Article 19, un grito por la libertad de expresión

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Hasta hace unas semanas, en Europa se pensaba que la libertad de expresión y de información eran derechos conquistados, que no implicaban preocupación, sobre todo si se compara con las situaciones que se viven en otras partes del mundo, como en Siria, Afganistán, México o Brasil, donde la profesión de periodista es considerada de “alto riesgo”, según el estudio realizado por el Comité de Protección a Periodistas en 2014.

Sin embargo, el terrible atentado que sufrió el semanario Charlie Hebdo, el pasado 7 de enero, ha vuelto a poner sobre la mesa de debate las condiciones y amenazas que existen en Occidente sobre estas libertades, ya que la información, además de otorgar un gran poder, también es un derecho fundamental y universal, necesario e imprescindible para vivir en sociedades libres y democráticas.

Con el fin de proteger y defender la libertad de expresión y de acceso a la información, nació la ONG Article 19, fundada por los herederos de un empresario y filántropo estadounidense, J. Roderick MacArthur, en 1987.

Por aquella fecha Salman Rushdie, el escritor indio, publicó su libro Los versos satánicos, que provocó una gran polémica en la comunidad musulmana internacional hasta el punto de que el escritor fue condenado a muerte por un edicto religioso del ayatolá Jomeini.

En base a la campaña de solidaridad y apoyo al escritor, Article 19 inició su actividad y desde finales de los años 80, esta organización ha conseguido tener presencia en diferentes lugares del planeta para llevar a cabo su misión, bajo la premisa de “una vez que se pierde la libertad de expresión, todas las demás libertades desaparecen”.

En este sentido, la ONG tiene un programa de objetivos estratégicos, que ha ido ejecutando en los últimos cinco años:

1. Conseguir el compromiso público de los gobiernos de potencias emergentes como Brasil e Indonesia para proteger los derechos humanos e implementar políticas que defiendan la libertad de expresión, tanto dentro de sus fronteras como a nivel internacional.

2. Luchar para proteger los derechos en el ámbito de Internet y promover la diversidad de medios de comunicación.

3. Que los abusos a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al libre flujo de información no queden impunes, fortaleciendo las normas y políticas que defiendan el valor de la libertad de expresión.

4. Promover la implementación de prácticas de buen gobierno y rendición de cuentas, para que las demandas de transparencia sean respondidas eficazmente por los gobiernos y las instituciones de todo el mundo.

Censura a todo un pueblo

Desde 2007, la organización ha abierto oficinas en Azerbaiyán, Bangladesh, Brasil, Líbano, Jordania, Kazajstán, México, Senegal, Túnez y Ucrania. David Díaz-Jogeix, director de Programas de Article 19, explica a Compromiso Empresarial que a nivel europeo se están “concentrando” en la zona de la antigua Unión Soviética, “sobre todo en Rusia, porque el gobierno está siendo muy restrictivo con el espacio civil”.

Sobre las repúblicas exsoviéticas, la organización denuncia la situación que se vive en Azerbayán, donde se está silenciando a las voces críticas con el gobierno azerí, según explica Díaz-Jogeix, que pone el siguiente ejemplo: Article 19, junto con representantes de la sociedad civil de Azerbayán, fueron al Consejo de Europa en 2014 para hablar de las acciones del gobierno; a los seis meses sólo quedaba una persona, “el resto estaba en el exilio o en la cárcel”, afirma el director de programas, que teme que la próxima vez irán solos al Consejo de Europa “porque la última persona también ha sido arrestada”.

El último muro con el que se ha encontrado la organización es con el senador europeo asignado para Azerbayán en el Consejo de Europa: el español, Pedro Agramunt, del Partido Popular valenciano. Article 19 le ha pedido que denuncie la represión de la república azerí sin obtener respuesta.

La cara y la cruz del Charlie Hebdo

A raíz de los atentados sufridos en París, Article 19 también ha analizado las consecuencias del ataque a Charlie Hebdo. “Matar a periodistas es la censura máxima”, aseguran desde la ONG, pero las reacciones del estado francés “han traspasado la línea”, según afirma el representante de Article 19, al abrirse varias causas contra gente no afín al semanario satírico francés acusándola de apología del terrorismo.

Para la organización los comentarios y declaraciones de los acusados “son críticas” y aunque puede haber comentarios de mal gusto, no pueden constituirse como apología del terrorismo porque se transformaría en una violación de la libertad de expresión.

“Europa es cada vez más intolerante a las expresiones que ofenden a la mayoría”, explica Díaz-Jogeix. Según lo que se ha visto en Francia, cuando las minorías son criticadas se tiende a considerar que es debido a la libertad de expresión. Sin embargo, cuando la minoría se expresa sobre el grupo mayoritario, como ha ocurrido con las opiniones de algunas personas contrarias a Charlie Hebdo, el estado francés ha actuado de manera intolerante. “Es importante mantener los principios de libertad de expresión para todo el mundo, no solo para la mayoría”, asegura Díaz-Jogeix a Compromiso Empresarial.

El caso español

En España, también se habla mucho estos días sobre los límites y las amenazas a la libertad de expresión y el acceso a la información; los ministros de Interior de toda Europa hablan de aumentar la seguridad sin recortar libertades.

Según revela la ONG, los hechos criminales no justifican que los gobiernos aprueben leyes que restrinjan libertades personales en nombre de la seguridad nacional.

En este sentido, la mayor preocupación que pesa sobre la organización es el “poder excesivo” que algunos gobiernos, como el británico, están dando a los servicios secretos, ya que se ha descubierto que pueden interceptar comunicaciones privadas sin necesidad de una orden judicial. Un hecho que está fuera del convenio europeo de los derechos humanos, de la Constitución y de los estándares internacionales.

Por último, cuando se habla de los países europeos más transparentes, España queda en un tercer plano, pues según la organización la nueva legislación aprobada por el gobierno popular es demasiado estricta con la libertad de expresión.

“Están restringiendo las manifestaciones, la posibilidad de fotografiar a policías en servicio y eso es contrario a la transparencia y a los mecanismos de control”, asegura Díaz-Jogeix, pues el hecho de poder documentar las actuaciones policiales, ofrece una mayor participación y control a los ciudadanos; un acto que “no puede constituir un acto criminal”, concluye el representante de Article 19 en una entrevista concedida a Compromiso Empresarial.

Por Beatriz C. Martisi
@Bc_Martisi

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