El presidente de la Junta de Castilla y León defiende la RSC como factor de éxito para las empresas y las administraciones públicas

HAZ23 abril 2013

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha planteado en un foro organizado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad la necesaria apuesta de las Administraciones Públicas por el fomento de la responsabilidad social empresarial.

En este sentido, ha señalado que la Junta de Castilla y León está trabajando en la elaboración de un Plan Regional de Responsabilidad Social Empresarial que «pretende ser el instrumento que contribuya a elevar los niveles de competitividad de las empresas de Castilla y León a través de la implantación de esta cultura en sus actividades cotidianas.

Los objetivos de este plan regional son los de promover la difusión e implantación de los criterios de responsabilidad social y difundir las ventajas y beneficios de su aplicación, así como fomentar la educación, formación e información para su desarrollo. Los valores que inspirarán dicho plan son los de responsabilidad, innovación, transparencia, calidad, implicación, consenso, integración y voluntariedad.

Herrera ha explicado algunas de las medidas que la Junta ya ha puesto en marcha: El reconocimiento como Empresa Socialmente Comprometida a aquellas que fomenten el empleo de las personas con discapacidad, situación de riesgo o exclusión social y que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, entre otras cuestiones; el programa de inserción laboral, Plan Dike, dirigido a subvencionar empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género; la reserva de contratos destinados a Centros Especiales de Empleo, o la incorporación de cláusulas sociales en la contratación general, primando en la adjudicación de contratos a aquellas empresas que incorporen medidas sociales.

Por último, el presidente Herrera ha señalado las actuaciones que la Junta lleva a cabo como empresa, realizando «una gestión socialmente responsable».

Herrera ha señalado que esta cultura está presente de modo transversal y ha destacado algunas medidas como la reserva del 10% de la oferta de empleo público para personas con discapacidad (porcentaje más alto de España); la regulación de permisos a empleados públicos por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, y por razón de violencia de género; el código ético de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; la coordinación con el Banco de Alimentos y empresas para facilitar la aportación y reparto de alimentos, o la estrategia regional de desarrollo sostenible 2009-2014 que busca dar a conocer ejemplos de integración de las consideraciones ambientales, sociales y económicas en la activad investigadora e innovadora.

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