Ahogados por la basura electrónica

Según datos de 2010 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), en el mundo se generan cerca de 45 millones de toneladas de e-basura al año. La chatarra electrónica crece entre un 16% y un 28% cada cinco años, el triple que la basura tradicional de los hogares. En países emergentes como India o China se calcula que la basura generada solo por los ordenadores en desuso aumentará un 500% en la próxima década.
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El problema es que cuando estos aparatos se desechan se convierten en residuos muy contaminantes: la mayoría contiene sustancias como bromo, cadmio, fósforo o mercurio que pueden resultar muy perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Y no todos se recuperan y reciclan correctamente. Los gestores españoles coinciden en estimar que tan solo un 30% de ellos sigue los cauces legales: el resto, va por caminos ‘alternativos’ debido a los robos y la elevada permisibilidad legal que existe en estos momentos.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) contienen sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud y se deben reciclar de manera correcta. Sin embargo, los gestores de estos residuos peligrosos alertan de que solo se recupera y gestiona adecuadamente apenas un 30% de ellos. El resto, hasta un 70%, ‘desparece’ por el camino debido a los robos, el ‘desguace’ de sus piezas y otros procesos ilegales. Son cifras en las que coinciden los gestores de este tipo de residuos en España, que no solo admiten el problema, sino que además alertan de la ‘permisibilidad’ de las autoridades a la hora de hacer cumplir la ley.

Lo preocupante no es solo el delito económico –el crecimiento de la economía sumergida o la pérdida que supone para los consumidores, que al comprar estos aparatos eléctricos y electrónicos asumen, incluido en su precio, una ‘tasa’ que en teoría garantiza el correcto reciclado y recuperación de estos productos al acabar su vida útil– sino los graves riesgos ambientales y para la salud que se derivan de estas prácticas al margen de la ley.

Según datos de Ecolec, una fundación que trabaja por la recuperación y reciclaje de los RAEE, solo en España, cada año las familias producen más de un millón de toneladas de chatarra electrónica, de las que 750.000 podrían ser recicladas.

“Sin embargo, a día de hoy, el principal problema es que un porcentaje muy elevado, aproximadamente dos tercios, de los aparatos eléctricos y electrónicos que contienen materiales y componentes con valor económico, no es gestionado a través de los sistemas integrados de gestión, lo que dificulta su control ambiental”, explica a Compromiso Empresarial Rafael Serrano, director de Relaciones Institucionales de Ecolec.

“Los aparatos que escapan del control y adecuado reciclado, además de provocar daños al medio ambiente, producen una merma en el adecuado aprovechamiento de los recursos (metales y plásticos) que contienen los aparatos eléctricos y electrónicos cuando se convierten en residuo”, añade Serrano.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos “son una parte cada vez más elevada dentro de los residuos domésticos y comerciales”, alerta el responsable de Ecolec. “Reciclarlos correctamente permite ahorrar dinero y recursos en su proceso de extracción, una de las fases más agresivas para el medio ambiente. Para recuperarlos se requiere menos energía y se generan menos desechos –potencialmente, un 98% menos– que extrayéndolos directamente de la naturaleza”, apunta Rafael Serrano.

Lo que se conoce genéricamente como aparatos eléctricos y electrónicos incluyen un amplísimo abanico de productos que están, cada día, en cada hogar, empresa, edificio o espacio en todo el mundo: grandes y pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia y control o máquinas expendedoras.

Según apunta a Compromiso Empresarial Jordi Julián, director de Proyectos y Empresas Adheridas de Fundación Ecotic –que trabaja desde 2005 en la sensibilización y formación de fabricantes, distribuidores y usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos–, las cifras en España de aparatos puestos en el mercado por parte de las empresas productoras fueron en 2013, y según el Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (REIRAEE) de 452.973 toneladas de aparatos, lo que supone un descenso del 7,6% respecto al ejercicio anterior. A nivel mundial esta cifra ronda los 45 millones de toneladas, según datos del Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente (Pnuma).

“Pese a que es realmente complejo dar una cifra concreta a nivel global, lo que sí parece claro es que la era digital ha multiplicado el número de aparatos que se venden, y por tanto la generación de residuos, que se estima que crece a un ritmo tres veces superior al del resto de residuos sólidos urbanos (RSU)”, señala Julián.

En este sentido, la asociación de organizaciones Solving the E-waste Problem (StEP) Initiative elevaba la cifra en 2013 hasta cerca de 49 millones de toneladas de RAEE, con un promedio de 7 kg por cada uno de los 7.000 millones de habitantes del planeta. Se calcula que en 2017 esta cifra alcanzará los 65 millones de toneladas, lo que supondrá un incremento global del 33% en tan solo cinco años –el equivalente a una fila de camiones tipo tráiler con una capacidad de 40 toneladas, que ocuparía de extremo a extremo las tres cuartas partes del ecuador del planeta–.

En cuanto a la situación en Europa, las estimaciones de los expertos apuntan en torno a los nueve millones de toneladas de RAEE generados anualmente en los países de la Unión Europea. De esta cifra, se calcula que tres millones de toneladas son controladas y gestionadas adecuadamente, según Ecotic, que recuerda que buena parte de los seis millones de toneladas restantes son recogidos por gestores autorizados que no están contabilizados en los objetivos, mientras que una parte se dirigen a canales no adecuados para su gestión.

A nivel nacional, durante 2013 los sistemas integrados de gestión (SIG) de RAEE que operan en España recogieron de forma conjunta un total de 147.000 toneladas de residuos. Respecto al nivel de cumplimiento de los objetivos generales, la cifra de recogida se sitúa en torno a los 3,3 kilogramos/habitante/año, una cantidad inferior a los cuatro kilogramos/habitante/ año establecidos a nivel europeo –Noruega alcanza los 4,7 kg/habitante/ año, situándose en el primer puesto–. Este incumplimiento que se produce en España se debe, según Ecotic, a la existencia de flujos paralelos de RAEE que no están controlados por los SIG, y que por tanto no se contabilizan.

Por su parte, el director general de ERP España (European Recycling Platform), Matías Rodrigues, señala a Compromiso Empresarial que el mercado negro de este tipo de materiales “es una alternativa no solo para gente que no tiene otros medios de subsistencia, sino para redes organizadas que han encontrado su oportunidad de negocio en este campo”.

En el fenómeno de la fuga de residuos, explica Rodrigues, “se desvían del circuito legal los aparatos que deberían llegar a las plantas de tratamiento autorizadas. Se extraen del aparato los materiales más valiosos, como el cobre o el hierro, y se desechan el resto, sin ningún tipo de medida de control ambiental”; una práctica “especialmente peligrosa en aparatos como frigoríficos o congeladores, ya que tanto en los compresores y circuitos refrigerante como en las espumas aislantes se encuentran gases y aceites minerales y sintéticos altamente contaminantes, que deben tratarse en plantas específicas que cuentan con tecnología adecuada para no dañar el medio ambiente”, añade.

Fraude para la industria y también para el consumidor

Desde Ecotic también alertan de que los RAEE contienen elementos potencialmente tóxicos como el cadmio o el mercurio, que deben retirarse y tratarse adecuadamente con el fin de evitar el impacto pernicioso sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

“Pero es precisamente el valor económico de los materiales que contienen los RAEE –como hierro o cobre– la causa principal de las irregularidades en el reciclaje”, recuerda Jordi Julián, que añade además las exportaciones ilegales de RAEE a países en desarrollo, que provocan “auténticos dramas ambientales y sociales, debido a la creación de gigantescos vertederos que tienen como consecuencia condiciones insalubres para la vida humana y suponen una terrible amenaza para la naturaleza”.

Cualquier aparato de este tipo contiene materiales como el plástico, que se vende a unos 200 euros por tonelada, acero (300 euros), aluminio (entre 800 y 1.000) o cobre (hasta 4.500 euros por tonelada).

El ‘botín’, muchas veces, está al otro lado de una simple valla en un punto limpio o planta de tratamiento que casi nunca cuenta con medidas de vigilancia especiales.

A estos se suma que la cuantía del material sustraído en cada robo no suele ser elevada, por lo que los ladrones no se enfrenten a graves sanciones.

El fraude económico que se produce cuando un aparato eléctrico o electrónico no termina su vida útil siguiendo los procesos y controles legales no solo afecta a los SIG, sino también a los consumidores, que pagan una sobretasa de reciclaje cada vez que compran cualquier electrodoméstico o aparato.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizó en 2011 un estudio que revelaba que, de quince electrodomésticos a los que colocaron un GPS para su seguimiento antes de entregarlos en un punto limpio, solo seis fueron correctamente tratados: un 75% se ‘perdió’ antes de ser gestionado correctamente. OCU criticaba entonces que no hay controles ni datos públicos.

La Unión Europea aprobó en junio de 2012 una normativa más ambiciosa para incrementar el reciclaje de estos productos que exigirá que en 2019 el 85% de los RAEE generados en cualquier país de la Unión deberán ser recogidos y tratados; pero desde los SIG recuerdan que esta normativa “prácticamente acaba de aprobarse”, por lo que “tardará en aplicarse”, pese a que en teoría, los países de la UE cuentan con un plazo de un año y medio para la trasposición nacional de la nueva legislación.

La normativa supone más facilidades administrativas para los fabricantes, con menos requisitos de registro e información sobre la tasa de reciclado en las facturas. Los ciudadanos también tendrán más facilidades para el reciclaje: los aparatos que no superen los 25 cm de tamaño –móviles, por ejemplo–, podrán ser depositados de forma gratuita en establecimientos de más de 400 m2 sin necesidad de comprar un aparato de similares características.

También estarán disponibles un mayor número de puntos limpios, en función de la densidad de población, y los fabricantes podrán designar agentes de recogida por hogar si así lo desean para facilitar y fomentar el reciclado de grandes electrodomésticos.

La Oficina de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), con sede en Viena, acaba de hacer público un nuevo informe sobre esta problemática en el que calcula que en 2016 los países en desarrollo producirán ya más basura electrónica que los industrializados, un dato preocupante si se tiene en cuenta que estas naciones disponen de menos medios para abordar el problema.

En palabras de Ruediger Kuehr, secretario ejecutivo de StEP, la Iniciativa lanzada por la ONU para promover la reutilización y el aumento del ciclo vital de los productos electrónicos, se trata de un problema ambiental “subestimado”, aunque “al menos ahora comienza a figurar en la agenda política internacional”. “En los países industrializados no somos del todo conscientes del desafío que supone la basura electrónica, porque creemos que es un problema lejano, que afecta a quienes desmantelan los equipos de forma precaria en países de África o Asia. Y aunque ese tipo de reciclaje efectivamente es muy peligroso, solo es una parte del problema”, remarca Kuehr.

Dónde va la chatarra electrónica

Los robos en puntos limpios (las instalaciones municipales de recogida de residuos especiales, entre ellos los eléctricos y electrónicos) son un fenómeno no solo conocido, si no también admitido en el sector de la gestión de estos residuos –los SIG, organismos que agrupan a los productores y distribuidores de estos aparatos, que cobran una tasa para contribuir por ley a su reciclaje–. La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre) calcula que apenas el 30% de los RAEE se tratan correctamente.

El material sustraído en muchas ocasiones se desguaza sin control y en un porcentaje de hasta el 30% se envía a terceros países de forma ilegal.

The Electronics TakeBack Coalition (ETBC) –que promueve el diseño ‘verde’ y el reciclado responsable en la industria electrónica, y que engloba a más de 30 organizaciones ambientalistas y de salud pública de EEUU– alerta de cómo los países desarrollados se desprenden de esta basura tóxica llevándola a países en desarrollo como Ghana, Nigeria, Costa de Marfil, India o China.

Para llamar la atención sobre este fenómeno, ETBC se embarcó en 2011 en la coproducción del documental Story of Electronics en el que se explica cómo, una vez en estos países, los equipos se venden en el mercado de segunda mano o son manipulados por familias de recuperadores artesanales para extraer los metales valiosos, casi siempre sin ninguna medida de protección. Los componentes llegan a la atmósfera y también a los pulmones de los niños, que suelen encargarse de realizar estas tareas.

El documental lanza un mensaje claro a los consumidores para que demanden en el mercado productos más sostenibles y exijan a la industria que deje de “externalizar” estos costes ambientales y humanos, y rediseñe sus productos para que sean más seguros, duraderos y sobre todo menos tóxicos. “Debe responsabilizarse de ellos y de su correcto reciclaje”, insisten desde ETBC.

Ya en 2008 la ONG Greenpeace denunciaba a nivel mundial en un informe titulado Envenenando la pobreza que países de Asia como China o India se habían convertido en el destino de más del 70% de estos desechos tecnológicos, y que en los últimos años un nuevo destino estrella se había sumado a esta lista de ‘vertederos’ de Occidente: África; más concretamente dos países, Ghana y Nigeria.

Los propios miembros de la organización localizaron y certificaron en Ghana contenedores llenos de estos residuos procedentes de países como Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, pese a que, en el caso de los países europeos, estos cuentan con una directiva que regula específicamente la gestión y el destino de este tipo de desechos.

El problema, alerta esta ONG, es que estos residuos “incómodos” para los países desarrollados, son “un negocio” para los países más pobres, a lo que se suma el hecho de que la normativa no se cumple y obligaciones como las recogidas en el Convenio de Basilea –que regula la importación y exportación de desechos peligrosos– son, en la práctica, “papel mojado”.

Según estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), al menos 250.000 toneladas de residuos electrónicos salen cada año de la Unión Europea de forma ilegal como bienes de “segunda mano”, cuando en realidad son productos inutilizables y muy peligrosos de manipular.

En otro estudio de Greenpeace más reciente sobre este tema, Electrónicos, alta tecnología tóxica, la organización es tajante a la hora de afirmar: “La tasa de crecimiento de estas montañas de residuos electrónicos obsoletos alcanzará dimensiones de crisis si las empresas del sector, que obtienen grandes beneficios de la producción y venta de estos aparatos, no asumen sus responsabilidades”.

Y es que, a su juicio, “es posible hacer productos sin sustancias químicas peligrosas, duraderos, y que puedan ser reciclados o eliminados de forma segura sin acabar como residuos peligrosos en el ‘patio de atrás’ de quienes ni siquiera disponen de la tecnología adecuada para gestionarlos”.

Las demandas de Greenpeace en este sentido a las compañías fabricantes de estos productos pasan por sustituir las sustancias más tóxicas en sus procesos de producción, que se ofrezca y promueva la recogida gratuita de todos los productos en cualquier lugar en el que se comercialicen, que se prohíba la exportación de residuos electrónicos a países en desarrollo y que se aplique el Convenio de Basilea en los países que lo han firmado.

Obsolescencia programada: ¿Fabricado para no durar?

La realizadora alemana Cosima Dannoritze dirigió en 2011 un documental titulado The Light Bulb Conspiracy –traducido en España como Tirar, comprar, tirar– que explicaba por qué los productos que se compran duran cada vez menos; una “reducción deliberada de la vida de estos, planificada, para incrementar su consumo”, según denuncia el documental.

Baterías que se ‘mueren’ a los pocos meses de ser estrenadas, impresoras que se ‘bloquean’ al llegar a un número determinado de impresiones, bombillas que se ‘funden’ cuando llegan a un número concreto de horas de uso, son solo algunos de los ejemplos que aparecen en este trabajo que llevó más de tres años de investigación y en cuya realización participó RTVE y otras televisiones europeas. El film –galardonado con el Premio Ondas Internacional al Mejor Documental– fue grabado en Cataluña, Francia, Alemania, EEUU y Ghana, uno de los principales países en los que acaba la e-basura.

Desde Ecotic muestran sus dudas ante el hecho de que el fenómeno de la obsolescencia programada sea realmente intencional por parte de las empresas productoras.

Sí reconocen que los productos tienden a tener un ciclo de vida útil “más corto”, pero recuerdan que “nos encontramos frente a una evolución tecnológica sin precedentes”, y que “en la actual sociedad de consumo la fabricación de bienes es una fuente de empleo que da trabajo a millones de personas; otro aspecto a considerar”.

A su juicio, “el auténtico reto no es tanto dejar de producir estos bienes, sino trabajar para evolucionar desde un modelo de economía lineal (producir, usar y tirar) hacia un modelo de ‘economía circular’, tal como ocurre en la naturaleza”.

“Con ello, conseguiremos recuperar los materiales que contienen los residuos para que puedan entrar a formar parte de nuevos procesos industriales, con lo que evitamos el agotamiento de los recursos naturales, cada vez más escasos”, asegura Jordi Julián.

Desde Ecotic son optimistas de cara al futuro: “Las empresas han adoptado ya lo dispuesto por la normativa en relación a la prohibición de determinadas sustancias en los aparatos, por lo que los futuros residuos tendrán cada vez una menor presencia de sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente y la salud”, aseguran. “Y cada vez más se incorporan criterios de ecodiseño en la fabricación de los aparatos, orientados a facilitar la recuperación y valorización de los materiales una vez finaliza su vida útil”, añade Jordi Julián.

“Este es el reto global que podrá garantizar la sostenibilidad del sistema, y que debe formar parte indisoluble de la estrategia empresarial de las organizaciones”, aseguran desde Ecotic.

En Recycla no hablan de obsolescencia programada, sino de “explosión tecnológica que muchas veces también desborda a los fabricantes”. “La renovación de los equipos se ha acortado de manera muy significativa, pero es el usuario, cada día más exigente, quien decide”, recalcan.

Rafael Serrano de Ecolec coincide en la idea de que la llamada obsolescencia programada no existe realmente. “Compramos un móvil y dos años después adquirimos la última versión sin una necesidad real, tan solo por estar a la última, o porque queremos usar las actualizaciones de las aplicaciones que contienen estos dispositivos”, señala.

“Lo que ha variado son los hábitos de consumo, sobre todo los relacionados con dispositivos tecnológicos, pero al mismo tiempo también ha aumentado la información y la concienciación de los consumidores”, mientras que los fabricantes, por su parte, “se esfuerzan por crear aparatos más eficaces en sus prestaciones, más eficientes desde el punto de vista energético, con la mayor durabilidad posible y al mejor precio”, recalca Serrano.

Una labor de todos

Desde Ecolec abogan por la colaboración con las administraciones públicas, para impulsar campañas de concienciación dirigidas a los ciudadanos y consumidores con el objetivo de alcanzar una sociedad ambientalmente sostenible. En este sentido, apuestan por los planes de prevención y divulgación que lleven a un consumo responsable y a que los consumidores entreguen los residuos en los puntos de recogida autorizados con el fin de realizar un control y correcto reciclaje y aprovechar los recursos que estos residuos contienen.

“La responsabilidad de reciclar es de todos: desde los ciudadanos a las administraciones públicas, las organizaciones profesionales, fabricantes, importadores y distribuidores”, resaltan desde ERP España.

“Cada ciudadano debe hacerse responsable de que los residuos que pasan por sus manos, desde teléfonos viejos, a pilas, secadores, televisores, etc., acaben siendo reciclados correctamente, con acciones tan sencillas pero tan importantes como, simplemente, no tirarlos a la basura normal”, añade Rodrigues. “Los productores de aparatos también tienen sus obligaciones, entre otras la de asumir financieramente la gestión de los residuos de los aparatos que ponen en el mercado; así como las autoridades, que deben velar por el cumplimiento efectivo de la cadena del reciclado e investigar y penalizar comportamientos ilegales”, concluyen desde ERP España.

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