'Refugiados climáticos', las víctimas silenciosas del calentamiento global

Los ‘refugiados ambientales’ no existen sobre el papel. Ninguna institución internacional les reconoce como una figura legal, pero año tras año, aumenta de forma preocupante el número de personas que se ven forzadas a dejar sus hogares debido desastres naturales, por encima de los que lo hacen por otras causas graves, como una guerra.
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El término refugiado ambiental o climático es, en realidad, legalmente incorrecto. Un refugiado como tal es alguien que tiene “temores fundados de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, o pertenencia a un grupo social en particular o a una opinión política, y que está fuera del país de su nacionalidad”.

Actualmente esta definición no incluye a aquellos desplazados por razones ambientales, por lo que millones de personas que se desplazan por razones climáticas se encuentran ante un vacío legal, político y social que, hasta la fecha, ningún Gobierno ni institución internacional sabe cómo afrontar.

En palabras de Kate Romer, coordinadora del Programa World Vision Australia, “debido a los actuales obstáculos legales y políticos para el reconocimiento de estos grupos de desplazados como refugiados, se hace imprescindible, un apoyo más efectivo para su protección, y el desarrollo de una definición clara de desplazado ambiental (EDP, por sus siglas en inglés: enviromental displaced person) como base para el posterior desarrollo de políticas adecuadas de actuación”.

Entre ellas, Romer se refiere a acuerdos migratorios para ayudar a las personas que sean, o puedan ser, potenciales desplazados; la firma y adhesión a los Principios Guías sobre Desplazamiento Interno, o la implicación para cubrir de forma efectiva las necesidades de protección de aquellos desplazados por el cambio climático dentro de las fronteras de cada país.

Refugiados ‘en el limbo’

Ya en 2015 la ONG Greenpeace alertaba del agravamiento del problema de los refugiados climáticos en el mundo, y denunciaba el hecho de que el derecho internacional siga sin reconocer esta figura de protección pese a que, según sus datos, “está recogida expresamente por la ONU”.

Efectivamente, según afirma Greenpeace, el concepto de refugiado climático “ha empezado a ser introducido por Naciones Unidas, pero después no se recoge en el derecho internacional como una de las causas que dan acceso a ese estatuto de protección”.

“Y en la medida en que no se frene el calentamiento global del planeta, y eso se traduzca en alteraciones climáticas, la cifra de refugiados ambientales va a seguir subiendo, con la dificultad añadida de probar que efectivamente lo son”, señalaba hace un año esta organización.

De hecho, Greenpeace critica que en el acuerdo firmado en la Cumbre de París (COP21)  no se mencione “expresamente” el término de refugiado climático y, “por contra, opte por hablar de derechos humanos”. “No se quiso dar ese rango de importancia, que las organizaciones ecologistas y sociales sí veíamos claro: el vínculo del calentamiento global no solo con los impactos en los ecosistemas, sino con los estragos humanos”, señalaba la ONG.

La pobreza y la desigualdad son, efectivamente, algunas de las consecuencias sociales y humanas más graves del cambio climático, según algunos expertos, como Veerabhadran Ramanathan y Martin Ravallion, climatólogo y economista respectivamente, y ganadores este año de los Galardones BBVA Fronteras del Conocimiento en las categorías de Cambio climático y Cooperación al desarrollo. Ambos reclaman la puesta en marcha de “políticas globales” para combatir estos fenómenos relacionados entre sí –pobreza y cambio climático-, y que influyen “directamente” en el aumento de los refugiados climáticos.

El cambio tecnológico y el refuerzo de las energías limpias, con un acceso más amplio a éstas por parte de las poblaciones más pobres, son, entre otras, sus principales apuestas. “Hace treinta años, cuando empecé a investigar sobre la pobreza, nunca hubiera considerado prioritarios los factores ambientales; pero ahora sí lo son, y eso es alarmante”, explicó Ravallion durante su visita a Madrid el pasado mes de junio para recoger su galardón.

Durante la ceremonia, este experto recalcó la necesidad de una “estrategia global” que incluya la creación de instituciones y el trabajo conjunto de diversas disciplinas científicas, así como la importancia de una acción colectiva, al tratarse de un problema mundial, y de la cooperación internacional.

Agencias internacionales como Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, van más allá, y hablan de que en los próximos 50 años podrían migrar, por razones climáticas, hasta 1.000 millones de personas, principalmente en los países más empobrecidos, sobre todo debido a las sequías y a la falta de agua, y por tanto al mal desarrollo económico dominante.

Y aunque la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 sólo permite solicitar asilo por causas relacionadas con raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por opinión política, la Organización Internacional para las Migraciones es clara cuando afirma que “es el momento de reconocer sin ambigüedades que existen migrantes medioambientales, es decir, personas o grupos de personas que, por razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a la vida o las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales”.

“Nuestras economías y nuestro actual modo de vida se sostienen a costa del planeta y de las personas que en él habitan, forzando migraciones masivas a las que no somos capaces de dar una respuesta ni jurídica, ni humana”, señalaba hace un año la portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, que insistía en que la batalla contra el cambio climático “debe ser una prioridad”.

“El primer paso es adaptar los mecanismos legales a las realidades cambiantes, para ofrecer una vida digna a quienes están pagando nuestra factura climática, y sobre todo reducirla de facto, dejando de cargarla en cuenta ajena”, apuntaba.

©Greenpeace/Richard Swansborough
Consecuencias de la sequía en Australia. ©Greenpeace/Richard Swansborough.

El equilibrio natural y demográfico, en riesgo

Según explica a Compromiso Empresarial la responsable de Campañas de Greenpeace, Sara Pizzinato, un total de 157,8 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en los últimos siete años como consecuencia de eventos o condiciones meteorológicas extremas.

“En los últimos cuarenta años, entre 1975 y 2015, ha aumentado el riesgo de desplazamiento por cambio climático en un 60%, algo que responde al rápido aumento de la temperatura media del planeta, que el año pasado rompió el récord de 1°C mucho antes de lo previsto”, señala esta experta, que alerta de que, el número de refugiados y desplazados por causas climáticas “pronto podría alcanzar proporciones catastróficas”.

Según sus datos, desde Alaska a Fiji o Bangladesh, el cambio climático ya está desplazando poblaciones enteras de sus hogares y sus tradiciones a causa de múltiples fenómenos como ciclones, tifones, erosión de la costa, sequías extremas, o desertificación, entre otras. “Cada vez es más evidente cómo el cambio climático está generando un número mayor de eventos meteorológicos extremos”, remarca Pizzinato.

La responsable de Greenpeace explica que “desde 2008, cerca de 26,4 millones de personas han tenido que dejar sus hogares a causa de desastres naturales, lo que equivalente a una persona desplazada cada segundo que pasa. Y, a menos que se pongan en marcha medidas realmente efectivas de mitigación y adaptación al cambio climático, se prevé que estas cifras se incrementen”.

Como muestra, un ejemplo: tan sólo a causa de un aumento del nivel del mar de unos dos metros, el 2,4% de la población mundial debería desplazarse: esto es, unos 187 millones de personas. “Y frente a ello, las respuestas nacionales e internacionales a este desafío son débiles y la protección de las personas afectadas es muy deficiente”, denuncia Silvia Pizzinato, que señala que “si esto ocurre, los primero en enfrentarse al abandono de sus hogares de forma definitiva serán los habitantes de los pequeños estados insulares amenazados por la subida del nivel del mar, a los que se deberá permitir migrar con dignidad, manteniendo su identidad cultural, sus comunidades, y su pleno derecho sobre sus territorios originarios en el océano”.

Aunque la responsable de Greenpeace coincide en la idea de que el término refugiado climático es “técnicamente incorrecto”, éste da idea de la dimensión del impacto sobre los derechos humanos causado por el cambio climático, que además “afecta cada vez a más personas que, involuntariamente tienen que dejar sus hogares debido a circunstancias ajenas a ellos y que son el resultado de la actuación de los países industrializados y las grandes compañías de gas, petróleo y carbón, que no toman medidas inmediatas para poner fin a la era de los combustibles fósiles”.

El cambio climático, cuestión de derechos humanos

A su juicio, “no hay duda de que millones de personas se verán desplazadas forzosamente si no actuamos con urgencia ante el cambio climático”, y que éste, “no es sólo una crisis ambiental, sino también una crisis de los derechos humanos”.

“Y aunque podemos prever que los procesos ambientales y el cambio climático tendrán cada vez más un impacto significativo en los patrones de migración en el futuro, en la mayoría de los casos no será una causa directa, con lo que aumentará la dificultad para definir a los desplazados por estas razones”, añade Pizzinato.

Según sus palabras, “el cambio climático es una cuestión de derechos humanos y los estados y las empresas tienen que actuar ahora para evitar daños mayores y proteger a las personas y las comunidades”.

En esta línea, recalca esta experta, “aún queda pendiente visibilizar, como ocurre con muchos otros problemas globales, cómo el cambio climático amplificará las desigualdades ya existentes”.

Es el caso de las mujeres o las poblaciones indígenas: según datos del Women’s Environmental Network, hasta el 80% de los desplazados por el clima son mujeres, mientras que las comunidades indígenas son a menudo las más expuestas a fenómenos como la desaparición de ecosistemas a causa del aumento del nivel del mar o del deshielo del permafrost –la parte profunda del suelo de las regiones frías permanentemente heladas-.

El informe de 2016 del Foro Económico Mundial sobre Riesgos Globales identificaba ya cómo los desastres ligados al cambio climático “son actualmente la mayor amenaza a nivel mundial para la economía en 2016”. De las nueve mayores amenazas, siete están ligadas al cambio climático y a los posibles efectos cruzados con el agua, los desplazamientos involuntarios, la energía y la seguridad alimentaria.

Pero, pese a las cifras, la responsable de Campañas de Greenpeace se muestra optimista y señala que “los Gobiernos todavía están a tiempo de comprometerse a una transición hacia un sistema energético 100% renovable para todos de cara a mediados de siglo, y a la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles”.

“En el Acuerdo de París están las bases para que esto pueda ocurrir, pero los compromisos nacionales no son suficientes hasta ahora, y mucho menos los de la Unión Europea”, alerta, recordando que “estas acciones son vitales para evitar más miseria y la migración forzada para millones de personas”.

Desde que en 2013 se produjera formalmente la primera solicitud de asilo por razones climáticas en Nueva Zelanda por parte de un ciudadano de Kiribati, -un pequeño Estado del Pacífico formado por 33 islas, con apenas 100.000 habitantes y en grave peligro por la subida de las aguas-, poco o nada ha cambiado. Esa solicitud fue rechaza, por considerar que el requisito internacional para obtener la condición de refugiado no incluye motivos ambientales. Y hoy las cosas no son muy diferentes.

“El aumento de la movilidad humana por razones ambientales se prevé que sea una característica permanente de las próximas décadas y sin embargo no existe actualmente protección formal para el creciente número de personas que podrían migrar a causa del cambio climático”, apunta Silvia Pizzinato, que considera como fundamental “evitar lo más posible la exposición de las poblaciones a los efectos más devastadores del cambio climático y trabajar en su adaptación a los efectos inevitables que éste ya ha generado”.

Para estos millones de personas “no sólo es esencial que tengan opciones de migrar con dignidad, sino que deberemos escucharles muy atentamente para poder diseñar un sistema futuro de protección nacional e internacional que respondan a las verdaderas necesidades de las poblaciones desplazadas”, concluye la responsable de la ONG.

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Comentarios
  1. Fernando Arias

    Excelente artículo. Y adecuada identificación del cambio climático como crisis de los derechos humanos.