a quién rinden cuentas las instituciones culturales españolas? ¿A su patronato? No, pues se trata de un órgano de gobierno meramente decorativo ¿Al Parlamento? Difícilmente, cuando sus inquilinos están acostumbrados a tratar a las iniciativas culturales como palancas para empujar su carrera política ¿A sus donantes? Apenas tienen y, además, el criterio contable de «unidad de caja» en el Tesoro Público español impide a los potenciales donantes decidir el destino de su aportación ¿A la sociedad en general? Tampoco, pues, a diferencia del Reino Unido, en España el otorgamiento de subvenciones no está condicionado al cumplimiento de determinados resultados.

¿A quién rinden cuentas las instituciones culturales es España? ¡A nadie! Por tanto, no se trata exclusivamente de cambiar el modelo de financiación de las instituciones culturales españolas; eso es relativamente sencillo; se trata de cambiar su modelo de gobierno. No hay derecho a seguir manteniendo instituciones opacas, órganos de gobierno ineficaces y una ausencia total de mecanismos de rendición de cuentas en las organizaciones españolas. Es preciso cambiar de un modelo de gobierno irresponsable a un modelo de gobierno que se inspire en la transparencia y la rendición de cuentas. Ese es el gran reto que hay por delante.

Por Javier Martín Cavanna
@jmcavanna