2017: Un año clave para los derechos humanos y la RSC

A lo largo de 2017 han sido innumerables los espacios y documentos en los que se ha puesto de manifiesto que la gestión y el respeto de los derechos humanos ha de estar en el centro de los intereses de la responsabilidad social corporativa de las empresas.
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El pasado 10 de diciembre se celebraba el Día de los Derechos Humanos (DDHH) para conmemorar la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948. En un balance sobre los principales acontecimientos de 2017, cabría destacar que este año ha estado marcado por la puesta en valor de la responsabilidad y el impacto que las empresas tienen en relación a los derechos humanos.

Y es que, a lo largo del año, el binomio empresa-derechos humanos ha sido una constante. Se han dedicado numerosas jornadas, encuentros e informes a abordar este tema. Tal es el caso de  la celebración de la tercera reunión del Grupo de trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU; del informe Los derechos humanos y los derechos laborales en las empresas del IBEX 35, publicado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, del que Entreculturas forma parte, o, de forma destacada en el contexto español, la aprobación del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que abre por primera vez una línea de trabajo en este campo a nivel gubernamental.

El Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos ve la luz

El gran paso que el debate empresa-derechos humanos ha vivido en 2017 se basa en que se ha superado la pregunta de si la empresa tiene o no un rol respecto a los derechos humanos. Así, se ha comenzado un avance paulatino hacia propuestas de mecanismos prácticos de implantación en la gestión de las empresas y marcos regulatorios nacionales e internacionales.

A nivel nacional, sin duda, el principal hito ha sido la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas. Se trata de la culminación de un proceso que arrancó en 2013 y que ha evolucionado de manera discontinua para, finalmente, llegar a su publicación el pasado mes de agosto de 2017.

El documento está viviendo sus primeros meses de forma discreta. En una jornada titulada España ante el reto de su primer Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, organizada por el diputado de UPN, Iñigo Alli, y Zabala Innovation Consulting en el Congreso de los Diputados, varios expertos se reunieron para reflexionar sobre las posibilidades del nuevo Plan. Entre ellos, Carmelo Angulo, director del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la UCJC y exembajador de España en varios países en su etapa como diplomático, reconocía que se trata de un plan “preconstituyente” que tiene tres años por delante para aterrizar en mecanismos concretos. Tal y como se ponía de manifiesto durante esta jornada, la intención del plan es invitar a las empresas a cambiar sus paradigmas respecto a los derechos humanos.

Independientemente de las posiciones y visiones sobre el plan, el hecho de que exista por primera vez un documento que pone sobre la mesa que las empresas tienen una responsabilidad en el cumplimiento y la gestión de los derechos humanos, se puede considerar un hito en sí mismo y una oportunidad de incidir políticamente en la que volcarnos desde las organizaciones sociales y la ciudadanía.

La inmensa mayoría del sector empresarial español, conformado en un 99% por pequeñas y medianas empresas, no es, en general, consciente de que las pymes tienen un rol respecto a los derechos humanos.

¿Por qué? Porque si bien las empresas más avanzadas en materia de RSC cuentan con este enfoque integrado en sus modelos de gestión, la inmensa mayoría del sector empresarial español, conformado en un 99% por pequeñas y medianas empresas, no es, en general, consciente de que las pymes tienen un rol respecto a los derechos humanos.

Así, las medidas que propone el Plan, por el momento, quedan lejos de establecer mecanismos concretos de regulación y, por el contrario, están orientadas a la difusión, sensibilización y formación en materia de derechos humanos hacia los actores del sector privado.

Mecanismos de compensación: el quid de la cuestión

A nivel internacional, cabría destacar los avances que han tenido lugar en la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Esta iniciativa tiene la misión de crear un tratado internacional vinculante en materia de empresas y derechos humanos. Más de 200 organizaciones de 80 países se reunieron en Ginebra del 23 al 27 de octubre para impulsar la continuidad del grupo de trabajo.

La importancia de este tercer encuentro radica, en primer lugar, en que se ha aprobado una cuarta reunión para 2018. Esto supone un logro ya que el grupo ha pasado por fases en las que los miembros menos favorables a la existencia del tratado han puesto en cuestión la continuidad del trabajo.

Pero, además, en 2018 se presentará un documento base donde se propondrá un marco regulatorio jurídicamente vinculante y, lo que supondrá el centro del debate, integrará propuestas de mecanismos de reparación por parte de las empresas ante casos de vulneración o violación de derechos humanos.

Antes de la RSC

Si bien se podría entender que el respeto a los DDHH es una cuestión básica que debiera quedar superada con la aplicación de la responsabilidad social corporativa, la ausencia de una regulación mínima en este sentido provoca un desequilibrio demasiado arriesgado como para que quede en manos de la voluntariedad.

En el ámbito de la gestión empresarial, el cumplimiento mínimo de las garantías y marcos normativos existentes se ubica en el compliance o cumplimiento normativo. Es decir, un paso antes de la responsabilidad social corporativa, que integraría todas las medidas que van más allá de la regulación y que voluntariamente toman las empresas para mejorar su impacto positivo y reducir sus efectos negativos.

De facto, recae en los Estados la responsabilidad de proteger a todas las personas de vulneraciones o violaciones de los derechos humanos que puedan cometer otros actores, incluyendo el sector empresarial.

De facto, recae en los Estados la responsabilidad de proteger a todas las personas de vulneraciones o violaciones de los derechos humanos que puedan cometer otros actores, incluyendo el sector empresarial. Sin embargo, la realidad es que, en determinadas situaciones o contextos, la ausencia del gobierno o su falta de capacidad producen una desprotección de la ciudadanía. Y, para el caso del ámbito internacional, no existe un marco regulatorio a través del cual los colectivos afectados puedan iniciar procesos específicos de denuncia a los actores empresariales.

Precisamente en esta línea, Entreculturas lanzaba en septiembre su campaña Escuelas en peligro de extinción, con el objetivo de visibilizar los grandes riesgos que se pueden derivar de las operaciones comerciales cuando no existe una base de respeto a los derechos humanos. Entre los datos más significativos, se destaca que en la última década el 87% de las personas desplazadas en el mundo procedían de zonas de explotación minera y petrolera. En este sentido, la campaña pone énfasis en que la educación es esencial para la adecuada gestión de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, la construcción de la paz y el cumplimiento de los demás derechos humanos.

2018: un año para continuar

El próximo año se espera que el trabajo en materia de DDHH y empresas prosiga con mucha más fuerza. El cuarto encuentro del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU alberga esperanzas para lograr un avance significativo en este ámbito.

También se verá con mayor perspectiva el impacto de la Plan Nacional de Derechos Humanos, ya que el documento se compromete a establecer un Comité de Seguimiento que iniciará distintos procesos durante los primeros 12 meses. Entre ellos, impulsar un estudio sobre los mecanismos de reclamación y reparación actuales, crear un grupo de trabajo en el marco del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española que examinará la coherencia de las políticas de apoyo a la internacionalización empresarial y su alineación con los Principios Rectores, y diseñará un sistema de incentivos que incluya tanto a grandes empresas como a pymes que realicen políticas adecuadas en el ámbito de los derechos humanos.

En 2018, la Declaración Universal de los Derechos humanos cumplirá su 70 aniversario. Se avecina una oportunidad de estar a la altura y brindarle a las poblaciones más vulnerables todo nuestro compromiso para que las empresas en las que creemos sean vectores de cambio, de prosperidad y no sólo de respeto, sino de verdadero impulso de los DDHH en los entornos en los que operan y con la sociedad civil en su conjunto.

Silvia Loro, responsable de RSC Entreculturas

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